Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCon fundamento en el acuerdo precedente se dicta, por mayoría, la siguiente sentencia: I) Tener por recibidos los autos en el Tribunal y reanudar el llamado de autos para sentencia suspendido el 3/12/2024; II) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución en lo que ha sido materia de agravio, con costas en el orden causado en atención a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967) IV)
Expediente N°180.818 - Juzgado Civil y Comercial N° 5 En la ciudad de Mar del Plata reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “FRONTINI, María Julia c. ALONSO, Marina s. Incidente de ejecución de honorarios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto Loustaunau, Ricardo Domingo Monterisi y Alfredo E. Méndez. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
I: En la sentencia del 23 de abril de 2024, el Sr. Juez de primera instancia mandó llevar adelante la ejecución por la suma de dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos ($ 2.856), con más intereses a la tasa activa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento - “Banco Provincia activa restantes operaciones” – hasta la fecha del efectivo pago, conforme la tasa legal prevista por el art.197 de la ley 10.620 que rige en la Provincia de Buenos Aires para los profesionales en Ciencias Económicas.
Apeló la ejecutante, y en su memorial pide que se actualice el capital de condena declarando la inconstitucionalidad del art.7 de la ley 23.928 (t.o. ley 25.561), pues entiende que el mantenimiento del criterio nominalista “pulveriza el crédito” de la actora e importa una afectación palmaria de su derecho de propiedad.
Explica que la liquidación conforme la sentencia lleva el monto a $ 32.267, y que actualizado por IPC el mismo crédito llega $ 2.000.000. Indica que la comparación en dólares da un resultado menor, pero que igualmente el crédito original a marzo de 2003 equivalía a U$S 927, y que en la actualidad corresponde a U$S 30.
Señala que la desproporción entre aplicar la tasa activa y los índices IPC, RIPTE, o CER, o la comparación en dólares estadounidenses, es de tal magnitud que cumple con los requisitos exigidos por el punto V.17.A de la sentencia recaída en la causa nro.124.096 en la que la SCBA declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art.7 de la ley 23.928.
II: El recurso debe progresar, aunque con otro alcance del pretendido por el apelante.
II.1: El recurrente ha demostrado que la mora del deudor dañó gravemente el crédito de la acreedora, haciéndole perder poder adquisitivo durante más de 20 años de incumplimiento.
Doctrina y jurisprudencia encuadraron la pérdida de ese poder adquisitivo de la moneda durante el período de mora del deudor, como uno de los daños que debía repararse (plenario de la CNCivil “La Amistad S.R.L. c. Iriarte, Roberto del 9.9.77), calificándolo como un “daño mayor” o distinto del que indemnizaba el sistema legal de los intereses (art.622 CC), y que debía incluirse en la cuenta resarcitoria que debe pagar el deudor moroso, conforme lo disponía el art.508 del Código Civil.
Tratándose entonces de la reparación del “daño moratorio”, la indemnización debe ser plena o integral (CSJN Fallos: 308:1160; 308:1118; 308:1119; 327:3753), porque de lo contrario se perjudica gravemente al acreedor que sufre la pérdida de valor del dinero, mientras que el deudor licúa su deuda, sin perjuicio de incentivar el incumplimiento.
Como ha puesto de resalto la doctrina (Valdés Tiejten, Benjamín “Intereses: Catálogo de prohibiciones” en La Ley del 16.7.2024: de multiplicar la tasa, de capitalizar y de indexar), además de la prohibición de indexar, o capitalizar la tasa de interés por fuera de los supuestos previstos en el art. 770 del CCyC, lo que está también prohibido es “licuar” pues “detrás de una obligación de dinero puede haber un derecho laboral de raíz constitucional (art. 14 bis); o puede gravitar el principio alterum non laedere, también de raíz constitucional (art. 19); o simplemente el derecho de propiedad, que también tiene su raíz constitucional (art. 17). Las obligaciones de dinero que han sido reconocidas por sentencias judiciales y que han pasado en autoridad de cosa juzgada, tiene dicho la Corte Nacional desde larga data, constituyen derechos que han quedado definitivamente incorporados al patrimonio del acreedor, no pudiendo privarse de ellos a su titular sin que se vulnere el art. 17 de la CN”. La magnitud del daño puede apreciarse recurriendo a los índices. A mero título informativo, el capital de $ 2.850 de febrero de 2003 reajustado por IPC, tal como lo pide el apelante, equivale en Septiembre de 2024 a la suma de $ 2.747.432,3(https://calculadoradeinflacion.com /argentina.html?md=febrero&ad=2003&mh=octubre&ah=2024&q=2856&s=cpi). De acuerdo a esos cálculos, de mantenerse el criterio de la sentencia apelada, la actora habría perdido y la deudora ganado, cerca del 95% del valor de la obligación dineraria, y la causa de tal situación es atribuible a la propia deudora que resultaría así ampliamente beneficiada por su incumplimiento.
II.2: La sentencia dictada por la SCBA en el caso “Barrios….” que el apelante cita en su memorial, ha establecido doctrina legal conforme la cual es necesario que los jueces, en congruencia con la petición que se haya formulado oportunamente, agotemos todas las vías posibles para mantener el poder adquisitivo de la suma de condena, antes de recurrir a la declaración de inconstitucionalidad del nominalismo (arts.7 y 10 de la ley 23.928 t.o.ley 25.561), y disponer que esas sumas sean reajustadas por el índice que mejor se adapte al caso.
Las soluciones que aparecen como alternativas a esa “última ratio” del orden jurídico (CSJN Fallos: 295:850; 301:962; 302:457 y 484;302:1149) , son el uso de la tasa de interés activa con alguna capitalización, o la postergación de la cuantificación de la deuda de valor al momento más cercano al cumplimiento.
II.2.1: Le asiste razón al apelante, en cuanto afirma que la tasa activa de descuento es insuficiente para mantener el poder adquisitivo de la suma adeudada.
La misma sentencia de la SCBA en el caso “Barrios” descarta esa vía por ineficiente, ejemplificando en uno de los cuadros comparativos con la tasa activa por descuento de documentos, que es justamente la tasa prevista por la ley especial aplicable al caso.
Aun cuando pueda considerarse que una tasa adelantada (Villegas y Schujman “Intereses y tasas” ed. Abeledo – Perrot Bs.As. 1990 p.103 5.2), resulta sensiblemente menor a otras tasas activas previstas en las reglamentaciones del Banco Central, y que además se liquida sin capitalización, lo cierto es que en este caso las normas aplicables (arts.622 CC ley 340; 768 inc.b CCyC; y art.197 ley 10.620), impiden modificar la tasa de la ley especial por otra distinta, sea mayor o capitalizable.
II.2.2: Para la segunda opción a revisar antes de recurrir a la inconstitucionalidad pedida, es necesario convertir la suma regulada en unidades arancelarias conforme el valor que tenían al momento de la regulación, para luego liquidarlas en pesos según su cotización al tiempo del efectivo pago.
Tal conversión parece posible en razón de que la remuneración del trabajo profesional es concebida generalmente como un crédito “de naturaleza alimentaria”, y consecuentemente protegida como “deuda de valor” .
Aunque la regulación de honorarios a favor de la contadora ejecutante fue hecha en pesos siguiendo las disposiciones de la ley 24.522 (art.271), resulta viable estimar la pérdida de su poder adquisitivo recurriendo al valor allí comprendido, mediante la aplicación analógica de las normas arancelarias, pues al tiempo del nacimiento de la obligación (febrero de 2003), no había entrado en vigencia la solución que contiene el actual art.772 del CCyC, y se admitía que las deudas de valor se reajustaran hasta el efectivo pago, aunque hubieran sido cuantificadas en pesos (Pizarro-Vallespinos “ Instituciones de derecho privado”, Obligaciones, Bs.As. 2006, Hammurabi, tomo I p.384).
Conforme se ha dicho en “Barrios….” “El juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio” (considerando V.17.c), pudiendo recurrir a la aplicación de normas análogas ( considerando V.17.a), indicando previamente - y en referencia a antecedentes similares resueltos por la CSJN – que ?“…en esas controversias la Corte antes que ejercer un escrutinio constitucional negativo del tantas veces referido artículo 7, procuró acudir a algún camino discursivo alternativo que pudiera justificar la recomposición de los valores comprometidos” (considerando V.7.d.v).
III.2.3: El método más idóneo para la preservación del crédito es el valor actual de la remuneración, pues aún ante la hipótesis de inconstitucionalidad y eventual reajuste, el resultado no podría superar el “valor actual y real de la cosa, bien o prestación al momento del pago” (ley 24.283 art.1; considerando V.17 d punto VI de “Barrios…”), que debe calcularse “considerando el valor actual del salario o retribución que corresponda para dicha actividad” (art.6 del decreto 794/94 reglamentario de la ley 24.283). III: Para la determinación del valor actual de la remuneración se debería:
a) volver a calcular la regulación efectuada en 2003, luego de 21 años y con visible mengua de las posibilidades de medir adecuadamente las pautas de “alcance, calidad y resultado de la labor profesional” (art.271 ley 24.522), sin perjuicio de las dificultades para actualizar el activo “prudentemente estimado” (art.266), o el “activo realizado” (art.267), o “el resultado neto de la explotación” (art.269).
b) o directamente estimar las unidades arancelarias comprometidas en la suma de pesos regulada. Esta última parece la opción más adecuada. III.1: La ley 10.620 establece que los honorarios correspondientes al ejercicio profesional en el ámbito judicial se regirán por lo dispuesto en el título IV (arts.110 y 168), y para quienes actúen como Síndicos. La ley en ese caso, es de aplicación supletoria (art.173).
En el art.183 hay una remisión expresa a la ley análoga de abogados y procuradores al decir “ Las cuestiones derivadas de actuaciones judiciales que no se encuentren expresamente regladas serán resueltas por aplicación de principios análogos de las materias afines de este título y, cuando ello no fuere posible, por extensión de las disposiciones de la ley de aranceles vigentes para abogados y procuradores y los códigos y normativas procesales en cada uno de los fueros judiciales”, y también a la unidad arancelaria de la ley de honorarios de abogados y procuradores en cuanto en el art.207 establece que “…Ninguna regulación podrá ser inferior a 3 “Jus”, unidad de medida establecida por el artículo 9 del Decreto Ley 8904/77 con las modificaciones de la Ley 11.593…”.
No hay remisión, ni mención, a otra unidad arancelaria en lo que hace a la labor judicial.
III.2: De acuerdo a la página del Colegio de abogados de la Provincia de Buenos Aires (https://colproba.org.ar/l/2009/03/19/valores-historicos-jus/), el valor del jus de la ley 8904 entre el 1 de julio de 1998 y el 16 de febrero de 2005, donde queda comprendida la fecha de la regulación (13.02.2003), era de $ 38.
La suma de $ 2856 equivalía entonces a 75,16 jus (2856/38=75,15789). El jus de la ley 8904 (conforme el Acuerdo 4163/24) vale hoy $ 22.498, por lo que al solo efecto informativo, la suma regulada equivale a la cantidad actual de $ 1.690.949,68 , monto inferior al que resultaba de aplicar el IPC, en la eventualidad de desplazar los arts.7 y 10 de la ley 23.928 por juzgarlos incompatibles con la garantía constitucional de la propiedad que abarca el derecho de crédito (CSJN Fallos:137:47 cit. por Alterini, Atilio A “ Desindexación de las deudas” edit.Abeledo-Perrot Bs.As.1994 p.50 nota 109). Al variar a una unidad arancelaria que se reajusta, debe modificarse también el interés aplicable, correspondiendo fijar el previsto por el inc. a) del art.54 de la ley 8904.
III.3: Finalmente, y en lo hace al aspecto procesal, tengo en cuenta que la peticionante ha planteado su reclamo en la primera oportunidad que tuvo. a) La regulación de los honorarios data del 13 de febrero de 2003 (fs.7), fueron notificados el 26 de febrero de ese mismo año a la deudora (fs.9), y la ejecución se promovió el 4 de abril de 2003 (fs.1 vta.) A comienzos de abril de 2003 - según informaba el INDEC (https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/IPC_GBA_04_03.pdf)- el índice de precios al consumidor del mes inmediato anterior marcaba un aumento del 0,4 para la ciudad de Buenos Aires, y del 0,7% para el gran Buenos Aires, y las estadísticas publicadas por los diarios ( https://www.lanacion.com.ar/economia/la-inflacion-en-2003-fue-del-37-por-ciento-nid561762/) mencionan un 3,7% para todo el año 2003, por lo que el nominalismo gozaba de la estabilidad necesaria para su plena vigencia, y no parece razonable requerir a la acreedora que - por entonces - previera ir pidiendo la regulación en unidades arancelarias o plantear la inconstitucionalidad “futura” de los arts.7 y 10 de la ley 23.928.
b) Hasta el 18 de abril del corriente año 2024, los tribunales de la Provincia de Bs.As. rechazaban sistemáticamente cualquier planteo de inconstitucionalidad del nominalismo impuesto por el art.7 de la ley 23.928, incluso con costas al peticionante. Recién ese día, luego de más de una década de inflación notoria, la SCBA decidió reconocer la “inconstitucionalidad sobreviniente” (C. 124.096 ap. V.9.b) de esas normas y aceptar el reajuste de una suma dineraria destinada a reparar un daño en particular.
No me parece justo requerir como condición de procedencia actual que el litigante - antes de la sentencia del caso “Barrios” del 18 de abril de 2024- hiciera planteos contrariando la hasta allí cerrada negativa de los Tribunales.
Estaríamos exigiéndole una anticipación casi adivinatoria del cambio de doctrina legal de la Suprema Corte, o un comportamiento heroico. c) Tampoco se le puede achacar una demora en llevar adelante el cobro, aunque la ejecución haya demorado más de 20 años. No veo ajustado a derecho escrutar la actividad del acreedor sin reparar en el incumplimiento del deudor, único beneficiado por la licuación.
En primer lugar, porque las consecuencias de la mora son atribuidas legalmente al deudor, quien para eximirse debe demostrar que no le son imputables (art.509 in fine CC; art. 888 CCyC), y no pueden ser trasladadas al acreedor que mantiene vivo su crédito, pues no es posible hacerle decir a la ley exactamente lo contrario de lo que dice.
En segundo lugar, porque según se advierte en el expediente digital, la acreedora pidió una inhibición general de bienes, y luego un embargo en una cuenta bancaria, y no cabe siquiera imaginar que sea posible sancionar su conducta imponiendo a su cargo la pérdida de valor del dinero, cuando la ley no prevé sanciones y se desconoce la actividad que le hubiera permitido cobrar antes.
IV: Por todo ello, propongo que el crédito se transforme en la cantidad de unidades arancelarias “JUS” de la ley 8904, y que se condene a pagar a la demandada la suma de pesos equivalente a 75,16 JUS de la ley 8904, que se liquidarán conforme el valor de esa unidad vigente al momento del efectivo pago. Todo con más intereses al 8% anual (art.54 inc.a ley 8904).Propongo que las costas por el recurso se impongan a la demandada vencida (art.68 del CPC).
Por las razones y citas legales expuestas a la primera cuestión voto por la NEGATIVA.
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Ricardo Domingo Monterisi dijo:
Disiento con la solución propuesta por mi colega de Sala. A mi modo de ver, la pretensión recursiva de la acreedora es inadmisible.
Ha enfatizado este Tribunal, en consonancia con una amplia jurisprudencia bonaerense, que mediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente ante el juez o jueza de primera instancia, importando su tratamiento por parte de este Tribunal la violación de los arts. 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266 y 272 del Código Procesal. Si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue planteada en la instancia de origen y sobre la cual no pudo pronunciarse el magistrado, ello encuentra el obstáculo que regula el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia —informada por el principio dispositivo— no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen (Sala II, c. 165165 -"Massacesi..."- del 05/04/2018, c. 163997 -"Boca..."- del 08/03/2018, c. 165597 -"Goicochea..."- del 11/12/2018, entre muchos otros). Y no elude dicha barrera, aunque la pieza procesal conlleve un planteo constitucional, tal como lo ha decidido recientemente la Sala Primera de este Tribunal en la causa n°180039 (“Marcos, Nélida c/ Complejo Habitacional UTA MDP s/ Incidente”, del 17/12/2024) en la que se solicitó la aplicación de la doctrina emergente del fallo “Barrios”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado este principio en reiteradas oportunidades, señalando que «la jurisdicción de las cámaras está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional» (in re "Milantic Trans S.A.", del 05/08/2021 -Fallos: 344:1857-; en igual sentido, Fallos: 301:925; 304:355; 327:3495; 338:552).
La ejecutante introduce un planteo constitucional en la segunda instancia, al momento de fundar un recurso contra la resolución del art. 506 del CPCCBA en la que se hace lugar al cobro ejecutorio de un crédito por honorarios profesionales regulados en una decisión jurisdiccional que pasó en autoridad de cosa juzgada hace más de dos décadas.
La resolución cuestionada reconoce el crédito en la misma magnitud nominal que la propia recurrente había invocado días atrás, en su liquidación del 8 de abril de 2024, por lo que el agravio constitucional no solo ha sido introducido tardíamente (art. 272 del CPCCBA), sino que está orientado a criticar una decisión que reconoció el crédito en la misma modalidad que la propia acreedora lo requirió.
Sobre este último punto debo recordar que la Corte Federal, invocando la doctrina de los actos propios, ha sostenido en reiteradas oportunidades que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Fallos: 149:137; 170:12; 175:262; 184:361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183; 279:350; 297:236, 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, 344:1539, entre muchos otros). Ello es así «toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz» (Fallos: 327:2905).
Tampoco puedo pasar por alto la actividad procesal de la acreedora. El embargo del art. 500 del CPCCBA fue ordenado el 23 de noviembre de 2003 (fs. 11) y el resultado de la diligencia fue infructuoso (v. mandamiento del 10/11/2003, fs. 11). A fs. 13, el 10 de diciembre de 2003, Frontini pidió una inhibición general de bienes que le fue proveída favorablemente el 12 de febrero de 2004 (fs. 15). Pero no solo esa inhibición nunca se anotó —pues ningún oficio, constancia de libramiento ni comunicación obra en el legajo— sino que desde esa fecha el expediente quedó sin actividad por más de diez años y tres meses, hasta la presentación del escrito de desparalización y desarchivo del 11 de junio de 2014 (fs. 17).
El 30 de septiembre de 2014 el juez de primera instancia puso de manifiesto la desparalización de las actuaciones (fs. 23) pero, nuevamente, ninguna actividad procesal hubo por casi nueve años más, motivando la paralización primero (en la feria de enero de 2016) y luego el segundo archivo del expediente, en septiembre de 2023.
El escrito electrónico del 26 de septiembre de 2023 importó la primera actividad procesal clara y regular de impulso, luego de un total de 19 años y 9 meses en los que la acreedora nada hizo en términos de requerir y diligenciar medidas ejecutorias concretas para percibir su crédito. Esta Sala ha enfatizado reiteradamente que la admisión de cuestionamientos vinculados al impacto que la inflación tiene sobre el crédito sometido a debate (o, como en el caso, sujeto a cobro) no resulta admisible si no surge prístina la actividad procesal del acreedor en realizar con prontitud actos tendientes a satisfacer su interés y evitar el perjuicio que el tiempo genera en el poder adquisitivo del capital que le es debido (Sala II, causa n° 175211 -"Zavala Rodríguez, Jimena..."- del 17/08/2023; mi voto en causas n° 177084 “Diana Ana Lía...”, del 30/11/2023, n° 137687, "Cabassi, Roberto..." del 07/05/2020). Máxime si se está en presencia de un derecho patrimonial disponible, lo que motoriza el principio dispositivo como postulado central del proceso civil y comercial (SCBA, Ac. 81746 -"Bisarccia, Emilia..."- sent. del 05/03/2003; art. 17 CN).
Tal requisito, en el caso, no se ve satisfecho, lo que a mi juicio torna injustificada la adopción de una decisión excepcional como la que se propone en el voto que abre el acuerdo. Al margen de su tardía postulación en instancia recursiva (art. 272 del CPCCBA), la solución que se formula importa —en los hechos— apartarse del contenido de una decisión jurisdiccional pasada en autoridad de cosa juzgada hace 21 años (art. 18 CN), modificando el tipo obligacional ya definido por el juez del proceso principal en febrero de 2003 y con el objetivo de obtener una actualización no indexatoria del crédito que resulta incompatible con el modo en que la propia Sra. Frontini liquidó su acreencia diez días antes del dictado de la resolución apelada.
En base a lo expuesto, propondré al acuerdo desestimar por inadmisible el recurso y confirmar la resolución en lo que ha sido materia de agravio (art. 272 y cctes. del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez adhirió, por los mismos fundamentos, a la decisión propuesta por el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
Corresponde, por mayoría, I) Tener por recibidos los autos en el Tribunal y reanudar el llamado de autos para sentencia suspendido el 3/12/2024; II) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución en lo que ha sido materia de agravio, con costas en el orden causado en atención a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASÍ LO VOTO
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Monterisi y Méndez votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos En consecuencia, se dicta la siguiente:
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta, por mayoría, la siguiente sentencia: I) Tener por recibidos los autos en el Tribunal y reanudar el llamado de autos para sentencia suspendido el 3/12/2024; II) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución en lo que ha sido materia de agravio, con costas en el orden causado en atención a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967) IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia