Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 166.572
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte demandada y su citada en garantía mediante escrito electrónico del 16/08/2018, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 in fine del CPCCBA);
II. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora incoado a fs. 303 y, en consecuencia, modificar la sentencia elevando el monto del rubro daño a la salud e integridad física a la suma de $759.246.68.- (sobre el cual se calcularán intereses moratorios de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.1.iii»);
III. Las costas por el recurso del actor se imponen a la demandada y a la citada en garantía (art. 68 del CPCCBA);
IV. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967.
REGISTRADA BAJO EL Nº 253-S Fo. 1032/8 Expte. Nº 166572 Juzgado Civil y Comercial N°1 En la ciudad de Mar del Plata, a los 24 días del mes de octubre de 2018 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ALONSO PEHUEN C/ BADALINI, CLAUDIO W. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 292/302?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 08 de agosto de 2018 -y que obra glosada a fs. 292/302- viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos por la parte actora a fs. 303 y por el apoderado del demandado y de la compañía aseguradora citada en garantía mediante escrito electrónico del 16/08/2018.
En lo que aquí interesa destacar, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por el Sr. Pehuén Alonso contra el Sr. Claudio Walter Badalini y la firma citada en garantía Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. condenando a estos últimos a abonar al actor en forma conjunta la suma de $307.288 más intereses y costas.
Para así decidirlo, y luego de explicar que el caso debe regirse a la luz de lo normado en el art. 1113 del Código Civil -Ley 340-, juzgó acreditado que el 09 de septiembre de 2010 a las 00:25 hs aproximadamente ocurrió un accidente de tránsito en la Avenida Jara entre las calles Avellaneda y San Lorenzo de esta ciudad. En la colisión -refirió- intervino la moto Honda Econo Power 009-BFE que se encontraba al mando del actor y que circulaba por Jara y el rodado Chevrolet Corsa dominio FJN-811 al mando del demandado Badalini.
Agregó que el rodado del accionado salía de un lavadero que se encuentra a mitad de cuadra, por la trotadora, hacia Avenida Jara y dobló en “U” por la avenida para dirigirse hacia el centro y que es en ese momento que colisiona a la moto que era conducida por el actor.
Concluyó que el demandado -conductor y propietario del Corsa- no justificó ninguna causal de interrupción de causalidad y debe responder íntegramente por los daños ocasionados.
En cuanto a los rubros resarcitorios, receptó favorablemente los siguientes: (a) Daño a la salud e integridad física, por $210.000.-, (b) Daño moral, por $90.000.-, (c) Reposición de las pertenencias, $1.000.-, (d) gastos médicos y farmacéuticos, por $2.000.- (e) gastos de movilidad y privación de uso, $2.000.-, (f) Valor de reparación del vehículo, $2.288.-
II. Síntesis de los agravios.
II.1. El actor expresó sus agravios a fs. 319/321, mereciendo la réplica de la contraria mediante escrito electrónico del 02/10/2018.
Critica únicamente la forma en que ha sido cuantificado el rubro de daños a la salud. Alega que corresponde utilizar la fórmula del fallo “Méndez” de la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo (28/04/2008) a partir de la cual arriba a un monto sustancialmente mayor al reconocido en la sentencia.
II.2. El apoderado del demandado y de la compañía de seguros expresó agravios mediante presentación electrónica del 28/09/2018. Sus puntos de disconformidad son los que siguen:
(i) Que la indemnización de daño moral es elevada. Entiende que el juez ha carecido de cautela a la hora de ponderar las circunstancias que el caso presenta. Afirma que el dolor que pudo haber padecido el actor no amerita un resarcimiento como el que se le ha otorgado en el fallo.
(ii) Que también es elevado y desproporcionado el monto reconocido en concepto de daño a la salud e integridad física. Afirma que no se han explicado los cálculos utilizados para arribar a esa suma.
III. Tratamiento de los recursos.
Daré tratamiento en primer lugar a las quejas que ambas partes formulan con relación al monto reconocido en concepto de daño a la salud de integridad física. Luego, analizaré las críticas que el demandado y la citada en garantía realizan sobre el monto otorgado por daño moral.
III.1. Daño a la salud e integridad física.
i. El recurso de la actora prosperará con los alcances que seguidamente detallaré.
Es cierto -como afirma la reclamante- que al utilizar sistemas de cuantificación con base en fórmulas matemáticas (que, en lo sustancial, estiman el valor actual de una renta futura frustrada) se arriba a un monto sustancialmente mayor al que fue establecido en la sentencia.
Esta Sala ha seguido el criterio reconocido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria conforme el cual el daño debe ser cuantificado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (causa 161257 -in re "Pellizi..."- del 06/10/2016, causas 131.976, 131.833 y 130.138 -autos “Caparrós...”- del 16/03/2016; Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit., Alterini, Atilio A “Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral” en LL 1991-B, 1048; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám.Ap. de Trelew, sala A, "Morra, A. M. y otro c. Enriquez, C. y otro", del 27/05/2009, en voto del Dr. Lopez Mesa, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros).
La propia Suprema Corte bonaerense ha resuelto que los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado (SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926 en igual sentido este Tribunal, Sala II causas nº 131.976, 131.833, 130.138, 159.764, entre otros).
Esta modalidad parte de la premisa de que los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquella estimación jurisprudencial realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia.
En el fallo “Ruiz Díaz, J. c/ Kreymeyer, I. y ot. s/ Daños y perjuicios” (c. 169.161 del 18/8/2016) este Tribunal destacó la utilidad que las fórmulas polinómicas tienen a la hora de cuantificar el daño económico derivado de incapacidades sobrevinientes (reconocido en el fallo de primera instancia bajo el nombre «daño a la salud e integridad física»).
En su voto, el Dr. Loustaunau afirmó que “ello no significa -como se ha dicho- que se reduzca la labor jurisdiccional a un cálculo aritmético o se conciba a la vida humana desde una visión estrictamente economicista. Por el contrario, lo que se pretende es reducir la discrecionalidad judicial -basada en estimaciones fundadas en no más que la enumeración de ciertas circunstancias particulares de la víctima- a través de la exteriorización del esquema de razonamiento subyacente a la hora de cuantificar la indemnización (la fórmula propiamente dicha) y de las premisas fácticas que han sido tenidas en cuenta para desarrollar esa labor (las variables utilizadas)” (fallo cit., cons. IV.3.b). En otras palabras, estos mecanismos permiten evitar los defectos de fundamentación que el apoderado del demandado y la compañía aseguradora ha destacado en su recurso: comprender más y mejor por qué el juez arribó a una cierta suma de dinero y no a otra.
Entre las múltiples opciones disponibles desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia (incluyendo la que menciona la actora en su recurso), esta Sala ha optado por utilizar la fórmula desarrollada por el profesor bahiense Dr. Hugo A. Acciarri, quien ha propuesto un sistema de cuantificación sumamente completo: por un lado -y como lo hacen otras fórmulas- determina la ganancia futura frustrada por la incapacidad que se traduce en un valor presente al momento de la decisión (en otras palabras, se determina el valor presente de una renta no perpetua) pero además recepta la probabilidad razonable de que los ingresos de la víctima no sean constantes (defecto que -por diferentes razones- le es imputable a la fórmula “Vuoto” y sus derivadas, tal como fuera puesto de relieve in re “Arostegui”, -CSJN, Fallos: 331:570-). Esto significa que es un sistema de cálculo que aprehende la variabilidad -ascendente o descendente- de las ganancias de la víctima a lo largo de su vida, lo que repercute necesariamente en su aptitud productiva (esta Sala, causas n° 169.161 -“Ruiz Díaz...”- del 18/08/2016, n°162.661 -“Barcos...”- del 10/11/2017, n° 137.518 -"Santecchia..."- del 14/02/2018, n° 165.459 -"Castillo..."- del 19/06/2018).
La fórmula propuesta por el autor es la que sigue:
Donde, [“A1...An”] corresponde al ingreso implicado para el período anual 1...n =ingreso por porcentaje de incapacidad; [i], corresponde con la tasa de descuento para cada período anual computado, [e1...en], corresponde a la edad al momento en que debería percibirse cada suma correspondiente al ingreso anual A1...An y ["P"] refiere a la probabilidad de que en el período A (de A2 hasta An) se perciba un ingreso incrementado -positiva o negativamenterespecto del ingreso del período precedente (An-1).
Para cuantificar el valor presente de los ingresos futuros frustrados del Sr. Alonso utilizaré las mismas variables que ha escogido el magistrado en su fallo, habida cuenta que -en lo sustancial- no han sido objeto de crítica por parte de ninguno de los recurrentes. Así entonces, consideraré: (a) la edad de la víctima a la fecha de la presente decisión (octubre de 2018) y que es de 40 años de edad; la incapacidad sobreviniente por períodos ya pasados se analizará más abajo; (b) un ingreso anual calculado con base en el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, que asciende -desde el 01/09/2018- a $10.700 (art. 1 inc. “a” de la Res. 03/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil); (c) sin perjuicio de las ya mencionadas aptitudes que la fórmula contempla, no se produjo ningún elemento probatorio que permita inferir siquiera una mínima probabilidad de incremento futuro del nivel de ingresos de la víctima, motivo por el cual no estimaré ninguna forma de variación en este punto; (d) una tasa de descuento pura del 4%, y (e) un porcentaje de incapacidad parcial y permanente del 23% y (f) períodos de percepción: se fija -al igual que en la sentencia apelada- en la edad jubilatoria masculina de 65 años (cuestión, reitero, incontrovertida en esta instancia). He aplicado todas estas variables al aplicativo Excel confeccionado por el Dr. Hugo Acciarri -disponible en www.derechouns.com.ar/?p=7840 -último día de visita, 19/10/2018- que integra esta sentencia, y en el que se pueden controlar tanto los datos como el resultado, y analizar la representación gráfica de ellos y de la evolución prevista para el ingreso de la víctima. Allí para cada año de edad del actor la columna de la derecha representa el ingreso anual proyectado y la columna de la izquierda el valor esperado del ingreso (v. voto el Dr. Loustaunau in re “Ruiz Díaz”, cit.).
Consecuencia de ello, obtengo un capital total que representa las rentas futuras frustradas del Sr. Alonso de $461.351,26.-, monto al cual adicionaré un 10% representativo del valor económico de las restantes aptitudes vitales y genéricas -no necesariamente laborables- y que también resultaron parcialmente frustradas (fs. 31/vta). Ello arroja un total de $507.486,38, monto por el cual entiendo debe prosperar este segmento del rubro.
ii. En tanto la fórmula utilizada permite cuantificar ganancias futuras frustradas es menester realizar un cálculo separado para cuantificar los ingresos pasados ya caídos desde la fecha en que finalizó la curación (y que pudo reintegrarse a las tareas laborales) y hasta la actualidad.
Esta Sala tiene dicho que «[l]a indemnización por incapacidad sobreviniente correspondiente al momento de la finalización de las terapias curativas y hasta la fecha de la presente sentencia deben estimarse por separado puesto que no hay allí un ingreso futuro frustrado sobre el cual corresponda aplicar la mentada fórmula sino un ingreso pasado ya perdido, por lo que cabe analizarlo como una deuda ordinaria en mora (causa n° 169.161 -“Ruiz Díaz...”- del 18/08/2016).
El perito médico Jaime Oliveros Malgrejo relató que luego de la realización de los tratamientos médicos (quirúrgicos y ambulatorios) el actor regresó a sus tareas, lo que conllevó un plazo de 90 días. En ausencia de otros elementos de convicción, debo inferir -y en alguna medida, estimar- que allí finalizó el proceso de curación y es el momento a partir del cual la incapacidad que luego fue fijada en un 23% -y que hasta entonces era transitoria- devino definitiva e irreversible (v. fs. 263 y vuelta).
Aclarado ello, y teniendo en cuenta el ya referido valor actual del SMVyM fijado por Resolución 03/2018 CNEPYSMVYM ($10.700.-), la fecha estimativa en que se terminaron las curaciones del actor (90 días luego de producido el accidente; esto es, el 08 de diciembre de 2010), y el momento en que se realiza el cálculo (octubre de 2018), la incapacidad sobreviniente por períodos pasados debe cuantificarse en ese lapso de tiempo (7 años y 9 meses: desde diciembre de 2010 a septiembre de 2018 inclusive, dando un total de 93 meses), multiplicando aquél valor de referencia por la incapacidad verificada (23%), arrojando un total de $228.873.- [(10700x93)x23%] al cual cabe adicionarle un 10% que se juzga prudente para representar el valor económico de las restantes aptitudes productivas –no estrictamente laborables- y que también resultaron parcialmente frustradas (aspecto que, lógicamente, no queda comprendido en el SMVM utilizado como referencia). El total resultante, entonces, es de $251.760,3.-
El total de la indemnización por incapacidad parcial y permanente, en sus distintas etapas ($507.486,38.- + $251.760,30.-), asciende a $759.246.68 monto por el cual propongo que progrese el reclamo y se haga lugar al agravio en estudio.
iii. Siguiendo los lineamientos que este Tribunal ha demarcado en el ya citada causa “Ruiz Díaz” (n° 169.161, del 18/08/2016) y lo resuelto recientemente en los autos “Taddey” y “Cerizola” (causas n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018), corresponde formular una aclaración complementaria con relación a los intereses moratorios que habrán de liquidarse sobre el rubro incapacidad sobreviniente.
En los recientes fallos "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018) la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha cambiado la posición que supo sostener en los fallos “Cabrera” (Ac. 119176, del 15/06/2016) y “Padin” (C. 116.930, sent. del 10/08/2016) con relación a los intereses moratorios liquidados sobre créditos calculados a valores actuales. En estos nuevos precedentes, la Casación resolvió que en aquellos supuestos en los que sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito indemnizatorio deben liquidarse aplicando una tasa pura del 6% anual que se devenga desde que se hayan producido los perjuicios y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (en este punto se mantiene vigente lo resuelto en “Cabrera...” -c. 119176, del 15-6-2016). En mi voto en las causas “Pellizi...” (c. 161257, sentencia del 06/10/2016) y “Larrea...” (c. 163205, sentencia del 06/09/2017) ya había señalado —antes que la SCBA mute su criterio— que «[l]a utilización de tasas puras desde la fecha del hecho hasta la de la sentencia es una razonable herramienta que pretende evitar resultados que pueden ser calificados de injustos, cual es el caso del damnificado que recibe el capital aumentado (representado aquí por la cuantificación actual del valor reclamado), y a la vez, sobre dicho capital percibiría el accesorio de los intereses a una tasa (activa o pasiva) solo justificable en épocas de aguda inflación. La concurrencia de dos correctivos encaminados al mismo fin, produciría, a favor del damnificado, un enriquecimiento sin causa».
En las causas “Taddey” y “Cerizola” (causas n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018) esta Sala se ha plegado a la nueva doctrina legal de la Casación. Afirmé allí que «si se utilizan tasas bancarias [pasivas o activas] que han sido determinadas en función del fenómeno inflacionario y se las aplica en forma retroactiva sobre un capital que ya fue cuantificado teniendo en cuenta el envilecimiento del signo monetario (sea por vía de indexación, o representación actual de un cierto valor), se produce una previsible distorsión que altera el significado económico de la condena y que encierra -en este punto- un enriquecimiento del acreedor que carece de causa» (fallo cit.).
Es importante destacar que no se trata de modificar el interés que percibe el actor como complemento que se devenga ex lege y que tiene como función indemnizar el daño moratorio (esto es, aquel que sufre el acreedor por el retraso del deudor en el cumplimiento de la obligación). Por el contrario, el sistema de liquidación que ahora propone la Suprema Corte local —y que corresponde aplicar al rubro en estudio— lo que permite es evitar que los intereses moratorios terminen cumpliendo una función que en principio no le es propia: mantener el contenido económico de un capital que, en este caso en particular, ya se ha expresado en valores actuales (art. 622 del Cód.Civ. -Ley 340- y 768 y sig. del Cód.Civ.Com. -Ley 26.994-).
En suma, es menester establecer pautas precisas para liquidar los intereses sobre el rubro incapacidad sobreviniente que distinga los tramos o segmentos del crédito (uno, por rentas frustradas pasadas, y el otro por las rentas frustradas futuras calculadas mediante la fórmula) y que además determine con claridad la alícuota que corresponde utilizar para evitar repotenciaciones indebidas sobre un capital ya expresado a valores actuales, de conformidad con la nueva doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense.
Por ello: (1) los intereses que se devenguen con motivo del crédito por incapacidad sobreviniente (el tramo que va desde la curación y hasta la fecha de la sentencia, y que asciende a la suma de $251.760,30.-), se calcularán desde el primer día posterior a la finalización de la curación (08/12/2010, v. supra) y hasta la fecha del efectivo pago. En cuanto a la tasa a utilizar en este segmento, se aplicará una tasa pura del 6% anual desde el 08/12/2012 y hasta el 01/09/2018 (fecha en la que fue comenzó a regir el último valor del SMVyM Resolución 03/2018 del CNEPYSMVYM) y de allí y hasta el efectivo pago se aplicará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (SCBA “Vera” ya citada conf. arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.); (2) los intereses correspondientes a la incapacidad sobreviniente que versa sobre rentas frustradas futuras (cuantificado mediante la fórmula matemática, y que arrojó un total de $507.486,38.-), y por tratarse de un daño que versa sobre mermas de ingresos aún no producidos, comenzarán a devengarse a partir del vencimiento del plazo de diez (10) días de notificada esta sentencia a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (SCBA, fallos cit.; esta Sala II, causas n°161.169, “Ruiz Díaz...”, del 18-8-2016, causas n° 165.213 y 165.214, “Taddey...” y “Cerizola...”, ambas del 04/06/2018).
III.2. Daño moral Las quejas que el demandado y la firma “Orbis...” formulan sobre la cuantía del daño moral no son de recibo.
Es sabido que el daño extrapatrimonial se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son solo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del caso concreto (Pizarro, Ramón D., “Valoración del daño moral", en La ley, 1986-E-828, cit. en Lopez Mesa - Trigo Represas, ob.cit., p. 170, en similar sentido, Pizarro, Daniel, Vallespinos, Carlos. Instituciones de derecho privado. Obligaciones. Ed. Hammurabi, t. II, p. 641).
Desde esta óptica, he reparado muy especialmente en la naturaleza del accidente, la conducta del demandado que motivó la colisión y -muy especialmente- las lesiones físicas sufridas por el Sr. Alonso, y he llegado a la misma conclusión a la que arribara el juez de primera instancia: la procedencia del rubro resulta indiscutible (cfr. art. 1078 y ccds. del C. Civil vigente a la fecha del fallo; SCBA, Ac. L 43.813 S. 6-3-1990, AyS 1990-I-33; Ac. 57.435 S. 8-7-1997, AyS 1997-III-484; Ac. C 95.646 S. 7-5-2008, entre muchos otros). En lo que hace a su cuantificación, teniendo en consideración la edad y demás circunstancias personales del actor a la fecha de los hechos que motivan este pleito, la gravedad del cuadro de salud que motivó la atención médica de Alonso (incluyendo las lesiones odontológicas, la fractura expuesta en su miembro inferior izquierdo, la realización de una cirugía reparadora, los controles ambulatorios, el retiro de clavos y tornillos bajo anestesia, la necesidad de rehabilitación y demás prácticas detalladas por el perito médico a fs. 263/vta), entiendo que no existen motivos para afirmar -como alegan los recurrentes- que la suma fijada por el a quo es excesiva o desproporcionada. Por el contrario, a la luz de la prueba reseñada -a cuyos resultados la actora supeditó su pretensión- el monto consignado en el fallo apelado luce prudente y razonable (arts. 34 inc. 4°, 165 último párr. y ccdts. CPCC, 1068, 1078 y cctes. del Cód.Civ. -ley 340-).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte demandada y su citada en garantía mediante escrito electrónico del 16/08/2018, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 in fine del CPCCBA); II) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora incoado a fs. 303 y, en consecuencia, modificar la sentencia elevando el monto del rubro daño a la salud e integridad física a la suma de $759.246.68.- (suma sobre el cual se calcularán intereses moratorios de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.1.iii»); III) Las costas por el recurso del actor se imponen a la demandada y a la citada en garantía (art. 68 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I) Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte demandada y su citada en garantía mediante escrito electrónico del 16/08/2018, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 in fine del CPCCBA); II) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora incoado a fs. 303 y, en consecuencia, modificar la sentencia elevando el monto del rubro daño a la salud e integridad física a la suma de $759.246.68.- (sobre el cual se calcularán intereses moratorios de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.1.iii»); III) Las costas por el recurso del actor se imponen a la demandada y a la citada en garantía (art. 68 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967. Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase. Ricardo D. Monterisi Roberto J. Loustaunau Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia