Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 67610
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre obrante a fs. 199 que contiene el pliego presentado por la actora para la absolución de posiciones del demandado, y se glose dicho pliego precediendo a la presente sentencia.
II. Confirmar la sentencia que viene apelada de fecha 26/05/2021. Con costas a la apelante vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967.
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Yamila Carrasco, Lucrecia Inés Comparato y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ALONSO SANTIAGO JAVIER MAURICIO C/ PERCO EDUARDO OSCAR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) ", (Causa Nº 1-67610-
2021), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores LOUGE EMILIOZZI - COMPARATO - CARRASCO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes -CUESTIONES- 1ra.- ¿Corresponde proceder a la apertura del sobre de fs. 199 para glosar el pliego de absolución de posiciones al expediente?
2da.- ¿Es justa la sentencia del día 26 de mayo de 2021?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
Si bien al tratar la siguiente cuestión reseñaré el contenido del presente proceso, basta señalar, a los fines que ahora interesan, que en la resolución de fs. 206 se señaló que el certificado médico adjuntado por el demandado a los fines de justificar su incomparecencia a la audiencia confesional no cumplía acabadamente con los recaudos establecidos en el art. 417 del C.P.C.C. y por tal motivo se lo tendría por confeso en los términos del art. 415 del mismo código. En sintonía con ello, en un pasaje de la sentencia que viene apelada (punto 10 de los “resultandos”) se afirmó que se procedería en ese acto y por secretaría a la apertura del sobre de absolución de posiciones que se agregaría físicamente a la causa. Sin embargo, tal como lo hace notar la actora en su expresión de agravios, de la compulsa del proceso surge que la apertura del sobre obrante a fs. 199 no se efectivizó y que el pliego de posiciones se conserva en su interior.
Así las cosas, entiendo que ello debe ser efectuado en esta instancia para ser eventualmente valorado al tratar la segunda cuestión (S.C.B.A.; Ac 50263 S 10-5-1994, “López”; Ac 50514 S 6-9-1994, “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”; Ac 55593 S 14-6-1996, “Ugarte y Compañía S.A.”; C 99982 S 4-3-2009, “Cerrato”, todos disponibles en base Juba; esta Sala, causas n° 54940, “Arias”, del 15.10.13.; n° 59577, “Curutchet”, del 07.05.15.; n° 59605, “Bayala”, del 15.09.15.; n° 60373, “Martino”, del 17.12.15.; n° 60482, “Oses”, del 17.05.16.; n° 61078, “Carafini”, del 15.09.16.; n° 66511 y 66615 “Estancias” y “Urraco” –acumuladas-, del 04.05.21., entre otras). En consecuencia, propicio al acuerdo que se disponga que por Secretaría se proceda a la apertura del mencionado sobre y se glose el pliego precediendo a la presente sentencia.
Así lo voto.
Las Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I.a. El presente proceso es iniciado por el Sr. Rufino Jacinto Alonso, quien promueve demanda por cobro de pesos, por la suma de $ 1.544.652,79, contra el Sr. Eduardo Oscar Perco (v. demanda de fs. 54/58). Relata que el 15/11/06 se firmaron en Tandil tres convenios, que adjunta a la demanda y obran agregados a fs. 27/31.
Por uno de ellos, el demandado Eduardo Oscar Perco adquirió la participación que su hermana María Raquel Perco de Alonso (cónyuge del actor) tenía sobre la hacienda, maquinarias, rodados y automotores de "Don Edgardo S.A." por US$ 20.000, declarando la vendedora que sus derechos patrimoniales quedaban limitados exclusivamente sobre "el inmueble rural ubicado en el Pdo. de B Juárez, cuartel 10, parcelas 850M y 850P con una superficie total de 1.119 has, conocido con el nombre de San Eloy en la proporción del 27,77%…".
Por un segundo acuerdo, denominado "convenio de dividendos", Eduardo Oscar Perco se obligó por sí y en su carácter de Presidente de la sociedad a abonar a María Raquel Perco un dividendo anual equivalente en pesos a 50 kg de novillito pesado entre 391 y 430 kg por hectárea correspondiente al campo "San Eloy", pagaderos en cuotas trimestrales del 1 al 10 de cada mes de enero, abril, julio y octubre de cada año, definiendo el método de cálculo (cotización del Mercado de hacienda de Liniers), estipulándose que en caso de ser el balance societario insuficiente para cubrir dicho dividendo el mismo igualmente sería percibido por la accionista María Raquel Perco de Alonso, con cargo a la cuenta particular del demandado Eduardo Oscar Perco (fs. 54vta).
Por un tercer convenio, la cónyuge y los hijos del demandado Perco dejaron constancia de que no poseen participación social de ningún tipo.
Sigue diciendo el actor en su relato de los hechos que en cumplimiento del "convenio de dividendos" el demandado comenzó a abonar a la esposa del actor los arriendos convenidos, enviándole tres cheques (uno por mes) de la cuenta de "Don Edgardo S.A.", imputables a la cuota trimestral conforme la equivalencia convenida: precio novillito categoría 391/430 kg según Mercado de Liniers. Los sucesivos pagos se hicieron a la caja de ahorro n° 697013089/7 que tuvo con su esposa en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Bulnes de CABA. Acompaña comprobantes de depósitos hechos en enero, febrero marzo de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y cartas manuscritas escritas por el demandado a su hermana.
Continúa diciendo el actor que el día 11/06/2012 falleció su cónyuge María Raquel Perco, tramitándose el pertinente juicio sucesorio por ante el Juzg. Nac en lo Civ n° 64 de la Capital, Secretaría Única (expte n° 35.022/2013), aprobándose el testamento otorgado y declarando al actor único sucesor de la causante atento no existir descendencia ni ascendencia, continuando Eduardo Oscar Perco abonando los arriendos durante cinco trimestres posteriores al deceso de María Raquel hasta el 30/09/2013. Aclara que el convenio de pago no tiene fecha de terminación, por lo que ha de interpretarse que rige el plazo de 20 años establecido en el art. 45 de la ley 13246. A ello agrega que una eventual rescisión del acuerdo tenía que ser consensuada y no unilateral como de hecho ocurrió, y que además requería una manifestación expresa y fehaciente. Sigue diciendo que le reclamó al demandado a título personal la deuda base de esta litis pero que aquél alegó la nulidad del acuerdo. Practica liquidación por los períodos reclamados desde octubre de 2013 hasta diciembre de 2017 por el total reclamado de 1.544.652,79 y formula reserva de ampliar la demanda.
Funda en derecho, invocando los arts. 7, 733, 1582, 1800, 2560 y cc. del CCyCN, y aclara que la obligación cuyo cumplimiento persigue surge de un contrato celebrado entre los firmantes, pero si el demandado pretendiere argüir que dicho convenio carece de validez o vigencia su declaración unilateral de voluntad generó un vínculo jurídico con la actora. b) A fs. 59/61 se imprime al proceso el trámite sumario.
c) A fs. 68 el letrado patrocinante del actor denuncia el fallecimiento de su patrocinado ocurrido el día 15/05/2018, y a fs. 77 se presenta su heredero testamentario Sr. Santiago Javier Mauricio Alonso, disponiéndose a fs. 78 la reanudación del proceso.
d) A fs. 83 se amplía el monto de la demanda por los nuevos períodos transcurridos hasta el día 30/09/2018 y por un monto de $ 431.328,77.
e) A fs. 106/116 contesta demanda el actor, solicitando su rechazo, con costas.
Reconoce como ciertos los tres convenios del 15/11/06 y las cuatro cartas documento acompañadas por el actor, a las que agrega otras.
Luego de la negativa de ley, brinda su versión de los hechos.
A esos fines dice que "Don Edgardo S.A." se constituyó como una sociedad regular, de tipo cerrada y familiar. Añade que él siempre fue el presidente y quien se ocupó de los quehaceres del funcionamiento del inmueble rural perteneciente a la sociedad, aunque todo estaba sujeto a la aprobación de su gestión en las asambleas que siempre se hicieron.
Sigue relatando que ante las insistencias de su hermana Raquel, quien pretendía tener una "ganancia fija" de la sociedad, independientemente de las utilidades que arrojara, firmó la documentación sin asesoramiento jurídico previo y continuando con una actitud "paternalista" desplegada por años con sus hermanas, padres y tíos.
Prosigue diciendo que fallecida Raquel el 11/06/12, y habiéndose asesorado sobre la invalidez de lo contratado al asegurar una ganancia fija independiente de las utilidades de la sociedad, se comunicó con el cónyuge de su hermana, Rufino Jacinto Alonso, quien pretendía continuar percibiendo la ganancia fija.
Añade que el último pago fue el de septiembre de 2013, y el saldo deudor de Raquel para con la sociedad anónima asciende a $ 676581,67.
Sostiene la nulidad absoluta del convenio de "dividendos" en base a la imposibilidad de que la sociedad garantice a uno de los socios una "ganancia fija" más allá de las utilidades, y a todo evento que ante la ausencia de plazo, el acuerdo caduca cuando una de las partes decide su no continuación, negando el plazo veinteañal esgrimido por el actor. También esgrime que al caducar la obligación de la sociedad caduca también la de su garante, porque sigue la suerte de lo principal.
Acompaña como documental ocho cartas documentos, y un convenio de dividendos.
f) A fs. 120 la parte actora reconoció la documentación adjuntada por la demandada, de la que se le había conferido traslado a fs. 117. g) A fs. 124/125 se abrió la causa a prueba y se proveyeron los distintos medios ofrecidos, y el día 16/12/2020 se proveyó sobre su certificación.
II. De este modo arribamos al dictado de la sentencia que viene apelada, que rechazó la demanda, impuso las costas a la parte actora y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidir, y en lo que muy sucintamente podemos reseñar a los fines de entender en la apelación, el Sr. Juez de grado comenzó por definir la cuestión atinente al derecho aplicable (v. considerando tercero), entendiendo que este caso debe resolverse de acuerdo a las normas del Código Civil derogado, ya que el contrato que vinculó a las partes se celebró el 15/11/06, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (01/08/15), al igual que las vicisitudes que se verificaron en su etapa funcional (2013), no obstante prolongarse los incumplimientos alegados en el tiempo. No obstante, aclaró que esa conclusión no obsta a que se recurra al nuevo Código Civil y Comercial como argumento de autoridad o como doctrina interpretativa del régimen derogado. También advirtió que siendo que una de las cuestiones a resolver es la naturaleza jurídica del convenio base de la presente acción (convenio de dividendos), teniendo en cuenta que la actora sostiene que se trata de un arrendamiento rural mientras que la demandada se apega a la literalidad del mismo calificándolo como acuerdo de dividendos, eventualmente habrá de tenerse presente que el contrato de arrendamiento rural está regulado por la ley especial n° 13.246/48 y modificatorias, por la voluntad de las partes, subsidiariamente por el Código Civil (art 41 ley 13246 y art 7 del CCyCN) y por los usos y costumbres locales, mientras que en cuestiones societarias rige la ley 19550.
A continuación el anterior magistrado afrontó la tarea de calificar el contrato (v. considerando cuarto). En esa faena, entendió que el negocio jurídico en base al cual se reclama no es un contrato típico de arrendamiento rural, ya que no existe la obligación de conceder el uso y goce de un predio rural (art. 1 de la ley 13246), porque en cabeza de María Raquel Perco nunca estuvo sino la participación social en un ente ideal, “Don Edgardo SA” (que si tenía dentro de su patrimonio al bien inmueble rural). Sigue diciendo que las partes a su vez "nominaron" al contrato como "convenio de dividendos", donde Eduardo Oscar Perco se obligó a abonar a María Raquel Perco un dividendo anual equivalente en pesos a 50 kg de novillito pesado entre 391 y 430 kg por hectárea correspondiente al campo "San Eloy", pagaderos en cuotas trimestrales del 1 al 10 de cada mes de enero, abril, julio y octubre de cada año, definiendo el método de cálculo (cotización del Mercado de hacienda de Liniers), estipulándose que en caso de ser el balance societario insuficiente para cubrir dicho dividendo el mismo igualmente sería percibido por la accionista María Raquel Perco de Alonso, con cargo a la cuenta particular del demandado Eduardo Oscar Perco (fs. 54vta).
Entiende que este contrato se inscribe dentro del funcionamiento de una sociedad anónima, que es en definitiva y en realidad la materia de la que se trata la relación entre las partes originariamente y por derecho derivado, y que las partes celebrantes de la primer triada de contratos (los hermanos Eduardo y María Raquel Perco), tal como se desprende luego de las cartas documento y de las preguntas efectuadas a la perito contadora que actuó en la causa, intentaron generar instrumentos que plasmen una situación y una solución para una de las socias (María Raquel Perco) que ajena al movimiento económico, jurídico y social de una sociedad anónima, pero creyendo y sintiéndose "dueña" -en condominio de un campo en la localidad de Juárez- debe haber exigido "su derecho económico", que de la manera más sencilla se denomina y se entiende como "arrendamiento rural".
Sin embargo – sigue razonando el anterior magistrado- ningún arrendamiento se le debía a la Sra. Perco, sino el eventual derecho a utilidades si, celebrada la Asamblea Anual Ordinaria, el resultado económico hubiera sido superavitario y la decisión social hubiese sido repartir utilidades. Sobre esas bases, el a quo concluyó que el contrato en base al cual se acciona es atípico, y las normas que se verán involucradas en su interpretación e integración, son las que remiten a este tipo de contratos.
Seguidamente (en el considerando quinto) el presentenciante se abocó al análisis de la juridicidad y legalidad del “contrato de dividendos”, en especial para dar respuesta al planteo de la accionada, según el cual el “convenio de dividendos” es nulo en base a la imposibilidad legal de que la sociedad –o su presidente en este caso- garantice a uno de los socios una ganancia fija más allá de las utilidades. En ese análisis comenzó por señalar que la cuestión está regulada en los arts. 224 y 225 de la Ley General de Sociedades, y a continuación trajo a colación prestigiosa doctrina que ha abordado la temática del pago de dividendos anticipados. También se refirió al tratamiento del tema en la jurisprudencia, en especial la causa “Multiradio S.A.” (Tribunal Fiscal de la Nación Sala "C" 03/04/2007), donde se dictaminó que un retiro de fondos de directores accionistas de una sociedad no comprendida en el Artículo 299 de la Ley 19.550, salvo que sea una sociedad comprendida en el mencionado artículo, está prohibido distribuir dividendos anticipados o provisionales y que toda distribución de dividendos debe provenir de ganancias realizadas y liquidas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y aprobado. De modo que los dividendos anticipados son figuras que requieren el cumplimiento de requisitos sustanciales, tales como la confección de un balance y estado de resultados especiales y su aprobación de los órganos volitivos del ente social, lo que no se había verificado en ese caso. A continuación el anterior magistrado valoró la prueba pericial contable producida en autos por la contadora pública María Paula Fedelis. De allí surge –entre otras cosas- que la sociedad “Don Edgardo S.A.” es una sociedad comercial regular cuya fecha de contrato social es 20/11/1969, que sus libros de comercio son llevados en legal forma, y que del cotejo de los retiros efectuados por María Raquel Perco de Alonso contra los dividendos que le fueron asignados surge una diferencia en más de los retiros por sobre los dividendos.
Finalmente, en el considerando séptimo, el presentenciante retomó los conceptos antes vertidos para arribar a la solución del caso. Señaló en tal sentido que “(c)onforme lo analizado y de acuerdo a la prueba del caso entiendo que la demanda debe rechazarse toda vez que el contrato BASE celebrado entre DON EDGARDO S.A. -por medio de su Presidente Eduardo Oscar Perco y éste por sí como "garante"- y María Raquel Perco de Alonso (en fecha 15/11/2006) resulta ineficaz a la luz de lo normado por el art. 68, 224, 225 y concordantes de la Ley de Sociedades. / Y respecto de la obligación unilateral asumida por Eduardo Oscar Perco por sí, si bien resulta fuente de responsabilidad -actualmente recibida de manera típica en el artículo 1800 y ss del CCyCN-, lo cierto es que la misma tiene su fuente en un contrato cuya eficacia se ha visto desvirtuada en función de lo antedicho. No tiene esa obligación unilateral los elementos para considerarla autónoma o desprendida de los efectos y vicisitudes que padece la obligación principal. / Ello así porque aún habiendo calificado al conjunto negocial como "innominado" el juego de los artículos 953 y ss del CC y artículos 962, 963, 964 y 970 del CCyCN hacen prevalecer las normas indisponibles y de orden público por sobre la voluntad de las partes. Y esas normas indisponibles, como hemos visto, son las de los artículos de la ley de sociedades. (…).”
III. El decisorio reseñado en el apartado anterior fue apelado por la actora el día 02/06/2021, el recurso se le concedió libremente el día 8 del mismo mes y año, expresó agravios el día 09/08/2021 y recibió respuesta de la contraria el día 20/08/2021.
Los agravios de la parte actora giran en torno a diversas cuestiones de hecho y de derecho que brevemente paso a reseñar para su posterior tratamiento.
En primer lugar –y como ya vimos al tratar la cuestión anterior- señala que el anterior magistrado no procedió a la apertura del pliego de posiciones obrante a fs. 199. Entiende que ello es trascendente porque a raíz del reconocimiento que surge de la confesión ficta resultan acreditados algunos hechos de importancia para la resolución del caso, en especial que el demandado Perco viene celebrando distintos contratos con sus familiares desde el año 1985 (es decir, 21 años antes de firmar el convenio que dio origen a estos autos) y merced a los mismos desplazó a sus hermanas del ámbito societario, entregándoles a cambio una suma de dinero que ellas aceptaron porque de lo contrario se quedaban sin nada. Por estos mismos motivos esgrime que el accionado no firmó esos convenios por ignorancia, sino que reflejan un modus operandi idéntico al que viene observando desde el año 1985 al presente. También señala, en la misma línea, que va contra toda lógica que la Sra. Raquel Perco “impusiera” un valor, ya que conforme surge de la contestación de oficio obrante a fs. 151 es mismo es relativamente bajo. En base a estos argumentos y con sustento en los arts. 1047 del CCiv. y 387 del CCyCN concluye que el accionado no puede escudarse en una nulidad que él mismo generó.
En segundo lugar afirma que el anterior magistrado tampoco tuvo en cuenta las siete cartas ológrafas adjuntadas a la demanda, reconocidas por su autor (es decir, el demandado), en las cuales se refleja el cumplimiento de lo acordado sin reservas de ningún tipo. Relacionado con ello, afirma que otro error de la sentencia consiste en sostener que su parte invocó la existencia de un arrendamiento, ya que es evidente que no se pactó un verdadero arrendamiento rural (regulado por la ley 13.246), sino que en la obligación unilateral asumida por el demandado se determinó el valor económico de su prestación en una cuota que es similar a la fijada en un arrendamiento rural conforme lo autoriza el art. 1005 del CCyCN para todo tipo de negocios jurídicos. A partir de todo ello concluye que la propia conducta del demandado y la valoración conjunta de las pruebas referidas demuestran que siempre acordó él (no la sociedad) un monto de dinero para que sus hermanas, entre ellas la actora, no interfirieran en la actuación del ente, que quedaba a su exclusivo manejo.
En tercer lugar –aunque vinculado a lo antes dichoseñala que en la sentencia atacada se ha invertido el orden de análisis y por tal motivo las citas legales, doctrinales y judiciales referidas en el fallo son erróneas e inaplicables al sub lite, lo cual no abastece la manda de dictar una decisión razonablemente fundada. Afirma que ello es así porque desde el escrito de demanda se precisó que la obligación cuyo cumplimiento se persigue surge de una clara declaración unilateral del accionado, que quedó corporizada en sus propias palabras empleadas en el convenio. Admite que es cierto que se señalaron las vinculaciones de ese acuerdo con el ente social, porque la buena fe impone ilustrar al juez sobre todos los antecedentes del contrato, y es indudable que las declaraciones volcadas por las partes para alcanzar sus fines económicos hacen referencia a la sociedad "Don Edgardo S.A.". Pero no por esto se debe deducir que estamos frente a un acuerdo que se inscribe "dentro del funcionamiento de una sociedad anónima" (consid. 4º de la sentencia atacada). Recurre a distintos argumentos para apuntalar esta crítica, tales como que de la prueba confesional surge que el demandado acudió a prácticas idénticas a lo largo de más de 20 años para que las relaciones con sus hermanas se manejaran por "fuera del funcionamiento de la sociedad anónima", que al declarar la nulidad del negocio se está decidiendo una cuestión que afecta a una persona que no ha sido parte en este proceso pues es claro que la sociedad anónima no es quien ha reclamado ni frente a quien se ha reclamado la satisfacción de una pretensión, y que se desconoce efectos jurídicos a la voluntad unilateral como fuente de obligaciones (argumento éste último que lleva al apelante a introducir una pequeña digresión en cuanto a la ley aplicable, ya que no coincide con la solución de derecho transitorio adoptada por el a quo, pero además afirma que en el código derogado la declaración unilateral también era fuente de obligaciones).
En cuarto lugar alude a la necesidad de interpretar el negocio jurídico en base al cual se acciona, valorando para ello la interpretación auténtica de la declaración del demandado que es la que surge del propio contrato, y además su propia conducta reiterada a lo largo de siete años de puntilloso cumplimiento de lo acordado. Sobre esas bases afirma que el presente juicio no debe resolverse aplicando el art. 224 y concordantes de la ley de sociedades, no sólo por las razones de estricto derecho apuntadas sino además apelando a un juicio de ponderación. Entiende que sí resultan aplicables al caso los arts. 1800 del CCyCN (declaración de voluntad unilateral) y ciertos principios generales como el de buena fe y prohibición del abuso del derecho.
Por último, y para el caso de que este tribunal no comparta lo propuesto en la expresión de agravios, el apelante solicita que se tenga en cuenta que el principio según el cual "lo accesorio sigue la suerte de lo principal" reconoce excepciones, y así lo dispone el art. 857 del CCyCN refiriéndose precisamente al supuesto de extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal.
IV. El día 23/03/2022 se llamó autos para sentencia y el día 13/04/2022 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
a) Por razones de orden lógico considero conveniente abordar en primer lugar el planteo atinente al derecho aplicable, el cual –como vimos en la reseña inicial- es introducido por el apelante a modo de digresión en el marco de un agravio más amplio, en especial para argumentar que si bien el Código velezano no regulaba en forma sistemática a la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones (a diferencia del nuevo código que sí lo hace en el art. 1800) la existencia de esa figura podía inferirse a partir de algunos institutos particulares, como la oferta irrevocable del art. 1150. Como punto de partida, resulta claro que por aplicación de los principios generales que emanan del art. 7 del Código Civil y Comercial la responsabilidad por daños derivados de un incumplimiento contractual se rige por la ley vigente al momento en que el hecho del incumplimiento se produce (Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal Culzoni, 2015, pág. 104, con cita de Moisset de Espanés). El caso de autos presenta la particularidad de que el convenio en base al cual se acciona fue celebrado en el año 2006 pero las obligaciones supuestamente incumplidas por las cuales se reclama son periódicas y, conforme surge de la demanda y de su ampliación, abarcarían desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2018. En consecuencia, asiste razón al apelante al señalar que al presente caso también podría resultarle aplicable el nuevo Código.
Por otra parte, también asiste razón al recurrente en sus apreciaciones en torno a la cuestión del derecho transitorio específicamente referidas al instituto de la declaración unilateral de la voluntad como causa de las obligaciones (art. 1800 del CCyCN). En tal sentido, la más prestigiosa doctrina ha señalado que el CCyC regula sistemáticamente otras fuentes de las obligaciones, entre las cuales se encuentra la declaración unilateral de la voluntad (art. 1800), que eran figuras ya existentes en el Código (derogado) o en la práctica negocial, pero sin normas que las regularan de un modo sistemático. No obstante, se ha entendido que esta situación no debería generar problemas de derecho transitorio pues el nuevo ordenamiento recoge las tendencias jurisprudenciales y doctrinales mayoritarias (Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación…”, cit., p. 159, “Otras fuentes no reguladas con anterioridad de modo sistemático”).
Ahora bien, no obstante que conforme lo hasta aquí dicho entiendo que asiste razón al apelante en los aspectos señalados, también entiendo que si bien la conclusión de derecho transitorio adoptada por el Sr. Juez de grado fue parcialmente distinta a la que propicio en este voto, la misma no fue en modo alguno dirimente para la solución a la que arribó. Ello es así porque si bien el a quo afirmó en el considerando tercero que la cuestión debía resolverse de acuerdo a las normas del Código Civil derogado –entre otras normas que no fueron derogadas y se mencionan en la sentencia, entre ellas especialmente la Ley de Sociedades-, no es menos cierto que en el mismo considerando afirmó que esa conclusión no obstaba a que se recurra al nuevo código como argumento de autoridad o como doctrina interpretativa del régimen derogado. Coherente con ello, cuando en el considerando séptimo se refirió a la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones, mencionó que resulta fuente de responsabilidad y que actualmente se encuentra recibida de manera típica en el art. 1800 del CCyCN, pero entendió que en este caso no es válida porque tiene su fuente en un contrato ineficaz por imperio de lo dispuesto en los arts. 68, 224 y 225 de la Ley de Sociedades. De modo que el fundamento del rechazo de la demanda no fue que la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones no se encontraba sistemáticamente regulada en el Código derogado, sino que la misma tenía su causa en un negocio inválido.
Por último, y para aportar claridad a este voto, creo útil aclarar que me he referido a esta cuestión relativa al derecho transitorio en relación al art. 1800 del CCyCN, y lo he hecho al comienzo, porque en general es conveniente que las cuestiones atinentes al derecho aplicable sean aclaradas en los primeros tramos de la decisión. No obstante, y por las razones que más adelante expondré, entiendo que en el caso de autos no asistimos a un supuesto de declaración unilateral de la voluntad como causa de las obligaciones y por tal motivo la solución será consecuencia de la aplicación de otros institutos.
b) Abordaré ahora otro aspecto, que llamativamente tampoco resultará gravitante para la solución de esta litis, pero aun así creo conveniente hacerlo porque es una cuestión a la cual las partes le asignan especial importancia tanto en la expresión de agravios como en la contestación a los mismos. Me refiero a algunos de los hechos que están mencionados en el pliego de absolución de posiciones que, como consecuencia de lo acordado al tratar la cuestión anterior, fue agregado precediendo a la presente sentencia. Conforme vimos en la reseña inicial, el actor apelante entiende que es un grave error que no se haya hecho mérito de esos hechos que quedaron reconocidos como consecuencia de la confesión ficta, mientras que el accionado, al contestar las críticas, señala con énfasis que los hechos mencionados en esas posiciones no tienen relación alguna con la cuestión debatida en autos.
A fin de contextualizar esta cuestión, es posible observar que en la demanda, al narrarse los hechos, se tomó como fecha de inicio del relato el día 15 de noviembre de 2006, que es aquella en la cual se firmaron los tres convenios, entre ellos el “Convenio de Dividendos” obrante en copia certificada a fs. 29 que es el que en forma más directa da origen a esta litis (v. fs. 54 y sig.). A su turno, al contestar demanda el accionado planteó básicamente la nulidad de dicho convenio por resultar violatorio del art. 224 de la LGS (v. fs. 109), pero también señaló -entiendo que con el propósito de explicar por qué él, siendo presidente de la sociedad, se había prestado a firmar dicho convenio- que su hermana Raquel le decía insistentemente que quería tener una “ganancia fija”, hasta que finalmente, y sin ningún tipo de consulta jurídica previa acerca de la legalidad de lo que pretendía, accedió a firmar la documentación que su hermana le trajo preparada por su abogado, Dr. Silverstein (fs. 107vta., primer párrafo). Finalmente, en el pliego de absolución de posiciones surge que algunas de ellas están referidas a actos jurídicos muy anteriores, que se retrotraen al año 1985, y, tal como se explica en los agravios, ello tiene por finalidad demostrar que el accionado no fue una víctima del accionar de su hermana sino una persona que mediante una concatenación de actos jurídicos procuró quedar como único actor y beneficiario de la persona jurídica.
A primera vista parecería que asiste razón al accionado al responder los agravios, ya que es claro que las posiciones en cuestión no versan sobre hechos invocados en la demanda. Como bien decía Isidoro Eisner, antes de la carga de probar existe la carga de afirmar, de modo que el juez no podría, al dictar sentencia, tener como ciertos hechos que las partes no hubieran afirmado, aun cuando indebidamente se hubiera producido pruebas sobre ellos (“La prueba en el proceso civil”, págs. 20/21, cit. por esta Sala en causa n° 52373, “Gabarrot”, del 11.03.09.; n° 60289, “Perrotta”, del 13.08.15.; n° 63551, “Cos”, del 27.12.18.; n° 65766, “Sucesores”, del 06.08.20., entre muchas otras). En nuestro Código Procesal esta carga está impuesta en el art. 330 inc. 4, que dispone que la demanda debe contener “(l)os hechos en que se funde, explicados claramente”.
Ahora bien, en el caso de autos resulta claro que el actor trajo a colación estos otros hechos (anteriores a los que había narrado en la demanda) en respuesta al planteo de nulidad introducido por el accionado en su contestación de demanda, en especial para intentar demostrar que el accionado no era una persona inexperta que había firmado los convenios sin contar con el debido asesoramiento jurídico. Desde luego que desde la lógica procesal parece muy poco adecuado que el actor no se pronuncie expresamente sobre ese planteo de nulidad y en cambio introduzca posiciones relativas a hechos que no alegó, pero ese es un problema derivado del diseño del proceso contradictorio en el Código Procesal, ya que sólo le confiere el actor la posibilidad de ampliar su prueba con respecto a los nuevos hechos invocados por el demandado o reconvenido (art. 484 tercer párrafo del C.P.C.C.), pero no se le corre un traslado para que se pronuncie –o alegue- sobre los mismos. Este problema es solucionado –al menos para los supuestos en que los hechos invocados por el demandado en su contestación dan sustento a un planteo de nulidad de acto jurídico- por el art. 383 del CCyCN, el cual dispone que la nulidad puede argüirse por vía de acción u oponerse como excepción y en todos los casos debe sustanciarse (este tema puede ampliarse por el trabajo de mi autoría “La articulación y sustanciación de la nulidad en el nuevo Código Civil y Comercial”, en “Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación”, dirigido por Gabriel Hernán Quadri, La Ley, T. II, pág. 1477 y sig.). Sin embargo en el presente caso no se procedió de ese modo, ya que sólo se confirió traslado al actor de la documentación adjuntada por el demandado y no del planteo de nulidad (fs. 117), dando lugar a los inconvenientes de orden procesal a los que me he referido.
Este análisis me lleva a concluir que el proceder de la actora, consistente en mencionar en el pliego de posiciones hechos que no habían sido articulados en la demanda, no fue incorrecto, ya que al proceder de ese modo utilizó la única vía que le permite el Código Procesal en el art. 484, más allá de que ella –conforme lo intento explicar en el trabajo antes citado- es totalmente insuficiente para dar respuesta a un planteo tan importante como es la nulidad del acto jurídico en base al cual se acciona. Creo importante insistir – aun a riesgo de ser reiterativo- que este problema puede superarse mediante la sustanciación a la que alude el art. 383 del CCyCN, pero resulta claro que es una norma procesal contenida en un código de fondo que hasta el presente es poco utilizada.
c) Despejados los temas que anteceden abordaré ahora las cuestiones de hecho y de derecho que son traídas en los agravios (doctr. art. 266 del C.P.C.C.) y que sí resultan dirimentes para la resolución de la litis. El meollo de la cuestión a decidir en autos gira en torno a la calificación y validez del acto jurídico en base al cual se acciona, es decir, el “Convenio de Dividendos” (tal el nombre que las mismas partes utilizaron para denominarlo) que obra en copia certificada a fs. 29 y sobre cuya celebración no existe controversia entre las partes. Para ganar en claridad transcribiré las partes más importantes de dicho documento:
“CONVENIO DE DIVIDENDOS”
“Eduardo Oscar Pe[r]co, L.E. 5.367.487, por derecho propio y en mi carácter de Presidentes de Don Edgardo S.A. (…), declaro:” “1) Que en el carácter invocado en el encabezado, garantizo en forma irrevocable a la accionista María Raquel Perco de Alonso (D.N.I. 4.260.383), como resultado de mi administración de la sociedad, un dividendo anual equivalente en pesos a 50 kg. de novillito pesado entre 391 y 430 kg. por hectárea correspondiente al inmueble rural ubicado en el Partido de Benito Juárez (…), con una superficie total de 1119 has, conocido con el nombre de “San Eloy”.”
“2) Que la accionista María Raquel Perco de Alonso percibirá dichos dividendos por trimestre adelantado, en cuatro cuotas equivalentes cada una a 12,5 kg. por hectárea de novillito de la categoría especificada en el párrafo precedente, entre los días 1 al 10 de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año.”
“3) Que para determinar el importe de la cuota a pagar se procederá a multiplicar (…).”
“4) Que, en caso de que el resultado del balance de la sociedad no sea suficiente para cubrir dicho dividendo, el mismo igualmente será percibido por la accionista María Raquel Perco de Alonso, con cargo a mi cuenta particular, siendo este un compromiso personal e irrevocable.” “En la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2006, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.”
Al pie se observan dos firmas aclaradas con un prenombre (Eduardo) y un sobrenombre (Quela), que de su cotejo con otros instrumentos agregados al proceso resulta que corresponden a los dos hermanos mencionados en el documento, lo cual además no está controvertido. A fin de situarnos en contexto, resulta más que claro que el conflicto que da origen a esta litis se enmarca en una empresa agropecuaria de familia que explota el inmueble rural denominado “San Eloy”, organizada bajo la forma de una sociedad anónima, tema que en forma recurrente da lugar a reclamos judiciales y sobre el cual existe frondosa bibliografía (v., entre muchos otros, “Empresas de familia”, dirigido por Calcaterra y Krasnow, La Ley, 2010; “La empresa familiar”, dirigido por Eduardo Favier Dubois (h), Ad-Hoc, 2010).
En muchas ocasiones –y el presente caso no es la excepción- el conflicto se plantea cuando uno o algunos de los socios o integrantes de la empresa familiar participa activamente en la actividad productiva y otro u otros no lo hacen, sea porque han sido marginados por sus familiares o porque se han dedicado a otros quehaceres.
En el caso de autos, si tenemos en cuenta el contenido del “Convenio de dividendos” transcripto con anterioridad, resulta claro que la socia que no participaba activamente de la explotación de la empresa, es decir, la Sra. María Raquel Perco de Alonso, quiso asegurarse un ingreso periódico por su participación en la sociedad, por lo que resulta verosímil lo afirmado por el accionado al contestar demanda respecto a que él accedió a suscribir el convenio porque así le fue requerido (fs. 107vta. primer párrafo). Creo pertinente aclarar que con dicha afirmación no pretendo emitir opinión sobre los hechos que la actora introdujo al formular las posiciones y también trae a colación en la expresión de agravios, es decir, sobre la supuesta discrecionalidad con la cual el demandado se habría desempeñado desde varias décadas atrás.
Sin embargo, he afirmado que es verosímil que fue la Sra. Perco de Alonso quien requirió la firma de ese convenio –al margen de quién lo redactó- ya que es poco verosímil que el presidente de una sociedad se obligue en forma personal a garantizar dividendos a los otros socios por mera iniciativa propia. No soslayo que es cierto que de la contestación de oficio obrante a fs. 151, suscripto por un martillero especializado, surge que el monto del “arriendo” acordado en el convenio es “relativamente bajo” en relación al valor de plaza en la época de su celebración, por lo que desde esa perspectiva no se podría afirmar que la Sra. Perco impuso a su hermano la firma de un convenio irrazonablemente favorable a sus intereses.
Sin embargo –y pese a que se trata de un problema relativo a la interpretación del convenio que no ha sido planteado en autos- no puede dejar de observarse que en el convenio no se aclara si esos dividendos que se “garantizan” a la Sra. Perco son definitivos o son “a cuenta” de eventuales dividendos mayores que pudieren corresponderle, de modo que si ésta última fuera la interpretación correcta se explicaría perfectamente por qué motivo el monto del “arriendo” es relativamente bajo. Existe otro dato sociológico que a mi modo de ver robustece la inferencia a la que me he referido en el párrafo anterior y permite ubicarnos mejor en el contexto de los hechos que dan origen a esta litis. Las máximas de la experiencia, que integran la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C.), nos permiten saber –en especial a quienes habitamos en zonas de intensa actividad agropecuaria- que los propietarios de campos tienen dos opciones básicas: explotarlos por sí mismos o arrendarlos.
En general los dueños de campo suelen explotarlos por sí mismos cuando conocen la actividad, y además saben que esa opción les puede reportar un ingreso mayor que el derivado de un arrendamiento, aunque se trata de una explotación que no está exenta riesgos, asociados al clima y a otros factores (como la evolución de los precios), a tal punto que en algunos años resulta mejor negocio explotar el campo por sí mismo que darlo en arrendamiento, mientras que en otros años el arriendo termina resultando más beneficioso que la explotación por cuenta propia. Contrariamente, los dueños de campos que no se han dedicado a la actividad agropecuaria suelen preferir darlos en arrendamiento, porque ello les garantiza un ingreso fijo que además está relativamente a salvo de las vicisitudes de la explotación.
A diferencia de lo que ocurre con otras empresas o inmuebles productivos, es muy sencillo dar en alquiler un campo, porque existe una gran demanda de inmuebles rurales para arrendamiento, sea para destino agrícola, o ganadero, o ambos. Desde esta perspectiva, también es muy verosímil que la Sra. Perco haya querido garantizarse un ingreso periódico similar al arrendamiento al que recurren muchas personas que son dueñas de un campo. Ahora bien, tal como lo observó el anterior magistrado cuando emprendió la tarea de calificar el contrato, el “problema” que se presenta en este caso es que el inmueble no pertenece a la Sra. Perco sino a la persona jurídica de la cual ella es socia, es decir, a “Don Edgardo S.A.”.
Así las cosas, no estamos situados en el cuadrante de un contrato de arrendamiento sino en el de una sociedad y, en consecuencia, la sumas de dinero que sus herederos reclaman no son a título de precio del arrendamiento sino de distribución de dividendos, por lo que prima facie ya es posible advertir que el nombre que las partes utilizaron para denominar el negocio (“Convenio de dividendos”) fue adecuado.
El Sr. Juez de grado se refirió al concepto y al régimen de los dividendos de las sociedades siguiendo un interesante trabajo de doctrina que doy por reproducido para no extender innecesariamente este voto, sin perjuicio de volver sobre él más adelante en relación a algunos aspectos puntuales (Luis Rodríguez de la Puente, “Dividendos anticipados. Legitimidad (responsabilidad de accionistas y administradores)”, TR LALEY 0003/000878). Tal como se explica en otro excelente trabajo que con extensión y profundidad se ocupa de esta temática (Diego A. J. Duprat, “Distribución de dividendos. Órgano competente. Principio de libertad de aplicación de los resultados sociales. Límites y restricciones”, JA, 1-4-2011, Lexis Nº 0003/015377, www.abeledoperrot.com), el art. 234 de la Ley de Sociedades dispone que la asamblea de accionistas es el órgano competente para aprobar la distribución de dividendos.
Sigue diciendo este autor que la asamblea tiene libertad para resolver sobre el destino de las ganancias sociales del ejercicio, ya que no existe, como en otros ordenamientos legales, la obligación legal de distribuir un dividendo mínimo, ni siquiera la obligación de distribuir dividendo alguno, aunque puedan pactarse estas condiciones estatutariamente. De modo que la asamblea evalúa las distintas alternativas de inversión y decide –discrecionalmente- si capitaliza las utilidades, constituye reservas, las destina a nuevos proyectos de la sociedad, las reserva sin asignación específica, o bien las reparte entre los accionistas, vía dividendos. Va de suyo –y así lo explica Duprat en el trabajo citadoque no obstante que en teoría el principio de libertad de aplicación de resultados surge claramente definido y determinado por la ley, suele presentarse problemático en la práctica, ya que en toda resolución sobre dividendos entran en juego intereses diversos y hasta contrapuestos.
Es así que el enfrentamiento entre la utilización de las utilidades del ejercicio para autofinanciar la sociedad y la distribución de estas utilidades a través del pago de dividendos da lugar a un conflicto recurrente, sobre todo en las sociedades cerradas donde no todos los socios participan –de manera directa o indirecta- en las ganancias de la sociedad, situación que se agrava por la ausencia de un mercado para dichas acciones, lo que produce que los accionistas que no participan activamente y quedan fuera de cualquier tipo de participación en beneficios sociales (sueldos, honorarios, etc.), se encuentren “atrapados” en la sociedad sin poder vender su participación societaria (posibilidad de desinvertir) ni obtener una renta por la misma.
El mismo autor vuelve sobre esta cuestión en otro interesante trabajo, en el cual señala que la fijación de la política de dividendos desnuda una compleja trama de intereses, muchas veces contrapuestos, que configuran el denominado “dilema de los dividendos”. Ello es así –explicaporque, en primer lugar, no existe una fórmula ideal que permita definir una política de dividendos objetivamente acertada e inmejorable ni existe una estructura financiera (relación entre recursos propios y ajenos) que pueda ser considerada óptima y válida para toda sociedad y bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, el acierto o conveniencia de la decisión que defina el destino final de las utilidades del ejercicio social estará sujeta a la apreciación —más o menos informada y más o menos certera— de los socios. En segundo término, porque muchas veces los criterios opuestos sobre la política de dividendos a adoptar están justificados —o pretenden estarlo— en la defensa del interés social. En principio se suelen distinguir dos intereses: los particulares de los accionistas, enderezados a la obtención, al cabo de cada ejercicio, de un dividendo en efectivo como renta por su aporte, y los de la sociedad, generalmente tendientes a la retención de las utilidades para autofinanciarse. Por tal motivo afirma –citando en este punto a Olivera García- que "(e)l establecimiento de un equilibrio entre el derecho del socio o accionista a un dividendo periódico y el derecho de la sociedad al autofinanciamiento constituye una de las cuestiones de más difícil solución en materia societaria, donde se enfrentan diferentes criterios y expectativas de los socios" (Diego A. J. Duprat, “Distribución de dividendos en las sociedades anónimas cerradas”, La Ley 2012-C, 1160, TR LALEY AR/DOC/2505/2012).
Como antes decíamos, el art. 234 de la Ley de Sociedades dispone que la asamblea de accionistas es el órgano competente para aprobar la distribución de dividendos, de modo que el derecho a la percepción de dividendos nace con la decisión de la asamblea que así los declare. De ello se sigue que la resolución que aprueba los dividendos tiene carácter constitutivo porque es recién con dicha resolución, y solo a partir de ella, que nace el derecho de los accionistas a exigir el cobro de los dividendos. Antes de tal decisión asamblearia las utilidades del ejercicio son propiedad de la sociedad y, por tanto, forman parte de su patrimonio (Duprat, primer trabajo citado).
Un tema que reviste especial interés para el análisis de este caso es si el socio tiene derecho a una distribución periódica de los dividendos, ya que, por las razones que antes vimos, el “Convenio de dividendos” en base al cual se acciona permite inferir que fue voluntad de la Sra. Perco asegurarse un ingreso constante. Este tema también es abordado en profundidad por Duprat en el trabajo que venimos siguiendo, donde explica que la ley de sociedades argentina dispone, ya desde su primer artículo, que uno de los elementos del contrato de sociedad es la participación de los socios en los beneficios sociales y, en su artículo 13, fulmina con la nulidad absoluta la estipulación contractual que excluyera a alguno de los socios de tales beneficios.
De modo que los socios participan de una sociedad para obtener un beneficio apreciable económicamente. No obstante, a continuación el autor aclara que la noción de beneficio es tan amplia que abarca toda ventaja económica que tenga incidencia en el patrimonio de los socios (sea el desarrollo de tecnología en provecho de éstos, disminución de costos en producción, logística, comercialización, publicidad, etc.). De ello se sigue que esta exigencia legal (de participar en los beneficios sociales) pueda abastecerse aún cuando no se percibieran dividendos en forma periódica, siempre y cuando el accionista pudiera sacar algún tipo de provecho de la sociedad o tenga la expectativa de hacerlo en el futuro.
Esto lo lleva a entender que la regla de la participación en los beneficios del art. 1 de la LS consiste en una declaración abstracta que consagra al accionista como destinatario final de los beneficios sociales, pero que no permite inferir el reconocimiento de un derecho concreto, a favor del accionista, para exigir la distribución de dividendos sobre el eventual beneficio neto obtenido por la sociedad al cierre de cada ejercicio económico. De hecho, coloca en cabeza de la asamblea de accionistas la facultad de decidir – discrecionalmente, más no arbitrariamente- la aplicación de los resultados del ejercicio, y su eventual distribución o retención. De modo que debe quedar claro –sigue diciendo Duprat- que la ley de sociedades argentina no consagra derecho alguno a favor del socio para exigirle a la sociedad una distribución periódica de las utilidades del ejercicio, y la doctrina mayoritaria tampoco lo ha entendido de otra manera.
Es más, también aclara el autor que tampoco se puede válidamente concluir que, de la existencia de utilidades sociales, se siga la necesaria distribución de dividendos entre los accionistas. Ello es así porque la propia ley de sociedades impone una serie de condiciones para que dichos resultados puedan ser distribuidos, como así también sugiere ciertos destinos de las utilidades, distintos a su distribución a través del pago de dividendos, mientras que dispone otros con carácter imperativo. En primer lugar, la ley de sociedades condiciona la distribución de dividendos a que la misma sea resuelta por la asamblea de accionistas, siempre y cuando haya ganancias líquidas y realizadas que surjan de un balance aprobado (arts. 68 y 224 de la LSC).
En segundo término, la ley faculta a la asamblea, en el caso de verificarse utilidades en el ejercicio, a tomar varios caminos posibles, entre ellos: a amortizar acciones integradas (art. 223, LSC) o adquirirlas (art. 220, LSC) y a constituir reservas facultativas (art. 70, 3er. párrafo, LSC). Sin desconocer la necesaria constitución y mantenimiento de las reservas legales (art. 70, 1er. párrafo, LSC) y la imputación de la ganancias a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores (art. 71, LSC). Esto significa –sigue diciendo Duprat- que aún en el caso de que existieran utilidades reales, no va de suyo que las mismas deban distribuirse a través de dividendos, ni que, en consecuencia, nazca para el accionista un derecho a exigirlos.
La distribución de dividendos es una opción más entre los distintos destinos que la asamblea puede darle a las utilidades. Pero advierte que si bien la ley consagra el principio de libertad de aplicación de resultados, este principio reconoce ciertas limitaciones y condicionamientos, que están destinadas a garantizar la intangibilidad del capital social y a mantener y mejorar la capacidad financiera de la sociedad, sea cubriendo déficits de ejercicios anteriores o bien permitiendo la constitución de reservas o mantenimiento de fondos en cuentas sin asignación específica para atender deuda de vencimiento futuro, financiar nuevas inversiones o constituir fondos “anticíclicos” o previsiones para eventuales necesidades futuras.
Por ello, las restricciones que afectan al principio de libre aplicación de los resultados sociales tienen una causa y fin específicos. Ante la inexistencia de causa que justifique el mantenimiento de restricciones a la distribución de dividendos, el socio tiene derecho a impugnar la decisión asamblearia que retuvo utilidades y no declaró dividendos, cuando la misma surja como infundada, arbitraria y abusiva, especialmente, para los accionistas minoritarios o pasivos. En razón de estas reflexiones concluye Duprat que la asamblea no tiene obligación de distribuir dividendos en forma periódica, salvo que no acredite ni justifique razonablemente el destino alternativo que le ha dado a los resultados sociales.
Pero, en principio, prevalece la llamada regla de libre aplicación de los resultados que pone en cabeza de la asamblea la facultad de decidir el destino final de las utilidades del ejercicio, bajo las condiciones, pautas y criterios que también analiza en su trabajo y que se verán a continuación.
Particularmente importante, a los fines de la resolución de esta litis, es el tema atinente a los límites que debe observar la asamblea en relación al principio de libertad de aplicación de los dividendos. Sigue diciendo Duprat, en el primero de sus trabajos citados, que la asamblea es libre para resolver la aplicación de los resultados, lo que constituye una consecuencia o reflejo jurídico de la autonomía de que goza todo sujeto de derecho para disponer de su propio patrimonio, con los límites que impone la particular organización societaria. Sin embargo –nos previene- el problema de la libertad está en definir sus límites. En este caso –explica- la autonomía discrecional de la asamblea para decidir sobre el destino de las ganancias sociales encuentra dos fuertes limitantes dispuestas por la ley y justificadas por la dinámica y estructura societaria.
Una, consagrada por el principio de defensa de la integridad del capital social, que opera, básicamente, en beneficio de los acreedores sociales y, otra, configurada en el respeto a la expectativa de los socios a participar en los beneficios de la sociedad (art. 1, LSC). Profundizando esta cuestión, explica que existen límites y restricciones que condicionan la distribución de dividendos y que vienen impuestos por la ley de sociedades comerciales. Entre las condiciones esenciales y básicas para que opere la distribución de utilidades (dividendos) a los accionistas, la ley de sociedades comerciales impone que las sumas a distribuir resulten de ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance aprobado y ajustado a derecho y que exista una decisión previa del órgano competente, en nuestro caso, de la asamblea general ordinaria de accionistas.
En la sistemática y economía de la ley, estos condicionamientos obedecen a mantener la intangibilidad del capital social, en tanto cifra de retención tendiente a proteger tanto a socios, como a terceros. Y, ahondando en el “principio de intangibilidad del capital social”, nos explica el autor que existen condicionamientos al reparto de utilidades (exigencia de ganancias líquidas y realizadas provenientes de un balance aprobado, necesidad de cubrir pérdidas de ejercicios anteriores y prohibición de distribuir dividendos anticipados) que se justifican en el principio de protección del capital social, principalmente en su función de garantía respecto de socios y acreedores. Este concepto es reafirmado por el mismo autor en un tercer trabajo en el que reitera que el principio de la autonomía de la asamblea para decidir sobre el destino de las ganancias sociales encuentra dos fuertes limitantes dispuestas por la ley y justificadas por la dinámica y la estructura societarias, siendo la primera consagrada por el principio de defensa de la integridad del capital social, que opera, básicamente, en beneficio de los acreedores sociales (Diego A.
J. Duprat, “Restricciones contractuales a las políticas y decisiones sobre distribución de dividendos. Protective o debt covenants”, J.A., TR LALEY 0003/015732, esp. nota al pie n° 1). En la misma orientación se pronuncia el autor citado por el Sr. Juez de grado, quien explica que el art. 224 de la LS prohíbe distribuir dividendos anticipados con excepción de las sociedades comprendidas en el art. 299, y afirma que los “retiros a cuenta” que suelen realizar los socios perjudican a la propia empresa, a sus consocios y a terceros (Luis Rodríguez de la Puente, “Dividendos…”, cit.).
Finalmente, Duprat también se ocupa del estudio de los límites contractuales que pueden establecerse en relación a la distribución de dividendos, fundamentalmente en dos de sus trabajos ya citados (“Distribución de dividendos. Órgano competente. Principio de libertad de aplicación de los resultados sociales. Límites y restricciones” y “Restricciones contractuales a las políticas y decisiones sobre distribución de dividendos. Protective o debt covenants”). Nos dice este autor que las limitaciones de origen contractual pueden ser clasificadas en aquellas que dan lugar a disposiciones “societarias”, entendiendo a éstas como aquellas que pasan a formar parte del plexo normativo aplicable a la sociedad (cláusulas estatutarias, acuerdos de asamblea), por un lado y aquellas que constituyen una suerte de pactos extra societarios, por el otro.
Dentro de ésta última categoría se encuentran los pactos celebrados entre accionistas y los contratos celebrados entre la sociedad y ciertos acreedores que imponen la no distribución de dividendos o la distribución parcial de los mismos, en los cuales pueden llegar a participar los accionistas como obligados directos o bien como garantes de las obligaciones asumidas por la sociedad. Más adelante profundiza en las normas convencionales externas o “extrasocietarias” –que son las que a nosotros nos interesan- explicando que las restricciones convencionales “externas” pueden provenir de pactos entre los mismos socios (sean entre todos o entre algunos de ellos); o bien de compromisos contractuales asumidos por la sociedad con terceros.
A su vez –y ciñéndonos nuevamente a lo que es de interés para esta litis- precisa que los pactos celebrados entre los socios, considerados extra o para societarios, son hábiles para influir en la aplicación de los resultados sociales, pero quedan sometidos a ciertas restricciones, como la de respetar la estructura orgánica de la sociedad, las normas legales de carácter imperativo y el interés social. Este último tema también es abordado en otro interesante trabajo citado por Duprat (Tomás M. Araya, “Acuerdos de accionistas. La libertad de contenido, oponibilidad e incumplimiento”, La Ley, 2008-D, p. 839), en el que se profundiza la cuestión atinente a la licitud o ilicitud per se de los convenios de accionistas.
En cuanto a la terminología, aclara el autor que es variada, utilizándose de manera más o menos indiscriminada “acuerdo” (o pacto o convenio) de accionistas o de socios, sindicación de acciones, contrato parasocial, entre otros, y agregando que el “contrato parasocial” es el género atento que incluye todo tipo de acuerdos que no forma parte del contrato social. Más adelante el autor aborda la problemática de la libertad de contenido del acuerdo de accionistas, explicando que la cuestión a analizar es si, en el ámbito de los acuerdos de accionistas, rige en su plenitud el principio de libertad contractual y la autonomía de la voluntad de los artículos 1143 y 1197 del Código Civil (con los límites genéricos del ordenamiento de fondo, v.gr., art. 953 Código Civil), o si, en cambio dada la vinculación de este tipo de acuerdos con el contrato social (y con la sociedad como persona jurídica) el acuerdo debe respetar ciertos límites impuestos por el ordenamiento societario.
Así formulado el interrogante, explica Araya que la respuesta a esta pregunta fundamental dependerá, en cierta forma, de la naturaleza jurídica que decidamos otorgarle a este tipo de acuerdos, en especial si estamos en el ámbito negocial/contractual o en el societario. En su opinión, el ámbito natural en el cual cabe ubicar a este tipo de acuerdos es el contractual, principalmente porque no existen limitaciones al contenido de este tipo de acuerdos e inclusive puede darse el supuesto de convenios que preexistan al ente social. No obstante ello –advierte- la influencia societaria no puede ser dejada de lado atento que los convenios de accionistas nacen precisamente para incidir, aunque sea en forma indirecta, en la vida social o directamente en la formación de la voluntad social, lo que ratifica su carácter de accesorios al contrato social, por lo que se trata, en definitiva, de planos diferenciados pero no independientes entre sí.
Esto lleva al autor a concluir –en lo que aquí particularmente interesa- que los acuerdos de accionistas, en sus diversas variantes, deben respetar no sólo los límites impuestos por el derecho de fondo (v.gr. art. 953 Código Civil) sino también aquellos que deriven de la ley societaria. También afirma a modo de conclusión que no pueden incluirse en este tipo de acuerdos cláusulas que subviertan la estructura orgánica de la sociedad ni que afecten el orden público societario, las cuales son nulas. Aplicando estos conceptos al caso de autos, podemos afirmar en primer lugar que el “Convenio de dividendos” obrante a fs. 29, que da origen a esta litis, es un pacto o negocio celebrado entre dos socios, más allá de que uno de ellos también lo haga en su condición de presidente de la S.A.
Por tal motivo, coincido plenamente con lo afirmado por el actor en la demanda, en el sentido que la obligación cuyo cumplimiento persigue “surge de un contrato celebrado entre los firmantes” (fs. 57, segundo párrafo). Por esa misma razón, y como ya lo dije con anterioridad aunque desde otra perspectiva, entiendo que el título utilizado en ese documento (“Convenio de dividendos”) es adecuado. Por otra parte, es muy importante observar que en la parte final del documento se hace constar que el mismo día (15 de noviembre de 2006) se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, y efectivamente se pueden ver las firmas de los dos socios, lo que viene a corroborar que existió un verdadero acuerdo de voluntades.
Como contrapartida, entiendo que el acto jurídico plasmado en dicho documento no consiste en una declaración unilateral de voluntad, actualmente regulada en el art. 1800 del CCyCN, hipótesis que el propio actor plantea como subsidiaria y sólo para el caso de que el demandado pretendiere argüir que dicho convenio carece de vigencia o validez (fs. 57, segundo párrafo). Ello es así porque si bien es cierto que el nuevo Código regula a la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones de un modo sistemático, no deja de tener un carácter puntual y subsidiario (Fulvio Santarelli en “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético”, La Ley, T. VIII, p. 494). Infiero que el actor califica subsidiariamente a ese acto jurídico como una declaración unilateral de voluntad por la circunstancia de que está redactado en primera persona por Eduardo Oscar Perco, pero eso es algo que se puede hacer en todo contrato unilateral, es decir, del que surgen obligaciones para una sola de las partes (doctr. art. 966 del CCyC), sin que ello trastoque en lo más mínimo su naturaleza de verdadero contrato.
Por último, y sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que si aun por hipótesis pensáramos que el acto en cuestión consiste en una declaración unilateral de la voluntad, ello no alteraría en lo más mínimo la solución del caso. Esto es así porque el mismo artículo 1800 del CCyCN dispone que a la declaración unilateral de voluntad se le aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos, por lo que por esa vía tampoco podrían vulnerarse normas de orden público (art. 960 del CCyCN) ni permitirse un fraude a la ley (art. 12 del mismo código).
Esto último nos conduce al meollo de la cuestión debatida en autos. Resulta claro que el “convenio de dividendos” en base al cual se acciona incide directamente en la vida de la sociedad, aun cuando haya sido firmado por uno de los socios actuando en su doble carácter de socio y de presidente de la sociedad, y en este proceso se lo haya demandado solo a título personal en su carácter de socio. Por tal motivo, y conforme fue explicado, la validez de ese convenio también debe ser analizada bajo el prisma de la Ley de Sociedades.
Así las cosas, es dable observar en primer término que del mentado “Convenio de dividendos” surge que el mismo asegura un “piso” mínimo de ganancias a la Sra. María Raquel Perco de Alonso, en contravención a lo normado por el art. 224 primer párrafo de la LS, que dispone que la distribución de dividendos o el pago de interés a los accionistas son lícitos sólo si resultan de ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y aprobado. Por otra parte ese convenio tiene la virtualidad de liberar a la mencionada socia de la contribución en las pérdidas, lo cual puede ser especialmente importante en años o ciclos productivos “críticos”, a los cuales las explotaciones agropecuarias están muy expuestas, vulnerándose de ese modo la prohibición establecida en el art. 13 inc. 1 de la LS que hace a la esencia del orden público societario (v. Anaya, “Acuerdos…”, cit.).
En segundo lugar, también es claro que en atención a la periodicidad con la que fue acordado ese pago de dividendos los mismos resultan “anticipados” en los términos contemplados -y prohibidos- por el art. 224 segundo párrafo de la LS. Ello se corrobora con la pericia contable obrante a fs. 192/197, de la que resulta que la Sra. Perco de Alonso percibía los dividendos con anterioridad a la celebración de las asambleas que aprobaban su distribución.
Estas observaciones permiten concluir que el convenio en cuestión resulta violatorio del orden público societario, por lo que es procedente su declaración de nulidad absoluta en los términos de los arts. 13, 224 y conc. de la LS, 1047 del Código Civil derogado y 386, 387 y conc. del CCyCN.
Para concluir, he de señalar que no paso por alto todas las alegaciones que la apelante trae a colación en su esmerada expresión de agravios, donde invoca principios generales del derecho, como el de la buena fe, el de la prohibición del abuso del derecho y de las situaciones jurídicas abusivas, el de conservación de los contratos, y el respeto de la apariencia y la confianza. Tampoco me ha pasado desapercibido, naturalmente, que el accionado dejó de abonar dividendos a su cuñado luego del fallecimiento de su hermana, por lo que resulta claro que este lamentable hecho implicó un quiebre en la relación, probablemente agravado por la circunstancia de que el matrimonio no tuvo hijos pero el Sr. Alonso tenía parientes colaterales, con las implicancias que ello trajo aparejado en materia sucesoria.
Ahora bien, no obstante todas las circunstancias apuntadas, coincido con el anterior magistrado en cuanto a que no se puede considerar válido al convenio o contrato en base al cual se acciona y, por añadidura, el mismo no puede producir sus efectos propios. Y ello es así, primordialmente, en atención al interés y protección de terceros, en particular terceros acreedores que podrían verse sorprendidos y perjudicados por este convenio de dividendos que tiene la potencialidad de incidir de manera muy significativa en la vida social. Creo importante advertir que esto no es una entelequia ni un razonamiento extremadamente conjetural. Basta con pensar que dentro de los acreedores sociales se encuentran los correspondientes a la financiación bancaria (Duprat, “Distribución de dividendos en las sociedades anónimas cerradas” y “Restricciones contractuales a las políticas y decisiones sobre distribución de dividendos…”, cit.) y en materia agropecuaria es muy habitual que los productores recurran a bancos públicos o privados para obtener crédito, a tal punto que muchas de estas entidades tienen líneas especiales de crédito para dicho sector. También es sabido que los bancos analizan la situación patrimonial de quienes les solicitan los créditos, lo que en el caso de las sociedades se traduce en la compulsa de la documentación social y contable, y ciertamente un banco no tiene cómo enterarse de que entre los socios se suscribió un “convenio de dividendos” que garantiza a uno de ellos que en forma anticipada percibirá ganancias con independencia del resultado de los negocios, lo cual puede trastocar la lógica de las decisiones sociales y comprometer muy seriamente la solvencia o al menos la liquidez de la sociedad. Por todo lo expuesto, he de propiciar al acuerdo la confirmación de la sentencia que viene apelada.
Así lo voto.
La Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
A LA TERCERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, corresponde:
I. Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre obrante a fs. 199 que contiene el pliego presentado por la actora para la absolución de posiciones del demandado, y se glose dicho pliego precediendo a la presente sentencia.
II. Confirmar la sentencia que viene apelada de fecha 26/05/2021. Con costas a la apelante vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967. Así lo voto.
Las Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: I) Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre obrante a fs. 199 que contiene el pliego presentado por la actora para la absolución de posiciones del demandado, y se glose dicho pliego precediendo a la presente sentencia. II) Confirmar la sentencia que viene apelada de fecha 26/05/2021. Con costas a la apelante vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967. Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase .-
CONFIRMA
Fin de la sentencia