Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7304
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º) 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora, confirmando la prescripción de la acción pero por las razones expuestas.
2Admitir el agravio de la parte demandada imponiendo las costas en ambas instancias a la parte actora en su condición de vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota establecido por el art. 68 del CPCC.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7304 Sentencia: 2813 Actor: Alonso, Susana Violeta Demandada: Municipalidad de Caleta Olivia Objeto: Laboral Fecha: 28/11/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiocho días del mes de noviembre de 2019, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ALONSO, SUSANA VIOLETA C/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA S/ LABORAL" Expte. N° 36064 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno, de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia bajo el Nº 7304. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard, Dr. Humberto E. Monelos y Dr. Mario Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/41 el Dr. Miguel N. Cano en representación de Susana Violeta Alonso y deduce demanda contra la Municipalidad de Caleta Olivia por daños y perjuicios por la suma de $4.850.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse. Refiere que la actora resulta ser empleada del Municipio y en ocasión de encontrarse trabajando en el archivo el día 14 de junio de 2012 al levantar una caja con mucho peso sufre un fuerte tirón en la zona de la muñeca derecha, es llevada por la supervisora del área al Hospital Zonal y señala que ese mismo día se realiza la denuncia a la ART. Relata con detalles todos los médicos que consultó y estudios realizados, hasta que el 24 de junio de 2013 se le informa que la Aseguradora le había dado el alta médica, lo cual firma en disconformidad.
Señala que el día 19 de diciembre de 2014 fue sometida a una cirugía y que luego del alta le indican sesiones de kinesiología. El 28 de mayo del año 2015 la Comisión Médica le dictamina que la lesión que padece la actora obedece a una lesión crónica y no al accidente laboral padecido y que por lo tanto debe ser asistida a través de su obra social. Razón por la cual sigue en tratamiento de neurorehabilitacón y no tiene conocimiento cierto de su incapacidad, estando aún de licencia médica en su trabajo. Señala que la responsabilidad de la demandada se encuentra normada en los arts. 1757 y 1758 del CCC, explayándose sobre el riesgo o vicio de las cosas con que laboraba, lo que se tiene presente.
Expone sobre la responsabilidad objetiva del municipio demandado y que el evento dañoso fue en ocasión del trabajo. Justifica el daño material refiriendo que la actora antes del accidente gozaba del 100 % de su capacidad laborativa. Realiza una consideración de la procedencia de la fórmula matemática para realizar el cálculo que entiende aplicable al caso. Solicita a demás la reparación integral, lucro cesante, pérdida de chance, demás consecuencias no patrimoniales, practica liquidación, ofrece prueba. – II.- A fs. 45/174 se presenta el Dr. Franco Villalón Lescano en representación del Municipio a contestar demanda, realiza la negativa de los hechos, deduce excepción de prescripción y da su versión de lo sucedido.
Reconoce la relación laboral desde abril de 1999, señala que luego de un largo período de licencia por enfermedad se reintegra en noviembre de 2011 con tareas livianas. Agrega que se desempeñaba en el archivo municipal en una dirección diferente a la denunciada, y que a escasos seis meses de laborar refiere la lesión que aquí manifiesta, entendiendo que el episodio padecido no se condice con la incapacidad que refiere. Asevera que tal como lo sostiene la Comisión médica la lesión obedece a una lesión crónica de carácter anterior. Situación que reafirma entendiendo que practica danzas folklóricas y ya tenía lesiones que nada tienen que ver con la labor que desempeñaba. Señala que la intimó a retomar labores lo que nunca cumplió.
Cita a Asociart ART en garantía, ofrece prueba, funda en derecho.-
III. A fs. 197/198 se abre la causa a prueba, producidas las medidas se fija audiencia para alegatos. A fs. 355/364 se dicta sentencia de primera instancia que hace lugar a la prescripción de la acción, en consecuencia rechaza la demanda, impone las costas en el orden causado, regula los honorarios profesionales, y determina la tasa de justicia.-
Ambas partes apelan el fallo, la demandada a fs. 370 y la actora a fs. 374/375. En particular la demandada se agravia por la imposición de costas, entendiendo que por imperio del art. 68 del código formal no corresponde que su parte cargue con las costas del proceso. Cita jurisprudencia que se tiene presente y solicita se revoque el fallo en tal aspecto. Por su parte la actora se agravia por la forma en que se decide la cuestión de fondo. Al respecto señala que le agravia que la Jueza haya fundado su decisión en lo normado por el art. 258 de la LCT sin advertir que su parte demandó conforme las normas del proceso Civil. Transcribe el art. 4 de la ley 26.772 en cuanto remite para este tipo de casos a la aplicación de las normas de fondo y de forma del derecho civil. Agrega que los procesos deben tramitarse de conformidad con las pretensiones que formula la actora en la demanda, y que en el presente se optó por la via del derecho común. Detalla la función jurisdiccional en base a lo solicitado por la parte accionante, indicando que no pretende que se decida en base a la Ley de Riesgos del Trabajo tampoco pues no se eligió demandar a la Aseguradora. Sostiene que la forma en que se arribó a la decisión vulnera el principio de congruencia y se aparta del tema a decidir concretamente. Refiere que la ART se negó sistemáticamente a reconocer la incapacidad de la actora, por lo tanto aún no puede precisarse cuando debe comenzar el cómputo del plazo prescriptivo, porque la actora no tiene conocimiento de la incapacidad que padece.
IV. A los fines de analizar los agravios vertidos contra el fallo habré de comenzar por los de la parte actora por una cuestión de orden. En agravios insiste la actora en que la acción fue promovida de conformidad con las normas del proceso civil persiguiendo una reparación integral y que al decidir la Jueza de grado lo hizo por las normas laborales. Los agravios presentan contradicciones e incongruencias, toda vez que el actor insiste en la aplicación de las normas del derecho civil, pero se dio trámite de la ley de procedimiento laboral y fue consentido por el interesado y aún en agravios pretende se compute el plazo desde el pronunciamiento de la Comisión Médica, lo que tendría como finalidad que la ART cumpla con la reparación sistémica, y más adelante dice que no demandó a la ART porque no pretende esa acción ni reparación.
Tratando de encauzar lo que propone a estudio habré de considerar que el CCC en el art. 2562 dice: "Prescriben por dos años...b) el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajador." Es decir, que el plazo no se modifica en la legislación civil, puesto que en ambas regulaciones resulta ser bianual. En cuanto al momento a partir del cual habrá de computarse, habrá de estarse a lo normado por el art. 2554 del CCC que señala que el plazo comienza a correr el día que la prestación es exigible. En el particular el actor insiste en que debería ser desde la determinación de la incapacidad. Debo señalar al respecto que si refiere que no demanda a la aseguradora por que pretende una acción civil y no optó por el sistema de la ley laboral, resulta incongruente que en agravios haga referencia a actuaciones ante la aseguradora para mejorar su situación.
Entiendo que la postura adoptada por el recurrente no puede prosperar tal como lo propone. Tengo en cuenta que el accidente fue en junio del año 2012, y si bien en forma inmediata no pudo saber la determinación de incapacidad, la parte actora supo desde el momento en que la comisión médica le informa que tiene el alta médica y la incapacidad no obedece al infortunio alegado, nace su derecho a exigir su reclamo vía judicial por las normas del proceso civil como pretende. Sumado a ello, si insiste en pretender ser juzgada por las normas del derecho civil, tengo en cuenta que la misma recurrente refiere que se sometió a una cirugía en diciembre del año 2014, se le dio el alta médica y le ordenó un tratamiento, habiendo tomado conocimiento en ese momento de su verdadero estado de salud.
Puesto que la decisión de la Comisión médica es confirmada al ser recurrida, y reitera que no existe incapacidad. O no existe incapacidad en virtud de los organismos creados e impuestos por la legislación laboral o se adapta conforme las normas de la legislación civil y se ajusta a sus consecuencias. No es idóneo tomar de cada sistema lo que considera conveniente según el caso.- Aclarado ello, tengo en cuenta que "La iniciación del plazo de la prescripción se determina por el conocimiento por parte del trabajador de la disminución laborativa ocasionada por la enfermedad que lo aqueja, independientemente de su grado o porcentaje, circunstancia a fijarse judicialmente." (M. A. c/ Massalin Particulares S.A. s/ Despido.
Enfermedad profesional, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 11-abr-2007, Cita: MJ-JU-M-46949-AR | MJJ46949 | MJJ46949).-
En este orden de exposición entiendo que no es imperativo tener la técnica y precisa graduación del déficit laborativo que aqueja a la trabajadora, sino que el punto de partida para el cómputo coincide con la fecha en que el mismo toma conocimiento del carácter irreversible de su minusvalía, lo que supone una noción cabal de su parte que sufre un déficit laborativo permanente, no resultando exigible el exacto conocimiento, o la noción, de su magnitud. Situación que en el particular y tomando como mejor situación para la actora aconteció al haberse practicado la cirugía y tener el alta médica del Hospital, el 19 de diciembre de 2014. - No puedo dejar de señalar que el instituto de la prescripción tiende a consolidar situaciones de hecho evitando de ese modo que situaciones inciertas puedan perdurar a través del tiempo, es decir, tiene por fin brindar seguridad jurídica a los justiciables. En este aspecto suma la actitud asumida por la actora, quien no regresó a su lugar de trabajo hasta la fecha, donde en forma ininterrumpida presentó innumerables licencias médicas, por diferentes razones, siendo que la empleadora le manifestó la posibilidad de ser reubicada conforme su minusvalía e instaron a su comparecencia a tales fines sin resultado alguno, por más de cinco años, tal como da cuenta el expediente administrativo acompañado por parte de la Municipalidad (fs. 12, 98, 152 y 161 ss.). Actitud ésta que es cuestionable desde el principio de buena fe y demostrativa del desinterés en retomar su relación laboral.- Por estas razones y aún bajo el análisis del caso en las normas de derecho civil que es lo que pretende en agravios, concluyo que la acción de autos se encontraba prescripta al momento de incoar la demanda el 9 de junio de 2017; debiendo desestimarse los agravios de la parte actora.-
V. Por su parte la demandada se agravia por la imposición de costas. Partimos de la base que "...costas son los gastos que las partes se ven obligadas a efectuar como consecuencia directa de la sustanciación del proceso y, en principio, dentro de él, como son las tasas judiciales, los honorarios de los abogados, procuradores y peritos, las erogaciones derivadas de la prueba, etcétera." (Palacio, Lino E.-Alvarado Velloso Adolfo, Cód. Proc. Civ. y Com. coment. y conc. Ed. Rubinzal Culzoni, T. 3, pag. 78). Por su parte la condena en costas tiene por objeto resarcir los gastos del juicio que el vencedor realizó por haberse visto obligado a promover la acción o a refutarla para el reconocimiento de su derecho. El principio de la imposición de costas como criterio general es la objetividad de la derrota. Siguiendo estas pautas, el código adjetivo en su art. 68 plasma este criterio de imponer las costas a la parte que a la cual el resultado del juicio no le fue favorable. Bajo estas premisas corresponde admitir los agravios de la parte demandada, debiendo imponerse las costas en ambas instancias a la parte actora en atención al resultado obtenido (art. 68 CPCC).- Por lo que entiendo que la sentencia es parcialmente justa, debiendo confirmarse la prescripción de la acción, por los fundamentos dados y revocar lo dispuesto sobre costas.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VI. Por iguales razones que han sido discutidas en acuerdo adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. Que por lo expuesto con relación a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora, confirmando la prescripción de la acción pero por las razones expuestas. 2º) Admitir el agravio de la parte demandada imponiendo las costas en ambas instancias a la parte actora en su condición de vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota establecido por el art. 68 del CPCC. 3º) Tener presente la reserva del caso federal.- 4º)Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que adhiero al voto de la Dra. Bard por la forma en que me he pronunciado a la primer cuestión.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 28 de noviembre de 2019.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1º) 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora, confirmando la prescripción de la acción pero por las razones expuestas.
2. Admitir el agravio de la parte demandada imponiendo las costas en ambas instancias a la parte actora en su condición de vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota establecido por el art. 68 del CPCC.
4º)Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Mario A. Albarrán suscribe la presente sin emitir opinión por no existir disidencia en los demás firmantes.-FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Mario A. Albarrán -Juez de Cámara Subrogante-. Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201048S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2813 Folio Nº: 036/039 Secretaria: 1
Fin de la sentencia