Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 10021-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la apelación deducida y, confirmar la decisión impugnada. Con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
29805/2000; ALPARGATAS CALZADOS SA (TF 10021-A) c/ DGA Buenos Aires, de de 2019.- JMB Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que por el pronunciamiento de fs. 214/216, la sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió hacer lugar al reclamo de intereses formulados por el Dr. Juan Patricio Cotter a fs. 210/211 y fs. 213, por el pago en mora de los honorarios regulados en autos.
II. Que, disconforme con la decisión, la demandada recurrió (conf. apelación de fs. 217/218 concedida en subsidio de la reposición desestimada a fs. 222 y la réplica de fs. 230/233vta.).
Planteó la incompetencia del organismo jurisdiccional para determinar la procedencia de intereses. Alegó que el reclamo de honorarios regido por la ley 21.839 debe integrarse al circuito administrativo regulado por las leyes 25.344 y 25.725 y las resoluciones nº 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía.
Concluyó en que la mora en el pago endilgada no existió.
III. Que así planteada la cuestión, vale señalar primeramente que el planteo referente a la incompetencia del organismo jurisdiccional de origen no puede prosperar.
En efecto, ello es así pues si bien el Tribunal Fiscal de la Nación no se encuentra facultado para ejecutar sus sentencias, lo cierto es que lo decidido no traduce un acto correspondiente al trámite del proceso de ejecución, pues no trae aparejada ninguna consecuencia a la parte demandada en caso de incumplimiento (causa “Alba Cía. Argentina de Seguros SA” — Alta en sistema: 27/02/2020 expte. nº 50.186/2014—, pronunciamiento del 25 de agosto de 2015). Por lo demás, los planteos exhibidos resultan análogos a los que fueron examinados en la causas “Ruiz Vargas” —expte. nº 125/2001—, y “Oleaginosa Oeste SA” —expte. nº 18.973/2013—, pronunciamientos del 7 de junio de 2012 y del 12 de julio de 2018, respectivamente —entre otros—.
En tales decisiones se consideró que no existe —en el ordenamiento jurídico vigente— precepto alguno que exima al Estado Nacional de pagar a los letrados los intereses reclamados, por el período que inevitablemente transcurre desde el vencimiento del plazo otorgado por las normas aplicables y hasta el momento del efectivo pago de los honorarios.
Y, en cuanto aquí importa, también se puso de resalto que lo establecido en las leyes 23.982, 24.624 y sus modificatorias, no resultaba un obstáculo a tal conclusión, por cuanto el diferimiento del pago no puede entenderse como excluyente de los efectos que normalmente se derivan de la mora.
En función de todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: desestimar la apelación deducida y, confirmar la decisión impugnada. Con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Alta en sistema: 27/02/2020
Fin de la sentencia