Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 57290469-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 26/06/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Alpemar SA (TF 57290469-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 10 de mayo de 2024.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 26/06/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución n° 36/2019 dictada por el Administrador de la Aduana de San Nicolás en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17211- 13-2016 en cuanto condenó a ALPEMAR SRL a la pena de multa por la comisión de la infracción establecida en el art. 962 del C.. Asimismo, señaló que la multa de $ 333.902,80 -impuesta en sustitución del comiso que hubiere correspondido- se encontraba cancelada con el pago efectuado según constancias de fs. 113 de las actuaciones administrativas, y procedió a reencuadrar la infracción bajo el supuesto previsto en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA. Revocó la Resolución n° 64/2016 dictada por el Administrador de la Aduana de San Nicolás. Distribuyó las costas conforme sus respectivos vencimientos, las cuales impuso en un 12 % a cargo de la actora y en un 88 % a cargo de la demandada.
Para así resolver, en primer lugar, señaló que, de la compulsa de las actuaciones administrativas surgía que:
(i) a fs. 1-99 obra el Manifiesto de Rancho del buque Motor DANSAS proveniente de Brasil, de bandera Liberia, amarrado en el Muelle Mineral Siderar, consignado al agente de Transporte (ATA) Alpemar S.R.L.
(ii) a fs. 100 se agrega el Acta de Fondeo del Buque realizado por personal de la Aduana de San Nicolás el 10/03/2016 mediante la cual se detectó una diferencia en más de 3.700 litros de lubricantes a granel, 90 litros de aquatuff (químicos) y 225 kilogramos de filter media jowa F-200 C. -ello en relación a lo declarado en el Manifiesto de Rancho N° 16059MANI000449X perteneciente al buque- y se ordenó su traslado en un plazo no mayor a 24 hs. a cargo del ATA antes mencionado a un depósito acorde a su tipo, bajo apercibimiento de las sanciones que pudieran corresponder frente al incumplimiento.
(iii) a fs. 104-105 obra la nota presentada por el ATA ante la Aduana de San Nicolás mediante la cual solicitaba autorización para conservar la mercadería presuntamente en infracción en el medio transportador.
(iv) a fs. 106-107 obra Resolución n° 64/2016 del 15/03/2016 (AD SANI) mediante la cual se dispone la sustitución del comiso por multa, se ordena el aforo de la mercadería y la intimación al ATA al pago de dicha multa. (v) a fs. 108 se realiza el aforo y se establece la multa. A fs. 109 se ordena intimación al pago de la multa sustitutiva del comiso en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de ejecución y suspensión en los términos de los arts. 86 y 1122 del CA.
(vi) a fs. 113 obra la constancia del pago de la multa efectuado por la recurrente.
(vii) a fs. 117 se agrega el Acta de Denuncia del 10/03/2016 contra Alpemar S.R.L. por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 962 del CA.
(viii) a fs. 118-119 se instruye sumario en los términos del art. 1090 del CA y se corre vista. A fs. 121-132 la recurrente contesta la vista dispuesta. A fs. 142-144 se dicta la Resolución n° 36/2019 (AD SANI), aquí impugnada. Sentado ello, entendió que, correspondía determinar si era ajustada a derecho la resolución apelada en autos. .
A tal fin, en primer lugar, señaló que, tal como se desprendía de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N° 17211-13-2016, el sumario contencioso se instruyó como consecuencia de la denuncia formulada contra la recurrente por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 962 del CA, en relación a la mercadería encontrada en el buque Motor Dansas, respecto del cual la actora actuó en su carácter de agente de transporte aduanero. Todo ello sobre la base de las constancias del acta de fondeo obrante a fs. 100 de las actuaciones administrativas, mediante la cual se dejó constancia del hallazgo de una diferencia en más de lubricantes, químicos (Aquatuff) y carbón activado, respecto de lo declarado en el Manifiesto de Rancho N° 16059MANI000449X. Destacó que, de las constancias del manifiesto mencionado, cuya copia obraba a fs. 1-99 de las actuaciones administrativas, surgía que las mercaderías cuyas diferencias en más fueron detectadas se encontraban declaradas a fs. 2, 3, 4 y 68. Ahora bien, según lo informado por los agentes intervinientes en la visita de fondeo, las cantidades allí declaradas no coincidieron con las halladas.
Por otro lado, precisó que, del texto del Acta de Fondeo surgía que se ordenó el traslado de la mercadería en infracción detectada, en un plazo no mayor de 24 horas, a un depósito acorde a su tipo y bajo apercibimiento de las sanciones que pudieran corresponder. Dicho traslado se dispuso a cargo de la agencia recurrente. Ante la imposibilidad de trasladar la mercadería y la necesidad de contar con ella para que el buque continuara con su navegación, la actora presentó ante el servicio aduanero una solicitud de autorización para conservarla en el buque y solicitó se computara el valor de la misma junto con la potencial multa que pudiera imponerse en el correspondiente sumario infraccional. En virtud de ello, el Administrador de la Aduana de San Nicolás dictó la Resolución n° 64/2016 cuyo art. 3° ordenó se procediera a la clasificación y aforo de la mercadería y su posterior intimación al pago de la multa al agente de transporte aduanero. El fundamento de dicha resolución radicó en lo establecido en el art. 922 del CA. Frente a la intimación bajo apercibimiento de ejecución y suspensión de la firma, la recurrente procedió a ingresar el pago de la multa sustitutiva del comiso. Destacó que, la resolución referida por la cual se imponía la multa sustitutiva del comiso, fue ejecutada previamente a la instrucción del sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 962 del CA, corrida de vista y resolución condenatoria correspondientes.
En tales condiciones, puntualizó que, la cuestión discutida en autos se centraba, entonces, en determinar la existencia o no de la infracción tipificada en el art. 962 C.A. y en consecuencia la procedencia o no de la multa impuesta y ejecutada en los términos del art. 922 del C.A.
En primer lugar, indicó que, para considerar cometida la infracción tipificada en el art. 962 del C.A., la norma exigía la constatación de la existencia de mercadería a bordo de un medio de transporte, que no haya sido declarada ante el servicio aduanero, y que se encuentre “…oculta o en lugares de acceso reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante”.
Adujo que, en el caso de autos, en cuanto a la existencia de mercadería a bordo del buque sin declarar, la recurrente sostenía que la misma fue declarada y que ello había quedado corroborado según constancias del manifiesto de rancho agregado a las actuaciones administrativas vinculadas, más precisamente fs. 2, 3, 4 y 68.
Manifestó que, el primero de los supuestos o requisitos que tipificaban la infracción contenida en el art. 962 del C.A. era que la mercadería hallada se encuentre sin declarar. En el caso de autos, se había verificado, según las constancias del manifiesto referido, que se encontraba declarada, aunque las cantidades existentes comprobadas no se ajustaron a las contenidas en el manifiesto.
En dicho contexto, entendió que, habría, entonces, una declaración inexacta -en cuanto a las cantidades-, respecto de las mercaderías en cuestión. En ese orden de ideas, destacó que el Manifiesto de Rancho era una declaración que debía ser presentada al servicio aduanero inmediatamente al arribo del buque y la verificación mediante visita de fondeo que disponga la Aduana en virtud de sus facultades de control y según lo establecido en el art. 122 del CA, se centraría básicamente en constatar si lo declarado en el manifiesto respectivo coincidía con lo efectivamente verificado en dicha visita. En este sentido, expresó que, según surgía de las constancias de las actuaciones administrativas, las mercaderías cuyas cantidades sobrantes fueron detectadas por el servicio aduanero, se encontraban declaradas, pero en cantidades menores a las halladas. En consecuencia, no había existido una falta de declaración, como lo exigía el art. 962 del CA, sino una declaración inexacta, en menor cantidad que la hallada.
Sentado ello, consideró que, correspondía analizar el segundo de los supuestos o requisitos que tipificaban la infracción contenida en el art. 962 del CA, es decir, la exigencia en cuanto a que la mercadería en cuestión se encontrase oculta o en lugares de acceso reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante. Al respecto, indicó que del Acta de Fondeo, los funcionarios aduaneros que estuvieron a cargo de la visita del buque de autos, dejaron constancia de la existencia de mercadería que describieron como “… una diferencia en más de 3.700 litros de lubricantes a granel, 90 litros de Aquatuff (químicos) y 225 kilogramos de filter media jowa F-200 (…) respecto de lo declarado en el Manifiesto de Rancho N° 16059MANI000449X”, pero no especificaron el lugar donde la misma fue hallada. Añadió que, tampoco habían proporcionado un registro fotográfico que permitiera apreciar en forma indubitada el lugar donde las mismas estaban ubicadas. Lo indicado precedentemente impedía aseverar que efectivamente se encontraron ocultas o en lugares de acceso reservado a la tripulación, tal como por ejemplo: la sala de máquinas, la bodega, etc., por lo que no se encontraba reunido el segundo elemento tipificante de la infracción endilgada.
En consecuencia, concluyó que no se verificaba la comisión de la figura infraccional prevista en el art. 962 del CA.
Sin perjuicio de la conclusión arribada en el párrafo anterior, el Tribunal a quo, consideró que, atento que de las constancias de autos resultaba en forma indubitada que la mercadería cuestionada no se encontraba incluida en la respectiva lista de rancho, en las cantidades allí expresadas, resultaba procedente reencuadrar la infracción imputada en la figura prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA, para lo cual ese Tribunal se encontraba facultado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1143 del C.A.
En este sentido, destacó que, el objeto procesal constituido por los hechos considerados en la investigación fáctica -en cuanto al modo, tiempo, lugar y sujeto imputado- se encontraba debidamente individualizado y resultaba inmutable. No así su calificación. Consideró procedente la graduación de la multa correspondiente en una vez el mínimo previsto en el citado artículo. Ello de acuerdo con los parámetros aplicables a los efectos de su determinación, puesto que no surgía de las constancias de las actuaciones administrativas, informe alguno sobre existencia de antecedentes infraccionales respecto de la firma recurrente. Asimismo y por aplicación del principio reformatio in pejus, postulado tuitivo según el cual regía la prohibición de agravar o perjudicar la situación del apelante, no resultaba hacedero imponer una pena más gravosa a la cuestionada en estos actuados por la recurrente, de manera que comporte una vulneración a sus derechos, circunstancia que a la luz de lo decidido precedentemente, cumplía con los estándares requeridos a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio.
Aclaró que, no correspondía en autos la exigencia de tributos en relación a la mercadería en infracción. Ello así, por cuanto la obligación de pagar derechos de importación nacía cuando se producía el hecho gravado por tales derechos, es decir la importación para consumo (art. 635 C.A.), en tanto que en el caso, la mercadería en cuestión se hallaba a bordo del buque en forma irregular, y por eso se configuró una infracción aduanera pasible de multa, pero con relación a tal mercadería, en ningún momento, se acreditó que hubiera sido importada para consumo. Por el contrario, de lo expresado por la firma recurrente, según surgía de las constancias de las actuaciones administrativas, la misma solicitó a la Aduana se autorizara su permanencia y conservación en el buque dado que, sería utilizada para su navegación.
Agregó que, a diferencia de lo previsto en el art. 142 del C.A. respecto de la mercadería faltante, donde se presumía, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que había sido importada para consumo, en el art. 141 con relación a la mercadería sobrante (como lo era la de autos) se preveía únicamente una sanción, pues no existía entonces una importación para consumo que justifique la exigencia del pago de tributos. Sobre la base de lo expuesto, entendió que, correspondía modificar la resolución apelada en autos, circunscribiendo la condena impuesta a la pena del pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos correspondientes en virtud del perjuicio fiscal que la inexactitud de la declaración en cuestión hubiera podido producir, en caso de haber pasado inadvertida.
Ello con fundamento en lo dispuesto en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. y revocarla en todo lo demás que decide.
Postuló que, en relación a la resolución n° 64/2016 dictada por el Administrador de la Aduana de San Nicolás, mediante la cual se procedió a sustituir el comiso de la mercadería en infracción por una multa, conforme lo establecido en el art. 922 del CA, correspondía revocarla, dado que al quedar sin efecto la condena por infracción en los términos del art. 962 del CA, no procedía el comiso de la mercadería.
Puso de relieve que, si bien la recurrente, en su escrito recursivo, planteó la nulidad de la resolución referida, la misma debía ser rechazada en tanto que la medida allí dispuesta por el servicio aduanero -multa sustitutiva de comisopermitió la continuidad de la navegación del buque. De lo contrario y teniendo en cuenta que la propia parte manifestó la imposibilidad del traslado de la mercadería en infracción y solicitó autorización para su conservación en el buque, habría sido más perjudicial disponer la permanencia del medio de transporte en zona primaria aduanera hasta tanto se resolviera el sumario pertinente en sede administrativa. Asimismo la recurrente había tenido oportunidad de ejercer y plantear sus defensas, por lo que no se evidenciaba perjuicio alguno en detrimento de sus derechos con relación a lo dispuesto mediante la resolución cuya nulidad se había planteado.
No obstante lo expuesto y en virtud de lo allí decidido, aclaró que, en vista del pago efectuado por la recurrente según constancias de fs. 113 de las actuaciones administrativas, debía tenerse por cancelada la multa dispuesta en dicho pronunciamiento.
En cuanto al planteo de la recurrente respecto de la falta de legitimación para ser sancionada por una infracción cometida por el transportista, argumentó que, el art. 909 del C.A. era muy claro al respecto. El agente de transporte respondía por las infracciones del transportista. Se trataba de un supuesto de responsabilidad por el hecho de un tercero que nacía de su habilitación por parte de la Aduana.
Por último, en relación al agravio de la recurrente en cuanto a la valoración de la mercadería en infracción efectuada por la Aduana dado que, según sostenía, no tuvo en cuenta la condición de nueva o usada, correspondía desestimarlo puesto que, en primer lugar se trataba de mercadería hallada a bordo del buque en forma irregular respecto de la cual la actora debió justificar su falta de declaración y el destino de la misma, como así también su condición, a fin de evitar su determinación por parte del servicio aduanero en base a las presunciones legales. Por el contrario la recurrente no proporcionó elementos a esa jurisdicción que permitieran desestimar el argumento del servicio aduanero en relación a su destino y condición. La mera declaración del capitán del buque no hacía plena fe de sus aseveraciones.
Por todo lo expuesto, consideró que, correspondía determinar el importe de la multa conforme el aforo realizado y tipo de cambio ($ 14,76) aplicado según planilla de liquidación obrante a fs. 108 de las actuaciones administrativas. Ello no obstante lo dispuesto en virtud del precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” por cuanto correspondía declarar que en el caso de autos se daban los presupuestos de hecho y de derecho analizados por el Máximo Tribunal, motivo por el cual consideró que no correspondía la exigencia de IVA adicional ni percepciones del Impuesto a las Ganancias. Sentado todo ello, practicó nueva liquidación a fin de determinar el monto de la multa.
En dicho marco, precisó que el total de tributos que conformaban el perjuicio fiscal: u$s 21.682. Por lo tanto, el monto de la multa ascendía a la suma de $ 333.902,80 que resultaban de convertir el monto de los tributos (u$s 21.682) al tipo de cambio u$s 1= $ 15,40 —valor obtenido de la consulta al sitio web: https://www.errepar.com/cotizacion-dolar—, correspondiente al 7/03/2016 fecha en que se configuró la infracción (presentación de la declaración de Rancho, según constancias de las actuaciones administrativas). Ello según lo establecido en el art. 926 del CA.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 28/08/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la demanda, los que fueron replicados por la contraria el 6/10/2023.
En primer lugar la apelante efectúa una reseña de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y sus fundamentos.
A continuación, sostiene que, tras haberse demostrado que la actora cometió la infracción por la cual fue condenada por el Servicio Aduanero como también por el TFN, el Dr. Gonzalez Palazzo consideró, en virtud de las facultades conferidas en el art. 1143 del C.A., que los hechos encuadrarían en la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del C.A. y no en la infracción imputada primigeniamente por el Servicio Aduanero (art. 962).
Señala que, conforme fuese mencionado al momento de contestar el recurso de apelación, a los efectos de que se considere configurada la infracción del art. 962 del C.A. es menester recordar que “(…) En este art. 962 se castigan conductas anteriores a que haya principio de ejecución o tentativa, esto es, verdaderos actos preparatorios y apuntan a desalentar o dificultar la comisión del delito principal. La situación irregular de la mercadería a bordo de un medio de transporte (…) ahora la contempla en esta norma en comentario, que alude a la mercadería que se descubra oculta o situada en determinados lugares o en poder de algún tripulante, cuando no fuera oportunamente declarada” (Conf. Alsina, Barreira, y otros, “Código Aduanero Comentado”, Ed. Abeledo Perrot, 1era Ed, Buenos Aires, 2011, Tomo III, pág 417).
Aduce que, el art. 962 contempla diferentes situaciones que pueden complementarse entre sí, siendo estas que la situación de mercadería “oculta” puede ser complementada con “lugares de acceso reservado a la tripulación” o “en poder de algún tripulante”. Así las cosas, tal como fuese mencionado por el Vocal preopinante, del Acta de Fondeo surge que los lubricantes no declarados se encontraban en calidad de “granel” las cuales se encontraban en “lugares de acceso reservado a la tripulación” (sala de máquinas) como así también el aquatuff y el carbón activado y que, en cierta medida, ocultos, toda vez que, de no haberse procedido a la inspección aduanera y a la medición de cantidades, no hubiesen sido detectados.
Pondera que, en este sentido, el término “oculto” refiere a algo “(…) ignorado, que no se da a conocer ni se deja ver ni sentir, conforme se desprende del diccionario de la Real Academia Española (...)” (Alais, Horaci Félix, Régimen Infraccional Aduanero, 1-ed., Buenos Aires, Marcial Pons Argentina, 2011, pps. 324 y 325).
Manifiesta que, así las cosas, esa parte no entiende como la Sala F pudo haber considerado que no se encontraba configurada la infracción del art. 962 respecto de mercadería a bordo sin declarar la cual se encontraba en la sala de máquinas, un lugar de acceso reservado a la tripulación.
Considera que, resultan arbitrarios los dichos del Vocal preopinante al resaltar que “(…) no se especificaron el lugar donde la misma fue hallada” cuando es la propia actora quien manifiesta que dichos elementos resultan esenciales para el buen funcionamiento del barco, específicamente el del motor del mismo.
Alega que, conforme ello, su parte no entiende por qué la Sala F consideró que la falta de declaración de mercadería a bordo de un transporte, la cual constituye rancho, pudo haber configurado la infracción tipificada en el art. 954 inc. a), salvo que haya sido al solo efecto de reducir la pena impuesta por su parte. Aclara que, el Vocal preopinante al momento de realizar su reencuadre y graduar la multa aplicable por la comisión de una declaración inexacta (una vez el valor del perjuicio fiscal) la establece en AR$ 333.902,80. Ello así, el art. 962 establece “(…) una multa igual a su valor en plaza”.
Refiere que, el art. 919 del C.A. define al “valor en plaza” como “1) el valor en aduana, con más los gastos de despacho y los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare, si la infracción se hubiere cometido en relación con una importación”, siendo en este caso tal como surge de las Actuaciones Administrativas AR$ 1.165.060,45.
Expone que, conforme ello, el reencuadre realizado por la Sala F, en virtud de transformar un rancho acreditado en una supuesta declaración inexacta perjudicó a su parte en AR$ 831.157,65, lo cual no solo atenta contra las arcas del Estado sino que resulta un exceso por parte del Vocal preopinante respecto del alcance del art. 1143 del C.A. En virtud de todo lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia dictada por el TFN en lo que es materia de agravios y se confirme la resolución aduanera en su totalidad con costas a la actora.
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución n° 36/2019 (AD SANI), en cuanto condenó a ALPEMAR SRL a la pena de una multa por la comisión de la infracción establecida en el art. 962 del C.A., se sustentó en que no encontraban configurados los presupuestos del tipo infraccional que, textualmente reza: “mercadería oculta o en lugares de acceso reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante, que no hubiere sido oportunamente declarada ante el servicio aduanero”, ello así toda vez que la mercadería cuestionada había sido declarada en el Manifiesto de Rancho n° 16059MANI000449X -aunque en menos cantidad- y asimismo, porque en el Acta de Fondeo de fecha 10/03/2016 el personal del servicio aduanero no especificó el lugar donde la misma fue hallada.
Tampoco había pruebas fotográficas que ilustraran sobre el lugar donde fue encontrada; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decido sin controvertir los sólidos e insoslayables argumentos del organismo jurisdiccional administrativo. En efecto, cabe aquí destacar que, al primer argumento del Tribunal a quo para revocar la resolución atacada -consistente en que la mercadería se encontraba declarada en el Manifiesto de Rancho- fue consentido por la actora. Asimismo, y respecto del segundo argumento dado por el organismo jurisdiccional administrativo -los funcionarios aduaneros no especificaron el lugar donde se encontraba la mercadería-, las alegaciones de la actora, resultan insuficientes a los efectos de enervar los fundamentos del fallo.
Pues, el segundo supuesto que tipifica la infracción prevista en el art. 962 del C.A., es la exigencia en cuanto a que la mercadería en cuestión se encontrase oculta o en lugares de acceso reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante. Al respecto, el a quo indicó: “…que del acta de fondeo de fs. 100 de las actuaciones administrativas, los funcionarios aduaneros que estuvieron a cargo de la visita del buque de autos, dejaron constancia de la existencia de mercadería que describieron como …una diferencia en más de 3.700 litros de lubricantes a granel, 90 litros de Aquatuff (químicos) y 225 kilogramos de filter media jowa F -200 respecto de lo declarado en el Manifiesto de Rancho Nº 16059MANI000449X, pero no especificaron el lugar donde la misma fue hallada.
Así tampoco han proporcionado un registro fotográfico que permitiera apreciar en forma indubitada el lugar donde las mismas estaban ubicadas. Lo indicado precedentemente impide aseverar que efectivamente se encontraron ocultas o en lugares de acceso reservado a la tripulación, tal como por ejemplo: la sala de máquinas, la bodega, etc., por lo que no se encuentra reunido el segundo elemento tipificante de la infracción endilgada”.
En tales condiciones, resulta que, de las constancias de la causa no surge el lugar donde fue hallada y estaba ubicada la mercadería en cuestión, ya sea por haberse omitido dicha especificación en el acta de inspección o por la falta de registro fotográfico. En consecuencia, no puede concluirse que dicha mercadería se encontraba oculta o en lugar de acceso reservado a la tripulación. Cabe añadir que, al respecto, la recurrente, ni siquiera indicó cuáles serían las pruebas o elementos que permitirían advertir un error en ese fundamento del fallo.
V. Que asimismo, corresponde apuntar que, con relación a que el TFN consideró procedente reencuadrar la infracción imputada, en la figura prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A (declaración inexacta), la recurrente se limita manifestar que “no entiende por qué la Sala F consideró que la falta de declaración de mercadería a bordo de un transporte, la cual constituye rancho, pudo haberse configurado la infracción tipificada en el art. 954 inc. a), salvo que haya sido al solo efecto de reducir la pena impuesta por su parte…”, lo cual, en modo alguno, puede considerarse como un cuestionamiento serio y eficaz del fallo impugnado. Pues, de tal declaración se desprende, en definitiva, que la demandada no realizó ni el más mínimo esfuerzo para comprender los fundamentos del fallo recurrido, ni demostrar el motivo por el cual el mismo pudiera, eventualmente, resultar erróneo.
La apelante no rebate la afirmación relativa a que las mercaderías, objeto de debate, se encontraban declaradas en el Manifiesto de Rancho, circunstancia que, por sí sola, basta para tener por no configurada la infracción prevista en el art. 962 del C.A.
La demanda alega que “no entiende”, a pesar de la claridad en la argumentación del fallo (explica claramente el reencuadre), sustentado en el derecho vigente, con particular referencia a las constancias de la causa. Si uno de los presupuestos que tipifica la infracción contenida en el art. 962 del C.A. no se verifica en el caso (tal como lo consintió la demandada), ello es suficiente para tener por no configurada la infracción.
VI. Que, por último, cabe señalar que, la recurrente se queja por cuanto el reencuadre la perjudicó en una diferencia en concepto de multa, “lo cual no solo atenta contra las arcas del Estado sino que resulta un exceso por parte del Vocal preopinante respecto del alcance del art. 1143 del C.A.”
Al respecto, corresponde precisar que, por un lado, la multa no tiene un fin recaudatorio, que sí tiene la exigencia tributaria, la cual –según entendió el TFN– no corresponde en autos, lo cual no fue motivo de agravio por parte de la demandada. En efecto, dicha parte guardó absoluto silencio frente a lo decidido sobre el punto en el fallo recurrido. En la queja del Fisco Nacional por “atentarse” contra las arcas del Estado, no hay una sola palabra sobre lo decidido en el fallo respecto a la exigencia tributaria, lo que se traduce en una confusión sobre la finalidad de la multa aduanera (que no es recaudatoria) y, no hay una crítica concreta y razonada contra el reencuadre de la infracción en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A., el que declara no entender, pero que califica como un exceso, sin ninguna crítica concreta al razonamiento expuesto en el fallo recurrido.
VII. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 26/06/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia