Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.632-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución 23/2012 (AD SANI) dictada en las actuaciones SIGEA 12627-467-2009 respecto del ATA ALPEMAR SRL y modificar el cargo 122/10, que queda fijado en la suma de dólares estadounidenses dos mil quinientos veintiuno (U$S 2.521.-), con más los intereses del art. 794 CA, con costas.
2Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-63925971-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Junio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación), con la presidencia del nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALPEMAR SRL c/ DGA s/ recurso de apelación, Expte.
N° 30.632-A”
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 81/109, la firma Alpemar SRL, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD SANI) n° 23/2012, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de San Nicolás, recaída en el expediente 12627-467-2009. Manifiesta que el servicio aduanero formuló el Cargo n° 122/2010, intimando al pago de las diferencias en las alícuotas supuestamente impagas por su mandante. Señala que el porcentaje de -1,12% consignado en el Informe de la Sección G n° 80/2009 fue obtenido sin fundamentos y no resulta válido para imputación alguna. Advierte que la supuesta diferencia en los valores obtenidos por la Aduana basa sus detecciones respecto del peso neto de la carga, siendo que los valores del manifiesto fueron expresados en pesos brutos, por lo que la alegada diferencia es improcedente.
Solicita se deje sin efecto el cargo en virtud del vicio de nulidad absoluta, porque el mismo tiene sustento en el art. 1053 inc. a) y e) del C.A., invocado por la Aduana para la formulación del cargo, no sirviendo este de imputación alguna. Agrega que se debe dejar sin efecto el cargo y la resolución, quedando así sin sustento legal la imposición de tributos a la firma, debiendo encuadrarse la diferencia encontrada en el presente caso dentro del margen de tolerancia del 4% legalmente establecido para el transporte de carga sólida a granel por la Hidrovía Paraguay-Paraná, es decir, por el Dto. PEN n° 343/2005, por lo que la supuesta diferencia encontrada está por debajo del límite legal de tolerancia previsto en la normativa, encontrándose el cargo y la resolución sin fundamentos.
Indica que la medición llevada adelante por el servicio aduanero es nula de nulidad absoluta e insanable, porque la misma exige la realización con la intervención de dos peritos aduaneros, en cambio fue realizada por un solo funcionario del servicio aduanero. Aduce la inexistencia del ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar y de perjuicio fiscal. Manifiesta que la declaración realizada por su mandante fue presentada ante el servicio aduanero al solo efecto de cumplimentar los pasos previos requeridos para concretar una destinación de trasbordo con destino a China. Afirma que no existen tributos que pudieran recaer sobre una operación de trasbordo como la de autos, en la que ninguna mercadería se destinó a plaza.
Se agravia por cuanto resulta contradictorio que arbitrariamente, mediante la Resolución n° 2181/2006, se excluya de las tolerancias legales establecidas en materia de transporte a granel por el Dto. PEN 343/2005 a los supuestos en que los precintos no pueden ser colocados. Expresa que a la mercadería importada a consumo deben acordársele los mismos beneficios que corresponden a la mercadería introducida a plaza. Indica que se encuentra exento en el IVA y bajo una franquicia tributaria en razón de la mercadería objeto de la importación. Agrega la improcedencia de los gravámenes de IVA adicional y ganancias, y aduce que la DGA es incompetente para reclamar dichos tributos. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal.
Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 123/126, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la actora que no fuesen de su especial reconocimiento. Hace un racconto de los hechos sucedidos en sede aduanera. Sostiene que la diferencia en menos fue constatada por el servicio aduanero, conforme surge de fs. 1, y que la actora, en definitiva, nunca justificó la diferencia entre el manifiesto de la carga y el resultado de la descarga. Afirma que el faltante sobre la cantidad declarada resulta superior a la tolerancia del 0,6% que rige a los efectos fiscales, por imperio de las Res. ANA 2220/90 y 2914/94, referidas al sistema de medición por control de calados y sondaje de tanques (draft survey), que prevén una tolerancia del 0,6%, siempre que no exceda de ese límite. Concluye que, constatado el faltante a la descarga y la falta de justificación del mismo, el supuesto encuadra dentro de las previsiones contenidas en el art. 142, ap. 2, del C.A. Explica los alcances de la Resolución ANA n° 2220/90 y entiende que no corresponde forzar la situación expresamente prevista en la norma al caso en particular. Señala que no se imputó infracción alguna basada en una diferencia motivada en el producto de un faltante a la descarga, por ello los agravios introducidos por la actora no se vinculan con lo ocurrido en autos. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 127 se abre la causa a prueba, la que es producida a fs. 148/15. Puestos los autos para alegar hacen uso de su derecho solamente la representación fiscal a fs. 199/203. A fs. 205 pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 12627-467-2009 se inician a fs. 1, con el Informe de la Sección G n° 80/2009 del Departamento de Puerto Nuevo de la Aduana de San Nicolás —sin fecha—. A fs. 2/17 lucen planillas de control de calado y sondajes. A fs. 18/24 luce el manifiesto 09059MANI001998U. A fs. 25, teniendo en cuenta el informe de la Sección Resguardo, se generan LMAN. A fs. 26/31 luce constancia de trasbordo de la mercadería y a fs. 32/47 lucen MIC/DTA. A fs. 48 luce la clasificación y valoración de la mercadería, así como la liquidación de tributos. A fs. 50/51 luce la notificación del Cargo n° 122/2010, notificado al ATA el 31/3/2010. A fs. 52/58 se presenta el ATA, impugna el cargo y acompaña documental, que luce a fs. 64/96. A fs. 97 se provee la presentación del ATA. A fs. 100/102 luce el recurso de revocatoria, que es resuelto a fs. 104, rechazándolo. A fs. 106/138 luce la Nota n° 200/2011 (RESG AD SANI) y la documental acompañada. A fs. 142/144 vta. lucen los alegatos. A fs. 146/149 luce el Dictamen n° 11/2012 (AD SANI). A fs. 150/154 luce la Resolución n° 23/2012. A fs. 156/157 la actora acredita la interposición del recurso ante este Tribunal y acompaña el formulario F4.
V. Que la actora plantea la nulidad absoluta del Cargo n.° 122/2010 y de la Resolución n.° 23/2012, por entender que aquéllos carecen de sustento legal suficiente, en tanto el cargo habría sido formulado con fundamento en el art. 1053 del Código Aduanero, norma que —a su criterio— no resultaría apta para sustentar la exigencia aquí debatida. Asimismo, invoca la nulidad de la medición practicada por el servicio aduanero, alegando que en su realización no se habría dado intervención a los peritos aduaneros que, según sostiene, exige la normativa aplicable.
Que, en primer término, corresponde recordar que la declaración de nulidad constituye un remedio de carácter excepcional, que exige la configuración de un perjuicio concreto y actual para el ejercicio del derecho de defensa, no siendo suficiente la mera invocación de irregularidades formales desprovistas de trascendencia material. En tal sentido, se ha sostenido que “cuando se invoque una nulidad debe haber un interés jurídico, no pudiendo peticionarse por la nulidad misma. Así, para que un vicio procesal dé lugar a tal declaración es necesario que se haya colocado al que la invoca en un estado de indefensión no subsanable” (conf. TFN, Sala E, “TEXTIL RÍO GRANDE S.A.”, expte. n.° 13.505-A, del 16.10.03).
Que, de las constancias de autos surge que el cargo identificó la diferencia detectada a la descarga, individualizó la mercadería involucrada, consignó la liquidación practicada y permitió a la interesada ejercer en plenitud su defensa en sede administrativa y ante este Tribunal. En tales condiciones, no se configura un supuesto de indefensión material que justifique la invalidación pretendida.
Que, en cuanto al agravio referido a la nulidad de la medición, cabe señalar que del expediente administrativo surgen incorporadas las planillas de control de calado y sondaje de tanques, correspondientes a la descarga de la mercadería involucrada, de las que resulta no solo la intervención del servicio aduanero sino también la participación contemporánea del representante de la firma recurrente, cuyas firmas lucen estampadas en dichas constancias. A ello se suma que no surge de tales instrumentos reserva técnica específica alguna respecto del método empleado, de las lecturas volcadas o de los resultados obtenidos.
Que, en ese contexto, la objeción introducida por la actora en esta instancia en torno a la regularidad del procedimiento de medición aparece desprovista de la entidad necesaria para invalidar lo actuado, máxime cuando no se ha acreditado de qué modo concreto la alegada irregularidad habría incidido en el resultado final ni qué defensa útil se habría visto privada de ejercer. Por el contrario, la recurrente contó con posibilidad cierta de impugnar el cargo en sede administrativa, ofrecer prueba ante este Tribunal y desarrollar con amplitud todos los argumentos que estimó conducentes, sin que de autos resulte un menoscabo efectivo a su derecho de defensa. Que, asimismo, se ha dicho que “la valoración que en sede administrativa se haya hecho de la prueba, no amerita declarar la nulidad del procedimiento, en tanto existiendo esta instancia jurisdiccional de revisión, su declaración implicaría retrotraer el proceso sin utilidad alguna. Resulta relevante si el vicio contenido en el procedimiento origina realmente a la parte una falta de defensa y, sobre todo, si hubiera podido variar el fallo condenatorio en caso de haberse realizado el acto omitido, y ello así, en atención al criterio restrictivo que debe primar en la anulación de un acto, que obliga a evaluar si, retrotraídas las actuaciones al momento en que se cometió el vicio y subsanado el mismo, es de prever lógicamente que se produciría el mismo acto que se anula” (conf. TFN, Sala E, “LIQUI MOLY ARGENTINA S.A.”, expte. n.° 15.570-A, del 31.03.05).
Que, por las razones expuestas, no se constata en autos vicio alguno que haya ocasionado a la recurrente un gravamen irreparable o una situación de indefensión insusceptible de saneamiento en esta instancia revisora. En consecuencia, corresponde rechazar los planteos de nulidad opuestos por la actora, con costas.
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver si la Resolución n.° 23/2012 (AD SANI), en cuanto confirmó el Cargo n.° 122/2010 (AD SANI), se ajusta o no a derecho.
Que de las constancias de autos surge que, con motivo del control efectuado a la descarga de la mercadería documentada mediante el manifiesto n.° 09059MANI001998U, el servicio aduanero verificó una diferencia entre la cantidad declarada y la efectivamente descargada en territorio aduanero argentino. En efecto, del Informe de la Sección G n.° 80/2009 resulta que se declaró un total de 23.313.000 kg de mineral de manganeso a granel, mientras que el total descargado ascendió a 23.051.220 kg, arrojando un faltante de 261.780 kg, equivalente al 1,12% de la cantidad manifestada.
Que dicho resultado fue obtenido sobre la base del sistema de control de calados y sondaje de tanques (draft survey), conforme se desprende tanto de la nota de elevación del servicio aduanero como de las dieciséis planillas de control de calados y sondaje de tanques agregadas a fs. 2/17, en las que se documentan los controles practicados respecto de cada una de las barcazas involucradas en la operación.
Que la recurrente cuestiona la validez del resultado de la medición practicada por el servicio aduanero, sosteniendo que existiría una comparación técnicamente inválida entre magnitudes heterogéneas, en tanto el Draft Survey arrojaría valores de peso neto —como lo indicaría la propia leyenda de las planillas de control— mientras que las cifras consignadas en el manifiesto corresponderían al peso bruto de la mercadería. Sobre esa base, afirma que la diferencia del 1,12% no reflejaría un faltante real sino la diferencia natural y previsible entre ambas categorías de peso.
Que dicho planteo no puede prosperar, por las razones que se expondrán a continuación.
Que, en primer lugar, la distinción entre peso bruto y peso neto presupone necesariamente la existencia de envase, embalaje o elementos accesorios cuya masa pueda diferenciarse de la de la mercadería propiamente dicha. En el caso de autos, sin embargo, la mercadería transportada es mineral de manganeso a granel, cargado directamente en las bodegas de las barcazas sin envase ni embalaje de ninguna naturaleza, tal como se desprende del propio manifiesto n.° 09059MANI001998U, de los conocimientos de embarque agregados al expediente y de las planillas de control obrantes a fs. 2/17. Tratándose de una carga sólida a granel sin acondicionamiento, no existe tara alguna que permita distinguir entre el peso bruto y el peso neto de la mercadería: ambas expresiones designan, en este contexto, la misma magnitud física. La supuesta discordancia conceptual que invoca la recurrente carece, por ende, de sustento técnico en las particulares circunstancias del caso.
Que, en segundo lugar, y con independencia de lo anterior, el análisis de los propios datos aportados por la recurrente en su escrito de apelación desvirtúa la hipótesis que ella misma sostiene. En efecto, en el cuadro comparativo incorporado al recurso, la firma apelante volcó, respecto de cada barcaza, el peso bruto declarado y el peso neto resultante de la medición practicada por la Aduana. La diferencia total que el propio ATA admite en ese cuadro asciende a 259,78 TM, equivalente al 1,11% de la cantidad declarada, cifra prácticamente idéntica al 1,12% consignado en el Informe de la Sección G. Pero lo que resulta determinante es que, según los mismos datos aportados por la recurrente, en al menos dos de las barcazas involucradas —SCF 2247B (conocimiento 152/09) y SCF 2266B (conocimiento 157/09)— el peso registrado por la Aduana resultó superior al declarado en los respectivos conocimientos de embarque. Este dato es incompatible con la tesis de la recurrente: si la diferencia global obedeciera a la comparación sistemática de magnitudes heterogéneas —peso neto medido contra peso bruto declarado—, los valores de la Aduana deberían ser uniformemente inferiores a los declarados en todos los casos, sin excepción. La existencia de sobrantes en determinadas barcazas demuestra que el sistema de medición empleado no produjo una subestimación sistemática de la carga sino que reflejó, con las variaciones propias del método, las cantidades efectivamente descargadas en cada unidad. La diferencia global no es, pues, el resultado de una comparación inválida entre categorías de peso distintas, sino la expresión de una diferencia real en la cantidad de mineral descargado respecto de lo declarado.
Que, en tercer lugar, cabe reparar en las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento de medición. Las dieciséis planillas de control de calados y sondaje de tanques correspondientes a la descarga del convoy fueron suscriptas en forma contemporánea por el apoderado del ATA Alpemar SRL —cuya firma luce estampada junto a la del agente aduanero interviniente— sin que en ninguna de ellas se hubiera formulado reserva técnica alguna respecto del método empleado, de las lecturas volcadas o de los resultados obtenidos. En particular, no surge de esas constancias observación alguna relativa a la supuesta heterogeneidad entre los valores medidos y los declarados en el manifiesto. La ausencia de reserva contemporánea resulta relevante: si el representante del ATA hubiera advertido en ese momento que la Aduana estaba midiendo el peso neto de la carga para compararlo con el peso bruto declarado —lo que, según sostiene la recurrente en esta instancia, conduciría a una diferencia inevitable e ilegítima—, esa habría sido precisamente la oportunidad para señalarlo y, en su caso, solicitar una contramedición en los términos del ap. 9, punto 9.1, de la Resolución ANA 2220/90. Nada de ello ocurrió. La objeción, introducida con posterioridad en sede impugnatoria, resulta incompatible con el comportamiento observado en el momento en que los controles fueron practicados.
Que, a mayor abundamiento, no surge de las constancias del expediente que la medición se hubiera practicado en condiciones anormales o irregulares que permitan restarle eficacia probatoria al resultado consignado por el servicio aduanero. Antes bien, la documentación obrante en autos revela una secuencia de controles individualizados y contemporáneos respecto de cada barcaza, que sustentan razonablemente la conclusión alcanzada en el informe técnico de la Sección G.
Que, por las razones expuestas, corresponde tener por acreditado, a los fines del presente pronunciamiento, que en la operación documentada por el manifiesto n.° 09059MANI001998U se verificó un faltante a la descarga del 1,12% respecto de la cantidad declarada, restando analizar en los considerandos siguientes la incidencia jurídica de dicha diferencia en el plano tributario.
VII. Que, acreditado en el considerando anterior que en la operación documentada por el manifiesto n.° 09059MANI001998U se verificó un faltante a la descarga del 1,12% respecto de la cantidad declarada, corresponde analizar ahora la procedencia de la exigencia tributaria formulada por el servicio aduanero con relación a dicha diferencia.
Que el art. 142 del Código Aduanero dispone que, cuando al concluir la descarga resultare faltar mercadería que hubiera sido declarada de conformidad con los arts. 135 y 136 del citado cuerpo legal, las diferencias deberán justificarse dentro del plazo de dos días contados desde la finalización de la descarga, mediante la respectiva carta de rectificación consular o en las demás formas previstas en el Código o en sus disposiciones reglamentarias. Añade el apartado 2 de dicha norma que, si las diferencias no fueren justificadas en la forma prevista, se presumirá —sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario— que la mercadería faltante ha sido importada para consumo.
Que, en el caso, no surge de las constancias de autos que la diferencia detectada a la descarga hubiera sido justificada por la recurrente en tiempo y forma en los términos exigidos por la norma citada. Por el contrario, de las actuaciones administrativas se desprende que, constatado el faltante, el servicio aduanero procedió a la formulación del cargo sobre la base de la diferencia verificada, sin que la interesada acreditara una justificación legalmente idónea que neutralizara la operatividad de la presunción contenida en el art. 142 del C.A. Que, sentado ello, corresponde precisar que la discusión planteada por la actora en torno al margen del 4% previsto para determinados supuestos vinculados al transporte de cargas a granel no resulta conducente para enervar, en este caso, la procedencia del cargo tributario. Ello así, pues en autos no se debate la configuración de una infracción aduanera ni la aplicación de una eximente sancionatoria, sino la procedencia de una obligación tributaria nacida de la presunción legal contemplada en el art. 142 del Código Aduanero, frente a un faltante no justificado a la descarga.
Que, en este plano, la tolerancia aplicable no es la invocada por la recurrente a partir de normas ajenas al específico encuadre fiscal del caso, sino la del seis por mil (0,6%) reconocida a los efectos tributarios por la normativa específica y fijada como doctrina legal obligatoria por este Tribunal en el plenario “Supermar S.A.”. En dicho precedente se estableció expresamente que la tolerancia del seis por mil fijada, a los efectos fiscales, para la medición por el sistema de control de calados y sondajes de tanques (draft survey) resulta también aplicable a otros sistemas de pesaje, como el de balanza, destacándose además que se trata de una cuestión de naturaleza tributaria, distinta de la tolerancia prevista por el art. 959 inc. c) del C.A. para el ámbito sancionatorio. De ello se sigue que, si el faltante excede dicho margen, corresponde mantener la exigencia tributaria respecto de la diferencia constatada no debidamente justificada.
Que, en el sub examine, la diferencia verificada asciende al 1,12%, esto es, supera holgadamente el margen del 0,6% admitido a los fines tributarios. Por consiguiente, no puede prosperar el planteo de la recurrente dirigido a obtener la neutralización del cargo con apoyo en un margen de tolerancia diverso, ajeno al específico encuadre fiscal del caso, por lo que la presunción tributaria del art. 142 del C.A. no resulta neutralizada por margen de tolerancia alguno.
Que tampoco obsta a la procedencia del reclamo la alegación de que la operatoria involucraba un trasbordo con destino final a China, pues justamente el art. 142 del C.A. contempla una presunción legal de importación para consumo al solo efecto tributario cuando, concluida la descarga, se verifica un faltante no justificado de la mercadería declarada. De tal suerte, el destino originalmente proyectado para la operación no impide la aplicación de la consecuencia fiscal expresamente prevista por el legislador frente a la falta de justificación de la diferencia. Que, en consecuencia, corresponde concluir que el cargo formulado con fundamento en el art. 142 del Código Aduanero resulta procedente, sin perjuicio de lo que corresponda decidir en los considerandos siguientes respecto de la composición del reclamo tributario y, en particular, de los agravios vinculados con el IVA, el IVA adicional y el impuesto a las ganancias.
VIII. Que la recurrente se agravia por la improcedencia del reclamo de IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias, y sostiene, asimismo, que la Dirección General de Aduanas carece de competencia para exigir tales conceptos.
Que, en lo que aquí interesa, corresponde distinguir entre el IVA que grava la importación para consumo y las percepciones vinculadas al IVA adicional y al impuesto a las ganancias, pues no se trata de conceptos homogéneos ni sujetos al mismo régimen jurídico.
Que, en cuanto al IVA, el art. 1, inc. c), de la ley del gravamen contempla entre los hechos imponibles la importación definitiva de cosas muebles, noción que, conforme su decreto reglamentario, remite a la importación para consumo prevista en el Código Aduanero. En tal sentido, habiéndose concluido en el considerando anterior que en autos resulta operativa la presunción establecida en el art. 142, ap. 2, del C.A., corresponde, en principio, admitir la procedencia del reclamo por dicho tributo respecto de la mercadería faltante no justificada. Que no obsta a ello la alegación de la actora relativa a que la operatoria de autos constituía un trasbordo con destino a China y no una importación a plaza, pues, precisamente, el art. 142 del C.A. establece una presunción legal de importación para consumo al solo efecto tributario cuando, al concluir la descarga, se verifica un faltante de mercadería declarada que no ha sido justificado en la forma legalmente prevista. De tal suerte, el agravio sustentado en el destino originalmente proyectado para la operación no resulta apto para excluir, por sí solo, la procedencia del IVA derivado de la ficción legal antes mencionada.
Que, por otra parte, tampoco puede prosperar en términos absolutos el planteo de incompetencia formulado por la apelante respecto de la actuación del servicio aduanero, en tanto la Aduana posee atribuciones para exigir los tributos que gravan la importación y las demás obligaciones cuya percepción le ha sido legalmente encomendada. Sin perjuicio de ello, la procedencia específica de los restantes conceptos reclamados -en particular, IVA adicional e impuesto a las ganancias- requiere un examen diferenciado, que será abordado en el considerando siguiente.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el agravio de la actora en cuanto cuestiona, con carácter general, la procedencia del IVA y la actuación del servicio aduanero a su respecto, sin perjuicio de lo que corresponda decidir seguidamente acerca de las percepciones reclamadas en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias.
IX. Que corresponde examinar ahora la procedencia de las sumas reclamadas en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. A ese respecto, cabe señalar que tales conceptos constituyen percepciones cuya exigibilidad debe apreciarse conforme a su régimen propio, sin perder de vista las particularidades temporales del caso sometido a decisión.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06” (TF 22.343-A), sostuvo que, una vez vencido el término para la presentación de las declaraciones juradas de los tributos a los cuales las percepciones se imputan, el organismo recaudador pierde la facultad para exigir su ingreso, por cesar la función que aquellas cumplen dentro del sistema tributario. No obstante, la aplicación de dicha doctrina exige atender a las circunstancias concretas de cada caso, en particular al momento en que la percepción fue exigida y a la subsistencia de su función dentro del período fiscal correspondiente. Que, en el presente caso, el faltante fue detectado al concluir la descarga el 23 de septiembre de 2009, conforme surge de las planillas de control de calados y sondaje y del informe técnico agregado en sede administrativa, en tanto que el Cargo n.° 122/2010 fue formulado con fecha 29/3/2010 y notificado a la interesada el 31/3/2010. En tales condiciones, y de acuerdo con el criterio que se estima aplicable, la exigencia de las percepciones fue exteriorizada dentro de un lapso temporal que no autoriza a tener por agotada la función propia de tales percepciones dentro del período fiscal correspondiente.
Que, asimismo, la actora no ha acreditado constancia concreta alguna relativa al cierre de su período fiscal ni a la efectiva consumación de un supuesto que autorice a concluir que, al tiempo de la intimación, la facultad del organismo para exigir dichas percepciones se encontrara extinguida. En tales condiciones, no corresponde extender automáticamente la solución de “CLADD ITA” al sub examine.
Que, por ello, corresponde rechazar el agravio de la actora en cuanto cuestiona la procedencia del IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias, debiendo mantenerse su exigibilidad en los términos del cargo, sin perjuicio de la forma de liquidación que corresponda establecer en el considerando siguiente.
X. Que, sentado lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde examinar la forma de liquidación de los conceptos reclamados en autos.
Que, en relación con las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, corresponde señalar que las mismas deben liquidarse desde su origen en moneda nacional, no resultando alcanzadas por las disposiciones de la ley 25.561 y del decreto 214/02, en tanto dichos conceptos no constituyen obligaciones originariamente expresadas en moneda extranjera, sino importes que, conforme su régimen propio, deben exteriorizarse en pesos. En tal sentido, cabe estar al criterio sentado por el Máximo Tribunal en la causa “Volkswagen Argentina S.A. (TFN 22.179-A) c/ DGA”, del 23/8/2011.
Que, en consecuencia, corresponde modificar el cargo apelado en cuanto a la moneda de liquidación de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, las que deberán mantenerse en pesos, sin perjuicio de la confirmación de su procedencia conforme lo resuelto en el considerando anterior.
Que, en atención a lo resuelto en los párrafos precedentes, corresponde realizar una nueva liquidación. Valor en aduana de la mercadería En pesos T.C.
u$s 10.495 3.84 Derechos 2% 210 --- Tasa de estadística 0,5% 52 --- Base IVA U$s 10.757 $ 41.306,88 IVA 21% 2259 --- IVA adicional 20% --- 8261,37 Ganancias 6% --- 2.478,41 Total u$s 2521 $ 10.739,78 Que, en consecuencia, corresponde establecer que la actora adeuda, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, la suma de U$S 2.521, y en concepto de percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, la suma de $ 10.739,78, con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero.
Que en la forma en la que se resuelve se torna inoficioso el tratamiento del resto de los agravios vertidos por la actora.
Por ello voto por:
1. Rechazar los planteos de nulidad opuestos por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución (AD SANI) n° 23/2012, en cuanto exige el pago de tributos al ATA ALPEMAR SRL, y modificar el cargo n° 122/2010 que asciende a la suma de dos mil quinientos veinte un dólares (u$s 2.521) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y respecto de las percepciones de IVA adicional y ganancias, que ascienden a la suma de diez mil setecientos treinta y nueve pesos con setenta y ocho centavos ($ 10.739,78), con más los intereses del art. 794 del CA.
3. Costas a la actora por los importes que se confirman, y costas al Fisco en cuanto se revoca la liquidación en moneda extranjera sobre las percepciones de IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez en sus considerandos I a VIII.
Que, no obstante, me aparto de lo resuelto a partir del considerando IX, por cuanto disiento con la interpretación del Vocal preopinante respecto a la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” en atención que, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema en dicho fallo, debe excluirse del cálculo las percepciones de IVA adicional y de ganancias. Que, por tal motivo, corresponde modificar la liquidación de fs. 48 de las actuaciones administrativas: Cargo 122/2010 Tributos U$S V.A. U$S 10.495.-
Derechos (2%) 210 Estadística (0,5%) 52 Base imponible IVA U$S 10.757.-
IVA (21%) 2259
Total 2521 t.c. $ 3,84 Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución 23/2012 (AD SANI) dictada en las actuaciones SIGEA 12627-467-2009 respecto del ATA ALPEMAR SRL y modificar el cargo 122/10, que queda fijado en la suma de dólares estadounidenses dos mil quinientos veintiuno (U$S 2.521.-), con más los intereses del art. 794 CA, con costas.
2. Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría se resuelve:
1. Confirmar parcialmente la resolución 23/2012 (AD SANI) dictada en las actuaciones SIGEA 12627-467-2009 respecto del ATA ALPEMAR SRL y modificar el cargo 122/10, que queda fijado en la suma de dólares estadounidenses dos mil quinientos veintiuno (U$S 2.521.-), con más los intereses del art. 794 CA, con costas.
2. Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden. Regístrese, notifíquese. Oportunamente por Secretaria General de Asuntos Aduaneros remítanse las actuaciones administrativas en la forma de estilo a la DGA y archívese.
Date: 2026.06.29 15:04:28 ART Date: 2026.06.29 15:27:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.29 17:09:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.29 17:10:00 -03:00
Fin de la sentencia