Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de la Plata · Causa 14142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la demanda promovida por “Alstom Argentina Sociedad Anónima”, anulando las resoluciones n° 10.726/09 de la autoridad tributaria provincial y n° 1763 de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación (06.03.13) en cuanto fueran materia de este contradictorio y ordenando la devolución de las sumas ingresadas por la actora con arreglo a los alcances precedentes, con costas del proceso a la parte demandada vencida (conf. arts. 166, CPBA; 1, 2, 12, 18, 51, 77 y ccs. de la ley 12.008 –t. seg. leyes 13.101 y 14.437-; 5 ley 13.405 y 2, ley 12.074).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31 y 51, decreto ley 8904/77.
CAUSA Nº 14142-M CCALP “ALSTOM S. A. C/TRIBUNAL FISCAL DE APELACION S/PRETENSION ANULATORIA”
En la ciudad de La Plata, a los once días del mes de Febrero del año dos mil dieciseis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, e.n Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “ALSTOM S. A. C/TRIBUNAL FISCAL DE APELACION S/PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Gustavo Daniel Spacarotel y Claudia Angélica Matilde Milanta.
El Tribunal resolvió plantear la siguiente A N T E C E D E N T E S:
La empresa actora, “Alstom Argentina Sociedad Anónima” promueve demanda contencioso administrativa impugnando la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación dictada con fecha 06.03.13 (n° 1763 Sala I), en el expediente número 2360-134.225/09 por cuerda, que, por mayoría, confirmara parcialmente la disposición delegada, n° 10.726/09, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), en todo cuanto determinara en relación con la imposición de sellos sobre el Acta de Acuerdo de Readecuación del Contrato de Provisión y Fabricación de material rodante para subterráneos, celebrado el 10.12.04 y ratificado por Decreto n° 1914/04 del Poder Ejecutivo Nacional, y la extensión de responsabilidad a los deudores solidarios.
El acto administrativo que ventila el proceso, en lo que constituye su materia decisoria, muestra que la actividad principal de la sociedad demandante comprendería, entre otras finalidades, a una manufactura integrada con “Alstom Ltda. de Brasil”, como también la plataforma de conflicto, centrada, en esencia, en la necesidad de elucidar si corresponde la aplicación del gravamen sobre el mencionado instrumento (cláusula séptima).
También una conducta administrativa en dirección a esa exigencia frente a la que la parte actora abunda en razones contrarias en su escrito de promoción.
La autoridad fiscal ubica el eje de contradicción en los términos de la cláusula séptima del acta acuerdo antes referida, celebrada entre las partes de la relación jurídica primigenia, a saber, el Estado Nacional, a través de las carteras ministeriales actuantes, “Metrovías Sociedad Anónima”, “Alstom Brasil Limitada” y la empresa actora, el 10 de diciembre de 2004 (ratificada por Decreto n° 1914/04; conf. constancias de fojas 281 y siguientes del citado expediente administrativo).
Asimismo, cabe señalar que el aludido pacto tuvo por objeto readecuar el contrato de provisión existente, celebrado en el marco de la oferta de “Metrovías S.A” y resultante del contrato de concesión del servicio que ésta, como concesionaria, presta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bajo ese contexto, sólo la mencionada cláusula séptima, en cuanto involucró un excedente (16) sobre el número original de coches, supo suscitar el litigio, dirimido a favor de la actuación de la Agencia de Recaudación Provincial por el Tribunal Fiscal de Apelación.
Esa convención otorgó al Estado Nacional un plazo de tres meses para hacer uso de la opción de fabricación de aquella cantidad excedente de material rodante (16 unidades) a cargo de “Alstom Argentina S.A.”, aunque bajo el conjunto de condiciones que enumera y a partir de la formalización de una propuesta por parte de esta última y “Metrovías S.A.” que debería efectuarse dentro del plazo de tres meses contados a partir del comienzo de ejecución del acuerdo.
Se estableció ese cálculo desde la efectivización del primer pago del cronograma del Anexo I, complementario del acta así consensuada (conf. cláusula 2).
Por otra parte, como lo expone la demanda, el trámite administrativo supo revelar la celebración de un contrato posterior, perfeccionado el 28.12.05, a cuyo instrumento remite la demandante la aplicación del tributo. No obstante, la decisión que llega a los estrados judiciales valora esa secuencia negocial, exteriorizada también como acta acuerdo y por la que se oblara el tributo de sellos.
Desde esa apreciación y con mención especial de los considerandos 7 y 8 de la misma, desestima el planteo recursivo de la actora. Lo hace a través una línea lógica que transcurre por la presencia de unos requisitos previos para el ejercicio de la opción por el Estado Nacional que éste sólo habría confirmado en esa oportunidad, quitando al suceso antecedente (acta acuerdo 10.12. 2004) toda impronta de oferta y así de relevancia como aceptación eventual a la posterior del 28.12.05. De ese modo, apreciando valorizada la opción en la cláusula séptima del acta acuerdo del 10.12.04, la autoridad fiscal estima como condiciones los requisitos enumerados en ella y por lo tanto ausente toda figura relativa a una promesa de contrato.
En esa línea, el voto de mayoría recorre antecedentes del mismo organismo de apelación en la labor de fortalecer el criterio decisorio, para afirmarse, finalmente, en la letra de los artículos 234, 235 y 236 del Código Fiscal (t. 2004) y sostener así que la sola creación material del instrumento constituiría el hecho imponible, más allá de las vicisitudes ulteriores y las condiciones del negocio.
Asimismo, da cuenta de abundante doctrina y consigna las disposiciones de los artículos 251, 257, 258 y 259 del Código Fiscal (t.o. 2011) para dar fundamento normativo a ese entendimiento.
Se clausura el tratamiento de ese aspecto de conflicto con el rechazo del argumento de ausencia de onerosidad en la cláusula 7 del acta acuerdo en análisis, con eje en los parámetros económicos que de ella derivarían, y con el de perfeccionamiento del hecho imponible, con prescindencia del acuerdo posterior del 28.12.05.
A su turno, para el cálculo de la base imponible, el acto administrativo remite al monto total de la operación, para dividirlo por las sesenta y cinco unidades fabricadas en Brasil y extraer así el monto por cada una.
Obtenido ese guarismo, establece que la multiplicación por las unidades en más (16) constituiría la suma del acuerdo. Esta, en dólares estadounidenses, en su conversión a moneda de curso legal al tipo vendedor a la fecha del acto y según los valores del Banco de la Nación Argentina, arrojaría finalmente la base del impuesto a percibir. Con esa lógica desestima el planteo de la actora en torno a este punto.
La misma suerte corre el segmento relativo a la exención del Estado Nacional, pues sostenido éste en la cantidad de partes en el contrato, que para la actora serían dos y en cambio para el fisco cuatro, el tribunal fiscal, con fundamento en el artículo 293 del Código Fiscal, considera válida la segunda exégesis, pues remite a la cantidad total de sujetos intervinientes en el instrumento.
Ello así, informada en que para todos, el negocio tendría efectos jurídicos.
En materia de intereses, la respuesta del Tribunal Fiscal se ciñe a un entendimiento que parte de un cómputo con inicio en el vencimiento de los plazos establecidos para el ingreso del impuesto, sin más.
Finalmente, en el tratamiento de la responsabilidad solidaria determinada, la resolución sujeta a control deja establecida la necesidad de superar el umbral de mero descontento para habilitar el tratamiento singular y así una tarea insuficiente en la empresa actora, pues a este respecto, el criterio decisorio valora inhábil cuanto fuera desplegado en tal sentido por ella.
No obstante, es materia de consigna el artículo 21 del Código Fiscal (t.o. 2011) y demás normas concordantes, en la faena de afirmar la validez del criterio de extensión que regula el sistema impositivo local, en relación con los integrantes de los órganos de gestión de las personas jurídicas. Tal cuanto supo sostener la autoridad administrativa de aplicación. La demanda articulada, luego de aludir al objeto múltiple de la empresa actora, refiere al contrato originario celebrado con “Metrovías S.A.” como concesionaria del servicio de subterráneos y su aprobación por el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto n° 393/99).
También a las secuencias negociales posteriores que han sido materia de consigna y a los actos administrativos traídos a proceso, para iniciar así su labor de impugnación.
Cursa por el principio instrumental en materia de sellos, en su referencia a las disposiciones que valora de aplicación, para ubicarse después en los alcances de la cláusula séptima del acta acuerdo que ventila el contradictorio.
A ese respecto, afirma que la misma carecería de todo carácter de instrumento, pues la reporta como bases para una oferta futura. El extenso desarrollo que deja expuesto el escrito de promoción tributa a esa consideración, que abona, además, con doctrina judicial a cuyo detalle remito.
Destaca, asimismo, el carácter instantáneo del impuesto de sellos y frente a ello la imposibilidad de valorar gravada la cláusula séptima como si se tratara de un instrumento negocial.
Es abundante el desarrollo crítico en tal sentido, que la demandante dirige hacia los fundamentos de mayoría contenidos en la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación.
El siguiente renglón de impugnación transcurre por la ausencia de todo perfil de condición suspensiva para el referido pacto (cláusula 7ma.). Dice la demanda acerca de la inexistencia de contrato en el acta acuerdo, pues hasta allí la fabricación adicional de material rodante habría carecido de consentimiento recíproco y por lo tanto ninguna de las partes podía exigir el cumplimiento. Ello, hasta tanto éstas lo manifestaran, una vez efectuada la propuesta de la demandante que constituyera su plataforma condicional.
Luego, en esa inteligencia, no habría promediado negocio perfeccionado, ni tampoco promesa de contrato todavía.
Es abundante el desarrollo de este tópico, siempre con tributo al mismo concepto.
Sin perjuicio de ello, el escrito de iniciación niega carácter oneroso a la referida cláusula y dice a ese respecto que no se habrían producido sobre ella los actos necesarios para verificar el sustento territorial Ubica, por todo resultado de la referida convención, la obligación suya de efectuar una oferta, referente a la construcción de los 16 coches adicionales, aunque siempre sujeta a la condición de aceptación por el Estado Nacional y carente de toda onerosidad.
A renglón seguido sitúa un desarrollo que la conduce a afirmar que la necesidad de la suscripción del acta acuerdo del 28.12.05, connotaría la prueba de la ausencia de hecho imponible en la celebrada el 10.12.04. Cuestiona, en subsidio, la base imponible aplicada, a partir de una hipótesis relativa a la fabricación parcial de los coches excedentes en la Provincia de Buenos Aires, territorio éste en el que se habría integrado el proceso productivo.
Con el mismo perfil subsidiario observa incorrecto el alcance de participación del Estado Nacional, insistiendo en la aplicación de una alícuota que contemple sólo a dos partes en el negocio jurídico. Impugna también los intereses aplicados.
Lo hace desde el supuesto de error excusable que desarrolla y en el que progresa con extensos argumentos, cerrando así su planteo inicial. El Fiscal de Estado toma intervención dando respuesta al cuadro de promoción.
En su consideración sólo cabe valorar cuanto aporta en relación con los aspectos que, decididos por el tribunal fiscal, constituyen la materia de debate a la luz de la propuesta de demanda.
El representante del fisco defiende la exégesis de la autoridad tributaria.
En esa tarea, recorre por su orden los fundamentos de la decisión del organismo de aplicación, agregando, con relación a los alcances de la cláusula séptima del acta acuerdo que reporta el caso, una alteración sustancial del objeto contractual, que sufragaría la regla de instrumentalidad relativa al impuesto de sellos, a su respecto.
En aplicación de las disposiciones que son materia de consigna en aquella resolución, sigue una línea análoga de entendimiento relativa a las condiciones contractuales y a la prescindencia de las consecuencias derivadas del negocio a los efectos de la tributación del gravamen que expone el caso.
Bajo ese orden lógico, estima legítima la apreciación de la base imponible y el cómputo de exención del Estado Nacional, siguiendo el mismo razonamiento de la autoridad de aplicación.
Contradice la presencia de una hipótesis de error excusable como fundamento de eximición del accesorio por interés, sobre la base que la sola circunstancia del defecto de ingreso, más allá de toda situación de intención o culpa, sería bastante para abastecer de condición suficiente su exigencia. La defensa del acto administrativo que ventila el contradictorio, en relación con la extensión solidaria hacia el resto de los alcanzados por la determinación efectuada, cierra la presentación del Fiscal de Estado. Así se traba el litigio.
Ese cuadro de controversia confina la labor de elucidación de este tribunal.
Esa tarea se encuentra expedita a la luz del estado de autos.
A los fines de su debida consecución el Tribunal decidió plantear la siguiente:
¿Procede la demanda promovida? En su caso, ¿bajo qué pronunciamiento?
A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
A los efectos del tratamiento de la cuestión propuesta habré de dejar sentado que el conflicto reporta un objeto confinado a la interpretación de los alcances de la cláusula séptima del acta acuerdo celebrada el 10.12.04, sin que promedien circunstancias fácticas controvertidas ni discusión sobre la existencia de ese mismo pacto, como tampoco de aquéllos sobre los cuales operara y que definieran las respectivas y recíprocas posiciones contractuales de cada uno de sus protagonistas.
El suceso judicial, limitado a ese perfil, llega, además, con las constancias del expediente administrativo agregado por cuerda, n° 2360- 134.225/09, que informa en su anexo II aquel pacto, en copia (a partir de fojas 281) y el acto determinativo y sancionatorio (Disposición n° 10.726/09; fs. 816/841 expediente citado, alcance IV).
La decisión del Tribunal Fiscal corre agregada a fojas 9/20 de estos autos.
Pues bien, anticipo que el análisis de los elementos puestos en la superficie del proceso por ambas partes y cuanto llega reconocido en él por éstas, me convence que los embates dirigidos contra la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación son procedentes.
Esa conclusión, que adelanto y que es relativa a la ausencia de hecho imponible que derive del documento sobre el que lo pretende la autoridad fiscal, convertirá en inoficioso el tratamiento de los demás aspectos de impugnación, pues derivados de esa plataforma primera y resuelta ésta en dirección favorable a la demanda, se ofrecen neutros en la decisión del caso.
Dicho ello, daré las razones que informan el criterio decisorio adelantado.
La autoridad fiscal valora irrelevante el conjunto condicional que considera presente en la cláusula convencional del acta acuerdo del 10.12.04 para definir la aplicación del gravamen sobre el acto jurídico de ejercicio del derecho de opción del Estado Nacional a la ampliación contractual, a lo que suma el perfil oneroso que aquél exhibiría, dando cuenta así de una plataforma susceptible a las prescripciones de los artículos 234 y 236 del Código Fiscal (t.o 2004) y por lo tanto de la presencia del hecho imponible que grava el impuesto de sellos.
Pues bien, la letra del pacto, sobre el que se procura la imposición, deja en claro una expresión de voluntad destinada a conceder al Estado Nacional un plazo de tres meses para hacer uso de la opción de fabricación integrada de material rodante por parte de la actora, en un total de dieciséis (16) coches adicionales, y a esa extensión bajo un conjunto condicional que los presente en igualdad de condiciones con el resto de los que fueran objeto de la readecuación pactada (65).
Cobra particular trascendencia en la redacción del convenio, según lo deja ver la misma cláusula, el inicio del plazo de ejercicio de la opción concedida, pues se lo sujeta a la formalización de una propuesta de “Alstom Argentina SA” y “Metrovías SA” que debería efectuarse dentro de los tres meses contados a partir del comienzo de ejecución del resto de las obligaciones recíprocas contempladas en el acta acuerdo, según su cláusula segunda última parte.
Esta misma remite a la efectivización del primer pago, según lo determinado en el cronograma de ejecución contenido en el anexo I. De esa redacción no se advierte el perfeccionamiento de un acto negocial relativo a la ampliación de la readecuación convenida (16 coches sobre los 65 pactados), pues lo cierto es que el texto transcripto se limita sólo a reconocer el derecho de opción de una de las partes (el Estado Nacional).
Importa pues la necesidad de un ejercicio concreto, dentro del plazo estipulado (3 meses) y que sea expuesto en una declaración de voluntad en tal sentido. Y también la propuesta previa de la contraparte (Alstom y Metrovías) en el lapso acordado, pues sobre ella debe entenderse aquel ejercicio.
Esto último, así, opera como variable necesaria de aquella reserva del Estado Nacional y supone la necesidad del consentimiento recíproco en ambas fases. Sin éste no puede considerarse reinante el perfeccionamiento instrumental que exige el artículo 235 del Código Fiscal (t.o. 2004; conf. art. 258 CF t.o. 2011).
Luego, mientras tanto no sucedan ambos eventos, expositores del consentimiento de ambas partes, la plataforma suficiente de todo contrato exigible carece de reporte de existencia.
No se ofrecen pues condiciones suspensivas o resolutorias susceptibles a la solución del artículo 236 del Código Fiscal, pues ellas exigen de un consentimiento perfeccionado del que carece el acto consensual traído a proceso.
Bajo ese escenario, todo cuanto informa el conjunto condicional bajo el cual el estado habría de ejercer la opción, en caso de hacerse ésta operativa, en los plazos estipulados y con la conformidad y propuesta mediante de la firma actora y “Metrovías SA”, carece de trascendencia en la resolución de un conflicto que muestra, en el acta del 10.12.04, un acuerdo intención que para erigirse en título jurídico exigible requería de otro que lo perfeccionara sobre esa misma base declarativa.
En los hechos, ello habría ocurrido con la celebración del acta acuerdo posterior del 28.12.05, que plasmara y consumara la declaración de intención anterior a través de un instrumento con los contornos del artículo 235 citado del Código Fiscal (t.o. 2004).
Participo del criterio que valora inexistente el hecho imponible sobre cuanto dejara expuesta la cláusula séptima del acta acuerdo del 10.12.04, con fundamento en los artículos 228, 234 y 235 del Código Fiscal (t.o. 2004; hoy arts. 251, 257 y 258 t.o. 2011), tal y como lo propusiera el voto de minoría en la resolución del tribunal fiscal de apelación que llega a esta sede.
Con ese orden de fundamentos habré de sostener mi propuesta anulatoria de la resolución determinativa n° 10.726/09 y de la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación n° 1763 Sala I, del 06.03.13, en cuanto corresponde a la materia que ventila el caso y la restitución de los desembolsos que la actora haya tenido que realizar, que habrán de determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, pues se corresponde con pagos efectuados bajo una modalidad no instantánea que así lo determina (ver fs. 99/101).
Esto último, abastecido en las consecuencias inherentes a los actos nulos (conf. arts. 1050 y ccs., C. Civil –ley 340-; actualmente arts. 390 y ccs., ley 26.994).
Tal mi pronunciamiento.
Propongo:
Hacer lugar a la demanda promovida por “Alstom Argentina Sociedad Anónima”, anular las resoluciones n° 10.726/09 de la autoridad tributaria provincial y n° 1763 de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación (06.03.13) en cuanto fueran materia de este contradictorio y ordenar la devolución de las sumas ingresadas por la actora con arreglo a los alcances precedentes, con costas del proceso a la parte demandada vencida (conf. arts. 166, CPBA; 1, 2, 12, 18, 51, 77 y ccs. de la ley 12.008 –t. seg. leyes 13.101 y 14.437-; 5 ley 13.405 y 2, ley 12.074).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Dr. Spacarotel adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. De Santis, votando en idéntico sentido.
A la primera cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Acuerdo con la solución propuesta por el Dr. De Santis, quien considera no cumplido el recaudo instrumental respecto de la cláusula séptima del Acta Acuerdo celebrada el 10-XII-2004, entre el Estado Nacional, Metrovías S.A., ALSTOM Argentina S.A. y ALSTOM Brasil Ltda, cuya imposición pretende el Fisco Provincial.
En efecto, el voto del juez que abre el acuerdo recepta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional en materia de instrumentación y autosuficiencia de los documentos para exigir las obligaciones en allí plasmadas (in re: “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.”, sent. del 15-IV-2004, Fallos: 327:1051; también “Massuh S.A.”, sent. del 17-III-2009, entre muchos otros). Al respecto, el Máximo Tribunal entiende por instrumento (siguiendo la Ley de Coparticipación, en su artículo 9, apartado II del inciso b, y su equivalente provincial, art. 258 del C.F. –TO 2011-) a toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso (causa “Shell”, citada).
Lo expuesto, revela que la pretensión fiscal luce improcedente, toda vez que se aplicaría sobre una opción (contemplada en la aludida cláusula 7ma. del Acta Acuerdo) que carece de la autosuficiencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que la integran.
En este punto, la Corte Nacional expresó –recientemente- que la determinación impositiva practicada por el Fisco local se halla en contradicción tanto con lo dispuesto en el Código Fiscal de la provincia, como en la ley de coparticipación federal de impuestos, que exigen que el instrumento gravado revista los caracteres de un título jurídico con el que se pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones "sin necesidad de otro documento" (en autos “Grainco Pampa S.A.”, sent. de. 25-III-2015, Expte. G.
809. XLIX. Rex).
Tampoco se aprecia que la opción consagrada a favor del Estado Nacional revista la naturaleza de una condición suspensiva o resolutoria, como las contempladas en el artículo 259 del Código Fiscal –T.O. 2011-, sino que aquella se encuentra supeditada a la voluntad de una de las partes y requiere necesariamente de su participación para la formalización de un nuevo acuerdo (v. la solución prevista en el art. 287, 4° párr., para las prórrogas contractuales que dependen de la voluntad de una o ambas partes).
Resta agregar, que la falta de instrumentación y autosuficiencia de la mentada cláusula queda en evidencia, a poco que se advierte que las partes -individualizadas precedentemente- tuvieron la necesidad de celebrar un nuevo acuerdo con posterioridad para hacer uso de la opción aludida (v. Acta Acuerdo del día 28-XII-2005), el que tributó el impuesto correspondiente.
Con las consideraciones adicionales efectuadas, adhiero a los fundamentos expuestos por el juez del primer voto y doy el mío en idéntico sentido.
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se hace lugar a la demanda promovida por “Alstom Argentina Sociedad Anónima”, anulando las resoluciones n° 10.726/09 de la autoridad tributaria provincial y n° 1763 de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación (06.03.13) en cuanto fueran materia de este contradictorio y ordenando la devolución de las sumas ingresadas por la actora con arreglo a los alcances precedentes, con costas del proceso a la parte demandada vencida (conf. arts. 166, CPBA; 1, 2, 12, 18, 51, 77 y ccs. de la ley 12.008 –t. seg. leyes 13.101 y 14.437-; 5 ley 13.405 y 2, ley 12.074).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31 y 51, decreto ley 8904/77.
Regístrese y notifíquese por Secretaría.
Gustavo Daniel Spacarotel Juez Gustavo Juan De Santis Juez Claudia A.M. Milanta Juez Dra. Mónica M. Dragonetti Secretaria REGISTRADO BAJO EL Nº 25 (S).
Fin de la sentencia