Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Morón · Causa MO-19015-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar - a pedido de la parte actora - LA INCONSTITUCIONALIDAD del plazo de caducidad previsto en el art. 2 inc. "j" de la Ley N° 15.057 por los fundamentos precedentemente expuestos, y rechazar la excepción opuesta por la aseguradora demandada, por haber la parte actora interpuesto la acción ordinaria que prevé el art. 2 inc "j" de la Ley 15.057 (art. 12 de la Ley 15.057; SCBA Causa L. 131.700 "Magliano"). Costas a la demandada perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios para el momento del dictado de la Definitiva (art. 24 de la Ley N° 15.057).-
2Hacer lugar al pedido de citación de tercero fomulado por la demandada y disponer la citación al proceso en calidad de tercero de "LAS CARLOTAS S.A." (Art. 94 C.P.C.C) quien deberá comparecer a contestar dentro del décimo día de notificado, bajo apercibimiento de lo normado por el art. 96 del C.P.C.C.- Costas en el orden causado, en atención al modo que se resuelve la presente cuestión, y a la complejidad del tema abordado (arts. 124 y 89 ley 15.057 y art. 68 del CPCC).-
3Intimar a la demandada para que dentro del décimo día de notificado confeccione y acredite el diligenciamiento de la cédula de citación de tercero, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la citación solicitada (arts. 12 de la ley 15.057).-
" ALTAMIRANO CLAUDIA GISELA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 (2) ".- Exp. Nº : MO-19015-2024 .-
En la ciudad de Morón, en la fecha y hora consignadas en las referencias de firma digital impuestas al pie, se reúnen las Señoras Jueces del Tribunal del Trabajo N° 1 de Morón, a fin de resolver, en los autos caratulados: ALTAMIRANO CLAUDIA GISELA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 (2) , MO-19015-2024 resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en el siguiente orden: Dras. Verónica Luján Sanchez, Carolina Noale y María Florencia Blanco Kühne, las siguientes:
PRIMERA : ¿Corresponde hacer lugar a la caducidad de los plazos previstos en el art. 2 inc. j de la ley 15.057 opuesta por la demandada?
SEGUNDA: ¿Corresponde hacer lugar a la citación de tercero solicitada por la accionada?
A LA PRIMERA CUESTION : La Sra. Juez Dra. Verónica Luján Sanchez, dijo:
Se presenta la demandada FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U., y en el punto III. de su contestación de demanda, plantea que ha operado la caducidad del plazo estipulado para interponer la acción, conforme lo normado por el art. 2 inc. j de la Ley 15.057.-
Corrido el correspondiente traslado de ley, la parte actora evacua el traslado del art. 34 de la Ley Foral, solicita el rechazo del planteo efectuado por la contraria, para lo cual peticiona se tache de inconstitucional la norma en cuestión.-
Resultando la defensa articulada una cuestión susceptible de ser abordada como de previo y especial pronunciamiento conforme lo previsto por el art. 36 inc. d) de la Ley 15.057, pasan estos obrados al Acuerdo a resolver.-
Ahora bien, con la entrada en vigencia del art. 2 inc. j de la Ley 15.057 y de acuerdo a lo establecido por el art. 103 de la citada norma, el legislador provincial desplazó al sistema recursivo previsto por el art. 2 de la Ley 27.348, permitiendo al trabajador interponer ante la justicia del trabajo una acción laboral ordinaria dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la CMJ, bajo apercibimiento de caducidad, debiendo acompañar los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa.-
En efecto, la demandada acompañó como documental adjunta (v. escrito de fecha 07/06/2024), la disposición de alcance particular (D.A.P.) emitida por el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Medica Jurisdiccional en fecha 20 de Diciembre de 2023 por la cual se ha puesto fin al proceso administrativo N° 495182/23 (cfr. Res. SRT 899-E/18), instrumento a partir del cual corresponde computar a todo evento el plazo de caducidad que contiene la norma del art. 2 inc. j) de la ley 15.057 como requisito de admisibilidad de la instancia judicial. De igual forma, de la copia del expdte. adm. remitido por la S.R.T. con fecha 04/07/2024, se desprende de la foja 81 "Constancia de notificación", que el mentado acto administrativo fue notificado a las partes en la misma fecha de su emisión.-
Conforme surge de las constancias emergentes del referido instrumento y considerando la fecha de interposición de la demanda -esto es en fecha 7 de Junio de 2024-, conforme la certificación efectuada por el Actuario, cabe colegir que la parte actora ha deducido la acción laboral ordinaria de revisión del art. 2 inc. j) ley 15057 fuera de los términos que la citada refiere.-
Sin embargo la cuestión a resolver, se enmarca en forma excluyente dentro del plexo normativo del Derecho del Trabajo, cuyos postulados y principios, informan la legislación laboral, no siendo dable entender e interpretar un artículo o norma de manera aislada; más aún cuando ella se opone y contradice expresamente a otras de rango superior; debiendo por ello ser analizada -incluso de oficio-, la constitucionalidad de la misma.-
Ante todo se impone destacar que sin perjuicio de las regulaciones establecidas para los casos previstos específicamente en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, sus modificatorias, decretos y resoluciones de la S.R.T. que regulan dichos trámites, no podemos perder de vista que esencialmente dicha materia, debe guardar coherencia y armonía con la Ley de Contrato de Trabajo, constituyendo sus disposiciones un piso a partir del cual deben ser analizados los derechos y obligaciones de las partes.-
Y si bien el artículo en análisis establece un plazo perentorio de noventa (90) días hábiles para que el damnificado pueda interponer válidamente la acción ordinaria, computado entre la fecha de notificación de la Disposición de Alcance Particular y el ingreso de la acción ante la Receptoría de Expedientes, a tal determinación se opone en forma categórica el art. 259 de la L.C.T., cuando establece que no habrá otros modos de caducidad que los que resultan de ella; abarcando en consecuencia, todo el espectro casuístico posible que involucran la relación laboral de un trabajador con su empleador y los reclamos por accidentes y enfermedades profesionales por parte de éste último mencionado en el art. 75 de la misma legislación-, y en las cuales intervienen las aseguradoras de riegos del trabajo.-
Mas aún, y específicamente, el art. 44 de la L.R.T. al legislar la cuestión de la prescripción, señala en el apartado 1) que: "Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral". No hay lugar a dudas -conforme surge de los términos de la presentación liminar-, que la acción promovida deriva de la Ley de Riesgos de Trabajo, debiendo tramitar en consecuencia, bajo las normas que ella estableció.-
El mentado artículo 2 inc. "j" de la Ley 15.057, introduce indebidamente una norma procesal que modifica sustancialmente la legislación de fondo. Es por ello que adelanto mi opinión en cuanto entiendo que el plazo de caducidad allí previsto, cercena el acceso a la jurisdicción, el derecho a la propiedad y a una tutela judicial efectiva (art. 17 y 18 de la CN; arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica)., toda vez que, de aceptarse como perentorios y fatales, implicarían en nuestro derecho atribuir a la función administrativa, una certeza y valor de cosa juzgada, equivalente a la función judicial, que altera la interdicción prescripta en el art. 109 de la Constitución Nacional.-
En efecto, como dijera al principiar la cuestión, en el ámbito del derecho del Trabajo, todos los institutos normativos deben observarse bajo el prisma de los principios rectores de la materia.-
En esa inteligencia, la especial y preferente tutela que en materia constitucional se le ha conferido al trabajador, debe condicionar, de modo cierto, el análisis del instituto de la caducidad.-
Así, con independencia del plazo que el artículo en análisis establece, es palmaria la contraposición que la norma procedimental guarda respecto de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, entendida como un piso mínimo indisponible a los derechos del trabajador, puesto que la inacción de aquel nunca podría ser interpretada como la renuncia al ejercicio de un derecho en su favor (v. art. 58 de la Ley N° 20.744), más aun cuando tal proceder no la contempla la legislación de fondo.-
Si bien es cierto que es potestad privativa de los Estados Provinciales reservar al estado federal la creación de sus propios reglamentos en materia procedimental (arts. 5 y 121 de la CN), éstas no pueden contraponerse con las prerrogativas de índole federal, so pena de incurrir en violación al principio de Supremacía Constitucional.-
El plazo establecido en el art. 2 inc. "j" de la Ley N° 15.057, cuyo vencimiento acarrea la caducidad del derecho del trabajador, a instar la acción, pone al colectivo de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires en una situación desventajosa respecto de otros en relación al ejercicio de su derecho constitucional de acceso a la justicia, igualdad y defensa en juicio. (arts. 16, 18, 31, 75 inc. 22 de la CN, 8 del Pacto de San José de Costa Rica).-
Para más, resulta dable destacar que ésta cuestión ha sido tratada y resuelta recientemente por la S.C.J.B.A., en el sentido que aquí se dispone, por lo que no cabe más que remitir a los fundamentos vertidos por la mayoría de los Ministros, a cuya lectura remito, en honor a la brevedad. (Causa L. 131.700 "Magliano").-
Es por todo lo expuesto que, si mi opinión es compartida, propongo declarar la inconstitucionalidad del plazo de caducidad previsto en el art. 2 inc. j) de la Ley N° 15.057 (arts. 12 de la L.O.) y rechazar la excepción opuesta por la aseguradora demandada, por haber el accionante interpuesto la acción ordinaria que prevé el art. 2 inc j de la Ley 15.057.-
Debiendo, consentida la presente, seguir los autos según su estado.-
Costas a la demandada perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios para el momento del dictado de la Definitiva (art. 24 de la Ley N° 15.057).-
ASI LO VOTO :
Las Sras. Jueces Dras. Carolina Noale y María Florencia Blanco Kühne, votaron en igual sentido por compartir los fundamentos. -
A LA SEGUNDA CUESTION : La Sra. Juez Dra. Verónica Luján Sanchez, dijo:
I. Que, en lo que aquí interesa, la demandada - en el pto. V. de su contestación - solicitó se cite a quien fuera el empleador del actor al momento del siniestro reclamado: "LAS CARLOTAS S.A.", por cuanto - según afirma la aseguradora - el actor no se encontraba dentro de la nómina de trabajadores registrados de la citada empresa.-
Corrido el correspondiente traslado de ley, la parte actora, si bien evacua el traslado del art. 34 de la Ley Foral, guarda silencio al respecto, no mediando oposición, y quedando los presentes actuados en estado de resolver la incidencia incoada.-
II. Es cierto que la citación de tercero es una medida que debe ser impuesta con criterio restrictivo y existiendo un interés legítimo que así lo exija, tiene lugar cuando la controversia es común según la naturaleza del juicio, o sea, cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de una manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado.
En efecto, la citación de tercero obligado es un instituto de aplicación restrictiva y excepcional, que tiene como característica esencial la posibilidad de traer a juicio a aquel a cuyo respecto se considere que la controversia le es común, o cuando la parte en el caso de ser vencida se halle habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero, debiendo acreditar quien pide la citación el interés que tiene para hacerlo intervenir en el proceso.-
III. Analizando los fundamentos expuestos por la demandada para la citación peticionada, considero que dado que ante una eventual condena a la Aseguradora aquí demandada, la misma podría llegar a repetir contra aquella persona que se sindica como empleador del accionante, entiendo que resulta justificado la citación de tercero de aquél ante una eventual acción de repetición (art. 28 y conc ley 24.557).
Por ello, propongo hacer lugar a la citación de "LAS CARLOTAS S.A." solicitada por FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. (v. pto. V. del escrito de fecha 06/03/2025) y en los términos del art. 94 del CPCC, debiendo intimarse a la demandada a que confeccione y acredite el diligenciamiento de la cédula de citación de tercero en el término de diez días, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la citación (arts. 12 de la ley 15.057).-
IV. En atención al modo que se resuelve la presente cuestión, y a la complejidad del tema abordado propongo que se impongan las costas en el orden causado. (arts. 124 y 89 ley 15.057 y art. 68 del CPCC).-
ASI LO VOTO :
Las Sras. Jueces Dras. Carolina Noale y María Florencia Blanco Kühne, votaron en igual sentido por compartir los fundamentos. -
POR ELLO :
EL TRIBUNAL DEL TRABAJO NRO. 1 DE MORON
1. DECLARAR - a pedido de la parte actora - LA INCONSTITUCIONALIDAD del plazo de caducidad previsto en el art. 2 inc. "j" de la Ley N° 15.057 por los fundamentos precedentemente expuestos, y RECHAZAR la excepción opuesta por la aseguradora demandada, por haber la parte actora interpuesto la acción ordinaria que prevé el art. 2 inc "j" de la Ley 15.057 (art. 12 de la Ley 15.057; SCBA Causa L. 131.700 "Magliano"). Costas a la demandada perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios para el momento del dictado de la Definitiva (art. 24 de la Ley N° 15.057).-
2. HACER LUGAR al pedido de citación de tercero fomulado por la demandada y disponer la citación al proceso en calidad de tercero de "LAS CARLOTAS S.A." (Art. 94 C.P.C.C) quien deberá comparecer a contestar dentro del décimo día de notificado, bajo apercibimiento de lo normado por el art. 96 del C.P.C.C.- Costas en el orden causado, en atención al modo que se resuelve la presente cuestión, y a la complejidad del tema abordado (arts. 124 y 89 ley 15.057 y art. 68 del CPCC).-
3. INTIMAR a la demandada para que dentro del décimo día de notificado confeccione y acredite el diligenciamiento de la cédula de citación de tercero, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la citación solicitada (arts. 12 de la ley 15.057).-
4
Firmas
Funcionario firmante: SANCHEZ Veronica Lujan - JUEZA
Funcionario firmante: NOALE Carolina - JUEZ
Funcionario firmante: BLANCO KÜHNE Maria Florencia - JUEZ
Funcionario firmante: PEREZ Evelyn Soledad - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1964-2026
Fin de la sentencia