Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-863/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Héctor Delfín Altamirano en PE794772-2023, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-863/23-TSJ Sentencia N°: 1152 Actor: ALTAMIRANO HÉCTOR DELFÍN Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 10/07/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1152 FOLIO Nº 3760/3763 PROT. ELECT. TSS1 009 C.241
Río Gallegos, 10 de julio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ALTAMIRANO HECTOR DELFIN C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° A-863/23-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver sobre la admisibilidad formal de la acción, de conformidad con lo estatuido en el artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600.-
El Sr. Héctor Delfin Altamirano, con el patrocinio letrado del Dr. Héctor Marcelo Magallán, promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz -en adelante CPS- con el objeto de que: “…se revoque y deje sin efecto el criterio establecido en el escrito de fecha 09 de junio de 2021, que acompaño como documental, por medio del cual se dispone no depositarme los haberes a mi cuenta sueldo, beneficio del retiro Voluntario Policial Nº 260.078/06 (Acuerdo con Expte. Nº 255.916/2015), por tener una condena penal. A los efectos del revocamiento solicitado en el párrafo que antecede solicito la Inconstitucionalidad de los art[s] 12 y 19 inc 4° del Código Penal y del art. 120 de la Ley Nº 1782…” (cfr. PE794772-2023, pág. 1).- En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, dice que presentó: “…dos acciones judiciales (“Altamirano Héctor Delfino (sic) c/ La Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Amparo - Medida Cautelar” Expte. Nro. 20938/2021, y “Altamirano Héctor Delfino (sic) c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Ejecutivo” Expte. Nro. 21309/2022) y ambas fueron rechazadas, por lo que tengo por agotada la vía administrativa.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Respecto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 120 de la Ley Nº 1782 y de los artículos 12 y 19 inc 4º del Código Penal, aduce que resultan violatorios del artículo 14 bis, en cuanto debe percibir sus haberes, por ser un derecho adquirido; del art. 17 por menoscabar su derecho de propiedad, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos integrados al bloque constitucional (art. 75 inc. 22), en cuanto prohíben la aplicación de normas que constituyan muerte civil para los ciudadanos. Dice que, se ha sostenido que la aplicación de las normas atacadas constituyen una pena ilegítima en cuanto agravan la sanción impuesta mediante sentencia, imponiendo inhabilidades que nada tienen que ver con la rehabilitación del condenado, como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que agregan medidas estigmatizantes y discriminatorias que sólo son justificables si lo que se busca es el castigo y la venganza (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Manifiesta que: “…es un adulto mayor que no se encuentra físicamente capacitado para trabajar, que tiene una jubilación a la que accedió legítimamente y se le impide gozar de la misma agravando su estado de vulnerabilidad, en contra de lo prescripto en la ley de ejecución penal…” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Por último, ofrece prueba y solicita que se revoque y se deje sin efecto el acto administrativo que, según indica, le impide hacer uso y goce de sus haberes jubilatorios (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
II. En PE1293261-2024, se presenta la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su gestora procesal, Dra. Carla Agustina Téllez -ratificada su gestión en PE821541-2024- contestando la demanda instaurada y solicitando su rechazo (cfr. ESC00297870.pdf., págs. 1/2).-
Luego de realizar una negativa general y particular de los hechos contenidos en la demanda, la accionada detalla los principales actos que surgen de las actuaciones administrativas caratuladas: “Altamirano Héctor Delfín s/ Jubilación Ordinaria”, Expte. N° 260.078/06 -en adelante el expediente administrativo- (cfr. PE y pdf. cits., págs. 4/5).-
Así, la demandada precisa que con fecha 15 de septiembre del 2014 se anexó al expediente administrativo el Oficio N° 983/14, librado en los autos caratulados: “Altamirano Héctor Delfin s/ Infracción a los Arts. 79 y 41 bis. del C.P. -Incidente de Ejecución-”, Expte. N° 3533/13, en trámite por ante la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, informando que mediante Sentencia registrada al Tomo XXXII, Reg. 859, Folio 001/006, se condenó al aquí actor a la pena de doce (12) años de prisión por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (cfr. PE y pdf. cits., págs. 5/6).- Agrega, que la situación del actor quedó circunscripta a lo normado en el artículo 119 de la Ley N° 1.782 y modif., en función de los prescripto por lo artículos 12 y 19 inc. 4 del Código Penal y, en consecuencia, los derechohabientes del nombrado solicitaron subrogarse en sus derechos provisionales, trámite que se encauzó en autos: “Bordón Zulma Mariela s/ Subrogancia Derecho Pensional a favor de Altamirano Paula Camila - Art. 119/ Ley 1782”, Expte. N° 254.406/15 (cfr. PE y pdf. cits., págs. 6/7).-
Afirma, que mediante Acuerdo CPS N° 1917/15 del 6 de agosto del 2015 se dispuso, en los términos del artículo 119 de la Ley Nº 1782 y modificatorias, subrogar el beneficio del retiro voluntario policial otorgado al actor a favor de tres hijas, todo ello a partir del 17 de marzo del 2014. Luego, expresa que el 16 de octubre del 2018 se presenta el titular del beneficio jubilatorio, solicitando información acerca del trámite que debía realizar para cobrar sus haberes. Ante dicha petición, detalla que el Organismo Previsional le informó al accionante que hasta tanto se contara con información fehaciente respecto a su situación procesal en la mencionada causa penal, continuaría efectivizando el beneficio mediante la subrogancia dispuesta (cfr. PE y pdf. cits., págs. 7/8).- Dice la parte demandada, que en el marco del precitado Incidente de Ejecución, mediante Interlocutorio del 16 de noviembre del 2020 -registrado al Tomo XXVI, Reg. 3017, Folio 005/006-, se le otorgó al actor, a partir del 17 de noviembre del 2020, la libertad condicional dejándose constancia que el mencionado instituto penal no implica una modificación de la condena sino, por el contrario, una forma de cumplimiento de la misma (cfr. PE y pdf. cits., págs. 8/9).-
Sostiene el Organismo Previsional, con base en la interpretación armónica del artículo 119 de la Ley N° 1782 y modif. y artículo 12 del Código Penal, que: “…la Libertad Condicional en favor de Altamirano Héctor Delfín, no es relevante ni modifica la subrogancia del beneficio, siendo que podrá rehabilitar su beneficio -con la percepción de haberes correspondientes- una vez que haya cumplido la totalidad de la pena. Que no corresponde a una decisión deliberada y arbitraria por parte de la Caja de Previsión Social, que en los considerandos del otorgamiento de la libertad condicional, el magistrado es muy claro en cuanto a que el instituto de la Libertad Condicional no implica una modificación de la condena sino una forma de cumplimiento de la misma […] el otorgamiento de la libertad condicional, no es relevante para la Caja de Previsión Social ni para el sistema judicial -en cuanto se trate de derechos previsionales- porque para volver a percibir normalmente los haberes que nacen del beneficio jubilatorio deberá cumplir la totalidad de la pena […] Su condición de libertad condicional, no suspende la inhabilidad dispuesta por la Legislación Provincial/Nacional, sin existir vulneración alguna de derechos sustanciales a la prestación conforme lo expresa la parte.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 11/13).-
III. A su turno, el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina que: “…A poco de analizar lo acontecido en autos, vemos que el reclamante …no ha podido agotar la vía administrativa, por no existir un acto administrativo que pueda ser objeto de impugnación, pues la nota que invoca de fecha 09 de junio de 2021 firmada por el Jefe del área Jurídica de la demandada no resulta ser un acto administrativo que cause estado [...] En cuanto al pedido de inconstitucionalidad del art 120 de la Ley N° 1782 sobre jubilaciones y pensiones y de los arts. 12 y 19 inc. 4 del Código Penal, a criterio del suscripto no debe prosperar […] esta Fiscalía entiende que al no haber acto administrativo objeto de impugnación, no se encuentra formalmente habilitada la vía contencioso administrativa, debiendo ese Alto Cuerpo declarar inadmisible dicha pretensión, en función de lo previsto en el art 61 inc. a) y d) de la ley 2600.” (cfr. PE1325100-2024, págs. 2/3).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE812266-2024.-
IV. Sabido es que como paso previo a la dilucidación del fondo de la cuestión es presupuesto procesal inexcusable el análisis de determinadas circunstancias relacionadas con la admisibilidad del proceso. Es procesalmente ilógico enjuiciar y decidir una pretensión cuyo planteamiento no puede legalmente admitirse (cfr. Sesin, Domingo J., “El contencioso de Córdoba y la habilitación de instancia”, en Sesin, Domingo J. (Director), “La admisibilidad del Contencioso Administrativo: Requisitos esenciales - Causales de inadmisión”, 1ª ed., Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2011, pág. 7).- Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha realzado la conveniencia de un pronunciamiento previo sobre la procedencia de la demanda, calificándolo como uno de los trámites procesales más importantes dentro de todo litigio contencioso administrativo.
Ello, por cuanto implica un beneficio para los litigantes, al evitarse dilaciones y gastos de un litigio, al que de otra manera se verían expuestos por tener que esperar el final del mismo, corriendo el riesgo de la declaración y el rechazo de la demanda por improcedente (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo IV, Reg. 307, Folio 687/689, entre otros).- Desde esa óptica, uno de los presupuestos básicos que hace a la procedencia de la acción intentada es el agotamiento previo de la vía administrativa (cfr. Interlocutorio cit. y art. 61, inc. d, del CPCA, Ley Nº 2600). Esta exigencia es de origen constitucional en la Provincia de Santa Cruz (cfr. art. 132, inc. 2° de la Constitución Provincial) y su recepción a nivel legal, para el supuesto de impugnación de un acto de alcance particular, se encuentra contemplada en el artículo 23 de la Ley N° 1260 y en el artículo 5° del CPCA, Ley N° 2600 (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1087, Folio 3470/3473, entre otros).- En ese orden de ideas, este Tribunal ha dicho que: “Dado el carácter revisor de esta jurisdicción, antes de acudir a la instancia judicial resulta indispensable agotar previamente la vía administrativa. La exigencia de la reclamación administrativa previa, tiene por objeto sustraer a los entes estatales de la instancia judicial, en una medida compatible con la integridad de los derechos, evitando juicios innecesarios (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo VI, Reg. 401, Folio N° 1008/1010, voto de la mayoría; XI, Reg. 738, Folio 2086/2089 y XIV, Reg. 914, Folio 2694/2697, entre otros)” (cfr. Interlocutorio cit.).- Y también: “‘Es necesario mencionar que el procedimiento administrativo impugnador tiene ‘...por finalidades: a) producir una etapa conciliatoria previa al proceso administrativo, b) dar a la Administración la posibilidad de revisar el acto y de corregir un eventual error; c) promover el control de legitimidad y conveniencia de los actos de los órganos inferiores, constituyendo indudablemente un medio de control por parte del superior, del desempeño de sus subordinados, d) facilitar la tarea del órgano judicial, llevando ante él una controversia ya planteada; e) incorporar al eventual proceso la especialización y experiencia técnica que suele existir en la Administración...; f) permitir al particular exponer y fundamentar su pretensión con menores exigencias formales y de plazos de las vigentes en el proceso, y hacerlo en principio en forma gratuita...’…’ (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 906, Folio 2663/2668)” (cfr. Interlocutorio cit.).- Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el actor persigue, según indica, la revocación del criterio establecido en el escrito emanado el 9 de junio del 2021 del Área Jurídica de la CPS, por el que se informa el fundamento de la negativa concerniente al depósito de sus haberes previsionales.-
Así, debe recordarse que bajo el Titulo II “Agotamiento de la Vía Administrativa”, el CPCA, Ley Nº 2600, prescribe que para la promoción de las acciones reguladas en esta ley es necesaria, entre otras cosas, la existencia de una decisión administrativa definitiva (cfr. art. 5º), la que es conceptualizada como aquella que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y que, siendo de trámite, impide totalmente la continuación del procedimiento, quedando excluidas las relativas a tramitación, procedimiento y las que recaigan sobre cuestiones incidentales (cfr. art. 6º).- En efecto, este Alto Cuerpo sostuvo que: “El acto definitivo resuelve, directa o indirectamente, la cuestión de fondo planteada en un procedimiento, refleja la voluntad concreta de la Administración y produce los efectos jurídicos deseados por ella acerca de dicha cuestión y se opone, conceptualmente, al acto preparatorio o de mero trámite, que ni contiene ni expresa la voluntad de la Administración respecto de aquella cuestión, ya que concurre meramente a formularla (cfr. Quiles Buteler, Tristán M., “Agotamiento de la Vía Administrativa. Causación de estado”, en Sesin, Domingo J. (Director), “La Admisibilidad del Contencioso Administrativo: Requisitos esenciales, Causales de inadmisión”, 1ª ed., Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2011, pág. 157)” (cfr. Interlocutorio cit.).- En conclusión, mediante la pretensión bajo examen el accionante no impugna judicialmente una manifestación administrativa que haya decidido sobre el fondo del asunto en cuestión, es decir, la opinión del Servicio Jurídico de la Caja de Previsión Social (cfr. PE794772-2023) no resulta equiparable a una decisión de la administración que cause estado y, en consecuencia, la demanda instaurada no logra sortear el examen de admisibilidad formal.-
Esta suerte adversa también resulta extensible al planteo que -en prieta síntesis- introduce el actor en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 120 de la Ley Nº 1782 y modif. y de los artículos 12 y 19 inc. 4) del Código Penal, ya que al no prosperar la demanda resulta inconducente expedirse sobre dicho planteo.-
V. Que, en virtud de lo expuesto, y conforme lo normado por el artículo 61, inciso d), del CPCA, Ley N° 2600, corresponde declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Héctor Delfín Altamirano en PE794772-2023, imponiendo las costas en el orden causado de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Héctor Delfín Altamirano en PE794772-2023, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívense los presentes autos.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1152 Folio N°: 3760/3763 Secretaría: 1
Fin de la sentencia