Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2025-76093954-APN-SGAI#TFN
I. Que, mediante el IF-2025-76093896-APN-DTD#JGM se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inciso b), de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), contra la Resolución N° 74/2025 (DV RRGC), de fecha 24/06/2025, dictada por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Control Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Que, mediante la citada resolución, se determinó de oficio, con carácter parcial, el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018, estableciéndose la obligación de ingresar la suma de $1.069.640.339,47, con más intereses resarcitorios por $4.216.037.314,58, sin perjuicio de los que correspondieran hasta la fecha de su efectivo pago. Asimismo, se aplicó una multa por $1.069.640.339,47, equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto presuntamente omitido, con sustento en el artículo 45, inciso a), de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
La recurrente relata que, con fecha 13/11/2018, puso en conocimiento del organismo recaudador que había presentado la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018 -01/07/2017 al 30/06/2018- aplicando los mecanismos de ajuste por inflación impositivo previstos en el Título VI y en los artículos 83 y 84 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Expone que la tasa efectiva del impuesto, sin la aplicación del ajuste por inflación, asciende al 58,08%, por lo que el gravamen determinado sin considerar dichos mecanismos correctivos, ni la reexpresión de las amortizaciones impositivas establecida en los artículos 83 y 84 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (en adelante, LIG), insume una porción sustancial de la renta de la sociedad.
Afirma que ello excede cualquier límite razonable de imposición y configura un supuesto de confiscatoriedad que lesiona derechos y garantías de raigambre constitucional, en particular, los consagrados en los artículos 14, 16, 17, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional. Cita, en apoyo de su postura, el precedente “Candy” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya doctrina entiende aplicable al caso.
En relación con la presentación mencionada, señala que el Fisco impugnó la deducción correspondiente al ajuste por inflación impositivo derivado de la aplicación del Título VI y de la reexpresión de las amortizaciones impositivas conforme a los artículos 83 y 84 de la LIG, por la suma total de $1.069.272.807,35. Asimismo, refiere que el Fisco Nacional también impugnó la deducibilidad de determinados gastos que consideró vinculados con rentas “no computables” percibidas por la sociedad durante el ejercicio fiscal -correspondientes a dividendos cobrados por sus tenencias accionarias en entidades locales-, por la suma de $367.532,12. Respecto del primero de los cargos formulados, sostiene que el organismo recaudador afirmó, a su criterio infundadamente, que no se encontraban reunidos en el caso los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy S.A.” para la configuración de un supuesto de confiscatoriedad que justificara la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación, cuya utilización se encontraba suspendida para el período fiscal 2018.
Manifiesta que, según el criterio de la administración fiscal, dicho precedente resultaría aplicable únicamente al período fiscal 2002, por cuanto habría respondido a una “situación económica concreta y excepcional”. Frente a dicha interpretación, invoca diversos pronunciamientos posteriores que, según afirma, habrían extendido la doctrina allí sentada a otros períodos fiscales.
Indica que el organismo recaudador validó los cálculos efectuados por la contribuyente respecto de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo previstos en el Título VI y en los artículos 83 y 84 de la LIG, así como el cálculo del “ratio de confiscatoriedad”, que asciende al 58,08%. Sin embargo, sostiene que, a criterio del Fisco, en el precedente “Candy” la Corte Suprema tuvo por configurado un supuesto de confiscatoriedad cuando la carga tributaria alcanzaba el 62% de la renta, porcentaje que no se verificaría en el presente caso. En tal sentido, señala que, según la Administración Tributaria, la alícuota efectiva del impuesto ascendería al 47,29% -sin considerar la actualización de las amortizaciones-, frente al 58,08% calculado por la contribuyente. Añade que, a criterio del organismo fiscal, dicha diferencia obedecería a la inclusión, en el cálculo efectuado por la actora, de elementos no admitidos por la normativa vigente.
Por otra parte, recuerda que, con fecha 13/06/2023, en los autos “Aluar Aluminio Argentino SAIC s/recurso de apelación” (EX-2021-123459521-APN-SGAI#TFN), este Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia mediante la cual revocó un ajuste idéntico al aquí cuestionado, correspondiente al período fiscal 2015, y tuvo por acreditado el supuesto de confiscatoriedad invocado por la contribuyente, en los términos del precedente “Candy S.A.” y de posteriores pronunciamientos de la Corte Suprema, con una tasa efectiva de imposición del 48,56%, incluso inferior a la que se verificaría en el período fiscal 2018 aquí involucrado.
Añade que, en el marco del recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional contra dicha sentencia, la representación fiscal reconoció expresamente que la doctrina del precedente “Candy S.A.” de la Corte Suprema no comprendía únicamente los efectos derivados de la aplicación del Título VI, sino también aquellos derivados del cómputo de las restantes actualizaciones previstas en la LIG, entre ellas, la actualización de las amortizaciones de bienes de uso.
Sobre el particular, cita el precedente “Telefónica de Argentina S.A.” de la Corte Suprema y sostiene que, en el memorial de agravios presentado por el Fisco en aquellas actuaciones, existió un expreso reconocimiento de la doctrina jurisprudencial derivada de dicho precedente y un abandono del criterio que la desconocía. Afirma que ello configura un supuesto de “acto propio” de la Administración, susceptible de producir efectos jurídicos en atención a la forma y alcance de las manifestaciones efectuadas.
Sostiene que dicho pronunciamiento se encuentra firme y ha producido efectos de cosa juzgada, conforme surge de la sentencia de fecha 11/07/2024 dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero, en los autos “Aluar Aluminio Argentino SAIC (TF 123459521-I) c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo” (Expte. N° 43550/2023).
A la luz de lo expuesto, considera que el argumento sostenido por el Fisco en la resolución apelada resulta inoponible a la contribuyente, por cuanto evidencia, a su entender, un criterio arbitrario y contradictorio, contrario a la teoría de los actos propios y violatorio de los principios constitucionales de buena fe, seguridad jurídica, confianza legítima y razonabilidad.
Asimismo, señala que las singulares condiciones económicas que atravesó nuestro país durante el año 2002 tuvieron una significativa incidencia en los resultados contables e impositivos de los contribuyentes, tal como habría quedado acreditado en el precedente “Candy S.A.”. No obstante, sostiene que la jurisprudencia del Máximo Tribunal, tanto la relativa a dicho ejercicio fiscal como la correspondiente a períodos posteriores, no permite sustentar la interpretación propiciada por el organismo recaudador.
Recuerda, en tal sentido, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido acerca de la inaplicabilidad de las normas que impiden la utilización de los mecanismos de ajuste por inflación en la liquidación del impuesto, tanto respecto de los previstos en el Título VI como de aquellos contemplados en otras disposiciones de la LIG, con relación a períodos fiscales distintos del año 2002, entre ellos, los correspondientes a los años 2010, 2012, 2014 y 2016.
Expone que tanto el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en el Título VI de la LIG como aquellos establecidos fuera de dicho Título -artículos 19, 58, 61, 83, 84, 89, entre otros- integran, en su conjunto, el denominado “sistema de ajuste por inflación”, cuyo adecuado funcionamiento debe ser considerado de manera integral e interdependiente.
Cita precedentes del Alto Tribunal en los que se habría tenido por configurada una absorción sustancial de la renta frente a tasas efectivas de imposición inferiores al 62%; entre ellos, “Leiner Davis Gelatin Argentina c/ Estado Nacional y otro s/ acción declarativa”, sentencia del 30/10/2012, en la que se habría considerado una tasa efectiva del gravamen del 47%, y, más recientemente, “Paolini Hnos. S.A.”, sentencia del 21/05/2024, en la que dicha tasa habría ascendido al 43%.
En tal sentido, plantea que la confiscatoriedad derivada de la falta de aplicación íntegra de los mecanismos de ajuste descriptos se encuentra debidamente acreditada en autos y que las pautas empleadas para su determinación se ajustan a los criterios establecidos por el Máximo Tribunal.
Finalmente, recuerda que, con fecha 02/05/2022, interpuso acción declarativa de certeza, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de obtener la declaración de inaplicabilidad al caso del artículo 39 de la Ley N° 24.073, de los artículos 7° y 10° de la Ley N° 23.928, con las modificaciones introducidas por el artículo 4° de la Ley N° 25.561, y de toda otra norma que hiciera inaplicables los mecanismos de ajuste por inflación previstos en el Título VI y en los artículos 83 y 84 de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.628 (t.o. 1997 y sus modif.) en la declaración jurada correspondiente al ejercicio fiscal 2018 -01/07/2017 al 30/06/2018-, por considerar que tales disposiciones vulneran derechos y garantías de raigambre constitucional, en particular, los consagrados en los artículos 14, 16, 17, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional.
Agrega que dicha acción quedó radicada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17, en los autos “Aluar Aluminio Argentino SAIC c/AFIP-DGI Ley 24073 s/Proceso de Conocimiento” (Expte. N° 25738/2022), encontrándose, al momento de interponer el presente recurso, en trámite y en plena producción de prueba.
Concluye que la falta de aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación previstos en la Ley del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2018 determina una carga tributaria confiscatoria, toda vez que el impuesto así calculado arrojaría una tasa efectiva de imposición del 58,08% sobre el resultado impositivo ajustado por inflación, lo que, a su entender, resultaría contrario a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy S.A.” y reiterada en pronunciamientos posteriores.
En segundo lugar, respecto del ajuste vinculado con la deducción de determinados gastos indirectamente relacionados con la obtención de dividendos, cuestiona la aplicación del prorrateo previsto en el artículo 80 de la LIG. Señala que el organismo fiscal impugnó la suma de $367.532,12, correspondiente al efecto tributario derivado del rechazo de gastos deducibles por $1.050.091,78, al considerar que determinados gastos generales de administración se encontraban indirectamente vinculados con la percepción de dividendos.
Explica que, a tales efectos, el Fisco consideró que los dividendos percibidos por la sociedad debían ser computados como ingresos exentos para el cálculo del coeficiente de prorrateo, equiparando -a su entender, indebidamente- las rentas no computables con las rentas exentas. Agrega que, sobre esa base, el organismo fiscal determinó el coeficiente relacionando el importe de los dividendos cobrados por la sociedad con la totalidad de los ingresos considerados a tal efecto, para luego aplicarlo sobre los gastos de administración que entendió susceptibles de prorrateo.
Manifiesta que los dividendos percibidos de sociedades locales constituyen rentas “no computables” en los términos del artículo 64 de la LIG, circunstancia que no impediría la deducción de los gastos incurridos para su obtención, mantenimiento y conservación. En ese sentido, sostiene que la posición fiscal desconoce lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo, que admite expresamente la deducibilidad de tales gastos. Arguye que el organismo fiscal incurre en una indebida equiparación entre las rentas “no computables” y las rentas “exentas”, mediante una interpretación analógica incompatible con el principio de legalidad tributaria. Añade que los dividendos ya tributaron el impuesto en cabeza de la sociedad que los distribuyó y que, para el período fiscal en discusión, resultaba además aplicable el denominado “impuesto de igualación”. Asimismo, sostiene que, aun prescindiendo de lo anterior, el prorrateo resulta improcedente, por cuanto la totalidad de las erogaciones cuestionadas responde al desarrollo de su actividad principal -la elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio-, generadora de rentas gravadas. En consecuencia, considera que tales gastos serían directamente atribuibles a dicha actividad y plenamente deducibles.
Añade que tanto el artículo 80 de la LIG como el artículo 117 de su decreto reglamentario circunscriben el prorrateo de gastos a las ganancias gravadas, no gravadas y exentas, sin contemplar las rentas no computables.
Por ello, entiende que su inclusión mediante una interpretación analógica vulneraría el principio de legalidad tributaria.
Agrega que, de admitirse el criterio fiscal, los dividendos terminarían incidiendo indirectamente en la determinación de la ganancia neta imponible mediante la impugnación de los gastos asociados a su obtención, resultado que, a su entender, se encuentra expresamente vedado por el artículo 64 de la LIG.
Asimismo, sostiene que, bajo el régimen vigente para el período fiscal en discusión, la tributación de las sociedades y de sus accionistas responde a un sistema de integración, en el que los dividendos ya han tributado el impuesto en cabeza de la sociedad que los distribuye y, además, se encuentran alcanzados por el denominado “impuesto de igualación”, previsto en el artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la LIG. Sobre esa base, considera que dicho régimen confirma que los dividendos constituyen rentas no computables y que no pueden ser asimilados a rentas exentas a los fines del prorrateo de gastos.
En apoyo de su postura, cita el precedente “Telecom Argentina S.A.” y afirma que dicho criterio también fue adoptado respecto de la propia contribuyente, Aluar, en relación con la liquidación correspondiente al período fiscal 2015, en los autos “Aluar Aluminio Argentino SAIC (TF 123459521-I) c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 11/07/2024. Posteriormente, reseña doctrina y cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que receptan dicho criterio.
Finalmente, plantea que el prorrateo resulta improcedente aun cuando se prescindiera de la interpretación que propicia respecto del artículo 64 de la LIG, por cuanto los gastos de administración seleccionados por el Fisco no guardarían relación directa ni indirecta con la tenencia de las acciones ni con la percepción de dividendos. Afirma que tales erogaciones responden exclusivamente al desarrollo de su actividad principal -la elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio-, generadora de rentas gravadas, por lo que constituyen gastos efectuados para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, en los términos del artículo 117 del decreto reglamentario. Añade que dichos gastos se habrían devengado aun cuando la sociedad no hubiera sido titular de las acciones de INFA S.A. e HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ S.A., razón por la cual niega la existencia del vínculo necesario para justificar el prorrateo aplicado por el organismo fiscal.
Plantea la improcedencia de los intereses, por considerar que no adeuda impuesto alguno. Asimismo, sostiene que no podría admitirse la existencia de mora en el caso concreto como presupuesto generador de los accesorios reclamados.
En lo atinente a la sanción, sostiene que no se encuentran configurados los elementos objetivos y subjetivos requeridos para la configuración del tipo infraccional previsto en el artículo 45 de la Ley N° 11.683. Subsidiariamente, plantea la existencia de error excusable y solicita la suspensión del trámite de las presentes actuaciones, en virtud de haber interpuesto una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del C.P.C.C.N.
Acompaña prueba documental, ofrece prueba pericial contable y formula reserva del caso federal.
II. Que mediante el IF-2025-109682007-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional, acompaña las actuaciones administrativas y contesta el recurso interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, solicitando se confirme el acto apelado, con costas. Asimismo, desconoce la documental acompañada por la parte actora que no surja de manera indubitada de los antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por resultar superflua y meramente dilatoria. Hace reserva del caso federal.
III. Que, mediante el IF-2025-128078853-APN-VOCVI#TFN, se resolvió rechazar la petición de la parte actora dirigida a obtener la suspensión de las presentes actuaciones.
Asimismo, mediante la PV-2026-34067955-APN-VOCVI#TFN, se citó a las partes a la audiencia preliminar de prueba prevista en el artículo 173 de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 27.430).
Que, a través de la PV-2026-45567606-APN-VOCVI#TFN, obra embebida el acta de la audiencia, en la cual se resolvió no hacer lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto de la prueba ofrecida y, en consecuencia, se dispuso la apertura de la causa a prueba por el término de sesenta (60) días, haciéndose lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la actora.
Posteriormente, mediante el IF-2026-62909110-APN-DTD#JGM, se agregó el informe pericial contable presentado por los peritos.
Que, a través de la PV-2026-68708807-APN-VOCVI#TFN, se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “B”. Puestos los autos a alegar, hicieron uso de dicho derecho tanto la recurrente como el Fisco Nacional, mediante los IF-2026-80917822-APN-DTD#JGM e IF-2026-80986794-APN- DTD#JGM, respectivamente.
Finalmente, se llamaron los autos para dictar sentencia.
IV. Que, en lo que respecta al acto determinativo apelado en autos y, a fin de favorecer una mayor claridad expositiva, resulta conveniente reseñar, en primer término, los argumentos que llevaron al Fisco Nacional a efectuar los ajustes debatidos en estas actuaciones.
En atención a las actuaciones administrativas que corren por cuerda separada, se desprende que la contribuyente es una persona jurídica cuya actividad principal declarada es la “Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio” (Cód. 242.010), cerrando sus ejercicios comerciales el 30/06 de cada año. Que las presentes actuaciones reconocen su génesis en la fiscalización iniciada mediante O.I. N° 1.820.707, de fecha 16/10/2019, a fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018.
Así las cosas, los ajustes practicados consistieron en la impugnación de las deducciones efectuadas por la contribuyente en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018, en concepto de ajuste por inflación impositivo – título VI y arts. 83 y 84 de la LIG -, así como en la impugnación de gastos vinculados con ingresos no computables en concepto de dividendos, conforme a la metodología de prorrateo aplicada de acuerdo con las normas vigentes para el período fiscal en cuestión.
Que, en la determinación de oficio, la Administración Tributaria realizó un detalle de la normativa aplicable al sub examine, destacando la Ley de Convertibilidad N° 23.928 y el artículo 39 de la Ley N° 24.073, que dispuso: “ A los fines de las actualizaciones de valores previstas en la Ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 23.928, las tablas e índices que a tales efectos elabore la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive (…)”.
Agregó que de las normas precedentemente citadas se desprendía que, para el período fiscal bajo análisis, el índice aplicable al mecanismo de ajuste previsto en el Título VI de la Ley del gravamen era igual a “1”. En consecuencia, sostuvo que, a los fines de determinar el resultado impositivo, debían considerarse los valores consignados en los balances confeccionados en moneda histórica, sin aplicar índices de actualización y efectuando únicamente los ajustes expresamente previstos en la ley. El organismo recaudador añadió que la vigencia del marco legal referido se encontraba reforzada por las modificaciones introducidas al Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias por las Leyes Nros. 27.430 y 27.468, las cuales incorporaron como últimos párrafos del artículo 95 un procedimiento de actualización aplicable cuando la variación acumulada del índice de precios correspondiente a los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida superara el ciento por ciento (100%). Asimismo, señaló que la propia norma estableció que dichas disposiciones resultaban aplicables a los ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018. Recordó que la norma previó, en relación con el primero, segundo y tercer ejercicio de vigencia del régimen, que dicho procedimiento solo resultaría aplicable cuando la variación del referido índice, calculada desde el inicio hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, superara el cincuenta y cinco por ciento (55%), el treinta por ciento (30%) y el quince por ciento (15%), respectivamente.
En consecuencia, el Fisco Nacional concluyó que las disposiciones relativas al mecanismo de ajuste por inflación impositivo se encontraban suspendidas por imperio del artículo 39 de la Ley N° 24.073 y que la voluntad del legislador había sido restablecer expresamente dicho mecanismo para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1/1/2018, mediante las leyes reseñadas.
Citó el caso analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Santiago Dugan Trocello SRL c/ PEN – Ministerio de Economía s/ amparo”, en el cual el Procurador General, en su dictamen de fecha 19/11/2004, sostuvo que los artículos 39 de la Ley N° 24.073 y 4° de la Ley N° 25.561 constituían una decisión clara del Congreso Nacional, adoptada en ejercicio de sus competencias constitucionales -artículo 75, inciso 11, de la Constitución Nacional-, en cuanto a la prohibición de toda forma de actualización monetaria o ajuste de deudas e impuestos.
Asimismo, sostuvo que el precedente “Candy S.A.” (Fallos: 328:3140), citado por la reclamante, ratificaba la vigencia de las normas que suspenden el ajuste por inflación impositivo, señalando que solo en el caso específico de dicha empresa, y sobre la base de una prueba concluyente, se había configurado un efecto confiscatorio violatorio del derecho de propiedad.
En tal sentido, recordó que la Corte sostuvo categóricamente que solo correspondía inaplicar la norma cuando pudiera concluirse razonablemente que la ganancia neta determinada no representaba la verdadera renta gravada, conclusión que debía ser ponderada en el marco de una situación económica concreta y excepcional, como la vivida en el año 2002, caracterizada por una profunda crisis económica, el fin de la convertibilidad, la declaración de emergencia mediante la Ley N° 25.561 y un proceso inflacionario acelerado.
Que, en consecuencia, concluyó que la doctrina sentada en el caso “Candy S.A.” no resultaba de aplicación automática a otros supuestos.
En otro orden de ideas, respecto de la reexpresión de las amortizaciones impositivas, el organismo fiscal señaló que la contribuyente había efectuado dicho ajuste con sustento en los artículos 83 y 84 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En este punto, citó lo resuelto por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos “Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M. c/ EN-DGI-AFIP s/ Dirección General Impositiva”, Expte. N° 31.443/2016, sentencia del 17/12/2020, a fin de sostener la improcedencia del cómputo de la actualización de las amortizaciones pretendida por la contribuyente.
Al reseñar dicho precedente, indicó que la Cámara había señalado que, para determinar la procedencia de la actualización pretendida, correspondía examinar el modo en que habían sido practicadas las amortizaciones y la incidencia que los distintos ajustes -entre ellos, el ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el ajuste por actualización de amortizaciones- tenían sobre la determinación del impuesto, a fin de establecer si, en el caso concreto, correspondía apartarse de la prohibición prevista en el artículo 39 de la Ley N° 24.073.
Asimismo, mencionó que la Alzada destacó que no se encontraba debidamente acreditado que el mecanismo empleado en aquellos actuados por la contribuyente para actualizar las amortizaciones se ajustara a los parámetros establecidos en los artículos 83, 84 y 89 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, razón por la cual concluyó que no correspondía deducir dicho ajuste del resultado impositivo.
Sobre esa base, y siguiendo el criterio sentado en dicho precedente, el Fisco sostuvo que el supuesto de confiscatoriedad alegado por la contribuyente no podía analizarse considerando la incidencia de la reexpresión de las amortizaciones conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley del gravamen, toda vez que, a su criterio, dicha actualización no resultaba procedente.
Finalmente, el organismo recaudador sostuvo que, si bien, en su carácter de instancia administrativa, carecía de competencia para expedirse sobre la existencia o no de confiscatoriedad, aun cuando se admitiera, a título meramente hipotético, la procedencia de dicho análisis, el caso bajo examen no alcanzaría el umbral fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy S.A.”.
En efecto, agregó que, en dicho fallo, el Máximo Tribunal había considerado que existía confiscatoriedad cuando la carga tributaria alcanzaba un 62% de la renta, situación que no se verificaba en el presente caso, por cuanto, sin considerar la actualización de las amortizaciones, la alícuota efectiva alcanzaba al 47,29%, frente al 58,08% alegado por la contribuyente.
Que, por los motivos expuestos, la Administración Tributaria procedió a impugnar la deducción efectuada por la contribuyente en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018, en concepto de ajuste por inflación impositivo -Título VI y artículos 83 y 84 de la LIG-, por considerar que la recurrente no se encontraba habilitada para aplicar los mecanismos referidos, de conformidad con la normativa citada precedentemente. Como consecuencia de dicha impugnación, determinó una diferencia de impuesto de $1.069.272.807,35.
Por otra parte, en lo atinente al ajuste vinculado con la deducción de determinados gastos indirectamente relacionados con la obtención de dividendos, luego de reseñar el marco normativo aplicable, el organismo recaudador sostuvo que el prorrateo resulta procedente cuando los gastos destinados a obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas no son susceptibles de imputación directa a unas u otras, en cuyo caso su deducción debe efectuarse de las respectivas ganancias brutas en la proporción correspondiente. En el caso específico de los dividendos, el Fisco razonó que el régimen se encuentra orientado a gravar la materia imponible en cabeza de uno de los dos sujetos -la sociedad o el accionista-, pero no de ambos, y que la distribución de dividendos implica, en definitiva, una cesión de materia imponible que, al encontrarse gravada en cabeza de la sociedad, no debe volver a gravarse en cabeza del accionista.
Posteriormente, indagó en el significado del término “computar”, a fin de concluir que se trata de aquello que no debe tomarse en cuenta, mas ello no significa que resulte ajeno a la materia imponible.
El acto determinativo citó el Dictamen N° 65/2004, que hace referencia al fallo del Tribunal Fiscal de la Nación “Santa Marta S.A. s/ recurso de apelación”, de fecha 30/10/1970, a fin de concluir que, a los efectos del prorrateo, las rentas no computables y las exentas debían ser consideradas con alcance similar. Citó, asimismo, doctrina y jurisprudencia que estimó aplicables, particularmente el precedente del Tribunal Fiscal de la Nación “Machiavello, Silvia Adriana”, de fecha 16/12/2005, confirmado por la Sala V de la Alzada el 27/12/2006, y lo resuelto por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos “Banco Mariva S.A.”.
Que, del relevamiento de la documentación contable y de los antecedentes aportados durante la fiscalización, en particular del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2018, el organismo recaudador identificó dividendos cobrados de subsidiarias por la suma de $102.561.481,00.
Que, sobre la base de los dividendos así identificados, la fiscalización consideró que aquellos constituían “rentas no computables” a los efectos del Impuesto a las Ganancias y entendió que correspondía determinar la proporción de los gastos comunes de administración atribuible a su obtención.
Que, a tal efecto, elaboró el “Anexo 1 – Determinación Coeficiente Prorrateo de Gastos”, en el cual identificó, por una parte, los ingresos totales de la contribuyente, que ascendían a $23.786.956.423,68, y, por otra, los dividendos cobrados de subsidiarias por $102.561.481,00. De este modo, adicionó estos últimos al total de ingresos y obtuvo un monto de $23.889.517.904,68.
Que, sobre dicha base, determinó el coeficiente de prorrateo mediante la relación entre los dividendos cobrados y los ingresos totales, de acuerdo con la siguiente operación: $102.561.481,00 / $23.889.517.904,68, obteniendo un coeficiente de 0,0042932.
Que, seguidamente, la fiscalización analizó los gastos de administración de la contribuyente y, partiendo de un total de $673.984.786,00, detrajo los conceptos correspondientes a sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de publicidad y propaganda e impuestos, tasas y contribuciones, por un total de $429.388.217,00, determinando así gastos susceptibles de prorrateo por la suma de $244.596.569,00.
Que, al aplicar sobre dicho importe el coeficiente de 0,0042932, determinó gastos atribuibles a los dividendos por la suma de $1.050.091,78. Finalmente, aplicó sobre dicho importe la alícuota del 35 %, determinando un ajuste en la base imponible de $367.532,12.
Que, en sustento de dicho procedimiento, el organismo fiscal sostuvo que los gastos de administración considerados tienen por objeto financiar la estructura organizativa de la empresa y que, por su carácter común, no resulta posible asignarlos en forma directa a una determinada fuente de renta. En consecuencia, entendió que correspondía recurrir al mecanismo de prorrateo a fin de determinar la proporción de tales gastos vinculada con los dividendos percibidos.
Que, en definitiva, la fiscalización consideró que los dividendos obtenidos por la contribuyente, en tanto rentas no computables en el Impuesto a las Ganancias, debían ser considerados a efectos de determinar la proporción de los gastos comunes de administración cuya deducción resultaba improcedente, lo que dio lugar al ajuste de $367.532,12.
V. Que corresponde a este Tribunal analizar la causa conforme a los términos en que ha quedado trabada la litis. En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que sentado ello, corresponde abordar, en primer término, el planteo de la actora relativo a la inaplicabilidad del artículo 39 de la Ley N° 24.073 y normas complementarias al período fiscal debatido en autos, por considerar que la falta de aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación elevaría la alícuota efectiva del impuesto al 58,08% de la renta real, configurándose, de ese modo, un supuesto de confiscatoriedad.
En este punto, resulta aplicable el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Estado Nacional” (sentencia del 30/06/2005), en la cual se declaró la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley N° 24.073 y del artículo 4° de la Ley N° 25.561.
En dicho precedente, el Máximo Tribunal sostuvo, en lo que aquí interesa, que “el incremento de la carga tributaria que trae aparejada la prohibición de emplear el mecanismo de ajuste por inflación (…) no constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta (…) ya que la prohibición al reajuste de valores (…) representa una decisión del Congreso Nacional adoptada en ejercicio de las funciones que le encomienda la Constitución Nacional” (del dictamen del Procurador General, que la Corte hace suyo).
Asimismo, mantuvo su doctrina en el sentido de que la prohibición del reajuste de valores constituye una atribución reservada al Congreso Nacional, en tanto órgano constitucionalmente encargado de fijar el valor de la moneda, sin que exista margen para la intervención judicial o convencional en dicha materia.
No obstante ello, con posterioridad, la Corte Suprema se pronunció, el 3/7/2009, en la causa “Candy S.A. c/ AFIP” (Fallos 332:1571), oportunidad en la que, si bien ratificó el criterio de “Dugan Trocello”, sostuvo de manera enfática que corresponde analizar, en cada caso concreto, si la carga tributaria resultante de la inaplicación del ajuste por inflación excede los límites razonables de imposición y, por ende, adquiere carácter confiscatorio.
En tal sentido, la confiscatoriedad ha sido definida por el Alto Tribunal como la “absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital (…) que exceda los límites razonables de imposición” (considerandos 7° y 14° del citado fallo). Asimismo, la Corte ha señalado que la configuración de dicha circunstancia debe ser debidamente acreditada por el contribuyente y que el mero cotejo entre el impuesto determinado con y sin ajuste por inflación no resulta suficiente, por sí solo, para demostrar la afectación del derecho de propiedad.
Sin embargo, también precisó que, cuando entre la ganancia neta determinada sin aplicar el ajuste por inflación y aquella que resulta de su aplicación se verifica una desproporción de magnitud tal que permita concluir razonablemente que la primera no representa adecuadamente la renta gravada, corresponde tener por configurado un supuesto de confiscatoriedad (conf. “Candy”, considerando 14).
A la luz de tales pautas, cabe analizar si, en el caso de autos, el Impuesto a las Ganancias determinado para el período fiscal 2018, sin aplicación del ajuste por inflación, resulta confiscatorio. Tal examen remite necesariamente a la valoración de la prueba producida, toda vez que la confiscatoriedad constituye una cuestión de hecho que debe ser acreditada en cada caso concreto por quien la invoca.
Del análisis de la prueba producida en estos actuados, en particular del Informe Pericial Contable que luce agregado mediante el IF-2026-62909110-APN-DTD#JGM, se desprende que los peritos han sido contestes en afirmar, mediante respuesta conjunta a los puntos periciales c) y d), que “(…) 1) Con aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación del título VI y la reexpresión de las amortizaciones impositivas previstas en los artículos 83 y 84 de la LIG. El resultado neto sujeto a impuesto de ALUAR del ejercicio fiscal 2018 asciende a $4.632.709.944,93 y el impuesto determinado asciende a $1.621.448.480,73. 2) Sin aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación (…). El resultado neto sujeto a impuesto de ALUAR del ejercicio fiscal 2018 asciende a $7.687.775.108,79 y el impuesto determinado asciende a $2.690.721.288,08”.
De tal manera, los expertos agregaron que “el porcentaje que representa el Impuesto a las Ganancias calculado sin aplicar dichos mecanismos correctivos –(Título VI y artículos 83 y 84 de la LIG) sobre el resultado impositivo (antes del cómputo de quebrantos) del ejercicio 2018 de ALUAR (según su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018) aplicando dichos mecanismos, es 58,08% (…)” mientras que “respecto del resultado contable antes del Impuesto a las Ganancias (…) asciende al 43,37%”.
Que, siendo ello así, se advierte la desmesurada incidencia que tiene el gravamen sobre la renta de la contribuyente como consecuencia de la no aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación, de modo tal que la ganancia neta determinada sin considerar dichos mecanismos correctivos no resulta adecuadamente representativa de la renta que la ley del gravamen pretende alcanzar.
En efecto, la falta de aplicación de tales mecanismos conduce, en la medida de la distorsión generada por la inflación, a que el gravamen recaiga sobre una renta meramente nominal, que no traduce la capacidad contributiva efectivamente exteriorizada en el período fiscal.
Por su parte, frente a la objeción del Fisco Nacional relativa a que las circunstancias verificadas en el período fiscal aquí debatido difieren de aquellas valoradas por la Corte Suprema en el precedente “Candy”, cabe recordar lo resuelto por esta Sala “B” en los autos “Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. s/ Recurso de Apelación” (EX- 2021-123459521-APN-SGAI#TFN), sentencia del 13/06/2023. En dicha causa, en la que se debatieron cuestiones sustancialmente similares a las aquí examinadas, se sostuvo que “la confiscatoriedad no se encuentra condicionada a un año fiscal determinado sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto en el año fiscal que se trate. En el caso concreto de autos, es dable hacer extensiva la solución propuesta a la cuestión aquí analizada —período fiscal 2015— en atención a las conclusiones que este Tribunal extrae del Informe pericial contable producido ante esta instancia”.
Que dicho pronunciamiento fue confirmado por la Alzada y, posteriormente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 18/12/2025. En particular, al resolver el recurso interpuesto contra aquella sentencia, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal analizó expresamente el argumento del Fisco Nacional que aquí se controvierte, relativo a que la alícuota efectiva determinada para el período fiscal 2015 resultaba inferior a la considerada por la Corte Suprema en el precedente “Candy”. En dicha oportunidad, al confirmar lo resuelto por esta Sala, señaló que “En respuesta al primer agravio reseñado (…) cabe estar a lo resuelto por esta Sala in re ‘Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva’, sent. del 10/06/21. En esa oportunidad el Tribunal sostuvo que, aun cuando las diferencias no resultaban idénticas a las examinadas por la Corte en ‘Candy’ (46,72% vs. 62%), la adopción de la tesitura fiscal no podía admitirse, pues implicaría —lisa y llanamente— la asunción por la contribuyente de una obligación tributaria que resulta confiscatoria respecto de la renta obtenida en el período 2015 al exceder de modo considerable la alícuota prevista en la ley de Impuesto a las Ganancias (doctrina replicada en el pronunciamiento dictado por este Tribunal in re ‘RPB Sociedad Anónima c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva’, sent. del 10/03/22 en el que la alícuota efectiva ascendía a 47,70%).”
“En esa misma línea, esta Cámara ha precisado que la ausencia de coincidencia con los porcentajes verificados en ‘Candy’ no obsta a la aplicación de su doctrina en supuestos con cifras menores, con fundamento —invocado por el propio precedente de la Corte— en la magnitud de la desproporción entre las sumas exigibles. Así, se ha sostenido que, ‘en la medida en que la alícuota prevista en la ley del gravamen es del 35%, un porcentaje superior —en principio— redunda en un supuesto de confiscatoriedad en los términos que ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo aplicación de los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional’ (Sala III, ‘Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva’, sent. del 24/04/18; Sala II, ‘Central Piedra Buena S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva’, sent. del 16/07/15)”. “Asimismo, este ha sido el temperamento adoptado recientemente por el Alto Tribunal al resolver la causa caratulada ‘Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Paolini Hnos. S.A. c/ EN – AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento’, sentencia del 21/05/24, en la que aplicó el precedente ‘Candy’ cuando la alícuota efectiva del impuesto representaba el 43,57% de la base imponible”.
Por otra parte, respecto de lo alegado por el Fisco Nacional en cuanto a la improcedencia de la reexpresión de las amortizaciones computadas, corresponde desestimar dicho planteo, teniendo presente el dictamen de la Procuración Fiscal emitido en los autos “Telefónica de Argentina S.A. y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, sentencia de fecha 25/10/2022, cuyos fundamentos compartió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se destaca que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa ‘Candy’ que permita inferir que V.E. haya consagrado al Título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su Título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2°, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del período fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”.
A mayor abundamiento, cabe destacar que, si bien el voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy S.A.” no efectuó una consideración expresa acerca de los mecanismos de actualización contemplados por fuera del Título VI de la LIG, lo cierto es que el planteo formulado por la actora en dicho precedente comprendía expresamente las previsiones de los arts. 83 y 84 de ese cuerpo legal, tal como surge de los considerandos 4° y 7° del voto en disidencia del Dr. Petracchi.
Finalmente, resulta improcedente e inaplicable al caso la cita jurisprudencial efectuada por el Fisco respecto de “Papel Prensa S.A.I.C.F. y D.M. c/ EN-DGI-AFIP s/ Dirección General Impositiva” (Expte. N° 31.443/2016), por cuanto en dicho precedente se cuestionó expresamente el modo en que se habían practicado las actualizaciones, al considerarse que no se ajustaban a los parámetros establecidos por la normativa aplicable.
Sin embargo, en el caso de autos, el Fisco ha convalidado -y no ha sido objeto de cuestionamiento en las presentes actuaciones- que los ajustes derivados de la aplicación de los mecanismos previstos en el Título VI y de la reexpresión de las amortizaciones impositivas de bienes de uso contemplada en los artículos 83 y 84 de la LIG fueron correctamente calculados por ALUAR de conformidad con la normativa aplicable.
En este sentido, tal como surge de los informes de fiscalización acompañados en los antecedentes administrativos (fs. 145 y 146 –cpo. ppal.–), los inspectores señalaron que: “En base a la documentación solicitada y aportada por el responsable, se procedió a realizar un muestreo significativo de los bienes de uso a fin de verificar, con la documentación y registración correspondiente, el correcto cómputo de las amortizaciones de dichos bienes (uno de los rubros más significativos del ajuste por inflación aplicado) y su correcta actualización (…). Con la verificación muestral realizada, considerando los importes consignados por el contribuyente, se verificó que el procedimiento aplicado se corresponde al contenido en el Título VI de la ley del gravamen (ajuste estático y dinámico), en tanto los cálculos aritméticos proyectados en los Anexos que integran la presentación ante la División Recaudación son el resultante del mismo”.
Finalmente, y sin perjuicio de que los elementos de juicio reunidos en autos resultan suficientes para desestimar la postura sostenida por el organismo recaudador y revocar el acto apelado en cuanto fue materia de agravio, cabe señalar que, en oportunidad de alegar, la parte actora acompañó copia de la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en el marco de la acción declarativa de certeza promovida respecto del mismo período fiscal aquí controvertido.
En dicho pronunciamiento, la Alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia recurrida y declaró la inaplicabilidad al caso concreto de las previsiones que impedían a la contribuyente aplicar el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificaciones), así como las restantes actualizaciones contempladas en dicho cuerpo legal, a los efectos de determinar el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. Asimismo, acompañó el pronunciamiento de fecha 13/08/2026 mediante el cual la Cámara denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por el Fisco Nacional contra aquella decisión.
Que, de acuerdo con lo expuesto y con las conclusiones arribadas en el presente considerando, la prohibición de utilizar los mecanismos de ajuste por inflación previstos en la Ley del Impuesto a las Ganancias resulta inaplicable al caso de autos, de conformidad con los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Candy” y “Telefónica de Argentina S.A.”, y con el criterio adoptado por esta Sala “B” en los autos “Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. s/ Recurso de Apelación” (EX-2021-123459521-APN- SGAI#TFN), confirmado por el Máximo Tribunal. Ello así, toda vez que, conforme surge de la prueba producida en autos, el impuesto determinado por ARCA insume una parte sustancial de la renta de la contribuyente, en una magnitud que excede cualquier límite razonable de imposición y configura, por consiguiente, un supuesto de confiscatoriedad.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia en relación con el ajuste por inflación impositivo. Con costas.
VII. Que, por último, corresponde tratar el ajuste restante, vinculado con la impugnación de la deducción de los gastos relacionados con la obtención de dividendos.
En este sentido, la representación fiscal consideró que los dividendos percibidos constituían “rentas no computables” a los efectos del Impuesto a las Ganancias y que los gastos de administración involucrados estaban destinados al sostenimiento de la estructura organizativa de la empresa, por lo que, dado su carácter común, no podían ser asignados en forma directa a una determinada fuente de renta -gravada, exenta, no gravada o no computable-. En consecuencia, entendió que resultaba necesario recurrir al mecanismo de prorrateo, de aplicación subsidiaria frente al método de asignación directa.
Por su parte, la recurrente entiende que resulta absolutamente inconsistente la pretensión fiscal de considerar como rentas “exentas” o “no gravadas” a los dividendos, puesto que con ello se contraviene abiertamente el mandato legal dispuesto en la norma, lo que resulta improcedente, toda vez que no se está en presencia de una renta exenta, sino de un beneficio que no se computa por provenir de utilidades que ya tributaron el impuesto en cabeza de la sociedad que las distribuye.
Que, en consecuencia, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal se circunscribe a dilucidar si resulta procedente la aplicación de la regla del prorrateo de gastos propuesta por el Fisco Nacional respecto de los dividendos percibidos por la recurrente, provenientes de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. e INFA S.A., correspondientes al período fiscal 2018.
Que sentado lo que antecede, y por razones de orden metodológico, corresponde efectuar previamente un análisis de las normas aplicables al caso sometido a decisión de este Tribunal.
En primer término, el artículo 17 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modif.) establece que, para determinar la ganancia neta, “se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga”. A su vez, el tercer párrafo de dicha disposición prevé que “en ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto”.
Por su parte, el artículo 80 del mismo cuerpo normativo dispone que “los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina”. Asimismo, agrega que, cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener o conservar ganancias gravadas, exentas y/o no gravadas generadas por distintas fuentes productoras, la deducción deberá realizarse en la proporción correspondiente a cada una de ellas.
Finalmente, el artículo 64 de la citada ley establece que “los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta”. No obstante, agrega que, a los efectos de dicha determinación, “se deducirán -con las limitaciones establecidas en esta ley- todos los gastos necesarios para la obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen”.
Del juego armónico de las normas citadas se desprende que las denominadas “ganancias no gravadas” o “no comprendidas” en el impuesto -a las que alude el artículo 17- no se encuentran sujetas al gravamen porque la ley no las ha configurado como renta imponible a los efectos de hacer nacer la obligación tributaria. En cambio, las ganancias “exentas” tampoco resultan alcanzadas por el impuesto, pero por una razón distinta: en tales casos, el hecho imponible se configura, aunque el legislador ha decidido dispensar su gravabilidad por distintas razones de política fiscal, económica, social, cultural, entre otras.
Al respecto, cabe recordar que la cuestión ha sido objeto de tratamiento por esta Sala “B” en los autos “Telecom Argentina S.A.” (EX-2019-70161445-APN-SGAI#TFN), sentencia del 28/12/2020, pronunciamiento que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 27/12/2024, en el que se analizó el alcance de las disposiciones contenidas en los artículos 17, 80 y 64 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En dicha oportunidad, esta Sala estableció un criterio claro en la materia, al sostener que: “Existiría entonces una diferencia técnica entre los conceptos de ganancia gravada o exenta y el concepto de ganancia ‘no computable’ (…)”.
Asimismo, se precisó específicamente respecto de los dividendos que “(…) no obstante estar gravados, son conceptualizados por la Ley del Impuesto a las Ganancias como ‘no computables’, lo cual a las claras deja en evidencia que el legislador no ha querido calificarlos ni como rentas exentas ni como no gravadas (…)”. Finalmente, en lo que aquí resulta dirimente, se concluyó que: “Incluir estas rentas (“no computables”) de la misma manera que las rentas exentas y no gravadas (…), hace que la mentada norma que posibilita la deducción de estos “gastos necesarios” pierda todo sentido.”
Asimismo, el Máximo Tribunal destacó que la ley del gravamen distingue entre ganancias exentas, ganancias no comprendidas -o no gravadas- y ganancias no computables, categorías que responden a conceptos diferentes dentro de la técnica tributaria.
En particular, señaló que los dividendos constituyen rentas que han sido previamente gravadas en cabeza de la sociedad que los distribuye y que, por razones de política tributaria orientadas a evitar la doble imposición económica, el legislador dispuso que tales utilidades no sean computables para la determinación de la ganancia neta del accionista.
Sobre esa base, la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que los dividendos no pueden ser asimilados a rentas exentas ni a rentas no gravadas a los efectos de aplicar las reglas que restringen la deducibilidad de gastos, y que el artículo 64 de la ley contempla expresamente la posibilidad de deducir los gastos necesarios para la obtención de dichos beneficios, siempre que no hubiesen sido previamente considerados en la determinación del tributo. Tal criterio resulta coincidente con el sostenido por esta Sala del Tribunal Fiscal de la Nación, que actuó como primera instancia en aquellos actuados.
En consecuencia, estableció que el carácter de renta no computable que reviste el dividendo en cabeza del accionista no obsta a la deducción de los gastos vinculados con su percepción.
En tal sentido, el Alto Tribunal sostuvo que el artículo 64 de la ley, “al autorizar al accionista a deducir ‘todos’ los gastos necesarios para obtener los dividendos, despeja cualquier duda que pudiera existir respecto de que el hecho de que los dividendos no estén gravados también en cabeza del accionista en nada perjudica su derecho a deducir los gastos relacionados con ellos” (CSJN, “Telecom Argentina S.A. c/ AFIP s/ recurso extraordinario”). En tales condiciones, teniendo en cuenta que el criterio sostenido por el organismo fiscal se sustenta, en definitiva, en la asimilación de los dividendos a rentas no gravadas con el objeto de restringir la deducción de los gastos relacionados con su obtención, corresponde concluir que dicho enfoque no se ajusta a la interpretación efectuada por el Máximo Tribunal en el precedente citado.
A mayor abundamiento, cabe señalar que el precedente de esta Sala “B” recaído en la causa “Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. s/ Recurso de Apelación” (EX-2021-123459521-APN-SGAI#TFN), ya reseñado en el considerando anterior con motivo del ajuste por inflación, también abordó la cuestión relativa a la deducción de gastos vinculados con la obtención de dividendos. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 18/11/2025, al confirmar la sentencia apelada, sostuvo: “Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas por esta Corte en la causa ‘Telecom Argentina S.A.’ (Fallos: 347:2352), a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, corresponde remitir por razones de brevedad”. Que el criterio aquí reseñado fue asimismo sostenido por esta Sala “B” al sentenciar la causa “HSBC Argentina Holdings Sociedad Anónima” (EX-2019-64458452-APN-SGAI#TFN) y reiterado, entre otros, al resolver los Exptes. Nros. 42.602-I, “Mercado a Término de Buenos Aires y su acumulado N° 42.619-I”, sentencia del 12/04/2022; “Banco Comafi s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 41.883-I, sentencia del 12/04/2023; “Citibank N.A. s/ Recurso de Apelación”, EX-2022-133347293-APN-SGAI#TFN, sentencia del 11/09/2023; N° 48.108-I, “Compañía Financiera Argentina S.A. s/ Apelación”, sentencia del 07/10/2025; y N° 33.515-I (y acums.), “Telefónica Holding de Argentina S.A.”, sentencia del 21/04/2026.
Sentado ello, y toda vez que la cuestión relativa a la deducibilidad de los gastos vinculados con la obtención de dividendos encuentra adecuada solución en la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Telecom Argentina S.A. c/ AFIP”, resulta innecesario expedirse sobre el agravio referido a la vinculación de tales erogaciones con la actividad generadora de rentas gravadas, en tanto su tratamiento deviene abstracto a la luz de la conclusión alcanzada.
En mérito de todo lo expuesto, cabe concluir que el criterio sostenido por el organismo recaudador en la Resolución N° 74/2025 (DV RRGC), en lo atinente a este punto, no puede ser convalidado, por lo que corresponde revocar dicho acto en cuanto fue materia de agravio, con costas.
VIII. Que, en atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde revocar la totalidad del acto recurrido en autos, en todos sus aspectos. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.09.15 15:26:44 ART Date: 2026.09.15 15:38:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.16 13:26:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.16 13:27:36 -03:00
Fin de la sentencia