Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 182/186 vta. por el Sr. Defensor oficial del imputado CRISTIAN DANIEL ALVARADO REVOCANDO la resolución de fs. 174/vta. por lo considerado ut supra, declarando EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en relación al hecho investigado en la causa 3690/10 seguida contra ALVARADO CRISTIAN DANIEL S/ROBO, sobreseyendo al nombrado (art. 76 ter, cuarto párrafo, C.P.).-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:023 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 27 de Mayo de 2015 AUTOS: "ALVARADO CRISTIAN DANIEL S/ROBO" Expte. Nº A-787/13/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil quince, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "ALVARADO CRISTIAN DANIEL S/ROBO" Expte. Nº A-787/13/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 174/vta. resolvió revocar el beneficio del suspensión de juicio a prueba que fuera concedido a Cristian Daniel Alvarado a fs. 132 y vta. con fecha once de junio de 2010 por el término de un año. Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Cristian Daniel Alvarado, quien se encuentra asistido por el Sr. Defensor General Dr. Domingo N. Fernández, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 174 y vta., interpuso recurso de casación el Defensor oficial en representación del imputado, fundándolo en los artículos 440 y 442 inc. 3º del CPP, manifestando que "...el plazo por el cual se otorgó un beneficio de suspensión de juicio a prueba es estrictamente el plazo ordenado en la resolución que lo concedió (en las presentes actuaciones un año)..." Cita numerosa jurisprudencia de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, agrega que "...queda establecido en forma indubitable y con aval de lo expresado tanto por la jurisprudencia provincial como nacional, desde cuándo y hasta cuándo debe suspenderse la prescripción de la acción penal, concluyendo que desde la finalización del tiempo impuesto por la Cámara al momento de otorgar el beneficio, aunado a la integridad del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas, es perfectamente exigible la extinción de la acción por prescripción penal, art. 76 ter.
C.P.... cuestión que dista mucho de lo que surge de las presentes actuaciones... Al NO dictar la extinción de la acción penal, desoyendo todo lo expuesto por la jurisprudencia señalada y alejándose de la interpretación in bonam partem, se recae como consecuencia lógica, en el segundo agravio o cuestión fundamental, la cual radica básicamente en diferir dicho dictado de extinción penal de la acción, hasta tanto se resuelva la situación procesal de mi defendido en otras causas. Dicho proceder vulnera el derecho de mi defendido a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, ello conforme a lo establecido en los arts. 7 inc. 5 y 8, inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 2.c.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, complementarios al art. 18 de la CN...la Cámara, la cual debería de haber dictado la extinción de la acción al comprobar el cumplimiento de las reglas impuestas y encontrarse cumplido el plazo impuesto, lo ratifica a fs. 165 en fecha 10/02/2012 (recordando que la extinción debería de haberse dictado el 11/06/2011), en la cual se lo deja (como lo sugiere la Fiscalía) a la espera a mi defendido, hasta un futuro incierto en virtud de que el mismo posee diferentes causas que se tramitan en su contra, como ya se expresara... la resolución que nos agravia es arbitraria causa un daño irreparable, ya que debería de haberse declarado la extinción de la acción penal al darse las circunstancias de haber vencido el plazo de evaluación y no existir una sentencia firme en otro proceso.
Omitir dicho proceder conculca en forma directa el principio de inocencia, el derecho a obtener una resolución en un plazo razonable, el derecho del imputado de ponerle fin a la acción, como también al pleno desconocimiento del ejercicio del derecho penal como última ratio a través de la imposición de una pena..." Planteó la cuestión federal.- A fs. 190/191 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 198.-
El día 06 de junio de 2014 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 200/201).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 204, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 211/212, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Defensor ratificó el recurso de casación presentado a fs. 182/186 agregando que "...solicita se haga lugar al recurso de casación. El pedido de revocación se fundamenta en que la resolución ha violado normas constitucionales y claras normativas de los tratados de Derechos Humanos. Concretamente el art. 7 y 8 de la Convención Americana. Que viola el art. 76 ter toda vez que se alega que se cometió un nuevo delito. Que no se ha dado cumplimiento al artículo 76 ter toda vez que no había sentencia condenatoria firme y al no haber esta no hubo comisión de nuevo delito lo que viola principio de inocencia y se hace una interpretación extensiva y analógica in malam partem. Que Alvarado se le dió un año de suspensión y el año transcurrió el 11 de julio de 2011, a ese tiempo no se cometió nuevo delito, por lo tanto ante el cumplimiento del resto de los requisitos se debió extinguir la acción penal. Que al no haberse extinguido se ha violado el principio de legalidad toda vez que no se sigue las previsiones del art. 76 ter.... La Corte en el fallo 312:1359 avala la postura sustentada en esta audiencia. En consecuencia al no existir sentencia condenatoria firme la Cámara debió extinguir la acción penal. Cuestiona por arbitrario el dictamen del Fiscal por infundado y contrario a los preceptos constitucionales. Solicita se haga lugar al recurso de casación y se haga lugar a la prescripción...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...coincide con la Cámara con respecto a la revocación de la suspensión. Cita doctrina al respecto que avala la postura de la Cámara. El art. 76 ter dice comisión de nuevo delito y no de sentencia firme. La exposición de motivos es conteste con la postura asumida en el voto del Dr. Alasino... solicita se confirme la revocatoria...".-
Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 182/186 vta. por la defensa del imputado CRISTIAN DANIEL ALVARADO? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se constatan las objeciones defensivas? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 182/186 vta. por la defensa de CRISTIAN DANIEL ALVARADO?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se constatan las objeciones defensivas? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan las objeciones defensivas.-
Previo a ingresar al tratamiento de los agravios defensivos, resulta oportuno reseñar las circunstancias relevantes del trámite de las presentes actuaciones que precedió al dictado de la resolución aquí impugnada.-
En este sentido, en autos se atribuyó a Cristian Daniel Alvarado que "...el día 12 de octubre de 2008, en horario no determinado, pero entre las 18 y las 19.20 horas, junto a Rocío Anabel Millapi, ingresaron al comercio denominado 'almacén San Cayetano' sito en barrio San Benito, Manzana 260, lote Nº 1, sector nº 13 de esta ciudad, propiedad de Roberto René Oyarzo, y se sumó al accionar de la nombrada Millapi, quien le exigió en voz alta a Oyarzo, que le entregara la suma de dinero de $100, que momentos antes había abonado su abuelo, señor Arteaga, por una compra efectuada, y ante la negativa del dueño del comercio, quien quiso retirar del local a la menor Millapi, ésta comenzó a golpearlo, mediante puntapiés, agrediéndolo entre ambos, provocándole las lesiones certificadas en autos a fs. 45. Asimismo, en el momento en que cometían tal accionar, y ante la pérdida de conocimiento del nombrado Oyarzo, se apoderaron de la suma de pesos trescientos del interior de la caja registradora, y de dos celulares, uno marca Motorola y el otro marca Samsung, para posteriormente retirarse del lugar...".- Con fecha 11 del mes de junio del año 2010, la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial resolvió hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba respecto de Cristian Daniel Alvarado, en orden al delito de robo (art. 164 el C.P.) por el término de un (1) año, sujetando tal beneficio al cumplimiento por parte del nombrado de las siguientes normas de conducta: a) fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato, (art. 27 bis del C.P. regla de conducta nº 1) 2) abonar la suma de pesos cien ($100) a la damnificada en concepto de reparación económica por el daño causado por el delito (fs. 132 y vta.).- Que a fs. 139 obra la reparación del daño en tanto que a fs. 147 obra informe del Patronato de Liberados del cual se desprende que el tutelado Cristian Daniel Alvarado dio cumplimiento con la presentación ante dicha sede siendo la última vez el 7 de noviembre de 2011. Asimismo, en dicho informe se solicita la extinción de la pena.-
Que a fs. 171 obra certificación actuarial de la cual se desprende que en los autos caratulados "Alvarado Cristian Daniel s/tentativa de incendio intencional" se condenó al nombrado a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso por el delito de robo en concurso real con amenazas hechos cometidos con fecha 18 de abril del año 2009 y 18 de julio de 2010, quedando firme dicha sentencia con fecha 10 de febrero del año 2013.-
Finalmente cabe precisar que con fecha 18 de noviembre de 2011 al contestar la vista el Sr. Agente Fiscal subrogante por la probable extinción de la acción penal dictamina que se debe estar a la espera hasta tanto se resuelvan las causas 3981 y 4122 que registraba el imputado.-
En este sentido la cuestión a resolver, radica en determinar en que condiciones puede tenerse por acreditado que el imputado efectivamente "cometió un delito".-
En general existe consenso en la doctrina en cuanto a que se requiere sentencia condenatoria firme y ello sería absolutamente lógico a la luz del principio de inocencia, según el cual sólo puede sostenerse que alguien cometió un delito cuando un tribunal así lo resuelve en un fallo que pasa en autoridad de cosa juzgada.-
Resulta conveniente recrear lo afirmado por Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar en la obra "Derecho Penal parte general" Ed. Ediar, Bs. As. Argentina, pág. 973, quienes dicen al respecto "...la revocación del beneficio puede ocurrir por la comisión de un delito durante el término fijado para la prueba, pero al igual que para la libertad condicional o la condenación condicional, se requiere una sentencia condenatoria firme, por lo que ni siquiera puede revocarla la situación fáctica de prisión preventiva, aunque de hecho, la prueba se haya interrumpido. De ocurrir este extremo y como el juicio y la prescripción quedaron suspendidos, luego de la condena por el segundo delito, la agencia judicial queda habilitada para reanudar el juicio suspendido, siempre que no haya vencido el término fijado para la prueba, pues ni la condición de imputado en otra causa ni la prisión preventiva pueden considerarse comisión de un nuevo delito que permita revocar el beneficio y reanudar el proceso penal. Es decir, que si el segundo delito lo comete dentro del término de prueba del juicio suspendido, para su reanudación se requiere sentencia condenatoria firme antes de la culminación del plazo fijado por la probation, pues, si fuese posterior a ese plazo, la acción por el primer delito estaría extinguida...".- En el mismo sentido, se expide Gustavo Vitale "Suspensión del proceso a prueba" Ed. del Puerto, Bs. As. 1996, pág. 271, al analizar el art. 76 bis/quater sostiene "...la condición invariable a la que se somete la suspensión del proceso a prueba, en todos los casos, es la no comisión de un delito en el período de prueba (lo que requiere, por supuesto, que en ese período se compruebe tal comisión a través de una sentencia condenatoria firme)...".-
Por su parte, Eleonora A. Devoto analiza un caso similar al de autos diciendo "...una persona, cuyo juicio se había suspendido a prueba, con plena observancia de las reglas compromisorias, participa en un hecho respecto del cual recae sentencia condenatoria con posterioridad al cumplimiento del término de prueba, lo que indica que -para esa instancia- la acción penal respecto del primer hecho imputado se encontraba extinguida. Ello a nuestro modo de ver la inhabilita como causal revocatoria, pues no cabe soslayar que la norma del artículo 76 ter del Código Penal agrega una causal de extinción de la acción penal a la enumeración obrante en el artículo 59 de ese cuerpo normativo... tal extinción procederá si durante el período de prueba 'el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas...'. Es decir, si finalizado el período de prueba, se hubieron cumplido tales exigencias, se extinguirá la acción penal y tal extinción, que operará de pleno derecho, resultará irrevocable (seguridad jurídica que se deriva de la naturaleza del instituto de la extinción de la acción penal)..."("Probation" e Institutos Análogos, Eleonora A. Devoto, Hammurabi, 2005, pág. 264).- Agrega la distinguida doctrinaria que "...creemos que se encontrará extinguida la acción penal si durante el transcurso de la suspensión, el imputado cometiera un hecho delictivo, en tanto se verifique el requisito negativo de que no exista sentencia condenatoria firme dentro de tal período de prueba..." (Ob.Cit. pág. 263).-
Concluye Devoto que "...la revocación de la suspensión sólo corresponde cuando se imputa un delito y recae, respecto del probado, una sentencia condenatoria firme durante el tránsito del período de prueba. De adverso, la existencia de procesos abiertos o aún de sentencias no firmes, en modo alguno constituyen causales de revocación, y ello en virtud del resguardo del estado de inocencia establecido con jerarquía constitucional..."(Ob. Cit. pág. 264).-
Finalmente, José L. Ares ("El juicio correccional y otros procedimientos especiales en la provincia de Buenos Aires", LexisNexis, Bs. As., 2006, pág. 308) dice con relación al tema "...por eso resultan, a nuestro juicio, equivocadas las posturas que sostienen que desde que existe un proceso en trámite se debe esperar a que se arribe a una sentencia definitiva para resolver acerca de la extinción de la acción penal en la causa suspendida a prueba... de ninguna manera creemos que ello deba resolverse en el sentido precedentemente expuesto. Si el legislador lo hubiera querido lo habría previsto expresamente y hubiera aludido a declaración indagatoria, procesamiento, requisitoria de elevación a juicio, etc. Precisamente, Bovino (2001, P.S. 210-211) menciona el código procesal de Guatemala, que dispone la suspensión de la declaración de extinción de la acción penal si hay un proceso pendiente, para demostrar -recurriendo al derecho comparado de similar raíz- que tal posibilidad ha debido ser regulada expresamente. Por lo demás debe tenerse presente que el art. 5 del C.P.P. -digesto nacional- dispone que el ejercicio de la acción penal pública no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos previstos por la ley...".- Recientemente la Camara Nacional de Casación Penal se expidio con relación al tema se estableció que "...entre sí [los delitos] no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado..." (citan Fallos 322:717).-
A su vez, los jueces sostuvieron que "...en función de la garantía constitucional de presunción de inocencia solo puede otorgarse el trato de condenado a quien posee una sentencia condenatoria firme, por lo que no basta para la revocación de la probation ‘atenerse a la mera fecha de comisión del nuevo hecho criminal. Es necesario, además, que una resolución judicial –pasada en autoridad de cosa juzgada- efectivamente determine la responsabilidad penal del encartado. De lo contrario, se correría el grave riesgo de revocar un beneficio legítimamente concedido, en virtud de un ‘hecho’ por el que podría resultar, finalmente, sobreseído o absuelto’...". Finalmente, los jueces concluyeron que "...cuando el art. 76 ter, quinto párrafo, CP, hace referencia a ‘un nuevo delito’, para tener por acreditada dicha circunstancia, debe existir una sentencia condenatoria que así lo establezca, y ella debe adquirir firmeza dentro del plazo por el que se otorgó la suspensión del juicio a prueba...". (CNCP, Sala II, "Gramajo, Gastón y Ferreyra Emiliano s/rec. de casación, rta. el 7/5/2015).-
En síntesis, es oportuno recordar conforme a la doctrina traída a colación, que de seguirse el criterio asumido por la Excma. Cámara, se estaría afectando el principio de legalidad (art. 18 C.N.), pues el artículo 76 ter, cuarto párrafo del Código Penal, exige -para la revocación de la probation y reanudación del proceso- la comisión 'de un delito', y no el simple inicio de actuaciones judiciales.-
También, el debido proceso y la interpretación literal del texto legal del art. 76 ter. cuarto párrafo del C.P. reclama que una vez transcurrido el plazo de suspensión fijado por el Tribunal, sin que se haya acreditado la comisión de un delito (por sentencia firme), procederá, la extinción de la acción penal, de ahí que de obrar en forma contraria se estaría recurriendo tal como lo sostienen Devoto, Zaffaroni, Vitale, Ares, etc., a la creación pretoriana de una causal de una suspensión de la suspensión, constituyendo esto una prolongación del estado de incertidumbre procesal más allá de los plazos legales expresamente previstos.- Los tratados internacionales con jerarquía constitucional establecen la presunción de inocencia -art. 8.2 CIDH y 14.2 PIECyP- y establecen que solo puede otorgarse el trato de 'condenado' cuando existe una sentencia condenatoria firme en contra del imputado, de ahí que sea necesario una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada para que se dé la comisión de un nuevo delito.-
A esta altura es válido reconocer como lo han mencionado los doctrinarios de mención, que existen posturas que entienden que habiendo un proceso en trámite se debe esperar a que se arribe a una sentencia definitiva para resolver respecto de la extinción de la acción en la causa suspendida a prueba.-
Ahora bien, consideramos por aplicación del principio pro homine, establecido en el art. 5º del Pacto Ïnternacional de Derechos Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana, siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos. Así cuando unas normas ofrezcan mayor protección, estas habrán de primar, de la misma manera que siempre habrá de preferirse en la interpretación la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho fundamental comprometido (CIDH OC 5-85).- Es oportuno recordar lo establecido por la C.S.J.N. en el fallo "Acosta" (A.2186.XLI) en su punto 6º "...para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuanta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769).
Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal...".- III-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 182/186 vta. por la defensa técnica, en favor de CRISTIAN DANIEL ALVARADO, casando la resolución obrante a fs. 174/vta. de la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, DECLARANDO EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en relación al hecho investigado en la causa 3690/10 seguida contra ALVARADO CRISTIAN DANIEL S/ROBO, sobreseyendo al nombrado (art. 76 ter, cuarto párrafo, C.P.) Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 186.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 182/186 vta. por el Sr. Defensor oficial del imputado CRISTIAN DANIEL ALVARADO REVOCANDO la resolución de fs. 174/vta. por lo considerado ut supra, DECLARANDO EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en relación al hecho investigado en la causa 3690/10 seguida contra ALVARADO CRISTIAN DANIEL S/ROBO, sobreseyendo al nombrado (art. 76 ter, cuarto párrafo, C.P.).-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2016S.151 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:023 FOLIO Nº: 147/152 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia