Abriendo la norma
Matanza · Causa 28.054
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada de fecha 4/3/2022 y en consecuencia tener por acreditada la representación invocada por la Letrada (Dra. Gómez), debiendo ratificar el poder otorgado mediante instrumento privado en sede judicial.
2SIN COSTAS de alzada, atento a la naturaleza de la cuestión planteada. (art. 68 2° párrafo del CPCC).
LM - 28054 - 2010 - ALVARADO HECTOR ERNESTO RAMON Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO (21)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL ALVARADO HECTOR ERNESTO RAMON Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO
(21)
LM-28054-2010 JUZ. CIV. Y COM. N° 7
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “ALVARADO HECTOR ERNESTO RAMON Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO (21)” LM-28054-2010 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA – TARABORRELLI - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la resolución apelada?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON
DOMINGO POSCA dijo:
I. Antecedentes del caso El expediente objeto del presente estudio trata sobre el sucesorio del causante ALVARADO HECTOR ERNESTO RAMON.
Habiendo compulsado las presentes actuaciones se vislumbra que con fecha 2/3/2022 el heredero Alvarado Oscar Pablo – con el patrocinio letrado de la Dra. Gómez María Alejandra- presentó un escrito electrónico titulado “OTORGA PODER JUDICIAL”, mediante el cual en el punto I.- “CONFIERE PODER JUDICIAL (arts. 284, 285, 363, 1319 del CCyCN)”, otorgando PODER JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO en favor de su letrada para que, en su nombre y representación -actuando como MANDATARIA- intervenga en los Autos “ALVARADO HECTOR ERNESTO RAMON y OTRO S/ SUCESION AB INTESTATO" y en todas sus Incidencias y Apelaciones, que tenga pendientes o que se le susciten en el futuro, en lo que sea parte o tenga algún interés como actora o demandada o en cualquier otro carácter, el cual fuera otorgado por instrumento privado, y agregado a autos con firma ológrafa del mandante en formato digital. Agrega que el Código Civil y Comercial de la Nación consagra el principio de libertad de formas al respecto (arts. 284, 285, 363, 1319 del CCyCN) y es a través del análisis específico de cada acto jurídico el que determinará qué forma debe revestir el acto de apoderamiento.
Que por otra parte “…en el art. 1017 CCyCN "no se reproduce el inc. 7 del art. 1184 del derogado Cód. Civil, que establecía la obligatoriedad de la escritura pública para el otorgamiento de los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio, con lo que estos instrumentos en lo sucesivo quedan comprendidos en la libertad deformas que es el principio general del Código" (Código Civil y Comercial, comentado, anotado yconcordado,T°2, pág. 97, coordinador Eduardo Clusuellas, editorial Atrea-Fen)”. Seguidamente se confiere mandato al que en honor a la brevedad me remito.
Proveyendo a dicha presentación, el Juzgado de Origen se expidió y dijo “El instrumento otorgado por el Sr. ALVARADO OSCAR PABLO, contiene expresamente la autorización para que, la Dra. Maria Alejandra Gomez (To. V Fo. 441 CALM) intervenga en los presentes obrados en su nombre y representación, en las incidencias y apelaciones, o que se le susciten en el futuro, en lo que sea parte o tenga algún interés como actora o demandada o en cualquier otro carácter, facultad ésta que -sin hesitación alguna- subsume la figura en lo dispuesto por el art. 1320 CCCN, en atención a importar "el Poder Especial conferido", un pedido de asistencia letrada, (que sería la representación del Sr. ALVARADO OSCAR PABLO con los límites allí impuestos), para que "hagan y actúen como si fueran el representado", conforme sus conocimientos profesionales, lo cual diferencia a este instituto del contrato de "mandato" previsto por el art. 1319 de la Ley 26.994…”
Agrega que, “El requisito de la escritura pública para otorgar poder, para actuar en juicio, establecido por el Código Procesal provincial, en su art. 47 se encuentra plenamente vigente luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, porque se consagra como una disposición específica de la ley (art. 1017 inciso d) y se encuentra dentro del parámetro del artículo 363 en el entendimiento de que, cuando lo que se quiera ejercer sea la representación en juicio (mandato específico judicial), deberá otorgarse la pertinente escritura pública". (CC0100 SN 12741 I 15/11/2016 Carátula: Albarracin, Nilda Mabel y otro s/ Beneficio de litigar sin gastos).” […] “De ello se deduce que el instrumento privado presentado por el Dr Barcellandi no resulta suficiente para acreditar la representación invocada.“. Por lo tanto, …PREVIO A PROVEER LO QUE POR DERECHO CORRESPONDA, deberá acreditar en debida forma la personería invocada por ser éste un presupuesto procesal ineludible para estar en juicio, debiendo en caso de pretender actuar como apoderado, acompañar instrumento público emitido por escribano autorizado dentro de ésta jurisdicción, o legalizado en caso de conferirse en otra jurisdicción territorial (art. 7 CN). LO QUE ASI SE DECIDE Y RESUELVE" (v. auto del 4/3/2022). Contra ello interpuso recurso de apelación la Dra. Gómez, que fuera concedido el día 11/3/2022 y fundado mediante el memorial de agravios presentado el 23/3/2022, que a continuación se analizará.
II. Los agravios De la lectura de los fundamentos vertidos por la apelante, se vislumbra que su queja se centra en la exigencia formal -escritura públicapretendida por el Sentenciante de Grado respecto al otorgamiento del Poder Judicial acompañado en autos. En razón de ello manifiesta que “La posición sostenida en la interlocutoria en análisis, resulta errónea principalmente digo, de acuerdo a las disposiciones vigentes en nuestro Código Civil y Comercial de La Nación, los conceptos citados por la sentencia encuentran una marcada diferencia con respecto a la anterior legislación, –aunque se encuentran íntimamente relacionados– la representación, el poder y mandato, la normativa de fondo los diferencia tanto en lo que concierne a su naturaleza, forma y responsabilidad y eso es lo que no hace precisamente la resolución en cuestión, los relaciona como si todos tuvieran el mismo alcance.”
Advierte que “El reciente CCiv. y Com. no determina exigencia alguna respecto a que los poderes para estar en juicio deban tener como forma la escritura pública, asimismo, se insiste en que, para el contrato de Mandato, el CCiv. y Com. no contiene una norma expresa que permita calificarlo como un contrato formal. Por lo cual debe aplicarse la regla general —libertad de las formas— para los actos jurídicos y los contratos”. Funda sus agravios Jurisprudedncia que entiende respaldatoria.
Seguidamente, la recurrente agrega que “Durante la vigencia del Código de Vélez, la doctrina imperante entendió que los artículos 46 y 47 de los códigos de rito se referían a que la acreditación (de la representación procesal) era mediante la presentación de escritura pública y no con una copia simple salvo para la excepción contemplada (cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, caso en el que se podía acreditar con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado). Dicha exigencia, surgía de la interpretación conjunta que se hacía de los artículos 46 y 47 de los Códigos de Procedimiento Civil y Comercial y el derogado 1184 inc. 7 del Código de Vélez. El reciente CCiv. y Com. no determina exigencia alguna respecto a que los poderes para estar en juicio deban tener como forma la escritura pública, asimismo, se insiste en que, para el contrato de Mandato, el CCiv. y Com. no contiene una norma expresa que permita calificarlo como un contrato formal. Por lo cual debe aplicarse la regla general —libertad de las formas— para los actos jurídicos y los contratos. “ Asimismo, el apelante manifestó que los Juzgados Civiles y Comerciales N° 3 y 9 dptales. Le han hecho lugar al apoderamiento en la forma propuesta.
Así las cosas, se elevaron los autos a esta Alzada, pasando los mismo a resolver y practicándose el sorteo de orden de estudio con fecha 10/5/2022.
LA SOLUCION
I. – Consideración preliminar.
A raíz de las posturas antagónicas que existen en la doctrina aplicable a la materia, considero necesario realizar un profundo análisis de la cuestión, con el fin de arribar a un razonamiento que permita dar adecuada solución al caso.
En palabras de Carnelutti, no sólo la interpretación puede evolucionar, sino que no puede dejar de hacerlo (cfr. Teoría general del derecho, Madrid, 1941, trad. C. Posada, pág. 313), pues dicha labor corrige "los inconvenientes de la duración de las leyes, las cuales deben durar si han de dejar sensación de seguridad, pero si no evolucionaran no podrían durar" (ob. y loc. cit., pág. 314).
Vale la pena mencionar que el derecho no es un fin en sí mismo sino el orden indispensable para que sea posible la actividad humana la cual, en su continua evolución, ofrece problemas que no pueden dejar de resolverse.
En la línea de lo apuntado, este Sentenciante pretende corregir las limitaciones e insuficiencias que el aludido ordenamiento se impone, pues, ello resulta necesario a fin de contar con un perfil normativo acorde con el actual sistema social (Ernesto E. Martorell, Los límites de embargabilidad del salario, TySS, 1984- 840, en especial, ap. III).
Es así que en primer término me propongo exponer algunas nociones breves sobre mandato representación y poder:
Es sabido que la actuación en juicio puede estar dada por derecho propio, o por medio de un representante. A su vez, dicha representación puede tener origen legal – es ejemplo la que ejercen los padres sobre sus hijos conf. Art. 26 CCCN- o voluntaria.
El tema que nos convoca, encuentra relación con el modo de acreditar la representación voluntaria en el ámbito de un proceso judicial. En estos casos, el abogado es quien actúa en el proceso judicial por su representado, en virtud de un poder otorgado en su nombre- en el marco de un contrato de mandato- debiendo acreditar la personería invocada exhibiendo el documento que resulte suficiente para validar su representación. (GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, “Formas de acreditar la personería en juicio (sobre el art. 1017 del Código Civil y Comercial)”, publicado en La Ley, 27/06/2016, - Sup. Doctrina Judicial Procesal 2016 (noviembre), Cita Online: AR/DOC/1796/2016).
En este sentido, resulta pertinente recordar a partir de la reforma del CCCN, la teoría de la representación se encuentra regulada de forma separada al contrato de mandato, mientras el antiguo código derogado lo hacía de manera conjunta. La diferencia en este punto resulta destacable, pues la regulación en materia de representación resulta de este modo aplicable a todos los hechos y actos jurídicos. Así, resulta que el apoderamiento es el acto jurídico dirigido a terceros, que permite instrumentar – mediante el poder- la representación o el mandato que se otorga a favor de una persona para que represente a otra. En cambio, la representación implica actuar en el proceso o en cualquier otro negocio jurídico por otra persona.
La representación voluntaria, tiene origen en la voluntad del representado manifestada a través del poder. De ese modo el mandante o poderdante habilita a ese mandatario o apoderado a gestionarle negocios frente a terceros con el efecto de aceptar directamente de los actos cumplidos por su representante. (HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo, PICASSO, Sebastián, “Código Civil y Co mercial de la Nación Comentado”, T. I, p. 579 y T. III, p. 418 y sgtes.).
II. Legislación Vigente Adentrándonos al análisis de la normativa vigente, encontramos en la normativa de fondo la valiosa disposición del art. 284 CCCN, que consagra el principio de libertad de formas al momento de exteriorizar la voluntad. Asimismo, el art. 363 CCCN establece que el apoderamiento deberá ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante pretenda realizar, así como el art. 1015 del mismo cuerpo legal prevé la libertad de formas respecto a los contratos. Por su parte el art. 1017 dispone cuáles serán los contratos que deben instrumentarse por medio de escritura pública, y el art. 1319 CCCN se ocupa de definir el contrato de mandato: “Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra…”. Esto significa, que el contrato de mandato genera la representación, siendo este el modo –“en representación”- en el que el mandatario actuará frente a terceros. El poder constituye la autorización que el representado le da al representante para que en su nombre realice uno o varios actos jurídicos.
De este modo, la legislación actual aclara un tópico que en los hechos podía dar lugar a algunas desinteligencias, estableciendo que el acto encomendado al representante será el que determine la forma en la que deba sujetarse el apoderamiento, es decir, la regla es que la forma requerida para otorgar válidamente representación voluntaria a otro sigue la suerte del acto jurídico que se encomienda y el representante debe celebrar: por ejemplo, si se pretende otorgar poder al representante para que constituya un usufructo en favor de un tercero sobre un inmueble del representado, debe ser instrumentado por escritura pública conforme lo impone el art 1017 inc. a del CCC para la realización de este acto. (Christian Pettis y María Isabel Benavente, comentario al artículo 363 en la obra dirigida por Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Tomo I pág. 568).
Resulta necesario mencionar, que las disposiciones contenidas en el art 1017 del CCCN, no reproducen el inciso 7° del art 1184 del derogado Código Civil de Vélez en cuanto establecía la obligatoriedad de la escritura pública para el otorgamiento de poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio; con lo que estos instrumentos, en lo sucesivo, quedarían comprendidos en la libertad de formas que es el principio general del Código Vigente (arts 284 y 1015 CCCN).
A su vez, se destaca la novedosa incorporación del inc. c del art 1017 CCCN en cuanto establece que también deberán ser otorgados por escritura pública los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, así lo establezcan.
Con un lenguaje menos contundente, la legislación procesal tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la Nación – siguiendo igual redacción los Códigos de Procedimiento de La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, entre otras- dictados en el marco del derogado Código Civil, prescriben en su art 47 que “Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder”, de modo que dicha normativa tendió en su momento a ajustarse con los dispuesto en la ley de fondo en cuanto a las normas pertinentes a la representación voluntaria. (art 1184 inc.7°)
Es así que, considerando que se ha producido una modificación legal respecto a la formalidad exigida para la celebración del contrato de mandato, y siendo que la representación en juicio debe ser instrumentada mediante un contrato de mandato- celebrado entre el justiciable y su letrado/a-, que tenga por objeto la ejecución de actos procesales, me encuentro con dos interrogantes: 1. ¿Cabe exigir modalidad alguna a ese contrato de mandato para que pueda hacérselo valer en juicio?, y 2. ¿Han venido las disposiciones del nuestro vigente CCCN, a desplazar las disposiciones contenidas en el ordenamiento procesal relativas a la acreditación de la personería?.
Habiéndome abocado al estudio de la presente causa con el fin de dar adecuada respuesta, adelanto que este tema ha sido motivo de análisis por parte de estudiosos doctrinarios, quienes han considerado que estos casos implican una controversia normativa que debe ser resuelta por la jurisprudencia (Alejandro Borda, como director de la obra Contratos, 2ª. Ed. actualizada y ampliada, La Ley, Bs.As., 2018, p.621). En este sentido debo advertir que la Jurisprudencia no ha sido pacifica en torno a esta cuestión, pues bien, se pueden distinguir las siguientes posturas:
III. Análisis jurisprudencial a) Primera Postura - Argumentos en contra de la acreditación de la representación mediante instrumento privado:
Los Magistrados que han adoptado esta postura, se han ocupado de realizar un juego armónico entre las disposiciones del CCCN vigente, y las del CPCC. Así, han dicho que si bien el Art. 1017 no incluye expresamente la forma de escritura pública para la instrumentación de un poder general para actuar en juicio, de su inc d) se desprende dicha forma, en tanto exige el requisito de escritura pública para aquellos convenios en que por disposición de la ley se impongan. De este modo, les otorga carácter obligatorio a otras disposiciones del propio CCCN y otras leyes, como en el caso lo dispuesto en el art 47 CPCC en cuanto la exigencia de la escritura de poder a los fines de acreditar personería del letrado que pretenda actuar como apoderado. Siguen su razonamiento diciendo que no existen discordancias entre la norma procesal y la de fondo, pues el art 1320 indica que cuando el contrato conlleve el ejercicio de la representación del mandante, debe estarse a lo dispuesto en el art 363 CCCN, en cuanto establece que la forma de los poderes está asignada al acto que el representante deba realizar - estableciendo la pauta general en materia de forma para la representación voluntaria - por lo que en los casos en que se quiera ejercer representación en juicio (mandato judicial), la forma valida que se encuentra establecida en el código procesal vigente (art 47 CPCC), es “ la pertinente escritura de poder” y este concepto inequívocamente remite a la escritura pública.
Asimismo, sostienen que la legislación procesal no es materia delegada al gobierno central, y queda en poder de las provincias el dictado de normas tendientes a asegurar la administración de justicia, por lo que, en ejercicio y cumplimiento de los preceptos constitucionales, pueden imponer las reglas que rigen la materia.
Agregan que no podría ser otra la solución si se presta especial atención a la trascendencia del negocio jurídico. La exigencia de este requisito formal se sustenta en razones que hacen a la seguridad jurídica que, como regla, protege el acto publico. (Doctrina en fallos Cam Civ y Com San Isidro, plenario en Pomilio Nicolas Alejandro c/ Goffman Maximiliano Ignacio y Otro/a s/ Daños y Perj.Autom. c/les. o Muerte (Exc.Estado), Cam Civ y Com San Isidro Sala III en "Oropel Clara c. Gómez Raúl s/ Acción declarativa" (causa 39.362), Cam Civ y Com Mar del Plata Sala II en “Grippaldi, Alfredo Antonio c/ Cons. prop. edif. Santa Lucía s/ Cobro sumario de sumas de dinero”, Cam Civ y Com San Nicolás en Albarracin, Nilda Mabel y otro s/ Beneficio de litigar sin gas tos” (causa 12.741), Cam Civ y Com Azul en “Gonzalez, Hugo Alberto c/ Castellano, Yanel Anahi y otro s/ Daños y perjuicios”, CNCiv., Sala H, fallo del 20/11/2015, M., A. E. c/ S., S. O. y otro s/ daños y perjuicios, IJ-XCIV-871).
b) Segunda Postura - Argumentos a favor de la acreditación de la representación mediante instrumento privado: Quienes comparten esta postura, destacan que el Art. 1017 no ha establecido el requisito de escritura pública para el otorgamiento de este tipo de poderes, y ello no ha sido una simple omisión, sino que el legislador nacional ha querido simplificar la forma en este tema. Por otra parte, la nueva redacción, responde a la consagración del principio de libertad de formas al respecto (arts 284, 363, 1319 CCCN), por lo que habrá que analizar en específico cada acto jurídico a fin de determinar qué forma debe revestir el apoderamiento.
Así, interpretaron que, si el objeto del mandato es la representación en juicio, ya sea por poder general o especial y al solo efecto de ejercer los actos procesales necesarios resulta suficiente la manifestación de voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado, sin ser necesario su otorgamiento mediante escritura pública.
Así mismo explican que las provincias han delegado la facultad de dictar códigos de fondo al Congreso de la Nación, y teniendo en cuenta la naturaleza procesal que contiene la norma del art 47 CPCC – redactado durante la vigencia del derogado Código Civil y conforme lo dispuesto en el art 1184 inc 7°- no podría admitirse que la norma local –procesal limite el alcance de la norma de fondo, condicionando la validez del contrato a un requisito de forma que esta última no prevé.
Por otra parte, a las luces de una interpretación armónica del CPCC (Art 47) con el CCCN vigente (art 1015 y 1017), entienden que mantener la exigencia de escritura pública a los fines de acreditar personería en la normativa procesal, no resulta admisible pues implica la creación de una forma instrumental no prevista, limitando las dispuestas por la ley de fondo (libertad de formas – Arts 284, 1015 CCCN). (Doctrina en fallos Cam 2° Civ y Com La plata, Sala II en “Sciatore Diego Martin y otro/a c/ Rossini Estela Laura y otro/a s/ Daños y perjuicios” (causa 120.272) y en “Credico Haydee Aida s/ sucesión ab-intestato (RR 61-22), Cam Civ y Com San Isidro Sala I en “G. G. M. c/ F. M. E. y otro/a s/ Petición de herencia” (expte. 9392), Cam Civ y Com Dolores, causa n° 94.293, “F.,T. s/ Sucesión” 4/2/16) De este modo, y por los argumentos mencionados, la Jurisprudencia se ha inclinado en favor de una u otra postura, aunque me permito distinguir que una minoría ha desarrollado la que -a mi entender-constituye una tercera postura al respecto y sus argumentos podrían ubicarse a medio camino de los desarrollados precedentemente: c) Tercera Postura – Argumentos a favor de la acreditación de la representación mediante instrumento privado – rectificación / certificación de firmas:
Quienes sostienen esta postura, entienden que conforme a la normativa vigente que regla la materia del mandato (art 363 CCCN), su instrumentación no requiere el cumplimiento de ningún requisito de forma, excepto que el acto para el cual se otorga, así lo requiera (conf 1017CCCN). Es por ello que se necesitara distinguir el objeto del mandato a la hora de determinar qué requisitos se deben exigir. Que, en el caso de un mandato otorgado con el fin de ser representado en juicio (general o especial), al solo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, no requiere más que la manifestación de voluntad del otorgante de ser representado por ese letrado. Sin embargo, advierten que no pueden desconocer la trascendencia del acto jurídico que implica actuar en nombre de otra persona en juicio, por lo que deben cumplirse ciertos recaudos, al tenor de preservar la seguridad jurídica.
De este modo, concluyen que todo contrato de mandato celebrado mediante instrumento privado a los fines de ser representado en juicio resulta acorde a las normas del CCCN, aunque el mismo deberá requerir necesariamente la certificación de la firma del poderdante por autoridad que tenga suficientes facultades fedatarias conferidas (oficial público), es decir ante el Notario o el Actuario del juzgado interviniente (Secretario/a), o bien acreditándose el mandato mediante Acta Poder (art 53 ley 24240, art 23 ley provincial de procedimiento laboral, art 46 in fine y 85 CPCC), a los fines de evitar futuros planteos de nulidad, no resultando suficiente la firma del letrado junto con la de su cliente. (Doctrina en fallos: Cam Civ y Com Dolores en “Gigena, Silvia Gladys c/ Gigena, Perla Nancy s/ División de condominio” (causa 95.004), Cam 2° civ y Com La Plata Sala I en s “Ortiz, Roberto y otros c/ Sassaroli, Ana María y otro/a s/ Propiedad horizontal-cuestiones e/ propietarios” (causa 119.961), Cam Civ. y Com. Morón, Sala II, causa 11768-2015 del 6.11.2018, “Enriquez c/Mascovetro s/escrituración” RS 268/2018, Cam Civ y Com Mercedes, Sala I, causa 117416 del 7.3.2019 “Pérez, Rubén Domingo s/sucesión”).
IV. El caso bajo examen Las presentes actuaciones tratan sobre el sucesorio del causante ALVARADO HECTOR ERNESTO RAMON. Con fecha 2/3/2022 el heredero Alvarado Oscar Pablo – con el patrocinio letrado de la Dra. Gómez María Alejandra- presentó un escrito electrónico titulado “OTORGA PODER JUDICIAL”, mediante el cual en el punto I.- “CONFIERE PODER JUDICIAL (arts. 284, 285, 363, 1319 del CCyCN)”, otorgando PODER JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO en favor de su letrada para que, en su nombre y representación -actuando como MANDATARIA- intervenga en los Autos “ALVARADO HECTOR ERNESTO RAMON y OTRO S/ SUCESION AB INTESTATO" y en todas sus Incidencias y Apelaciones, que tenga pendientes o que se le susciten en el futuro, en lo que sea parte o tenga algún interés como actora o demandada o en cualquier otro carácter, el cual fuera otorgado por instrumento privado, y agregado a autos con firma ológrafa del mandante en formato digital.
Funda la validez de dicha instrumentación en el principio de libertad de formas consagrado en CCCN (arts. 284, 285, 363, 1319). Agrega que según las nuevas disposiciones del CCCN, el poder debe cumplimentar las mismas solemnidades que el ordenamiento jurídico requiere para el acto que el apoderado va a realizar en nombre del poderdante, por lo que si el objeto del mandato es entonces la representación en juicio -ya sea por poder general o especial- y al sólo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, resulta suficiente con la manifestación de la voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado, sin ser necesario el otorgamiento de ella a través de una escritura pública, pues no se encuentra exigida formalidad alguna para estos actos.
En consecuencia, el Sr. Juez de la instancia liminar ha dictado la resolución del día 4/3/2022, donde ha resuelto que el instrumento privado presentado por la Dra. Gómez no resulta suficiente para acreditar la representación invocada. Funda su decisorio al considerar que la autonomía de la voluntad y la libertad de formas no son absolutas, sino que encuentran limites en la determinación que la ley hiciera al respecto. En este sentido, entiende que el art 363 CCCN, al tratar la forma- en lo que la representación voluntaria respecta-, contempla que el apoderamiento deberá ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante pretenda realizar, y esta forma se encuentra prescripta en forma expresa por normas de diferente naturaleza: por una parte el art 1017 inc d) de la normativa de fondo, mediante el cual se establece que deberán ser otorgados mediante escritura pública aquellos contratos que por disposición de la ley así lo establezcan, y por otro lado, el art 47 de la normativa procesal aplicable (CPCC),-que responde a dicho precepto- mediante el cual se exige la instrumentación mediante escritura pública para el otorgamiento de poderes judiciales generales o especiales.
De este modo, deducen que la cuestión se encuentra regulada en la en normativa procesal, y se consagra como una disposición específica de la ley en los términos del inc d) del art 1017 del CCCN, y se encuentra dentro del parámetro del art 363 CCCN, por lo que a la hora de conferir mandato judicial a los fines de ser representado en juicio, deberá hacerse mediante escritura pública, criterio que la apelante no propugna, pues afirma que en el nuevo CCCN no se ha establecido exigencia alguna respecto a los poderes para actuar en juicio, a diferencia del código derogado, debiendo aplicarse la regla general – libertad de formas- para los actos jurídicos y los contratos. Ahora bien, como es sabido, el Congreso de la Nación al sancionar el CCCN dictó una serie de normas de forma, que en ocasiones fueron acusadas de ser un avance sobre los espacios de reserva en la facultad propia de las provincias de dictar las normas de índole procesal. Este fenómeno de vieja data ha sido explicado y legitimado por una consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los casos "Bernabé Correa" —Fallos 138:157—, "Netto" —Fallos 141:254—, "Real de Maciel" —Fallos 151:315—, "Perelló" —Fallos 247:524— entre otros, donde ha dicho sobre esta cuestión que el Congreso Nacional se encuentra habilitado para dictar normas de "procedimiento", en relación con el derecho común, aplicables por los tribunales locales —sin perjuicio de ser una atribución reservada por las provincias según el art. 121 de la Constitución Nacional—, cuando fuesen "razonablemente estimadas necesarias para el mejor ejercicio de los derechos" consagrados por las normas de fondo. Es decir que su constitucionalidad encuentra fundamento en la necesidad de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas en los códigos de fondo. (SAGÜÉS, Néstor P., "Elementos de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 3a ed., act. y ampliada, 2003, T. 2, p. 129. Así, por ejemplo, la Corte en el caso "Spinetto" de 1968 (Fallos 271:36) y (CSJN: Fallos 137:307).
En este sentido, la CSJN también tiene dicho que "no existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones" (Causa "Tinedo" de 1986, Fallos 308:199.), y que "la Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes, por lo que el legislador o el juez, en sus respectivas esferas, pueden establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente". (Francisco Costa e Hijos Agropecuaria" de 1996, Fallos 319:1915). Así puede considerarse que, si bien el CCCN genera una expectativa social legítima en torno a la reglamentación de los derechos civiles y comerciales, no puede soslayarse que la suerte que corra su implementación depende en gran medida de la regulación procesal que le permita funcionar. No obstante, admiten que no se puede dejar librada a tantas normas e interpretaciones como jurisdicciones deban conocer en los juicios que suscite la aplicación de la legislación de fondo. En este sentido, "no basta apelar a la autonomía del derecho para desconocer la uniformidad de la legislación de fondo, uniformidad que no sería tal si las provincias pudieran desvirtuarla en su esencia, legislando con distinto criterio instituciones fundamentales de carácter común, so color del ejercicio de los poderes reservados" ("Martínez y Esquivel, Dora R. y otros c. Provincia de La Pampa" de 1967, Fallos 269:373, Consid. 7°, y "Verdini" Fallos 327:3187).
Por ello estimo – y adelanto mi postura- que a la luz de los nuevos aspectos de la regulación de fondo que incluye el CCCN vigente, el cual nos persuade de que la regulación común de aspectos procesales se ha ampliado y complejizado, es necesario emprender un camino en el que deban reexaminarse y cotejarse con detenimiento las actuales previsiones de los códigos procesales locales, con el fin de poder determinar- eventualmente- si resulta necesario proponer la adecuación de éstos. Veamos:
Para abordar la cuestión que aquí nos interesa, necesariamente debo partir de la recapitulación de la normativa derogada con miras a identificar las diferencias, sustanciales y metodológicas con la ley vigente. Como primera aproximación diré que el Código Civil Derogado no distinguía adecuadamente las diferencias existentes entre los conceptos de poder mandato y representación.
Durante su vigencia, el Código Civil (Art. 1869 CC) contenía la regulación de la representación procesal en forma conjunta y articulada con las disposiciones aplicables al contrato de mandato, indicando que dicha normativa es aplicable a las procuraciones procesales, en tanto ellas no contradigan a las contenidas en las leyes procesales (art.1870 inc. 6 CC), estableciendo las formas exigidas para su otorgamiento – poder especial (art.1881 inc.3 CC). Ante la falta de claridad conceptual, la representación voluntaria y el mandato se confundían con el poder, por lo cual la doctrina asumió la responsabilidad de ordenar los diferentes tipos de representación calificándola según su origen: legal, voluntaria u orgánica, conforme emanara de la ley, o provenía por la realización de un acto jurídico, o si era propia de las personas jurídicas. De aquí, resulta necesario precisar las nociones conceptuales, previo al abordaje de la materia.
En una primera aproximación diremos que los actos jurídicos pueden ser celebrados por medio de representantes. Esta situación jurídica se verifica en el mandato y se instrumenta a través del otorgamiento de un poder. Es allí donde encuadramos a la representación ejercida por medio de poderes.
La representación es la actuación que realiza el representante en el proceso o en cualquier negocio jurídico por otra persona y se materializa en el mandato. Ricardo Lorenzetti, señala que “En este estadio de evolución del Derecho, aceptamos que "la representación" más que un negocio jurídico es una "situación jurídica" que emerge o nace de diversas fuentes”. (…) "La representación se transforma en una técnica jurídica que permite imputar efectos directos a una persona por la actuación de otra, sea que exista un acto voluntario o bien un comportamiento típico objetivado que autorice a hacerlo”. (LORENZETTI, Ricardo: “Código Civil y Comercial Comentado”, tomo II, comentario art.358, pág. 421- Edit. Rubinzal Culzoni.) El mandato es el contrato por el cual una persona encomienda a otra que la represente y en su nombre otorgue actos jurídicos, asumiendo de esta manera todos los efectos del mismo.
El poder es el acto jurídico dirigido a terceros, que permite instrumentar la representación y el mandato que se otorga a favor de una persona para que represente a otra. El poder es el acto e instrumento de apoderamiento concreto.
El actual Código Civil y Comercial, a los fines de superar la cuestionada metodología separa los institutos al tratarlos de manera independiente, organizando por una parte la teoría general de la representación y por otra el contrato de mandato. Así, la representación voluntaria presenta dos aspectos: el intrínseco, que se identifica con el mandato mismo, es decir con la tarea que una persona encarga a otra para que efectúe en su nombre y representación, y extrínseco, vinculado al modo en que el poderdante - mandante habilita o inviste de facultades al apoderado- mandatario para realizar aquellos actos que le ha encomendado ante terceros, de manera tal que los efectos de los actos que éste realice produzcan consecuencias jurídicas para el mandante. (HERRERO, Marisa, CARAMELO, Gustavo, PICASSO, Sebastián: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” tomo I, pag.579 y III, pág. 418 y ss.)
De este modo, y como señala Lorenzetti al comentar el art. 358 del CCCN: “(…) el Código civil y Comercial aporta un haz de luz sobre institutos hasta hoy confusos y que generaron una consecuente reglamentación imprecisa. La reforma significa un avance legislativo de gran importancia y un logro de la dogmática jurídica que, a más de alcanzar la correcta diferenciación de institutos como la representación, el poder y el mandato, pudo esquematizar con claridad, precisión y practicidad el estudio de cada uno de ellos, introduciendo cuestiones novedosas, reordenando artículos, simplificando el tratamiento de ciertas cuestiones complejas, etcétera”. Conforme lo hasta aquí desarrollado, advierto que el CCCN difiere metodológicamente en el tratamiento del tema, abordando ahora una teoría general de representación independiente del contrato de mandato y la exteriorización de éste mediante el apoderamiento.
En estricta referencia a la forma de instrumentar el poder bajo la vigencia del Código de Vélez, constituía como verdad indiscutida que el letrado que representa en juicio los intereses de su mandante, acreditaba personería – y con ello capacidad procesal- , mediante la presentación del instrumento público que contenía el poder, ello por aplicación del art. 1184 inc.7 CC que en su texto originario prescribía que debían ser instrumentados mediante escritura pública los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio. De este modo, en el derecho de fondo se hallaban consagradas disposiciones reguladoras de la forma de los poderes que deben presentarse en juicio, de indudable carácter procesal, por su repercusión en los procesos judiciales.
En total sintonía con lo dispuesto en el código de fondo (art 1184 inc 7), el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (CPCC) – vigente desde año 1968- mediante la redacción del art 47, si bien no trascribe textualmente su texto ni remite a la norma de fondo, consagra la formalidad exigida en tanto establece que “ Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.” (el resaltado me pertenece).
Dicho esto, resulta claro que el art 1184 Inc.7 CC no fue reproducido en el actual Art 1017 CCCN al prescribir las formas de los contratos, por lo que podría sostenerse que actualmente no se ha establecido la exigencia de la escritura pública para el otorgamiento de poderes judiciales (general o especial), ya que como anticipara, el CCCN consagra el principio de libertad de formas al respecto, regula la forma y prueba del acto jurídico (arts. 284 y 285), la representación voluntaria (art.363), y el contrato de mandato (art.1319). De una interpretación armónica de dichas disposiciones, surge que a través del análisis específico de cada acto jurídico se determinará qué forma debe revestir el acto de apoderamiento.
Es decir, que el poder debe cumplimentar las mismas solemnidades que el ordenamiento jurídico requiere para el acto que el apoderado va a realizar en nombre del poderdante. La forma en que deba realizarse el apoderamiento estará dada por el acto que el representante deba realizar de modo que ata la suerte de la formalidad del poder a aquella prescripta (Alvarez Julia, Luis y Sobrino Reig, Ezequiel, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por Julio César Rivera y Graciela Medina, La Ley, Buenos Aires. 2010 T I, p-811). Si el objeto del mandato es entonces la representación en juicio, ya sea por poder general o especial y al sólo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, resulta suficiente con la manifestación de la voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado, sin ser necesario el otorgamiento de ella a través de una escritura pública (Cfme. Cám. Civ. Dolores; Causa 95004; RS 8/2016 del 11/02/2016; voto de la Dra. Canale).
En el caso del poder para actuar en juicio, entiendo que rige plenamente el principio de libertad de formas. Principio que se sustenta en un concepto motivador del nuevo ordenamiento jurídico, que concede a la libertad contractual expresiones liberadas de formas innecesarias y onerosas. La voluntad del poderdante, un cliente (y consumidor jurídico) entabla con su abogado una relación de confianza que se nutre con la ciencia del derecho y la responsabilidad profesional. El abogado profesa una misión trascendente y en su desempeño queda asimilado al magistrado “en cuanto al respecto y consideración que debe guardársele” (Art. 58 CPCC – Dignidad.). Su presentación en un pleito, ya sin distinción del carácter de letrado patrocinante o apoderado, indican la asunción de responsabilidades y de obligaciones de medios y de resultado.
Comparto en este sentido criterio con mi distinguido colega Dr. Llobera, en cuanto si bien no desconozco las diversas incumbencias del notariado y del ejercicio de la abogacía, “...no debe soslayarse la trascendencia que reviste la firma del abogado, ya sea como patrocinante o como mandatario. En esta línea de pensamiento debemos advertir que la parte puede firmar una demanda contra una persona, con todas las consecuencias que de ello se deriva, con el único requisito para la validez de tal acto procesal que tenga, asimismo, la firma de su letrado patrocinante. Con idénticos recaudos puede desistir, no sólo del proceso sino y nada menos que de un derecho. Si ello es admitido sin cuestionamiento alguno ni exigencia adicional de ratificación, es porque al abogado matriculado se le reconoce la aptitud y responsabilidad profesional necesaria para tener, no sólo por auténtica la firma de su cliente sino también que ha sido extendida por persona capaz y con pleno discernimiento, intención y libertad ¿Cuál puede ser la razón para echar un manto de duda sobre el escrito en el cual una persona ha extendido un mandato mediante instrumento privado suscripto también por su letrado o que éste presenta como tal?. El abogado al suscribir un escrito como patrocinante da certeza sobre la firma que se atribuye a su patrocinado, en tanto no se demuestre lo contrario. […] Es innegable la trascendencia que se asigna a la firma del abogado junto a la de su patrocinado.
Dado que un mandato judicial extendido a favor de un abogado puede comprender los actos más relevantes que la parte podría hacer por sí, no se advierte sustento para discriminar la relevancia de la firma del letrado cuando invoca que actúa en virtud de un mandato extendido por su cliente mediante el instrumento que, suscripto por el mandante, adjunta. El abogado es tan responsable de la validez de dicha firma como la del escrito en que sólo es patrocinante y ello en virtud de la trascendencia social de su profesión y de la jerarquía con la cual deben ser apreciados sus actuaciones (doct. art.58 CPCC). Una distinción, en tal sentido, sólo podría ampararse en una interpretación del art. 47 del CPCC, la que, de ser tenida por correcta, merecería ser declarada inaplicable por contraria al orden constitucional. Las consecuencias que se deriven tanto para el proceso como para el letrado de la falsedad de la firma sea en el escrito de parte o en el instrumento de mandato son equivalentes: la invalidez de lo actuado. En un caso por inexistencia del acto, al no hallarse firmado por la parte y en otro por la nulidad de lo actuado por ausencia del mandato (arts. 1320 y 376 CCCN). Por esa vía de pensamiento tampoco hay razón para establecer un requisito de validez no contemplado por la norma que rige el contrato en cuestión.” (Cam Civ y Com San Isidro, plenario en Pomilio Nicolas Alejandro c/ Goffman Maximiliano Ignacio y Otro/a s/ Daños y Perj.Autom. c/les. o Muerte (Exc.Estado) Voto Juez Llobera).
La situación actual, no es resultado de un vacío legislativo (que suple la norma procesal), sino un apego a las formas que genera incertezas en la jurisprudencia al determinar si es necesario el instrumento público al efecto o, por el contrario, si por simple documento privado resulta suficiente a los fines, que se reproduce en el tiempo debido a algunos intérpretes han anclado la solución a la aplicación del Art 47 del código de procedimiento procesal.
Debe subrayarse, asimismo, que el art. 47 del CPCC consigna que los abogados apoderados acreditarán su personalidad en nombre de sus poderdantes, con la pertinente «escritura de poder», lo que no implica su asimilación a una «escritura pública de poder», pudiendo -por ende- tratarse de una escritura privada o pública. Así como que las Provincias han delegado la facultad de dictar el Código Civil y Comercial al Congreso de la Nación; por lo que no resulta admisible que la legislación local limite el alcance establecido por la normativa de fondo (arts. 31 y 75, inc. 12, de la C.N.; CACC, La Plata, causa «Sciatore c/ Rossini s/ Ds. y Ps.» sent.de 16-6-2016). Es que la normativa local, si bien puede legislar, reglamentar o regular determinados aspectos relativos a la representación procesal, lo cierto es que dicha facultad no puede avanzar sobre la forma que debe revestir un acto jurídico, como es el acto de apoderamiento para la representación en un juicio, ni por consiguiente exigir escritura pública o instrumento público como requisito ineludible para el acto de apoderamiento judicial, desde que dicho recaudo debería hallarse expresamente contemplado por la ley de fondo al ser el derecho de sustancia; más aún si el código de procedimientos es anterior al nuevo Código Civil y Comercial. La ley procesal, pues, debe interpretarse en función de las normas sustantivas, y por eso la forma que debe revestir un acto jurídico, constituye, como se dijo, materia delegada por las Provincias a la Nación (art. 75 inc. 12° de la Constitución Nacional). Nótese que el art. 47 del CPCC fue dictado durante la vigencia del art. 1184 inc. 7° del derogado Código Civil, de modo que la norma adjetiva provincial tendió en su momento a ajustarse a lo dispuesto por la ley de fondo.
La doctrina específica incluso ha destacado – resulta una observación relevante - “…que aunque en ciertos casos, como se verá, algunos ordenamientos procesales contemplan la posibilidad de que el mandato para actuar en juicio se prueba mediante otros instrumentos que tienen el mismo valor y eficacia que las escrituras públicas conforme a lo dispuesto en el CC, 979, 4ª” (PALACIO, Lino Enrique- ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de La Nación, Tomo Segundo, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1997, pág. 455).
Los distinguidos autores afirman: “Con carácter general, o atendiendo a la naturaleza de los asuntos o de los órganos judiciales intervinientes, algunos ordenamientos procesales admiten la posibilidad de que los poderes especiales (y excepcionalmente los generales) se otorguen ante otros funcionarios. Dentro de esa orientación, el Código de Procedimiento de la Provincia de Santa Fe de 1962 (art 41) determina que la representación en juicio será acreditada “mediante escritura de mandato, otorgada ante escribano público o por poderes especiales que podrán autorizar los jueces de paz o los secretarios de primera instancia o de paz letrado”, y agrega que “en los asuntos de competencia de la justicia de paz letrada, departamental o lega, será bastante una carta poder otorgada por las partes, sin otro requisito que la autenticación de sus firmas por cualquier autoridad policial”. (Obra citada, pág. 456). (Conforme jurisprudencia citada págs. 456/457). Esa misma solución se explica en el CPCC de la Provincia de Córdoba: “En la misma tónica, el Código Procesal de la Provincia de Córdoba de 1995 (Art 90), dispone que “los poderes especiales para actuar en cualquier clase de juicios, podrán ser otorgados apud-acta, o por carta poder autenticada por escribano de registro, juez de paz o secretario Judicial” (Obra citada, pág. 457). Del mismo modo, el Código Procesal de Corrientes del año 2000 (art 46) reza “La representación en proceso podrá instrumentarse mediante acta labrada ante el Secretario del Juzgado interviniente con la comparecencia del poderdante” y el Código Procesal de la Provincia de Chaco (art 66), dictado ya en la vigencia del nuevo CCCN, en el año 2017 que establece: “Los procuradores o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con: 1) Instrumento público, 2) Instrumento privado con firma certificada por notario u otro fedatario. 3) Acta de designación o ratificación ante funcionario judicial cualquiera fuere su competencia.”
Aquí encuentro un elemento de gran predicamento para despojar de asimetrías al conjunto de las leyes locales. Necesitamos códigos procesales modernos que, sin renunciar a su carácter local, legislen en todo el país y en forma univoca todas las cuestiones procesales. En este aspecto el Código Civil originario al regular el poder para intervenir en juicio, promueve una formula conciliadora para todos los ordenamientos procesales. En esa idea, sostengo que quedando derogada en el CCCN toda exigencia de escritura pública para los poderes para intervenir en juicio, la ley vigente deja sin sustento a cualquier interpretación de los textos procesales respecto a la exigencia de escritura pública como requisito de forma a la hora de conferir poder judicial. Suponer lo contrario significaría que según el texto de cada Código Procesal Provincial o Nacional en la materia, la forma de los poderes alcanzaría soluciones divergentes y que no contribuirían – las más rigurosas – a la finalidad del proceso moderno, abierto y sensible para la búsqueda de la verdad objetiva que la verdad formal o el exceso ritual manifiesto, en el pasado, tantas veces causaron frustraciones.
Me permito opinar que la escritura pública nada agrega a la validez del mandato y tampoco significa mayor garantía desde el punto de vista del proceso, sus partes ni de seguridad de terceros, por otra parte basta con compulsar una serie de normas vigentes para observar que algunas ya resultaban más flexibles en cuanto a la formalidad del instrumento, pudiendo acreditarse el mandato a través de un acta poder como surge del art. 53 de la ley 24.240 y del art. 23 de la ley provincial de procedimiento laboral 11.653; solución también prevista en los arts. 46 in fine y 85 del CPCC, y no podría decirse que estos resulten actos jurídicos sin trascendencia considerándose sus efectos, ni que la seguridad jurídica no deba alcanzarlos.
Entonces porqué ser más exigentes con las formas respecto de un poder para actuar en juicio cuando siquiera la ley vigente exige escritura pública y forzar un texto literal del Código Procesal, reivindicando los poderes locales que ya habían sido ofrendados en 1871 cuando el Código Civil (Fundamental para la Organización Nacional) legisló sobre la forma de un instrumento de aplicación estricta en un proceso judicial, con repercusiones procesales en la legitimación, la representación procesal o la personería.
De todas maneras, debe simplificarse el debate: las normas procesales son necesarias para asegurar las instituciones del derecho de fondo, en este caso la representación y el mandato. Si el código de fondo ya no exige escritura pública para los poderes generales o especiales que deben presentarse en juicio, no se advierte qué necesidad tiene debatir el alcance de una alocución del artículo 47 del código de forma. Con mayor razón cuando el mismo Código Procesal autoriza su instrumentación mediante el acta poder cuando se ha concedido el beneficio de litigar sin gastos y cuando el ordenamiento jurídico permite la misma instrumentación en los juicios laborales. ¿Acaso y sin perjuicio de la carencia de recursos en un supuesto o de la gratuidad que caracteriza a los juicios laborales, en otro, indican que la representación en juicio en estos casos, es por asuntos menores o de escasa trascendencia jurídica?
Esta bifurcación de soluciones, indudablemente prácticas, permiten contextualizar que la disposición del artículo 47 del CPCC, por su redacción, no impide la sustitución de la escritura pública por un instrumento privado, sin perjuicio de aquellos recaudos que el juez podrá disponer en cada caso. Esta idea está suficientemente explicitada, a mi entender, en los proyectos de reforma de los códigos de procedimiento que actualmente se presentan como novedades jurídicas. El problema de interpretación se ha forzado simplemente porque se ha sancionado el Código Civil y Comercial de la Nación en una reforma trascendente que hubiera requerido al mismo tiempo una reforma integral de los códigos de forma.
Se advierte que, si hoy entrara en vigencia un nuevo código procesal, en relación a la forma del poder, se impondría el principio de la libertad de formas que aun desde la vigencia del Derogado Código de Vélez ya comenzaba a abrir su camino. Vale la pena traer a memoria que en 1998, cuando se elaboró uno de los Anteproyectos de reforma del CPCC a cargo de una comisión integrada por insignes procesalistas, y que presidía el célebre maestro Augusto Mario Morello ya contenía en su redacción del Art 47 una clara tendencia a flexibilizar la forma de presentación de los poderes para ser representados en juicio: “Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder o acta extendida ante secretario del tribunal interviniente”. (Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (1998) – (Comisión integrada por los juristas Roland Arazi, Isidora Eisner, Mario E. Kaminker y Augusto M. Morello). (el resaltado me pertenece). Ahora veamos el estado actual del anteproyecto para la reforma del código procesal Provincial y Nacional:
El Anteproyecto del Código Procesal Nacional fue presentado el 1° de Julio de 2019 al Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán C. Garavano por la Comisión Redactora designada por RESOL-2017-496-APN-MJ y RESOL-2017-829-APN-M y establece en su ARTÍCULO 22.- “Forma del poder. La designación de apoderado se efectuará por presentación de un escrito firmado por el representado en el cual se confieren facultades para representarlo.”
Por su parte, el Anteproyecto del Código Procesal de Familias, Civil y Comercial (Versión actualizada al 15 de diciembre de 2021) publicado en www.agendaparticipativa.gba.gob.ar el 5 de agosto de 2021, dice en su ARTÍCULO 103. ”Presentación de poderes. En los supuestos de representación voluntaria deberá acreditarse la existencia del poder para actuar en juicio mediante escritura pública, instrumento privado o acta labrada ante la oficina de gestión judicial. En el caso de instrumento privado, la firma de la o el poderdante deberá encontrarse certificada por escribana, escribano, funcionaria o funcionario judicial, o bien por la persona designada al efecto por cada Colegio de Abogados Departamental”.
Los fundamentos del Anteproyecto, en lo que aquí interesa destacar, abundan en razones para subrayar la solución que propongo. Lo dispuesto en el Art 47 se ambienta en un código procesal que reclama una urgente reforma de modo que pueda aplicarse en armonía con las disposiciones del actual código de fondo. Los códigos antiguos igual que toda ley que aún no se reforma siguiendo el clamor de los nuevos tiempos, no pueden ser antecedentes en la anatomía del nuevo derecho cuando de la redacción de el CCCN se infiere la libertad de formas para el instrumento de poder. (art 284 363, 1015, 1017, 1019).
De ningún modo puede entenderse que la omisión del legislador es casual o involuntaria, muy por el contrario: el Legislador Nacional ha querido afianzar las practicas tribunalicias actuales respecto a la certificación de instrumentos privados, y simplificar el acceso a la justicia haciendo efectivas las garantías convencionales y constitucionales (CADH, art. 8; CN, art. 19 y 75 inc.22; CPBA, art. 15) y así evitar trámites y costos que pueden ser soslayados ya que, como lo he mencionado han dejado de ser exigibles según el ordenamiento jurídico de fondo que rige la validez del contrato por el cual se confiere el apoderamiento. Y es claro que dicha validez sólo corresponde que la establezca el Congreso Nacional, sin que ello importe avasallamiento alguno de la autonomía provincial, porque se trata de una cuestión expresamente delegada (arts. 5, 31, 75 inc.12, 121 y 126 CN).
A mayor abundamiento, la mayor libertad que el – ya no tannuevo Código Civil y Comercial de la Nación les da a los ciudadanos para ser representados en juicio, lleva a ampliar el alcance del artículo 19 de la Constitución Nacional, en tanto la ley contiene – en este aspecto- menos limitaciones que la anterior. (Cam II Civ y Com Sala II – La Plata “Credico Haydee Aida s/ sucesión ab-intestato (RR 61-22).
De acuerdo a todo lo expresado, el poder judicial en instrumento privado acompañado en autos resulta suficiente a fin de que la letrada del Actor lo represente en juicio, sin ser necesario su otorgamiento por escritura pública. No obstante, tal como se avizora en el texto procesal proyectado, han de establecerse moderados requisitos tuitivos del proceso. No puede desconocerse la trascendencia del acto jurídico que implica actuar en nombre de otra persona en juicio, lo que conlleva a la observancia o el cumplimiento de un mínimo de garantías y recaudos que de ningún modo pueden ser soslayados, por lo que resulta necesario, a fin de conferir certeza jurídica a los actos que conforman el proceso, la intervención de un funcionario o autoridad certificante a efectos de evitar planteos acerca de la autenticidad de las firmas y el contenido del instrumento privado (cf. Cámara Civil y Comercial de Dolores, causa «Focke, Teófilo s. Sucesión», 4.2.2016, Suplemento LLBA año 23 n° 6, julio 2016, p. 8 y La Ley 216-E-8). Como he mencionado, si bien la firma del letrado junto con la del cliente otorga fidelidad al acto, el abogado no ha sido investido por la ley como agente fedatario, al margen de que no pueden descartarse eventuales intereses contrapuestos con su cliente. (arts. 56 y ss. de la ley 5177; 1324, 1325 y cc. del CCyC; cf. Cámara 2° Civ. y Com.La Plata, Sala I, «Ortíz, Roberto y/o c/Sassaroli, Ana María y/o s/propiedad horizontal», causa 11 9961 del 10.3.2016; Nizzo-Belli «La Acreditación de la Representación en Juicio Bajo el Código Civil y Comercial.»).
De este modo concluyo que, el poder judicial sin dudas puede darse por escritura pública, pero también por instrumento privado, que dada la trascendencia que revisten determinados actos procesales que pueden llevarse a cabo desde su otorgamiento, es que resulta conveniente rodearlo de las máximas seguridades (arg. art. 319 CCyC; cf. Leguisamón, Héctor E., «La Problemática de la Representación Convencional o Voluntaria en el Nuevo Código Civil y Comercial», elDial DC22B9, 27.3.2017), por lo que considero conveniente su instrumentación mediante acta ante el Secretario del juzgado, o de lo contrario, la ratificación en sede judicial a cargo del poderdante del instrumento privado, o bien la certificación de la firma del ante escribano/a, funcionario/a judicial, o ante quien la ley dote de símiles facultades fedatarias.
En consecuencia, deberá revocarse en este sentido la resolución apelada y tenerse por acreditada la representación invocada por el presentante, debiendo ratificar el poder otorgado mediante instrumento privado en sede judicial. Sin imposición de costas de Alzada, considerando la naturaleza de la cuestión.
Por las consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos, el Dr. TARABORRELLI y el Dr.
PEREZ CATELLA VOTAN POR LA NEGATIVA.
Con lo que termino el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: la votación que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: 1º) REVOCAR la resolución apelada de fecha 4/3/2022 y en consecuencia tener por acreditada la representación invocada por la Letrada (Dra. Gómez), debiendo ratificar el poder otorgado mediante instrumento privado en sede judicial. 2) SIN COSTAS de alzada, atento a la naturaleza de la cuestión planteada. (art. 68 2° párrafo del CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia