Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2.040/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 239/242 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 244 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2.040/15-TSJ Interlocutorio N°: 3.172.-
Actor: ALVARADO JORGE Y OTROS Demandado: MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO Y OTROS Objeto: AMPARO Fecha: 30-3-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3172 FOLIO Nº 5215/5218 PROT. ELECT. TSS1 014 I.161
Río Gallegos, 30 de marzo de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “ALVARADO, JORGE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO Y OTROS S/ AMPARO” Expte. Nº A-1035/14 (A-2040/15-TSJ) venidos al acuerdo para resolver; y:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 239/242 vta., por la Dra. Eneida Lima Pinheiro, en su carácter de apoderada de la Municipalidad de Puerto Deseado, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 234/236 por cuanto confirmó el pronunciamiento dictado en primera instancia a fs. 204/212 y vta.-
II. Un breve resumen de lo acontecido en autos, será útil para clarificar la cuestión litigiosa traída a casación. Los actores promovieron acción de amparo contra la Municipalidad de Puerto Deseado, la empresa minera Yamana Gold Estelar Resoures Ltda. y la U.O.C.R.A., con el objeto de impedir que el ente comunal demandado, coloque en los pliegos de las licitaciones de obra pública, cláusulas que obliguen a los adjudicatarios a contratar personal afiliado al sindicato de la UOCRA para el desarrollo de la obra. Alegan los accionantes, que al no ser afiliados a dicho gremio, les resulta imposible acceder a un puesto de trabajo. Dicen ser discriminados en la obra pública municipal y acusan la inconstitucionalidad de las normas que así lo disponen y que cercene cualquiera de las garantías constitucionales en la cual se funda esta acción de amparo.- A fs. 79/81 vta., se declaró improcedente la acción promovida contra la Empresa Yamana Gold Estelar Resoures Ltda. y la U.O.C.R.A., continuando, únicamente contra la Municipalidad de Puerto Deseado.-
A fs. 170/174 vta, la Municipalidad de Puerto Deseado presentó el informe requerido en los términos del artículo 7º de las leyes 1117, 1118 y 1186, donde opuso excepciones de cosa juzgada formal, falta de legitimación activa y caducidad de la vía intentada, las cuales fueron rechazadas en las instancias de grado y no han sido objeto de la casación, razón por la cual nada cabe decir a su respecto. En cuanto al fondo, el ente comunal postula la improcedencia del amparo englobando, distintas razones, en un mismo párrafo; por ello y a efectos de brindar mayor claridad al lector, tales argumentos serán expuestos en diferentes ítems agrupándolos por su contenido: la municipalidad demandada afirma que: a) los amparistas no han presentado ante ella ningún reclamo administrativo o solicitud respecto al planteo de las contrataciones (conf. fs. 172).
Señala que “…para nuestro máximo tribunal, es un proceso utilizable en delicadas situaciones extremas en la que por carecer de otras vías idóneas o aptas peligra la salvaguarda de los derechos fundamentales…” (cfr. fs. cit.), presupuestos que, considera, no se configuran en el supuesto de autos. b) el amparo solicitado se ha planteado en abstracto (conf. fs. cit.). Según dice, “…los amparistas presentan un reclamo genérico y pretenden atacar supuestos hechos futuros…No hay en autos un hecho configurativo de una relación jurídica con la municipalidad de Puerto Deseado y los amparistas. Al respecto, los mismos no indican el acto que los afecta […] En autos, la pretensión versa sobre riesgos futuros e inciertos, razón por la cual no se admite la vía del amparo a los llamados riesgos futuros o meramente conjeturales, como tampoco corresponde el control a priori de la administración […] Debe precisarse que, la supuesta lesión que motiva el reclamo debe ser actual o inminente, por lo que no resulta atendible la alternativa planteada por los actores respecto de un hecho futuro e incierto, cual es que se llegare a dictar actos administrativos por parte de la demandada” (cfr. fs. 172 y vta.). c) El sindicato UOCRA es el único reconocido en la provincia de Santa Cruz, en cuanto a la industria de la construcción, con personería gremial y el convenio colectivo N° 76/75 que abarca a todos los trabajadores de dicha industria que prevé en su art. 9 la contratación de obreros a través de la bolsa de trabajo de dicho gremio (conf. fs. 173 vta.).
En este sentido afirma que “…es una obligación de los empleadores de la construcción la contratación de mano de obra de la bolsa de trabajo del referido sindicato de la construcción que ejecuten obras en el ámbito de actuación en obras en las seccionales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, razón por la cual si el municipio en algún pliego particular debió consignar que se tenga presente dicha situación no lo hizo como requisito de aceptación de las ofertas presentadas por los oferentes en la contratación pública sino que se tenga en cuenta dicha bolsa de trabajo de acuerdo al Convenio Colectivo N° 76/75” (cfr. fs. 174).- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo incoada (conf. fs. 212), decisión que fue confirmada en segunda Instancia con costas a la demandada (conf. fs. 236).
La Excma Cámara de Apelaciones, al igual que el juez de primera instancia, tuvo por probado que “…el Municipio de Puerto Deseado establece como exigencia para la construcción de la obra pública local que el licitante deba contratar mano de obra afiliada a una determinada entidad gremial…También la clausula 9 de la licitación cuestionada y acompañada a fs. 55/64 impone como requisito la exigencia de contratar personal a través de una bolsa de trabajo sindical y obliga a los trabajadores a inscribirse en la misma y a afiliarse involuntariamente a la entidad sindical que la administra, violando la libertad de agremiación de éstos…” (cfr. fs. 235 vta.). Al tenerse por acreditada esta circunstancia, se sostuvo en las instancias de grado que ello viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional pues “…la libertad de agremiación importa el derecho de afiliarse al sindicato que se prefiera o no afiliarse a ninguno, y no puede admitirse como congruente con la Constitución un acto según el cual el derecho a trabajar queda supeditado a una afiliación gremial necesaria y a la permanencia en determinado sindicato mientras dure la ocupación” (cfr. fs. cit.).
Asimismo, en otro parágrafo, el tribunal ad quem expresó que ello “…atenta principalmente contra el derecho constitucional de igualdad…” (cfr. fs. cit.).- La demandada recurre el fallo de segunda instancia por la causal prevista en el artículo 2° Ley 1687 (conf. fs. 239). Afirma que la sentencia de Cámara omitió expedirse acerca del cuarto y quinto agravio del recurso interpuesto. Menciona que la supuesta lesión que motiva el reclamo debe ser actual o inminente, por lo que no resulta atendible la alternativa planteada por los actores respecto de un hecho futuro e incierto…” (cfr. fs. 241 vta.) y que el municipio demostró la inexistencia de acto lesivo y acompañó expedientes en los que se desprende “…que la aceptación o decisión de la contratación no requiere acreditar quienes son o el sindicato al que pertenecen los trabajadores dependientes de las empresas o sociedades que participan de las licitaciones públicas o privada y no es un factor que determina la aceptación de la oferta o control de la administración pública municipal en la ejecución del contrato” (cfr. fs. cit.).
Finalmente solicita se case la sentencia recurrida haciendo reserva del caso federal (conf. fs. 242).- A fs. 244 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada.-
A fs. 262 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Corresponde, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º de la ley Nº 1.687 a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Por medio de la presente los amparistas pretenden que se impida al municipio demandado colocar cláusulas, en los llamados a licitación de obras públicas, que, de alguna manera, obliguen a las empresas concesionarias a contratar mano de obra únicamente entre afiliados al sindicato UOCRA (conf. fs. 68 vta.).-
Es preciso apuntar que, ante la negativa de la demandada de que tales cláusulas existan, se produjo prueba mediante la cual, en ambas instancias, se tuvo por acreditada la versión de los amparistas (conf. fs. 235 vta.).-
En el contexto descripto, se advierte, que los planteos de la casacionista remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenas al ámbito casatorio. La impugnación, como ha sido planteada, pretende una revisión del material probatorio por parte de este Alto Cuerpo, con la intención de que, aquí, se arribe a las conclusiones que ella propugna. Se desprende así que el libelo recursivo se ha estructurado en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.- Si las conclusiones a las que arribaron los sentenciantes se sustentan en el mérito de las pruebas producidas en autos, lo puesto en tela de juicio, por quien recurre, es dicha valoración; por ende los tópicos sobre los que giran las impugnaciones necesariamente llevan a revisar los hechos y las pruebas de la causa, materias que pertenecen, en principio, al ámbito propio de los Jueces de grado, excepto que se demuestre que hubo absurdo en la valoración de la prueba, arbitrariedad o violación o errónea aplicación de la ley. Circunstancias que no han sido demostradas en la especie, más allá de la discordancia que pudiera mantener el recurrente con los criterios sustentados en el fallo.- Los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria, en la medida que, lo que se pone en tela de juicio es la consideración y apreciación de los hechos y las pruebas que han sido consideradas por los jueces. Las críticas expuestas por la accionada solo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2767, Folio 4301/4305).- Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustanciación del proceso, se concluyó que eran ciertas las manifestaciones de los accionantes, ello constituye una cuestión fáctica, reservada, exclusivamente, a las instancias ordinarias e irrevisable en casación, salvo que se demuestre y compruebe el absurdo en la valoración de la prueba.-
Sabido es que los jueces son soberanos en la selección e interpretación de las pruebas, sin tener que justificar por qué otorgan mayor o menor mérito a una prueba que a otra (conf. art. 364 del CPC y C).-
Reiteradamente éste Tribunal ha expresado que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (conf. TSJ. Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- Los magistrados intervinientes en éste proceso han efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que, no patentizan la exteriorización de la sola voluntad de los juzgadores, ya que aportan las razones del veredicto. “…No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (cfr. HITTERS, Juan C. Técnica de los recursos extraordinarios y de casación, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3079, Folio 5013/5016).-
IV. En éste contexto, observamos que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba. Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante "...un desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contra dichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial..." (cfr TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).-
V. Adentrándonos al análisis de los motivos mediante los cuales se procura fundar el planteo casatorio, no se advierte cómo se ha violado, en el decisorio atacado, el principio de congruencia –entendido éste último como “…la coherencia o correspondencia lógica que debe existir entre lo peticionado por las partes y la resolución” (cfr. Enderle, Guillermo J. ‘La congruencia procesal’, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 2007, pág. 57).-
Acusa la demandada, tal vicio, argumentando que la Cámara no se expidió sobre la improcedencia del amparo que había planteado en base a que, a su modo de ver, no existe un peligro actual e inminente de perjuicio para los actores y porque no se está atacando una norma concreta.-
Sin embargo, y como se indicó en los párrafos anteriores, los magistrados intervinientes han tenido por acreditado el hecho denunciado por la actora a través de las pruebas recopiladas en la causa y han considerado que esta circunstancia es generadora de un perjuicio ilegal, que lesiona derechos constitucionales de los actores, el que debe ser subsanado en forma urgente a través de la vía del amparo. Añadiendo que el requisito que el municipio impone en la licitación de la obra pública es contrario a la garantía constitucional de libertad sindical consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con fundamentos que se ajustan a derecho. Mal puede, entonces, decirse que el Tribunal de Grado no ha respondido a los argumentos de la demandada, sólo que la respuesta no ha sido la deseada por ésta última.- En su defensa arguye también, el Municipio, que no es cierto que exija la afiliación de los obreros a determinado gremio para acceder a la obra pública comunal. Siendo así, no se entiende cual es el agravio que le provoca la sentencia de Cámara, en tanto le impone abstenerse de hacer algo que, dice, no hace, de manera tal que no habría justificación para haber instado y proseguido toda la vía recursiva, con el dispendio jurisdiccional que ello importa, cuando, el fallo que ataca no pudo ocasionarle perjuicio alguno. Lo único que, en tales condiciones, podría generarle agravio sería la condena en costas, pero ella no ha sido motivo de su recurso de casación.-
VI. A mayor abundamiento cabe apuntar que, además, no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia. Sobre la materia, es tesis de este Tribunal que: “... ‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). Circunstancias que, de conformidad a los argumentos reseñados en los párrafos precedentes, no han acontecido en la especie.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia...si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio…sobre cuestiones de hecho, prueba...” (cfr. sum. del Dictamen del Procurador General que la CSJN hace suyo en autos: “G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro”, 05/09/2002, LA LEY 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En el sub lite, sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, relativos, como se ha demostrado precedentemente, a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que la sentencia constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; razón por la cual, no merece objeciones lo fallado por los magistrados preopinantes que permitan la apertura de ésta instancia.-
VII. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, y ante la insuficiencia del requisito formal establecido por el artículo 4º inciso a) de la ley Nº 1687, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 239/242 vta., en consecuencia, revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 244 y vta., en cuanto lo declara formalmente admisible, y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 242.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 239/242 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 244 y vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Clara Salazar- Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.172.-
Folio N°: 5.215/5218.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia