Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 168.701
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación en subsidio deducido en fecha 28/04/2021, y en consecuencia, revocar el proveído del 22/04/2021 en lo que ha sido materia de agravio;
II) ) No se imponen costas atento la ausencia de controversia (art. 68, 2da. parte del CPC.).
Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Juzgado Civil y Comercial N° 6 "ALVAREZ CLAUDIA INES S/ ACCION DECLARATIVA. MEDIDAS PRECAUTORIAS "
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Los presentes autos traídos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación en subsidio interpuesto el 28/04/2021 por la doctora Silvina Andrea Freidenberg, patrocinante de la parte actora, contra la resolución del 22 de abril de 2021; y CONSIDERANDO que:
I. Antecedentes.
En fecha 11/09/2020, previo al proveimiento del escrito de demanda, el organismo de origen intimó a la parte actora a cumplir con el pago de la tasa de justicia y su contribución.
Mediante presentación del 12/04/2021, la interesada manifestó "Que atento el Beneficio de Litigar sin Gastos concedido a esta parte provisoriamente en autos "ALVAREZ, CLAUDIA INÉS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - Expte. Nº 116889" de trámite ante V.S., se nos tenga por relevada del pago de tasa y sobretasa de Justicia indicada por el despacho de fecha del 11/9/20". (textual)
II. Resolución recurrida.
La señora jueza de primera instancia, en fecha 22/04/2021 resolvió "... habiéndose iniciado la tramitación del beneficio de litigar sin gastos después de habérsele indicado que debía cumplir con la obligación fiscal, la concesión de lo pretendido implicaría conferir un efecto retroactivo que el código de procedimiento no autoriza..."
III. Recurso interpuesto.
Contra el reseñado decisorio, en fecha 28/04/2021, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio la doctora Silvina Andrea Freidenberg.
En primer término manifiesta que, en fecha 26/08/2020, solicitó que se haga extensivo el beneficio de litigar sin gastos otorgado a su representada en autos "Alvarez, Claudia Inés S/ Materia De Otro Fuero" (Expte Nº 115633).
Que ante la respuesta de la Jueza de grado (v. res. del 17/11/2020) en la cual peticiona se identifique a los legitimados pasivos de las presentes actuaciones a efectos de dar traslado de la solicitud, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio -en fecha 24/11/2020-, que fue rechazado el 09/12/2020 por encontrarse ajustada a derecho la resolución recurrida y no haber gravamen irreparable.
Seguidamente señala que el 04/03/2021 inició el expediente "Alvarez, Claudia Inés S/ Beneficio De Litigar Sin Gastos" (Expte. Nº 116889), en el cual se concedió provisoriamente el beneficio en fecha 26/03/2021.
Que atentas las circunstancias antes descriptas, el 12/04/2021 solicitó se haga extensiva la concesión mencionada a las presentes actuaciones.
En relación al rechazo de la petición por parte de la instancia de origen (v. res. del 22/04/2021) señala que "Yerra V.S. al señalar que ´...la concesión de lo pretendido implicaría conferir un efecto retroactivo que el código de procedimiento no autoriza (arts. 78, 83 y 84 del CPCC)´. Ello toda vez que la mentada retroactividad no se configuraría en el caso de autos, por no encontrarse aún precluída la facultad de modificar y/o ampliar la demanda (conforme lo habilita el Art. 331 CPCC)" (textual)
Finalmente manifiesta que "...aquí, no sólo no se ha conferido traslado de la demanda -advierta V.S. que el presente se trata de una acción declarativa sin sujeto pasivo de la presente acción-, sino que ni siquiera se ha proveído el escrito de inicio en toda su integridad" (textual)
III. Tratamiento del recurso.
Ingresando en el estudio de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal corresponde adelantar que el recurso debe prosperar A continuación expondremos los motivos que nos llevan a dicha conclusión.
Sostiene nuestro Máximo Tribunal Nacional que el beneficio de litigar sin gastos ha sido establecido a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago que necesariamente implica la sustanciación de un proceso, otorgándosele los medios para sortear ese obstáculo y asegurar propósitos de raigambre constitucional que garanticen la defensa en juicio y el mantenimiento de la igualdad de las partes en el proceso (cfr. CSJN in re "Lardel c/Provincia de Bs.As.", del 17/03/98, pub. en La Ley, 1998-E, pág. 463, citado por: Luis Méndez, Gabriel Tamborenea, "El beneficio de litigar sin gastos y la garantía de acceso a la justicia, Sep. 2009 Id SAIJ: DACF090061).
A partir de ello, entendemos que la mirada de la cuestión planteada deber ser interpretada conforme a la Constitución Nacional tal como se desprende del art. 1º del Código Civil y Comercial de la Nación, pues de lo contrario estamos impidiendo el acceso a la justicia y violentando las garantía constitucionales de la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional y 10 y 15 de la Constitución Provincial, como así también los Tratados Internacionales que en materia de derechos Humanos fueron ratificados por nuestro país (art. 18 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , los arts. 1º y 8 inc. 1º) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en los arts. 1º, 2, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva Nº 11, Excepciones al agotamiento de los recursos internos - (Art. 46.1, 46.2.A Y 46.2.B Convención Americana Sobre Derechos Humanos), párr. 24; 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad; cfr. Amaya, Jorge A. Control de Constitucionalidad; Edit.Astrea; Bs. As, pág. 430 y ssgtes.; Albanese, Susana; "El control de Convencionalidad", Edit, Ediar, Bs. As., 2008,, Binder, A.-Obando, J.; "De las "Republicas Aereas" al Estado de Derecho"; Edit. Ad-Hoc, Bs. As., pág. 34 y ssgtes.).
En los fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial se establece que "la interpretación debe recurrir a todo el sistema de fuentes. Así, se alude a la necesidad de procurar interpretar la ley conforme con la Constitución Nacional y los tratados en que el país sea parte, que impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa su ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo unos de ellos conforme con la Constitución. Constituye acendrado principio cardinal de interpretación, que el juez debe tratar de preservar la ley y no destruirla..." (Ver Pto. 4.1. Las fuentes).
En particular debemos valorar que el acceso a la justicia es un derecho humano. Admitir lo contrario no solo vulnera garantías constitucionales sino -lo que resulta más grave-, que si se adoptara una postura distinta se le impediría a una persona a recurrir al servicio de justicia y ello es precisamente lo opuesto a lo que el legislador ha contemplado al receptar el instituto del beneficio de litigar sin gastos, es decir impedir el cercenamiento a que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante el poder judicial y provocaríamos la desigualdad jurídica.
Debemos tener presente que en la exposición de motivos de las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad se sostuvo: "El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esa manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes presten sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento".
En el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia, en un caso de similares características al de autos -beneficio de litigar sin gastos otorgado con posterioridad a la presentación de la demanda-, ha señalado que "La confrontación de los polos aquí enfrentados no arroja dudas en torno a cual prevalece, si el rigorismo procesal de la preclusión o el derecho humano de acceder a la justicia remontando las dificultades económicas que se padecen. Viene al caso remitirse aquí al Título Preliminar del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Los casos deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma (art. 1). Y la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (art. 2)..."
Agregando que "...el nuevo paradigma del Estado Democrático de Derecho presupone la superación del derecho como sistema de reglas, incorporando democráticamente a los principios en el discurso constitucional. En ese contexto, se reserva a los jueces y estos vienen convocados a asumir el ejercicio de verdaderas y trascendentes funciones de garantía destinadas a asegurar la efectiva operatividad de los derechos fundamentales conforme a los mandatos superiores contenidos en la Constitución y las convenciones internacionales. Las normas infraconstitucionales han de asegurar, entonces, la igualdad material, en el sentido de garantizar la paridad de armas, y para ello colocar a aquella que se encuentre en situación de inferioridad en el mismo nivel procesal que su oponente..." (S.C.B.A. Causa A. Nº 70.428, "Gómez, Víctor y otra contra Recreo Tamet y otra. Daños y perjuicios. Recurso de queja", del 2/09/2016). Analizadas las constancias de autos, y teniendo en cuenta los principios constitucionales y convencionales del acceso a la justicia y tutela judicial efectiva se observa que en el presente proceso la solicitud de extensión del beneficio concedido en autos "Alvarez, Claudia Inés S/ Beneficio De Litigar Sin Gastos" (Expte. Nº 116889), no vulnere la garantía constitucional de la debida defensa en juicio, sino que más bien de adoptarse la solución dispuesta por la Jueza de grado se estarían violentando las garantías constitucionales previstas en los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Nacional (argto. arts. 16 y 18 de la Const. Nacional; 706 del Cód. Civil y Com.; 82, 84, 331 y ccds. del CPCC).
En consecuencia, debiendo resolver teniendo en cuenta la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, valorando los principios constitucionales, entendemos que la denegatoria del alcance amplio del beneficio de litigar sin gastos conlleva al cercenamiento del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, con lo cual solamente podrían tener acceso a la justicia aquellos quienes pueden hacerse cargo de la tasa de justicia, lo que con ello se provocaría una denegación injustificada. Los jueces nos encontramos obligados a resolver los casos teniendo en cuenta la perspectiva constitucional y convencional (art. 1 del Cód. Civil y Comercial). Ello es expresado por la Comisión redactora en sus fundamentos: "Todos los Tratados Internacionales suscriptos por el país y que resultan obligatorios deben ser tenidos en cuenta para decidir un caso. Esa es la función que tiene como fuente de derecho referida en el artículo primero. Pero además, cuando se interpreta una norma, tiene especial relevancia los tratados de derechos humano por que tienen un contenido valorativo que se considera relevante para el sistema..." (Punto 4.2, "Las Fuentes", Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación).
Corresponde hacer lugar el planteo efectuado por la recurrente disponiendo que la extensión del beneficio de litigar sin gastos solicitado alcance el pago de la tasa y sobretasa de justicia (arts. 78, 84 y ccdts del CPC).
IV. OPINIÓN DEL DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ:
Sin perjuicio de lo expuesto "ut supra", considero pertinente aclarar que la postura asumida en la presente resolución, en lo que a mí respecta, se apoya en estrictas razones de casación de hecho y en función del criterio emanado de nuestra SCBA en la causa 70428 "Gómez, Víctor y otra c/ Recreo Tamet y otra s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja", resolución del 07/09/2016; como asimismo, en las particulares circunstancias de la causa.
Digo esto porque se ha dicho en anteriores oportunidades, siguiendo a Carlos E. Camps, que para que no opere la exigencia del pago de la Tasa de Justicia, "el planteo del incidente deberá hacerse antes o al tiempo de plantear la demanda (o reconvención) en el juicio principal pues de lo contrario, la norma fiscal mencionada será de aplicación y el pedido de beneficio sobreviniente no alcanzará a la deuda fiscal devengada" (esta Cámara, Sala Primera, causa 142242, resolución del 10/09/2009; Camps, Carlos E. "El Beneficio de Litigar sin Gastos", Ed. LexisNexis, 2006, pág. 381).
Es que a diferencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que expresamente prevé el efecto retroactivo de la concesión del beneficio de litigar sin gastos, el ordenamiento ritual provincial no contempla dicho efecto para la mentada franquicia (arts. 78, 82, 84, y ccdts. del CPCCBA; 84 del CPCCN; esta Cámara, Sala Primera, causa 169611, resolución del 24/07/2020).
Además, no puede soslayarse que, en principio, no se encontraría vulnerado el acceso a la justicia por cuanto nada impide a los justiciables solicitar el beneficio de litigar sin gastos antes o simultáneamente a la interposición de la demanda. En efecto, si la parte actora y/o su letrada se creían con derecho a solicitar dicha franquicia para evitar el pago de la tasa de justicia, debieron hacerlo en tiempo oportuno, por lo que su omisión implicaría un error carente de justificación.
V. Por ello, citas legales y jurisprudenciales efectuadas y lo normado por los arts. 34 inc. 3º ap. b), y 5to, 36, 68, 69, 155,161, 241, 242, 246, 260, 275 y ccds. del Código de Procedimiento Civil y Comercial de Buenos Aires.
RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación en subsidio deducido en fecha 28/04/2021, y en consecuencia, revocar el proveído del 22/04/2021 en lo que ha sido materia de agravio;
II) ) No se imponen costas atento la ausencia de controversia (art. 68, 2da. parte del CPC.). REGISTRESE. Transcurrido el plazo del art. 267 del Código de procedimiento bonaerense, devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA.
Fin de la sentencia