Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-27963410-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 23 de Marzo de 2022
El expediente caratulado Nº 48.832-I: “ALVAREZ HNOS SRL s/apelación - Ganancias - Salidas no Documentadas” y su acumulado N° 48.833-I, caratulado: "ALVAREZ HNOS SRL s/apelacion - Ganancias" a resolución de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 65/90 y 363/379 la parte actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 74/2018 y 75/2018 (DV NRR1), dictada el 5 de mayo del 2018, por el Sr. Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la Dirección General Impositiva (AFIP), en virtud de la cual se determinó la obligación tributaria de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias -salidas no documentadas por los períodos fiscales 7/2011 a 1/2012, 3/2012, 5/2012 a 12/2012 y 9/2013 a 5/2014, e Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2012 a 2014, con mas intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en art. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la Ley 11.683.
Que en primer lugar, manifiesta que la firma Álvarez Hermanos S.R.L. es una sociedad de tipo comercial que comenzó sus actividades hace ya más de 20 años, dedicándose al transporte automotor interurbano de pasajeros, con carácter regular, desde su sede en la Provincia de Buenos Aires.
Señala que el ajuste que pretende realizar la AFIP abarca conceptualmente dos rubros: el impuesto a las ganancias y el "tributo" del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (salidas no documentadas) de períodos fiscales comprendidos entre los años 2011 y 2014). Señala que los dos casos tienen un origen común, el que radica en el desconocimiento por parte del Fisco de dos rubros de gastos realizados por la actora, a los que califica como no computables.
En efecto, básicamente, se trata de gastos en publicidad y en la adquisición de insumos propios de la actividad de transporte (combustible, cubiertas, reparaciones en los vehículos y algunos elementos para la construcción y obras en la sede), que la AFIP considera que son, en resumen, "gastos improcedentes" y que, por lo tanto, no son deducibles de la ganancia gravada, ni generan crédito fiscal en el IVA, y además son pasibles del instituto del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias.
Señala que la recurrente ha dado cumplimiento a la totalidad de las disposiciones que regulan el Impuesto a las Ganancias, para acceder al cómputo de las sumas abonadas como gasto. En efecto, la regla de la deducibilidad de los gastos viene dada por el art. 80 de la ley del Impuesto a las Ganancias, en cuanto determina la deducibilidad de los gastos efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto. Señala que yerra el Fisco en su razonamiento ya que tanto las compras como los servicios contratados por Álvarez Hermanos se encuentran documentadas en debida forma, extendiéndose las facturas, remitos y recibos que marcaba la legislación vigente. En definitiva, sostiene que en estos autos se esta ante un contribuyente que ha efectivamente recibido bienes y servicios, que ha pagado por ellos, contando con la documentación respaldatoria respectiva. No hay motivos para denegar el cómputo del gasto ni del crédito fiscal de él resultante, en ninguno de los gravámenes involucrados.
Afirma que es totalmente ajena a la relación establecida entre el Fisco y el obligado al pago del Impuesto a las Ganancias por las operaciones cuestionadas en autos. Al abonar la actora el monto de la factura, se genera una obligación tributaria para sus proveedores, que son quienes deben responder ante el Estado por su respectivo Impuesto a las Ganancias, efectuando previamente las deducciones pertinentes. Por el contrario, sostiene que se pretende castigar a la recurrente por las eventuales anomalías en que habrían incurrido esos proveedores. La pretensión fiscal contraviene la seguridad jurídica de todo sistema dado que, quien de buena fe ha actuado conforme a las disposiciones formales y materiales de las normas vigentes sorpresivamente resulta sancionado porque su proveedor endosó el cheque a un tercero, y éste a otro, quien no tiene obligación de conocer o mantener vínculo comercial con Álvarez Hermanos. Esto significa que, sin mediar obligación legal alguna, Álvarez Hermanos debió -no obstante haber cancelado sus compras conforme a las disposiciones de la normativa vigente al momento- controlar que su proveedor cobrara el cheque.
Alega que los proveedores no figuraban en la base apoc al momento de emitirse las facturas ni al de hacerse su pago. Es más, sólo algunos de ellos han sido incluidos por la ÁFIP-DGI en dicha base con posterioridad a la fecha en que Álvarez Hermanos perfeccionó sus operaciones comerciales con ellos. Dicho extremo ha quedado acreditado con los CAI de las facturas impugnadas que estaban vigentes al momento de las transacciones, las imprentas utilizadas para emitir los comprobantes estaban (y están) autorizadas por la AFIP-DGI. Alega que ello torna aplicable lo sostenido por la Corte Suprema de la Nación en autos "Bildown SA c/Fisco Nacional (AFIP- DGI) s/ordinario del 27/12/2011". El caso en cuestión se originó en la negativa de devolución de impuesto al valor agregado (IVA) al sujeto exportador por parte del Fisco, bajo el argumento de que las facturas emitidas por algunos de sus proveedores carecían de ciertos requisitos reglamentarios, o bien dichos sujetos no habían presentado sus declaraciones juradas, o no habían contestado los requerimientos del Fisco, es decir, en una cuestión de análogas características a la que aquí nos ocupa.
Alega que puede afirmarse que la pretensión de la AFIP carece de validez, y que resulta nula de nulidad absoluta e insanable, por carecer de causa válida, al ignorar los hechos de la causa y no hacer aplicación del derecho vigente. Recuérda que conforme lo establece el art. 7° de la ley 19.549, la causa y la motivación son dos elementos esenciales en todo acto administrativo. Por su parte, agrega que el art. 14 del citado cuerpo legal determina la nulidad absoluta e insanable del acto que carezca de dichos elementos esenciales.
Señala que los pagos han sido efectuados para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el giro empresarial de la firma. Está fuera de debate, al no haber sido controvertido en momento alguno por la AFIP, que la actora le adquirió bienes y servicios a todos los proveedores, que les pagó con cheques cruzados y que la facturación cumple con los requisitos formales establecidos por las normas vigentes. Sin embargo, como los proveedores no cumplieron con algunos de sus deberes tributarios sustantivos y formales, la consecuencia no recayó sobre ellos, sino sobre la recurrente, negando la existencia de la operación e impidiéndole que ésta tuviera sus consecuencias lógicas (deducción del gasto en el impuesto a las ganancias y toma del respectivo crédito fiscal en el IVA).
Manifiesta que al no haber norma legal que diga cuándo se perfecciona el hecho imponible del ISND —al menos hasta la sanción de la ley 27.430-, no puede aplicarse la RG (AFIP) 893 puesto que no puede determinarse desde qué momento se cuenta ese plazo de 15 días. Así, queda evidente una flagrante violación al principio de legalidad que en materia tributaria rige sin fisura alguna en el marco de la consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia (fallos: 321:366; 316: 2329; 318:1154; 323:3770, entre otros), avanzando el fisco nacional indebidamente sobre una materia reservada con carácter exclusivo al Congreso Federal (arts. 4, 17, 52 y 75, inc. 2° de la Constitución Nacional).
Respecto a los intereses resarcitorios entiende que ha mediado en el caso un error excusable que excluye la reprochabilidad de la mora a la recurrente.
Respecto de la aplicación de multa en el Expte. N.º 48632-I relativo al Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas, sostiene que el tipo penal del art. 46 exige probar la evasión y no basta que exista una erogación que a criterio de AFIP carezca de respaldo documental válido. Señala que a tenor de la calificación de evasión imputada por la falta de ingreso oportuno del ISND por sí solo no es suficiente. El nacimiento del hecho imponible correspondiente a las salidas no documentadas previstas por el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias no configura per se un hecho ilícito pues, de lo contrario, mal podría encontrarse expresamente regulado por la ley. Alega que se viola el principio del non bis in ídem. Si el ardid que se pretende reprochar consiste, en realidad, en la deducción del balance impositivo de gastos o erogaciones inexistentes, esta parte plantea que no corresponde aplicar la multa por el no ingreso del ISND pues de lo contrario se afectaría el principio constitucional del non bis in idem tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional al sancionarse una única conducta en dos oportunidades: como salida no documentada y como deducción de gastos inexistentes.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. El Fisco Nacional contesta los recursos y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente. Que en primer lugar señala que la fiscalización interviniente estableció que la recurrente había declarado gastos en exceso en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 a 2014 y ajusta SND por los períodos fiscales 7/2011 a 1/2012, 3/2012, 5/2012 a 12/2012 y 9/2013 a 5/2014, provenientes de facturas de compras y/o gastos por supuestas operaciones con proveedores cuya autenticidad prima facie no fue acreditada fehacientemente.
Con respecto al planteo de nulidad afirma que la resolución apelada por la recurrente cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo para ser considerada como tal, en especial los referidos a la existencia de causa y una debida fundamentación y motivación, resultando sus dichos, simples expresiones dogmáticas que no se encuentran avaladas por prueba alguna tendiente a demostrar la situación que invoca.
Alega que en lo que hace a lo sostenido por la recurrente respecto de la falta de motivación del acto, cabe indicar que se equivoca con su planteo. Este requisito se encuentra plenamente cumplido en las actuaciones que son objeto de apelación y no admite reparos. que la motivación está perfectamente descripta en los “Considerandos” de la resolución apelada, y del modo en que lo requiere la normativa vigente en la materia.
En lo referente al agravio expresado sobre que se habría rechazado en forma infundada los planteos relativos a la nulidad del acto de vista, ello por entender que la formulación de los cargos habría tenido "endebles fundamentos"; es menester reiterar que las causales de nulidad están expresamente contempladas en la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que se equivoca la actora en su planteo.
Destaca que no concurren en el "sub lite" las circunstancias contempladas en el artículo 14 de la Ley N° 19.549 como causales de nulidad absoluta, puesto que no se ha violado ninguna de sus formas esenciales y que resulta infundado lo invocado en este sentido por el presentante, pues el acto emitido no contiene los requisitos necesarios para que prospere la nulidad.
Afirma que de los elementos colectados por la fiscalización se pudo inferir la inexistencia de las operaciones realizadas con los proveedores cuestionados, por lo que se eliminó el cómputo del costo/gasto proveniente de las facturas en cuestión, que había sido deducido por la recurrente en el impuesto a las ganancias. Señala que carecen de sustento las manifestaciones de la actora relativas la no aplicación del derecho vigente por parte del Fisco Nacional, en el sentido de que en el caso de las operaciones de compras la factibilidad de computar un costo y/o gasto, se legitima cuando concurren concomitantemente dos circunstancias: la realización efectiva de la venta o prestación respectiva y su instrumentación documental, investida de todos los requisitos formales que dispone el Fisco Nacional.
Con respecto a la aplicación de multa sostiene se encuentra probado el hecho base de los citados incisos a), b) y c) en razón de, las inconsistencias verificadas respecto de las operaciones que el contribuyente volcó en sus registros; no habiéndose arrimado pruebas suficientes, ni en sede administrativa, como tampoco lo hace en esta instancia, que avalen la realidad de las operaciones cuestionadas, existiendo por el contrario elementos para considerar el carácter apócrifo de los proveedores implicados.
Con respecto a los intereses resarcitorios afirma que constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Y, en ese orden de ideas, no ha realizado otra cosa que aplicar el artículo 37 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones)
Con respecto al planteo de inconstitucionalidad manifiesta que el artículo 185 de la Ley 11.683 (t.o.v.) transcripto precedentemente, veda al TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, expedirse respecto de la constitucionalidad de las normas tributarias o aduaneras, salvor que nuestro Tribunal Cimero se haya pronunciado al respecto, el que se ha pronunciado invariablemente por su aceptación, por lo que el agravio referido a la inconstitucionalidad del art. 37 de la Ley 20.628 y de la R.G. (AFIP) 893/00, debe desecharse de plano con la correspondiente imposición de costas.
Afirma que la actora plantea la violación al principio non bis in idem, señalando que se estaría sancionando una única conducta en dos oportunidades. Niega expresamente que haya identidad de los hechos, atento que estamos en presencia de un ajuste realizado en relación a dos impuestos manifiestamente diferentes, por lo que yerra la recurrente al considerar al impuesto a las salidas no documentadas como una sanción.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. Que a fs. 588 se celebró la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley Nº 11683, texto según Ley Nº 27.430, donde se resolvió: 1) No hacer lugar a la prueba informativa y a la pericial contable propuestas por no versar sobre hechos que se encuentren controvertidos en autos; 2) No hacer lugar a la oposición del Fisco Nacional con sustento en el artículo 166 de la ley de rito, atento la excepción contemplada en la misma norma respecto de las sanciones y en función de las facultades del 164 de la ley 11.683 que habilita a este Tribunal a averiguar la verdad de los hechos más allá de lo alegado por las partes. 3) En consecuencia de esto último, hacer lugar a la prueba testimonial y en consecuencia, citar a el Sr. Alfredo Fabián Pisandelli y la Sra. María Valeria De La Iglesia.
A fs. 590 se tiene a la parte actora por desistida de la prueba testimonial ordenada a fs. 588. Finalmente a fs. 609 se elevaron los autos a consideración de la sala “B” y pasan los mismos a sentencia.
IV. Que conforme se desprende de las actuaciones administrativas y a raíz de la fiscalización practicada se procedió a la impugnación de las operaciones con proveedores incluidos en la base e-Apoc, realizándose a continuación una reseña de los mismos:
1. Roccazzella Leonardo - CUIT N° 20-17316128-0 - Tareas realizadas por la División Fiscalización N° 3 - Dirección Regional Sur.
Fue incorporado en la base APOC conforme lo normado por la lnst. 748, efectuándose las tareas suficientes y necesarias para la incorporación del proveedor en dicha base y considerar al contribuyente “Sin capacidad económica”, en función a las tareas desarrolladas oportunamente. Se concurrió al domicilio de San Carlos 1176 de Wilde donde los actuantes fueron atendidos por Rocazzella Ariel quien manifestó ser el hijo del responsable, indicando que el mismo no se encontraba presente, se notificó F. 1500 de acuerdo a las disposiciones del art. 100 inc. b) de la Ley 11683. Al vencimiento no concurrió persona alguna. Con posterioridad se concurrió nuevamente a efectos de notificar otro F. 1500, siendo atendidos otra vez por Rocazzella Ariel quien manifestó que Rocazzella Leandro y Bandera Graciela son sus padres, que viven en ese domicilio y que no se encontraban presentes. Que su padre trabaja en un taller mecánico no individualizando el domicilio, procediendo a comunicarse telefónicamente con el mismo, quien manifestó que no podía hablar en ese momento y que llamaría mas tarde, no realizando el llamado indicado. Se notificó por segunda vez F. 1500 de acuerdo a las disposiciones del art. 100 inc. b) de la Ley 11683 atento no encontrarse presente el titular. Al vencimiento no se presentó persona alguna.
Cabe aclarar que en el domicilio de San Carlos 1176 Wilde se observa una casa de precaria construcción. Se concurrió a la Agencia N° 12 a efectos de consultar el legajo existente en la misma, allí se observó la existencia de un contrato de locación por el inmueble de la calle San Carlos 1176 de fecha 01/12/08, siendo el locador el Sr. Raúl Silvero D.N.I. 5.722.260 domiciliado en Gral. Paz 58 Avellaneda.
Atento a lo expuesto se consultó la base de datos de este organismo no surgiendo de la misma que el inmueble perteneciera al Sr. Silvero, registrándo solo una propiedad Guaminí 5651 Wilde.
Se concurrió al domicilio de Guaminí 5651 donde se localizó a la Sra. Leonor Santas quien manifestó ser la esposa del Sr. Silvero Raúl, que no posee ninguna propiedad en la calle San Carlos 1176 de Wilde, que la única propiedad que posee es la de Guaminí 5651, desconociendo el contrato exhibido por los actuantes así como a Bandera Graciela y Roccazzella Leonardo y que tampoco le pertenece ni conoce el domicilio de Gral. Paz 58 Avellaneda. La Sra. Santas no accedió a firmar el acta la que fue suscripta por los actuantes.
Al día siguiente se presenta en esta dependencia el Sr. Raúl Silvero, quien se identifica con D.N.I. N° 5.722.260 procediéndose a labrar acta en la que el mismo manifiesta que: el inmueble sito en San Carlos 1176 no es de su propiedad que desconoce a las personas citadas (Bandera y Roccazzella), que su única propiedad es la de la calle Guaminí 5651 de la Localidad de Wilde Provincia de Buenos Aires donde vive desde hace más de 55 años y que nunca vivió ni conoce el domicilio sito en el contrato de la calle Gral. Paz 58 de Avellaneda Provincia. de Buenos Aires; que actualmente se encuentra jubilado, que realizó trabajos de albañilería, pintura y similares, que en ese momento se encontraba inscripto en la AFIP y su contador era el Sr. Otero Mariano y que el estudio estaba en Avellaneda no recordando el domicilio. Asimismo se le exhibe al Sr. Raúl Silvero los contratos de locación con Bandera Graciela de fecha 01/02/2009 y con Roccazzella Leonardo de fecha 01/12/2008, por lo cual manifiesta el Sr. Raul Silvero que la firma que consta en dichos contratos no le pertenece."
La recurrente posee facturación por un total de $ 640.794,80, por los meses 06/2012, 09/2012, 11/2012, 03/2013, 04/2013 y 06/2013, dejándose constancia que la numeración de las facturas es bastante alternada, motivo por el cual se puede deducir que ha efectuado facturas a otros clientes, no poseyendo la capacidad económica para afrontar la facturación emitida.
Se deja constancia que todas las notificaciones se practicaron por art. 100 inc.b) de la Ley 11.683, solicitando las operaciones comerciales efectuadas con la fiscalizada, no presentándose al vencimiento de requerimiento. Se corroboró su situación fiscal en las bases de esta AFIP, donde solamente se verificó las presentaciones del Impuesto al Valor Agregado, las que no generan saldos a ingresar desde el inicio de su actividad a la fecha. No se registraron presentaciones en el Impuesto a las Ganancias, no posee bienes Registrables. Posee acreditaciones bancarias solo en el período fiscal 2009, por $ 159.069,00, conforme la consulta efectuada a Siter Financiero.
- Tareas realizadas por la Division Fiscalizacion N° 1 de la Dirección Regional Norte —OI N° 1.240.728 La actuante mediante Nota N° 287/2015 de la División Fiscalización Externa N° 1 procedió a circularizar a la contribuyente en su domicilio fiscal sito en San Carlos 1176, Wilde, Pcia de Buenos Aires. Se concurrieron a todos los domicilios alternativos. De la visualización previa se constató que se trata de una casa muy humilde y con una ventana que se utilizaría para kiosko, con un cartel de cerrado. Se informa que el funcionario que se apersonó no fue atendido por persona alguna.
Que, en razón de las irregularidades que surgen de la base e-fisco y las tareas realizadas por los actuantes respecto al proveedor observado, la fiscalización impugnó el monto neto de las facturas de compras referidas al mismo en los periodos fiscales 2012 a 2014.
2. Bravo Silvana Lorena - CUIT N°27-36162939-1 Tareas realizadas por la División Fiscalización N° 4 de la Dirección Regional Sur:
Se labró requerimiento solicitando documentación diversa, la contribuyente no se presentó a efectos de cumplimentar el mismo, a pesar de haber sido fehacientemente notificada en eldomicilio fiscal y localizada en el mismo. Se reiteró la solicitud siendo nuevamente incumplida. Se labraron actas de incomparecencia. La fiscalización reunió la documentación que le permitiera confirmar los indicios de que se trata de una contribuyente sin capacidad económica. Destaca que las ventas que registra mediante facturación electrónica, las exiguas retenciones por parte de terceros que indica como clientes y la falta de retenciones practicadas a pesar del nivel significativo de compras, permiten inferir que se trataría de operaciones ficticias con el fin de exteriorizar ingresos que le permitan respaldar sus movimientos bancarios.
Se circularizaron clientes. De las respuestas recibidas, se observa que los servicios prestados responden a publicidad en autos de carrera, contratación de promotoras para evento deportivo, gráfica y folleteria, diseño de folletos, diseño y comunicación, servicio y gestión de pista, publicidad en internet, radial y televisión, honorarios profesionales de auditoria; no encontrando razonabilidad para que una sola persona (no posee personal en relación de dependencia declarado) pueda y tenga capacidad para prestar la magnitud de los servicios facturados. No se canalizó el cobro de estas operaciones por entidad bancaria bajo la titularidad de la fiscalizada y no posee bienes de uso para poder desarrollar los servicios en trato.
Las actividades declaradas por la Sra Bravo Silvana Lorena son: Servicios de Publicidad N.C.P.
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial N.C.P.
- Servicios de contabilidad, auditoria y asesoría fiscal - Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas - Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de órganos de administración y/o Fiscalización en sociedades anónimas.
No registra percepciones sufridas para el volumen de compras exteriorizadas en las declaraciones juradas de IVA, mas aún si no fueron canceladas mediante instrumento bancario.
Es dable mencionar que la contribuyente desde el año 2012 ha declarado compras y ventas por montos muy significativos, teniendo en cuenta los importes que surgen de los débitos y créditos fiscales declarados. Asimismo, ha presentado las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los periodos fiscales 2012, 2013 y 2014 sin movimientos, no habiendo presentado la correspondiente al periodo fiscal 2015. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, se presentaron declaraciones juradas desde el periodo fiscal 01/2012, no registrando impuesto a pagar.
No se registraron presentaciones en el Impuesto a las Ganancias, no posee bienes Registrables, no efectuó pago impositivo alguno. Posee acreditaciones bancarias para los períodos 2012, 2013 y 2014, por $ 198.115,00, $ 1.100.898,00 y $ 1.320.895,00, respectivamente, importes que no tienen concordancia con su situación impositiva.
Por todo lo expuesto se concluyó en su inclusión en la base e-apoc considerando a la contribuyente sin capacidad económica. periodos fiscales 2012 a 2014.
3. Rojo Micaela Magali — CUIT N°27-33157167-4 — Tareas realizadas por la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Sur Fue incorporado en la base APOC conforme lo normado por la lnst. 748, efectuándose las tareas suficientes y necesarias para la incorporación del proveedor en dicha base y considerar a la contribuyente "Usina de única Actividad Venta de Facturas", conforme las tareas desarrolladas oportunamente las que se pasan a detallar: Condición: Usina de única actividad venta de facturas. Fecha de detección: Mayo 2011 A continuación se detallan las tareas llevadas a cabo respecto al proveedor: Según la base Sistemas Tributarios el contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Dec. 1299/98. Actividades declaradas: Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, Vta, al por mayor de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y materiales para la construcción n.c.p., Vta, al por mayor de materias primas agrícolas y de sivicultura n.c.p., Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras, Vta. al por mayor de mercancías n.c.p., Vta. al por mayor de juguetes, Servicio de transporte de mercaderías a granel, incluido el transporte por camión cisterna. Transporte automotor de carga n.c.p.. Concepto facturado: Logística y distribución de mercadería De las declaraciones juradas presentadas surge siempre saldo a favor del contribuyente, excepto en Noviembre del 2011, Abril, Junio y Diciembre del 2012 que surge saldo a ingresar por 6,43; 11,69; 89,72 y 20,35 respectivamente. Pagos: I.V.A. 2012: $ 121,26; 2011: $ 6,43.
Automotores: no posee. Propiedades: no posee. SITER: 2011 $ 444.647 07/12 $ 1.534.069 CITI Ventas (informado): 2011 no posee, posee a partir de 10/13 a 09/14.
Imprenta: Zuniga Adrián Roberto, es la misma imprenta que Francisconi E.A., en acta 0710002014069668402 el mismo manifiesta que 'la primera vez que encargaron las facturas se apersonó un Sr. llamado Mariano, en un auto de alta gama (BMW) que le solicitó una muestra con los trabajos a nombre de Francisconi una vez realizado o conforme por el trabajo realizó los trabajos y que a partir de ahí se manejaba con un remisero llamado Alejandro quien retiraba y pagaba las facturas y con posterioridad le realizó trabajos para Rojo Micaela". Cabe indicar que en la nota presentada informa que las personas que concurrieron se llamaban Matías y Alejandro Zapata remisero de la zona. Nomina salarial: no posee.
Desde 04/2013 figura trabajando en relación de dependencia con Villalba Verónica E. cuya actividad es la venta al por menor de ropa de vestir y accesorios. De acuerdo a lo que surge de las relaciones en las bases de este organismo Rojo Micaela Magalí es esposa de Francisconi Edgardo Ariel. (CUIT 20-25578494-4).
- Tareas realizadas por la División Fiscalización N° 1 - O.I. N° 1.240.728 La actuante mediante Nota N° 312/2015 y 322/15 de esta División Fiscalización Externa N° 1 procedió a circularizar a la contribuyente en su domicilio fiscal sito en Gral. Paz 96, Avellaneda, Buenos Aires y en su domicilio alternativo sito en Formosa N° 1751, Quilmes, Pcia de Buenos Aires.
Domicilio fiscal: se visualizó un edificio relativamente nuevo, cuyo frente es de cerámicas grises y puertas de vidrio, identificado con el número 96, en la parte central. Al no poder identificar la actuante la individualización del departamento se procedió a consultar al encargado del edificio, quien no se identificó y quien manifestó que en esos departamentos no había persona alguna que respondiera a ese nombre.
La recurrente posee facturación de compras por un total de $ 1.499.614,43, por los 07/2011, 09/2011, 03/2012, 04/2012, 06/2012, 10/2012, 11/2012, 02/2013, 04/2013 y 06/2013, dejándose constancia que la numeración de las facturas es bastante alternada, motivo por el cual se puede deducir que ha efectuado facturas a otros clientes, no poseyendo la capacidad económica para afrontar la facturación emitida.
La actividad Principal según el padrón de AFlP es Construcción, Reforma y Reparación de Edificios Residenciales coincidentes con los conceptos facturados conforme a la documentación aportada por Alvarez Hermanos SRL. Las dos notificaciones mencionadas fueron efectuadas mediante el procedimiento normado en el art. 100 inc b) de la Ley 11.683 solicitando las operaciones de comerciales efectuadas con la fiscalizada, no presentándose el contribuyente al vencimiento de tales requerimientos.
Se corroboró su situación fiscal en las bases de esta AFIP, donde solamente se verificó las presentaciones del Impuesto al Valor Agregado, las que no generan saldos a ingresar desde el inicio de su actividad a la fecha. No se registraron presentaciones en el Impuesto a las Ganancias, ni posee bienes registrables.
Posee acreditaciones bancarias para los períodos 2011 y 2012, por $ 444.647,00 y $ 1.534.159,00 respectivamente, importes que no tienen concordancia con su situación impositiva.
Que en razón de las irregularidades que surgen de la base e-fisco y las tareas realizadas por los actuantes respecto al proveedor observado, la fiscalización impugnó el monto neto de las facturas de compras referidas al mismo en los periodos fiscales 2012 a 2014.
4. Galucci Haydee:
- Tareas realizadas por la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Sur Fue incorporado en la base APOC conforme lo normado por la lnst. 748, efectuándose las tareas suficientes y necesarias para la incorporación del proveedor en la misma y considerar a la contribuyente "Usina de única Actividad Venta de Facturas", conforme las tareas desarrolladas oportunamente, las que se pasan a detallar:
Condición: Usina de única actividad venta de facturas. Punto 2.2.3 Actividad declarada: Venta. al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, Confección de prendas de vestir N.C.P., excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables, Venta. al por menor de cámaras y cubiertas, Venta al por menor de baterías, Venta. al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p., Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en Soc. Anonimas, Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p., Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.
Concepto facturado: Juegos de motor Mercedes camión completo para armar, Neumáticos para camiones, Piñón y corona de Diferencial Mercedes, Bomba inyectora Diesel reparada, Placa y disco.
Se verificaron las presentaciones del Impuesto al Valor Agregado desde el periodo fiscal 08/11 hasta 08/14 generando saldo a ingresar en Diciembre del 2011 y 2012 y de 11/13 a 02/14 por los importes detallados en pagos. Pagos: IVA: 2011 $996,51; 2012 $19,48; 2013$4002,30; 2014$ 5311,73. Automotores: no posee Propiedades: - No identificada Valuación Fiscal $ 80.602 Urbana Buenos Aires Titularidad 50%; Chaco 1478 Bernal Oeste Val. Fiscal $ 34.484 Titularidad 50%. El 50% restante corresponde a la sucesión de Francisconi Ricardo, CUIT 20- 05152938-3 SITER: No posee CITI Ventas (informado): No posee.
Nomina salarial: No posee.
De acuerdo a lo que surge de las relaciones en las bases de este organismo Galucci Haydee es madre de Francisconi Edgardo Ariel. (CUIT 20-25578494-4). Los actuantes concurrieron al domicilio fiscal donde fueron atendidos por Francisconi Edgardo Ariel, quien manifestó que la Galucci no se encontraba presente, por lo que se notificó F. 1500 de acuerdo a las disposiciones del art. 100 inc. b), entregándose el sobre a Francisconi. Al vencimiento no se presentó persona alguna.
Con posterioridad se concurrió nuevamente al domicilio de Formosa 1751 Bernal donde se localizó a Francisconi, quien informó que su madre no se encontraba presente, notificándose F. 1500 según art. 100 inc. b), la responsable no cumplimento el requerimiento.
Cabe aclarar que el Señor Francisconi, quien atendió a los actuantes, manifestó que no podía informar la actividad que desarrollaba su madre, que debíamos hablar con el Cr. Mariano Otero quien se encargaba de todo. Se deja constancia que se trata de una persona de edad, nacida el 22/05/35, que no declaró personal en relación de dependencia, con una actividad (s/la facturación) que no podría desarrollar en forma personal.
Se concurrió a la Agencia 100 donde se encuentra inscripta la responsable a efectos de obtener copia del legajo obrante en el mismo, no surgiendo datos relevantes para la fiscalización.
De acuerdo a las irregularidades detectadas y observándose que la contribuyente verificada no muestra indicios de actividad, ni capacidad económica ni financiera para haber prestado los servicios facturados, siendo utilizada al solo efecto de facturar crédito/gasto no legitimo, se consideró su carga en la base E-Apoc..
5. SILVENTE VICTOR HUGO - CUIT N°20-14306021-8 - Tareas desarrolladas por la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Sur Condición: Usina de única-actividad venta de facturas. Punto 2.2.3 Fecha de detección: Mayo 2010 A continuación se detallan las tareas llevadas a cabo respecto al proveedor:
Domicilio fiscal: Deheza 781 Sarandí Según Sistema Registral el contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Dec. 1299/98. Actividad declarada: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral. Servicios de publicidad, Vta, al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, Venta, al por menor de cámaras y cubiertas, Venta al por menor de partes, piezas y accesorios excepto cámaras, cubiertas y baterías. Concepto facturado: Reparación de tren delantero camión M. Benz 710 DBG755, DHY635, EZZ817, camioneta Fiorino, Camión Ford F350, camioneta Peugeot Partner patente HJW311, 31 Neumáticos Bridgestone, 1 piñon y corona de diferencial M. Benz.
Se verificó la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto al valor Agregado desde el periodo fiscal 03/10 a 12/12 siempre con saldo a favor del contribuyente excepto en 12/12 por el importe consignado en pagos. Pagos: I.V.A. 2012 $ 10,04 La imprenta reconoce los trabajos realizados al responsable manifestando que fue el quien encargó y retiró los dichos trabajos abonando en efectivo.
Se concurrió al domicilio fiscal donde no se localizó a persona alguna por lo que se procedió a notificar F. 1500 de acuerdo a las disposiciones del art. 100 inc. b) de la Ley 11683, al vencimiento no se cumplimentó con el requerimiento. Con posterioridad atento surgir del padrón un número telefónico (42222411) se constató que el titular es Silvente Victor Hugo y que corresponde al domicilio de 12 de Octubre 391 Avellaneda, los actuantes se comunicaron al teléfono de ese domicilio, siendo atendidos por una mujer a quien se le solicitó por Silvente Victor Hugo, escuchándose que la misma en voz alta llamaba a su padre, el que no atendió, manifestando ella que luego se comunicaría con nosotros, no cumpliendo con lo indicado se resolvió concurrir al domicilio observándose que corresponde a un restaurante y delivery de comida a nombre de Silvente Matías Gastón (hijo del nombrado), que abarca la esquina de A. Roca y 12 de Octubre - Avellaneda. Ahí fueron atendidos por Silvente Nadia Soledad hija del Silvente Victor Hugo quien manifestó que hace años que no mantiene contacto con su padre y que desconoce su paradero. En dicha oportunidad fuimos comunicados con el Cr. Otero Mariano vía telefónica quien indicó ser el Cr. de Matías Silvente y reiteró lo indicado por Nadia Silvente. Se concurrió a consultar el legajo obrante en le Agencia 12 del cual se observa que no son coincidentes las firmas de los F. 600/D y F. 660 y de la copia del DNI. Asimismo en F. 560 declara como actividad "expendio de parrilladas y bebidas con servicio de mesas".
- Tareas desarrolladas por la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Norte — Ol N° 1.240.728 La actuante mediante Nota N° 289/2015 de la División Fiscalización Externa N° 1 procedió a circularizar a la contribuyente en su domicilio fiscal sito Deheza 781, Sarandí, Pcia de Buenos Aires. Se trata de una casa humilde con garaje, donde los actuantes no pudieron localizar a personal alguna. Ver cuerpo Proveedores. El importe total facturado a la fiscalizada es de $ 1.682.526,78, monto elevado para la capacidad económico financiera del contribuyente. Se corroboró su situación fiscal en las bases de esta AFIP, donde solamente se verificó las presentaciones del Impuesto al Valor Agregado, las que no generan a ingresar. No se registraron presentaciones en el Impuesto a las Ganancias.
No posee bienes Registrables. No posee acreditaciones bancarias, conforme la consulta efectuada a Siter- Financiero.
De acuerdo a las irregularidades detectadas y observándose que el contribuyente verificado no muestra indicios de actividad, ni capacidad económica ni financiera para haber prestado los servicios facturados, siendo utilizado al solo efecto de facturar crédito/gasto no legítimo, se elevan las presentes actuaciones para su carga en la aplicación E-Apoc., de acuerdo a lo normado en la l.G. 748/05.
6. LUCARELLI GASTON ARIEL - CUIT N°: 20-34137228-4 Se proceden a detallarlas tareas realizadas en el informe confeccionado para su inclusión en la base e-apoc del Organismo:
Localización: DOMICILIO FISCAL:Se concurrió al domicilio fiscal del contribuyente sito en la calle Lacarra N°2166 de la localidad de Avellaneda, no pudiendo localizar al mismo. En el lugar se encontró un local comercial dedicado a la venta de repuestos automotor donde los actuantes fueron atendidos por el Sr. Pérez Leonardo DNI 28.478.600 quién manifestó que en el mismo desarrolla actividades su padre Sr. Pérez Ricardo Ruben CUIT 20- 08011241-7, habiendo iniciado actividades en el lugar en el mes de Mayo de 2013. En cuanto al local comercial el Sr. Perez manifestó ser alquilado siendo su locador el Sr. Bosco, Gustavo DNI 22750171. Consultado el Sr. Perez si conoce la actividad desarrollada en el local con anterioridad al mes de Mayo de 2013 manifiesta que en el lugar había una cerrajeria. Consultado el Sr. Pérez si conoce al contribuyente Lucarelli Gaston Ariel CUIT 20- 34137228-4 manifestó desconocer al mismo. Se labró acta F8400 N° 07000201357574901 dejando constancia de lo actuado, la cual fue suscripta por los actuantes y por el Sr Pérez Leonardo.
DOMICILIO LEGAL: Se concurrió al domicilio legal del contribuyente y domicilio consignado en los modelos de facturas aportados por el imprentero sito en la calle Boedo N° 665 de la localidad de Lomas de Zamora, Pcia. De Buenos Aires, no pudiendo localizar al contribuyente en el lugar. Los actuantes visualizaron en el domicilio un local comercial "cerrajeria" y dos pasillos linderos que poseen la misma numeración. Se procedió a consultar en el local comercial por el Sr. Lucarelli, indicando la persona que atendió a los actuantes a la entrada correspondiente al segundo pasillo a la izquierda del citado local comercial. Acto seguido los actuantes tocaron timbre en el citado pasillo, respondiendo una persona de sexo masculino quien dijo llamarse Jorge Ragni, quien manifestó ser abuelo del Sr.
Lucarelli Gaston Ariel informando que este último no habita en el lugar desde hace aproximadamente 8 años desconociendo su domicilio actual. Se solicitó al Sr. Ragni que indique con precisión su domicilio informando que corresponde a la calle Boedo N° 665 Departamento "A" Lomas de Zamora. Se dejó constancia de lo actuado en F8400 N° 071000201357574801. Asimismo los actuantes tomaron fotos del lugar cuya impresión se adjunta a las actuaciones. Apoderado F3283 Se consultaron las relaciones del contribuyente resultando informada como apoderada del mismo ante esta AFIP- DGI mediante F3283 a la contribuyente LOPEZ VANESA ANABEL CUIT 27-26093295-6. Se procedió a contactar telefónicamente a la nombrada la cual a pedido del inspector actuante concurrió con posterioridad a las oficinas de esta División Investigación.
En razón de lo expuesto con fecha 06/12/2013 se presentó en esta AFlP- DGI la contribuyente LOPEZ VANESA ANABEL, labrándose acta F8400 donde se dejaron plasmadas sus manifestaciones respecto a su apoderamiento mediante F3283 del contribuyente investigado. A continuación se transcriben los dichos de la Sra. Lopez Vanesa A.: 1) Que el poder F3283 fue presentado en virtud de que Lopez Vanesa A. trabajaba como changa en el estudio contable del contador Julio Gallo a efectos de realizar los trámites de inscripción del contribuyente Lucarelli Gaston Ariel. 2) Que vio en una sola oportunidad al Sr. Lucarelli Gaston en el domicilio de Lacarra 2165 donde había una cerrajería y que se encontraba lindero al estudio contable del contador Julio Gallo, 3) Que desde el período 06/2011 no realizó ningún trabajo para dicho estudio cesando su relación con el mismo. 4) Que en razón de lo expuesto no conoce domicilio alternativo donde se pueda localizar al Sr.
Lucarelli Gaston Ariel.
El Sr. Lucarelli registra como fecha de inscripción el 10/08/2010, dándose de alta en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado desde 08/2010.
Registra declarada la actividad de Servicios de Publicidad y de Servicios deAsesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial NCP desde 08/2010. PRESENTACIONES Y PAGOS: De la consulta global sobre presentaciones y pagos se observan la existencia de presentaciones en el Impuesto a las Ganancias años 2010 y 2011, adeudando la presentación correspondiente al año 2013 e IVA por los períodos 08/2010 a 08/2013. Los pagos ingresados ascienden a $ 5598,28 correspondientes a IVA 2011 y $ 446,64 y $852,64 correspondiente a autónomos. El personal fiscalizador observó que los mismos resultan insignificantes con relación a los montos de ventas declaradas según las ddjj de IVA presentadas.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Del análisis de las presentaciones efectuadas se observa que durante los meses 08 y 09/2010 y 01/2013 a 08/2013 las mismas no arrojan saldos a favor de esta AFIP. Respecto de los períodos anteriores, 10/2010 a 12/2012 los saldos a favor del fisco son ínfimos (de $300 a $2300) en relación a los montos exteriorizados en las ddjj presentadas por el Sr. Lucarelli.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS: El contribuyente presenta declaraciones juradas del impuesto por los periodos 2010 y 2011. Respecto a la presentación correspondiente al año 2010 declara, al igual que en el IVA, ventas apareadas con las compras arrojando un resultado de tercera categoría de $6.006,20 y un consumido de $1470. En cuanto al período fiscal 2011 declara sin más detalle un resultado de $25.867 y un monto consumido de $20.867. El período fiscal 2012 se encuentra sin presentar.
REGIMEN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: El contribuyente no se encuentra inscripto en el presente régimen por lo tanto no surge nómina de personal registrada.
Bienes registrables:
PROPIEDADES: De la consulta a la Base de Datos e-fisco no surgen propiedades de titularidad del rubrado.. AUTOMOTORES: En la actualidad no surge la titularidad de automotores a nombre del contribuyente, de la base de datos surgen dos automóviles informados los que habrían sido vendidos por el Sr. Lucarelli con fechas 15/02/2011 y 14/03/2013.
En función de las características del investigado y de la información recabada durante las tareas efectuadas, se concluyó que el contribuyente del asunto se trata de una persona física que ha prestado su nombre (inscripción en el impuesto) al solo efecto de facturar operaciones no realizadas por el mismo, encuadrando tal situación en el punto 2.2.9 "PRESTANOMBRE" de la I.G. 748/2005,todo ello sustentado en que:
• No se localizó al Sr. Lucarelli en su domicilio ni se pudo establecer domicilio comercial alguno donde desarrolla su actividad.
• El responsable declara como actividad Servicios de Publicidad no pudiéndose verificar capacidad económica ni financiera para desarrollar la misma.
• Posee cuentas bancarias, pero registra movimientos solo en el año 2013 por un monto muy inferior a las ventas declaradas.
• No posee según consulta a las bases de esta AFIP-DGI automotores ni propiedades de su titularidad. • No presenta declaraciones juradas del SUSS por lo tanto no posee nómina salarial registrada.
• Presenta declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias con ingresos de tercera categoría irrelevantes y montos consumidos irrisorios.
Se determinó la inclusión del contribuyente en el pto.2.2.9 según la Tabla de condición, dado que el contribuyente se encuentra inscripto al solo efecto de generar créditos fiscales no legítimos y para el cómputo de costos improcedentes a sus usuarias, bajo esta condición no se vería perjudicado con la aparición en las consultas de Base e-Apoc en la página de esta AFIP/DGI.-
El actuante se constituyó en todos los domicilios de interés relacionados con el sujeto del asunto, detallando a continuación lo sucedido en cada uno de ellos: Domicilio Fiscal: Lacarra 2165, Avellaneda. Bs, As. Se visualizó un comercio con cartel identificatorio tipo marquesina con la leyenda Distribuidora "Walter C Y G Group" Cerrajería Industrial, en la cual no se localizó a Walter Javier D Angelo. Se efectuó la notificación de un requerimiento confeccionado Formulario 8600/1 N° 07020128068204 de fecha 05/11/2012 mediante el procedimiento establecido en el art. 100 inc b) de la Ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), el cual no fue cumplimentado.
Dicho requerimiento fue reiterado con fecha 11/12/2012 mediante la confección del formulario 8600/1 N° 071000201289968004 el que tampoco fue cumplimentado. Domicilio Alternativo: Arias 2070, Lanus, Pcia. Bs. As.
Se constituyó el personal actuante en el domicilio real/legal del contribuyente. En el mismo se visualizó una casa particular de una planta la cual aparenta estar deshabitada, encontrándose en obra. No respondió persona alguna el llamado. Se labró Acta de Formulario 8400 N° 071000201280549601 dejando constancia de lo actuado. En función de las características de la contribuyente investigada y de la información recabada durante las tareas llevadas a cabo, se puede concluir que se trataría de una "Usina empresa desactivada", corresponde a una empresa que ha discontinuado su actividad sin tramitar la baja, siendo utilizada al solo efecto de facturar crédito/gasto ilegítimo, según los siguientes indicios:
- El titular no fue localizado en su domicilio fiscal y legal, y no responde a la característica de empresa en marcha. No registra practicamente pago alguno desde su inscripción a la fecha.
- Posee un solo empleado en relación de dependencia y no cuenta con medios necesarios para desarrollar tareas. - No posee acreditaciones bancarias 2009, 2010 , 2011 y 2012.
- No posee capacidad operativa, ni infraestructura, y no posee bienes registrables que justifiquen el desarrollo de la actividad.
Que en razón de las irregularidades que surgen de la base e-fisco y las tareas realizadas por los actuantes respecto al proveedor observado, la fiscalización impugnó el monto neto de las facturas de compras referidas al mismo en los periodos fiscales 2012 a 2014.
En base al análisis desarrollado sobre la información existente en las bases informáticas de la Administración Federal y las manifestaciones del contribuyente, la inspección consideró estos frente a un contribuyente de perfil apócrifo por las razones que se detallan a continuación:.
- Presenta DDJJs de IVA con montos de débitos y créditos fiscales que exceden largamente la capacidad económica del contribuyente y saldos resultantes son en todos los casos por importes ínfimos.
- No tiene prácticamente ningún pago al fisco.
- No posee titularidad de inmuebles.
- Cuenta actualmente con una moto modelo 2006 de escaso valor - No fue localizado en el domicilio fiscal.
- El domicilio alternativo es inexistente - No posee acreditaciones bancarias - No declara empleados en relación de dependencia.
- Se observaron diferencias en el tamaño de la numeración de la factura aportada por la imprenta y la adjuntada en los antecedentes de caso.
En cumplimiento de lo dispuesto, mediante oficio de fecha 14 de Noviembre de 2013, por la Fiscalía en lo Penal Tributario N° 2 a cargo del Dr. Mariano Bordo Villanueva en la causa N' 95704/2013 (Expte N° CPE 1462/2013 caratulada "DOIO SRL S/ INFRACCION LEY 24769" y en el marco de la causa N° 72 (Expediente N° 330/06) caratulado "NN s/ ASOCIACIÓN ILICITA", se ratificó el carácter de Apoc del contribuyente en febrero de 2014. Que en razón de las irregularidades que surgen de la base e-fisco y las tareas realizadas por los isnpectores respecto al proveedor observado, la fiscalización impugnó el monto neto de las facturas de compras referidas al mismo en los periodos fiscales 2012 a 2014.
Corresponde señalar que con fecha 30/06/2016 la recurrente presentó, en respuesta a un requerimiento de la fiscalización, formulario F.206/I multinota impositivo manifestando que no cuenta con documentación ni registros sobre Suárez María Angélica Betiana, CUIT 29301637-8- fojas 2581/2582 Cuerpo Principal XIII. La actividad Principal según el padrón de AFIP es servicio de publicidad, siendo el mismo concepto que el facturado a Alvarez Hermanos SRL.
La contribuyente Suarez María Angélica 8, fue fiscalizada por la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Oeste, conforme los lineamientos de la instrucción 748/2005, encuadrando la situación del contribuyente en la condición Resistencia a la fiscalización, según lo establecido en dicha instrucción. Pasan a detallarse las tareas realizadas oportunamente:
Actividad declarada: Servicios de Publicidad, Servicios de Asesoramiento, dirección y gestión empresarial N.C.P. y Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades las anónimas.
a) Bienes Registrables: De la consulta efectuada a los sistemas informáticos surge que la contribuyente no posee bienes registrables a su nombre. Ver fs. 25 a 28.
b) Acreditaciones Bancarias: Según los datos extraídos de la Base E-Fisco - SITERA R.G. 1065, el contribuyente registra titularidad de cuentas en las Entidades Banco Industrial S.A. Cuenta Corriente en pesos N° 12728, Banco Santander Río S.A. Caja de Ahorro N° 3669316 y Banco Comafi S.A. Cuenta Corriente N° 90004092000 y N° 90003846000, Caja de Ahorro N° 91062244001 y Cuenta a la Vista Especial en Moneda Extranjera N° 91062251021, observándose acreditaciones únicamente en el período 2012 por un monto total de $168.271 y en el período 2013 por un monto total de $513.732. Ver fojas 29 a 32.
Relaciones con otros Contribuyentes: Se consultó al Sistema E-Fisco y al Padrón Tributario a fs. 24, 231 y 232, donde surgen las siguientes relaciones:- Argentina Publicidad Contemporánea S.R.L. C.U.I.T. 30-71240011-7: La Sra. Suarez María Angélica Betiana es cotitular de cuenta e, integrante de la sociedad. - Suarez Erica Pamela Gisele C.U.I.T. 27-31967032-2: integrante de la sociedad Argentina Publicitaria Contemporánea S.R.L y hermana de la titular.
- Benavidez Luciana Lurdes C.U.I.L. 27-49174132-0: Hija de la titular.
- Verdun María Angélica C.U.I.L 27-11540070-9: Madre de la titular.
- Verdun Ayelen Micaela C.U.I.L. 27-38376846-8: Hermana de la titular.
1. Integrantes Societarios: Conforme consulta por la RG 4120 (Informados) y Padrón Tributario se pudo determinar que la rubrada posee participación en la sociedad Argentina Publicidad Contemporánea S.R.L. C.U.I.T. 30-71240011-7, siendo la Sra. Suarez Socia Gerente informada por el período 2012 y 2013, conjuntamente con la Sra. Suarez Erica Pamela Gisele con C.U.I.T. 27-31967032-2 siendo la misma hermana de la titular y socia de la firma. Ver fs.151 a 153. Se realizó la consulta de los sistemas informáticos obrantes en esta AFIP- DG1 verificándose que la firma Argentina Publicidad Contemporánea S.R.L. posee acreditaciones bancarias, retenciones y percepciones en el Impuesto a las Ganancias e IVA por montos considerables. Se observa la presentación de las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado por el período 07/2012 a 08/2012 en cero, por el periodo 09/2012 a 03/2014 donde la relación débito crédito tiende a uno, por el período 04/2014 en cero y por el período 05/2014 a 08/2014 donde la relación débito crédito tiende a uno; en el Impuesto a las Ganancias por el período 2012 y 2013 arrojando saldo a favor de AFIP no registrando pago alguno.
2. Nomina Salarial: La contribuyente no posee empleados en relación de dependencia. Ver fs. 134. Asimismo se verifica que la Sra. Suarez María Angélica se encuentra trabajando en relación de dependencia para la firma Vial Suarez Constructora S.R.L. C.U.I.T. 30-71233947-7 durante el periodo 09/2014 y 10/2014. Ver fojas 225 a 227. De la consulta realizada a los sistemas informáticos se observa que la firma mencionada precedentemente posee el mismo domicilio fiscal que la firma Argentina Publicidad Contemporánea S.R.L. C.U. l.T. 30-71240011-7, ubicado en la calle AV. A. Justo de Moreau N° 1848 Piso 2 Dpto. 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se verifica que la sociedad se encuentra integrada por la Sra. Suarez Erica Pamela C.U.I.T. 27-31967032-2 (hermana de la rubrada) siendo la misma Socia Gerente y la Sra. Suarez Karina Estella C.U.I.T. 27-20067374-9, siendo la misma socia. Asimismo se observa que la firma Vial Suarez Constructora S.R.L. ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas en el IVA por el período 06/2012 a 11/2012 y 03/2013 en cero, y por el período 01/2013 a 02/2013 y 04/2013 a 08/2013 en donde la relación débito crédito tiende a 1. Ha realizado la presentación en el Impuesto a las Ganancias por el período 2013 arrojando un saldo a favor de AFIP de $21.315 no observándose pagos algunos y en el período 2014 ha sido presentada en cero, con retenciones (SICORE) por $125.691,87. Ver fs. 233 a 254.
Domicilio Fiscal: Lamadrid N0693, Ramos Mejía. Se procedió a concurrir al domicilio arriba citado a fin de notificar F8107 Orden de intervención N° 917148 y Requerimiento Impositivolabrado en F8600/1 N° 073000201401318404 de acuerdo a lo normado en el artículo 100 inciso b de la Ley 11.683 (t.o. En 1.998 y mod.), cuya fecha de vencimiento operaba el día 28/03/2014.
Al vencimiento del plazo establecido, no se hace presente persona titular y/o debidamente autorizada a fin de dar cumplimiento a lo solicitado. Por tal motivo se confeccionó F8400/L N° 073000201406834802 Acta circunstanciada al artículo 39 de la Ley 11.683 (t.o. En 1.998 y moçt), la que fuera remitida con posterioridad a la División Jurídica -Sección Sumarios- para la prosecución del trámite administrativo. Continuando con los actuados, se procedió a notificar un segundo Requerimiento Impositivo labrado en F8600/I N° 0730002015008290904 de acuerdo a lo normado en el artículo 100 inciso e de la Ley 11.683 (t.o. En 1.998 y mod.), cuya fecha de vencimiento operaba el día 20/02/2015.
Al vencimiento del plazo establecido, no se hace presente persona titular y/o debidamente autorizada a fin de dar cumplimiento a lo solicitado. Por tal motivo se confeccionó F8400/L N° 0730002015021652702 Acta circunstanciada al artículo 39 de la Ley 11.683 (t.o. En 1.998 y mod.), la que fuera remitida con posterioridad a la División Jurídica.
- Sección Sumarios para la prosecución del trámite administrativo.
Periférica del domicilio: Se concurrió al domicilio arriba citado con fecha 10 de Marzo de 2014, observándose una Vivienda familiar, con puerta de madera y chapa catastral al frente consignando el domicilio visitado. Se procede a consultar en el mismo, no siendo atendidas las inspectoras actuantes por persona alguna. Se confecciono F8400/L N° 0730002014013418702 dejando constancia de todo lo actuado.
Se deja constancia que con fecha 8 de Agosto de 2014, la División Investigación concurrió al domicilio arriba citado, a fin de localizar a la responsable buscada. Se confeccionó Informe de Periférica a Fs. 19 del cuerpo de antecedentes (SIGEA 11389-555-2013), en donde se informa: "El domicilio visitado corresponde a una vivienda particular, un chalet de planta baja que presenta entrada con techo y dos columnas blancas con puerta de madera y vidrios laterales. La actuante es atendida por una persona de sexo femenino que no se identifica quien al ser consultada por la contribuyente manifiesta que este domicilio corresponde a su domicilio fiscal, y que al momento de realizarse esta periférica no se encuentra en el lugar".
Domicilio Alternativo: Andalgala N° 1036, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se procedió a remitir F1500 de fecha 04 de Abril de 2014, mediante Correo Argentino al domicilio arriba citado, de acuerdo a lo normado en el artículo 100 inciso a de la Ley 11.683 (t.o. En 1.998 y mod.), con fecha de vencimiento par el día 22/04/2014. Se recepciona acuse de recibo en donde se observa que la notificación ha sido realizada atento a que se encontraba cerrado ausente dejándose aviso de visita, vencido el plazo no ha sido reclamado. Ver fs. 11 y 12.
Continuando con los actuados, se procedió a notificar Requerimiento Impositivo labradoen P860011 N° 0730002015008212104 de acuerdo a lo normado en el artículo 100 inciso e) de la Ley 11.683 (t.o. En 1.998 y mod.), cuya fecha de vencimiento operaba el día 20/02/2015.
Al vencimiento del plazo establecido, no se hace presente persona titular y/o debidamente autorizada a fin de dar cumplimiento a lo solicitado. Periférica del domicilio: Se concurrió al domicilio arriba citado con fecha 04 de Febrero de 2016, observándose una propiedad tipo 'P.H. Con puerta blanca, frente de piedras negras y blancas y molduras de color gris, consignando la numeración1036. Se observan al costado de la puerta portero eléctrico con seis timbres. Se procede al llamado en todos los timbres obteniéndose respuesta únicamente en los timbres N° 1, 2 y 3. En todos los casos los actuantes fueron atendidos mediante portero eléctrico por personas de sexo femenino, no identificándose, quienes manifestaron desconocer a la Sra. Suarez María, no aportando mayores datos. Se confeccionó F8400 N° 0730002015008209301 dejando constancia de todo lo actuado.
Circularizaciones Bancarias: se verifica que la contribuyente posee titularidad de cuentas en las entidades bancarias observándose acreditaciones para el período 2012 un importe total de $168.271 y para el periodo 2013 un importe total de $ 513.732, siendo el último mes informado el período 11/2013.
Banco Santander Río S.A.: Se recepciona con fecha 12 de Agosto de 2014 Nota Simple en donde se informa que la Sra. Suarez María Angélica durante el período 2012 a la fecha de la presente circularizacián, ha sido la única titular de la cuenta única N° 015-3669316 y Tarjeta de Crédito American Express cuenta N° 49517942, adjuntando copia de los resúmenes desde la apertura, de la misma, efectuada en Mayo de 2012 hasta Diciembre de 2012 y copia de resúmenes efectuados con tarjetas de crédito. Asimismo se informa que la rubrada no posee operaciones de plazo fijo, no posee operaciones de títulos, bonos, acciones, etc, no posee compraventa de divisas, no posee manifestaciones de bienes, no posee autorizados para operar en su cuenta, no se han presentado Estados Contables, no se han otorgado créditos. Ver fojas 1 a 25 del cuerpo de circularizaciones.
Del análisis de los extractos aportados se verifican movimientos de escasa cuantía. Asimismo el domicilio informado en los resúmenes de tarjetas de crédito corresponde a la calle Andalgala N° 1036 de C.A.B.A., siendo el mismo el domicilio alternativo de la rubrada. Banco Comafi S.A.: Se recepciona con fecha 08 de Agosto de 2014 Nota Simple en donde se informa que la Sra. Suarez María Angélica durante el período 2012 a la fecha de la presente circularización, posee la titularidad de la cuenta corriente N° 0090-00384-6, de la caja de ahorro en pesos N° 0091-06224-4 y de la caja de ahorro en dólares N° 0091-06225-1, siendo estas los únicos productos a nombre dé la rubrada. Se adjunta copia de los resúmenes bancarios desde el período Mayo de 2012, siendo este el mes de apertura de las cuentas mencionadas precedentemente. Ver fojas 26 a 101 del cuerpo de circularizaciones. Del análisis de los extractos bancarios se verifica que las acreditaciones en las cuentas tienen su origen en Depósitos en efectivo, Deposito de Cheques y Transferencias Bancarias, y que los Débitos de las mismas tienen su origen en el Pago de Cheques, pagos de impuestos. Asimismo el domicilio informado en los resúmenes bancarios corresponde a la calle Andalgala N° 1036 de C.A.B.A., siendo el mismo el domicilio alternativo de la rubrada.
Atento a lo expuesto y conforme el trabajo de campo realizado, la actuación concluye que el contribuyente de marras no posee características de una empresa en marcha y que corresponde su inclusión en la base E-Apoc, bajo la tabla de condición 2.2.5 RESISTENCIA A LA FISCALIZACION, conforme Instrucción General 748/2005 (Dl PYNF).
Circularizaciones a clientes:
En el caso de la firma Pinturerías Mafer S.A. manifiesta haber cancelado los servicios de publicidad realizados por la contribuyente del asunto mediante la emisión de Cheques y dinero e efectivo, los montos facturados son muy superiores a las acreditaciones bancarias registradas en el período bajo análisis de la titular. En el caso la firma Fer Play S.A. manifiesta haber cancelado los servicios de publicidad realizados por la contribuyente del asunto mediante la emisión de Cheques, los montos facturados son muy superiores a las acreditaciones bancarias registradas en el período bajo análisis de la titular.
-Juan Felipe Gancedo S.A.: se recepciona acuse de recibo en notificación no ha sido practicada atento a que se encontraba cerrado ausente, dejándose aviso de visita. Ver fojas 173 y 174 del cuerpo de circularizaciones. En cuanto al proveedor Kopelco del análisis de la documentación aportada, no se observa una relación, a priori, entre los productos adquiridos y la actividad comercial desarrollada por la rubrada.
En razón de las irregularidades que surgen de la base e-fisco y las tareas realizadas por la inspección actuante respecto al proveedor observado, la fiscalización impugnó el monto neto de las facturas de compras referidas al mismo en los fiscales 2012 a 2014.
10. Avalos Maria Elsa.
La contribuyente Avalos María Elsa, fue investigada por la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Sur mediante la O.I. N° 742.472, conforme los lineamientos de la instrucción 748/2005, encuadrando la situación del contribuyente en la condición Usina de única Actividad Venta de Facturas, según lo establecido en dicha instrucción.
Pasan a detallarse las tareas realizadas para su inclusión en la base Eapoc.
Fecha de detección: Julio 2010 DOMICILIO FISCAL: Misiones esq. 172 Nº 300 Bernal Bs.As.
Según sistema registral la responsable posee estado erróneo del domicilio y cuenta con impuestos con baja por Dec. 1299/98.
De la consulta histórica surge domicilio inexistente desconocido como consecuencia de intimaciones de Cuentas Tributarias.
Consultada la base de datos del organismo surge que Rodriguez se encuentra incluido en la base e-apoc, no siendo titular del inmueble nombrado.
Del informe de verificación realizado a Rodriguez Guillermo surge que la misma se inició por facturación a la firma Piweco S.A., informando el contribuyente que la única actividad que realiza es ser empleado en relación de dependencia desde el año 2000 y que nunca tuvo relación con ninguna empresa de publicidad, desconociendo como propias las facturas y recibos exhibidos y la firma inserta en los mismos y que nunca solicitó impresión de facturas A y 3 como tampoco recibos X. La imprenta informó que el Sr. Rodriguez fue cliente ocasional, que solicitaba impresión de distintos comprobantes a través del Estudio Contable y Administrativo Otero y Asociados del Sr. Mariano Otero, sito en la calle French 12, piso 3 of. 304 de la localidad de Avellaneda. Se notificó una nota externa N°14/15 (DV SF13), mediante correo suscribiendo el acuse de recibo supuestamente la Sra. Avalos razón por la cual, con fecha 17/03/15 los actuantes se constituyen en la esquina de Misiones y Ayacucho de la localidad de Bernal Pcia. de Bs. As. y se observa que la numeración de la calle Misiones llega hasta el N°228 y luego continua con casas numeradas como N°31 y 33 y se aclara que se trata de calles de tierra que pertenece a una villa de emergencia, zona que según manifestaron personas del lugar es muy peligroso su ingreso, por lo que no se pudo localizar el domicilio fiscal declarado en el Organismo fiscal por el contribuyente Avalos Maria Elsa y a su vez no se pudo realizar la notificción del F.8000. Atento a lo expuesto se procedió a notificar el F.8000 y F.8600/1 mediante carta certificada (correo) según lo dispuesto en el Art. 100 inc. a) de la Ley 11683 (t. o en 1998 y sus modif.) con vencimiento 15/04/15. Se deja constancia que el correo devolvió el sobre con el acuse indicando dirección inexistente.
De acuerdo a las irregularidades detectadas y observándose que la contribuyente verificada no muestra indicios de actividad, ni capacidad económica ni financiera para haber prestado los servicios facturados, siendo utilizada al solo efecto de facturar crédito/gasto no legítimo, se elevaron las actuaciones para su carga en la aplicación E- Apoc., de acuerdo a lo normado en la I.G. 748/05.
- Tareas desarrolladas por la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Norte:
La actuante mediante Nota N° 314/2015 de la División Fiscalización Externa N° 1 procedió a circularizar al mismo en su domicilio fiscal sito en Echeverría N° 2030 P.5to. Dto B, CABA, que respondió y aportó multinota con detalle con las operaciones realizadas con la fiscalizada por el período 01/07/2011 a 30/06/13, (monto neto gravado $ 1.600.000,00, IVA $ 336.000, monto total $ 1.936.000), aportando solo los recibos X N°0000- 00002027/8, ambos de fecha 05/12/2011, por un importe de $ 242.000,00 cada uno, ascendiendo a un monto total de 484.000, y no aportó ninguna factura de venta.
Se deja constancia que mediante multinota el contribuyente manifiesta " ....que los recibos faltantes no aportados se debe a que el estudio anterior que llevaba la cuenta de él no ha logrado ubicarlos para ser informados en el presente requerimiento y que no posee créditos ni deudas con la inspeccionada." Ver cuerpo proveedores circularizados.
La actividad principal según el padrón de AFIP es Servicios de Publicidad NC, siendo el mismo concepto que el facturado conforme la documentación aportada por Alvarez Hermanos SRL.
El contribuyente Alfredo Fabián Pisandelli, fue verificado por la División Fiscalización de la Dirección Regional Norte mediante la O.I. N° 954.087, conforme los lineamientos de la instrucción 748/2005, encuadrando la situación del contribuyente en la condición de usina de única Actividad Venta de Facturas, según lo establecido en dicha instrucción.
La fiscalización circularizó a la imprenta que confeccionó las facturas usadas por el contribuyente, ver Cuerpo de Proveedores.
Los inspectores actuantes de la División Fiscalización N° 1, Dirección Regional Norte: concluyeron que si bien es una persona de existencia visible ya que el Sr. Alfredo Fabián Pisandelli es un piloto automovilístico que durante estos períodos participó en competencia de turismo carretera ofreciendo la publicidad en los autos de competición a sus clientes, efectúa maniobras tendientes a la generación de créditos fiscales y gastos para los usuarios de sus servicios y que posee los aspectos de una usina de factura apócrifas conforme lo establecido en los puntos 2.2.3. - Usina de única actividad venta de facturas relacionado con la sobrefacturación de los servicios prestados y 2.2.5 -Con resistencia a la fiscalización - debido a que en ningún momento aportó los subdiarios de compras ni la documentación de respaldo que fueran requeridos con el fin de corroborar la veracidad de sus operaciones de compras.". Ver informe obrante en el cuerpo Proveedores circularizados.
Que en razón de las irregularidades que surgen de la base e-fisco y las tareas realizadas por los actuantes respecto al proveedor observado, la fiscalización impugnó el monto neto de las facturas de compras referidas al mismo en los periodos fiscales 2012 a 2014.
La actuante mediante Nota N° 317/2015 de la División Fiscalización Externa N° 1 procedió a circularizar a la contribuyente en su domicilio fiscal sito en Tucumán N° 1335 P. 3 F CABA.
Asimismo, mediante Nota N° 318/2015 de la División Fiscalización Externa N° 1 procedió a circularizar a la contribuyente en su domicilio alternativo sito en Hipólito Yrigoyen N° 1920 P.3 Dto. B, CABA.
La actividad Principal según el padrón de AFIP es Servicios de publicidad, siendo el, mismo concepto que el facturado conforme la documentación aportada por Alvarez Hermanos SRL.
Ambas Notas se notificaron por art. 100 inc.) de la Ley 11.683, solicitando las operaciones comerciales efectuadas con la fiscalizada. Se deja constancia que el domicilio fiscalpertenece al estudio contable de Alann Varde Buller, quien firma como Administrador contable de la proveedora. En la respuesta efectuada aporta listado con las operaciones de ventas efectuadas a larubrada por el período 01/07/2011 a 30/06/2013 y recibos de cobros, donde detalla los cheques con los cuales fueron canceladas las operaciones, no aportando facturas de los servicios prestados.
El domicilio alternativo de la calle Hipólito Yrigoyen 1920, Piso 3, cito B, CABA., donde se constituyó la actuante, se informa que el encargado del edificio, manifestó que desconoce a la sociedad.
Se corroboró su situación fiscal en las bases de la AFIP, donde solamente se verificó las presentaciones del Impuesto al Valor Agregado, las que generan saldos a ingresar irrisorios, desde el inicio de su actividad a la fecha. Se observó que dichas obligaciones fueron canceladas.
No hay presentaciones en el Impuesto a las Ganancias, no posee bienes Inmuebles y como bien automotor posee un automotor Volkswagen Sedan 4 Puertas, modelo 2013, cuyo valor de factura es de $ 246.000,00. Posee acreditaciones bancarias, a partir del período fiscal 2013, por un importe de $ 1.105.207, 00 conforme la consulta efectuada a Siter-Financiero.
Se circularizó a la Imprenta, perteneciente a al Sr. Buscemi Salvador Angel, aportando copia de los trabajos efectuados, no desprendiéndose información adicional. Ver cuerpo Proveedores.
13. TOP CAR S.R.L.. - CUIT N° 30-68732039-1 - Tareas realizadas por la División Investigación de la Dirección Regional Microcentro:
Se proceden a detallar las tareas realizadas: VERIFICACIÓN PERIFÉRICA: Con el fin de constatar la existencia de actividad comercial en el domicilio declarado como fiscal sito en Corrientes 2565 Piso 4 Dpto 2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el personal actuante procedió a realizar una verificación periférica, no localizando al investigado.
Análisis: se efectuó una extracción y análisis de datos de los sistemas Efisco obteniéndose la siguiente información: -La CUIT investigada posee inscripción con fecha 31/10/1996, registrando las siguientes inscripciones de actividad: Venta al por menor de partes, piezas y accesorios excepto cámaras, cubiertas y baterias; Distribucióp y venta repuestos vehículos; Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales; mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática; mantenimiento y reparación del motor NCP, mecánica integral; Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública; Venta al por mayor de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y materiales para la construcción NCP; Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehiculos automotores y Transporte automotor de cargas NCP.
Dependiendo actualmente de la Agencia N° 50 de la Dirección Regional Microcentro. SIPER: Categoría E desde el 23/11/2012, estado del domicilio en PUC, desconocido o inexistente.
No posee Bienes registrables.
Posee cuenta bancaria en Banco Credicoop Cooperativo Ltdo registrando movimiento hasta el período 2001, última acreditación de $ 96.863.-
No declara empleados en relación de dependencia. Integrantes de sociedad: Registra presentación de Información RG 4120 hasta el periodo 2004, los socios informados no poseen bienes registrables en base de datos, ambos socios constan en base de datos con ingresos de ANSES como Jubilados Nacionales. A saber los mismos son: Marino Roberto Ernesto, CUIT 23- 04884743-9y Luna Horacio Esteban CUIT 20-07392443-0.
Registra presentación de las siguientes declaraciones juradas: Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2003 a 2008 y 2010 a 2011; Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 2003 a 2012. Pagos: Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2008 por$ 1250,00.- Las DDJJ presentadas de IVA, poseen relación débito fiscal/crédito fiscal prácticamnete igual a 1 y en referencia a las DDJJ presentadas para los periodos02/2011 a 04/2012 son sin movimiento, peiodos 05/2012 en adelante sin presentación.
En virtud de la información relevada, el proveedor no pudo ser localizado (no posee bienes registrables, no registra empleados, no posee movimientos bancarios en los últimos periodos a saber 2002 a 2013, la relación débito fiscal/crédito fiscal es inconsistente y considerando que la contribuyente reuniría "prima facie", con las características de una empresa "sin capacidad económica" se sugiere su inclusión en la base e-Apoc.
14. Norberto Oscar Gil La actividad Principal según el padrón de AFIP es venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales y Servicio de transporte Automotor de cargas NCP siendo éste el concepto facturado conforme la documentación aportada por Alvarez Hermanos SRL.
Tareas realizadas por la División Investigación de la Dirección Regional Mar del Plata Se proceden a detallar las tareas realizadas:
Previo a las tareas desarrolladas, en la verificación practicada en la O.I. 717.953 por la División Fiscalización N° 5 de la Dirección Regional Sur el inspector actuante concurrió al domicilio fiscal del fiscalizado sito en la calle Pasteur 643, Sarandi, Provincia de Buenos Aires, tratándose de una vivienda particular donde no fue atendido por persona alguna por lo que procedió a efectuar una notificación según el procedimiento indicado en el artículo 100 inciso b) de la -ley 11683 (t.o. En 1998 y sus modificaciones). El Sr Gil solicitó una prórroga de diez días a cuyo término no compareció, motivo por el que se labró acta según el articulo 39 de la mencionada ley. Posteriormente se labró y notificó nuevo requerimiento, el que tampoco fue cumplimentado, razón por la cual se labró el acta respectiva por dicho incumplimiento. Se confeccionó formulario para contribuyentes que no responden requerimientos, el que fue remitido a la Agencia 12 para su conocimiento e intervención.
Del padrón completo se puede observar que en la actualidad el Sr. Gil Norberto Oscar se encuentra inscripto y estando vigente en cuatro actividades: Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos, Venta al por menor de materiales para la construcción NCP, Servicio de transporte Automotor de cargas NCP y Servicios de Asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por los integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Se consultó a la base eApoc de esta AFIP, si el contribuyente mencionado se encontraba allí incluido, teniendo un resulado negativo.
Se consultó si el proveedor analizado poseía cuentas bancarias en la base de datos SITER, de las que surge que poseía cuentas bancarias pero nunca ha tenido acreditaciones bancarias.
Se consultó en la base si el proveedor tenía empleados en relación de dependencia en los períodos bajo análisis, observándose que no declaraba empleados.
Se consultó el resumen de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, encontrándose presentadas las correspondientes a los periodos fiscales 2009 y 2010 en cero y sin presentar las restantes.
Con relación a las declaraciones juradas presentadas de IVA, se deja constancia que la relación débito crédito es de 1, y que los débitos y créditos fiscales son con cifras similares, habiendo realizado solo tres pagos por montos poco significativos en el año 2009 $ 187,07 y en el año 2011 por $ 1.354,02. no se le han realizado retenciones en el Impuesto al Valor Agregado pese a los significativos montos de débitos fiscales; ha sufrido pequeños montos de percepciones de empresas proveedores del rubro seguros en el año 2010.
Se consultó en la Base Efisco, automotores y propiedades para determinar si el contribuyente poseía vehículos aptos para el desarrollo de la actividad declarada (transporte automotor de cargas) según los datos que surgen de la base de datos y de las facturas emitidas, surgiendo de la búsqueda realizada que sólo era titular de dos vehículos de uso particular, no teniendo vehículos de carga o transporte al momento de emisión de los comprobantes, suurgiendo además de dicha consulta que es titular del 12,5 % de un inmueble con valuación fiscal poco significativa.
Al concurrir al domicilio fiscal con fecha 07/10/2014 se pudo constatar que se trata de una vivienda particular no pudiendo encontrar al Sr Gil. Se concurrió al domicilio comercial declarado constatando que en el mismo funciona una agencia de remises a nombre de otra persona, desconociendo al proveedor en cuestión. Se concurrió a los domicilios alternativos, desconociendo en ambos al Sr Gil.
Conclusión: por carecer de capacidad económica para realizar los fletes facturados, atento no poseer vehículos de transporte registrados a su nombre, empleados en relación de dependencia ni acreditaciones bancarias se estima su inclusión en la base E apoc.
15. Persol Publicidad S.A. - CUIT N° 30-71016294-4 La actividad Principal según el padrón de AFIP es Servicios de publicidad, el contribuyente no aportó facturas del mismo.
El contribuyente Persol Publicidad S.A. fue investigado por la División Investigación de a Dirección Regional Sur, conforme los lineamientos de la instrucción 748/2005, encuadrando la situación del contribuyente en la condición Usina Nuevos sin capacidad económica según lo establecido en dicha instrucción.
Se observaron aspectos que indican que se está en presencia de un contribuyente con perfil de riesgo con presunción de 'apócrifo"; a saber: declara como actividad principal Servicios de Publicidad, código CIIU N° 743.000.
Inscripciones: La actividad económica principal por las que se halla inscripto tal como se expuso es la de Servicios de Publicidad, código CIIU N° 743.000. Se inscribió en los siguientes impuestos: Impuesto a las Ganancias Inscripción 29/06/2007; Impuesto al Valor Agregado Inscripción 29/06/2007; Regímenes de Información Inscripción 10/08/2009; Aportes Seguridad Social Inscripción 06/06/2008.
Domicilio Fiscal: Registra domicilio fiscal en la calle Bernardo de Irigoyen N° 330 Dto 123 de la Ciudad de Buenos Aires.
DATOS OBRANTES EN BASES DEL ORGANISMO:
De acuerdo a los datos obrantes en las bases de datos del organismo, el contribuyente se encuentra inscripto con estado activo a la fecha, en el Impuesto al Valor Agregado, y con baja de oficio decreto 1299/98 desde 06/2007 en el impuesto a las Ganancias sociedades. Según Padrón General de Contribuyentes, se aprecian diversas actividades económicas disimiles declaradas:
-Servicios de Publicidad CIIU 743000 -Servicios de espectáculos artisticos y de diversión N.C.P. CIIU 921990 -Promoción y Producción de espectáculos deportivos CIIU 924120 -Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. CIIU 452100 -Venta al por mayor de maquinas, equipos e implementos de uso en la fabric. De textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, art. de cuero y marroquineria. CIIU 515130 -Venta al por mayor de prendas de vestir N.C.P. CIIU 513129 -Venta al por mayor de tejidos (Telas) CIIU 513112 -Venta a por mayor en comision o consignación de prod. Textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, art. de marroquinería, paraguas, similares y productos de cuero N.C.P. CIIU 511920 -Impresión excepto de diarios y revistas CIIU 222109 -Fabricación de productos de vidrio N.C.P. CIIU 261099 Declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado: Se verificaron dichas presentaciones observándose que se registran presentadas las DD.JJ. de los periodos 06/2007 hasta 03/2012 las cuales arrojan una relación débitocrédito fiscal cercana a cero.
Declaraciones Juradas del impuesto a las Ganancias: Respecto al impuesto a lasGanancias se registran presentaciones únicamente de la DD.JJ. Del período fiscal 2008 fue presentada sin movimiento.
Pagos Realizados: según información obtenida de la bases de datos de la AFIP/DGI denominada E-fisco, se registran pagos unicamente en el Impuesto al Valor Agregado por$ 144,04 en el periodo 2010 y por$ 1.724,43. Bienes Registrables: de la base E-Fisco no surgen Bienes registrables Siter-.Cuentas bancarias : el sistema E- Fisco se observan acreditaciones bancarias por $ 373.048 en el año 2008 y por $ 1.800.215 en el 2009.- haciéndose notar que las personas vinculadas con las cuenras bancarias son lo Sres. D Onofrio, Enrique, Domicilio Alternativos: Se detectaron como domicilios alternativos la calle Indalecio Gómez N° 362 Temperley, Pcia.de Bs.As, Guatambu N° 756 Almirante Brown Bs. As. y Primera Junta 550 El Jaguel Bs. As.-. Tanto los domicilios de Indalecio Gomez y Guatambu se relacionan con otras empresas investigadas en esta instancia como generadoras de facturas apócrifas Relaciones del Contribuyente: De la consulta relaciones de un contribuyente surge que los Sres. Galve Victor Hugo, Segovia Carlos Alberto y D Onofrio Enrique son cotitulares de cuentas y el Sr. Galve Victor Hugo es representante legal de la firma. Cabe señalar que el Sr. Galve posee domicilio fiscal en la calle Pío Baroja 1202 Banfield Pcia. de Buenos Aires. El Sr. Segovia posee domicilio fiscal en la calle Pje. Malvinas y Bonn O Barrio Santa Rosa Florencio Varela, el mismo Barrio de bajos recursos donde se efectúa el recluffimiento de indigentes para la creación de Usinas de facturas. En el mismo sentido, el Sr. D Onofrio Enrique posee domicilio fiscal en la calle Grandville 366 Jose Marmol Pcia. de Buenos Aires y es el titular del Inmueble sito en la calle Derqui N° 42 de la localidad de Loma Verde ( Adrogue Pcia.de Bs. As., que es dable mencionar es el inmueble declarado por varias empresas ( sospechadas de usinas de facturas apocrifas), como su domicilio fiscal y comercial como ser Marmol 2007 SRL; Publicidad y Servicios Taiko S A y de Kuglien Ricardo.
De acuerdo a los datos obrantes en el organismo el Sr. Galve Victor Hugo es informado como socio, presidente y/o accionistas en otras dos sociedades: Roskug S A CUIT: 30709751162 Cargo; Otros Cargos Marmol 2007 S.R.L. CUlT: 30710614241 Cargo: Socio En una de ellas, Marmol S. A., además de figurar el Sr. Galve como socio figura como socia gerente la Sra. Rodriguez Claudia Alejandra, quien fuera incluida por la AFIP/DGI en la base E Apoc como usina de facturas Apocrifas.
Se deja constancia que los antecedentes vinculados con las presentes actuaciones fueron remitidos y constan en el Juzgado Federal N° 1 Secretaria N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Causa N° 10834. En función de las características del responsable investigado y de la información recabada durante las tareas efectuadas, se puede concluir que no posee capacidad financiera, operativa ni infraestructura acorde al volumen facturado, que surgen del citi compras y de las retenciones informadas.
V. Que, en primer lugar, corresponde avocarse al tratamiento del planteo de nulidad opuesto por la actora, por cuanto considera que los actos apelados carecen de causa válida, al ignorar los hechos de la causa y no hacer aplicación del derecho vigente.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En consecuencia, no corresponde acoger los agravios de nulidad articulados por la recurrente.
Que corresponde señalar aquí que, dicho planteo no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que entrando al análisis de la cuestión de fondo, corresponde señalar que -a la luz del detalle efectuado en el Considerando IV precedente- la impugnación de los proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que los bienes a los que ellas se refieren hayan sido adquiridos a tales proveedores, en cuanto se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registra la actora. En su mayoría no poseían empleados en relación de dependencia, no poseían bienes registrables ni inmuebles. En muchos de los casos poseían acreditaciones bancarias con importes que no tienen concordancia con su situación impositiva. No se pudo verificar los efectivos beneficiarios de los cheques emitidos. En otros casos si bien aportan recibos de cobros, no aportan las facturas de las operaciones de ventas efectuadas a la recurrente. Incluso en el caso de Suárez mediante Multinota F 206/I de fecha 30/6/2016 la responsable manifestó no poseer documentación ni registros sobre aquella.
Por otra parte se observa que en el caso de los porveedores Roccazzella, Bravo, Avalos y Rojo los trabajos de impresión de las facturas fueron encargados en las imprentas por el Contador Mariano Otero, quien a su vez es señalado por las personas que atendieron al personal de inspección como la persona con la cual se debería hablar para obtener información de la operatoria comercial de los proveedores Galucci, Silvente y Rojo; incluso este último informa como domicilio fiscal una propiedad de Mariano Otero.
Además de acuerdo con las tareas efectuadas por la División Investigación de la Dirección Regional Norte, las declaraciones juradas de los proveedores Pisandelli Alfredo Fabián y Pisandelli Publicidad S.A. fueron realizadas por el Sr. Alann Yarde Buller, en tanto que las de Bravo, Rojo, Bandera, Galucci, Rocazzella y Silvente fueron realizadas por el Sr. Mariano Otero. Lo más llamativo que todas ellas, tanto en un caso como en el otro, fueron realizadas desde la misma dirección IP 201.213.15.128 Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores (no de su situación fiscal) y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
En el caso de autos, cabe señalar que la prueba informativa y pericial ofrecida por la actora fueron rechazadas en la audiencia celebrada a fs. 588 por no versar sobre hechos controvertidos. En cambio la prueba testimonial de Alfredo Pisandelli y María Valeria de la Iglesia fueron ordenadas por este Tribunal, pero desistida por la recurrente a fs. 589. En definitiva, la recurrente no ha ofrecido ni producido prueba conducente alguna en la presente instancia jurisdiccional.
Que entrando al análisis del recurso presentado, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dichos proveedores se encuentren inscriptos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias mas arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos siendo que justamente no se pudo probar el circuito comercial de las compras ni del servicio ni el económico, es decir no se comprobó la real prestación del servicio ni la existencia de la compra de bienes -su sustantividad-, ni tampoco se pudo verificar el verdadero destino de los fondos supuestamente empleados para abonar los bienes adquiridos ni la prestación de los hipotéticos servicios.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Con respecto a la cita que la actora efectúa del fallo “Billdown” corresponde señalar que resulta inconducente la cita de dicho fallo por cuanto, según surge de lo anteriormente expuesto, y a diferencia de la situación examinada por la CSJN en aquel precedente -en el que no se debatió sobre la existencia y materialidad de las operaciones-, en el sub-examine tal cuestión ha sido controvertida y la actora no ha logrado demostrar la veracidad de las que alego haber haber realizado con los proveedores consignados en las facturas impugnadas. (en el mismo sentido se ha expedido la CSJN en el Considerando 6° del fallo “Adm Argentina S.A.” c/EN – AFIP- DGI de fecha 10/03/2015).
Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el impuesto a las ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores de los servicios y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del impuesto al valor agregado, sino que en virtud de la normativa del impuesto a las ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y servicios han sido efectivamente recibidos o prestados, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, sin perjuicio de lo expuesto “ut supra”, cabe analizar los agravios concretos que sobre este aspecto introduce la recurrente. Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que, en momento alguno el contribuyente ha intentado demostrar que, en realidad, el gasto fue directamente simulado y como consecuencia de ello la inexistencia de este tercero oculto que la ley presume para originar la obligación de ingreso a la tasa máxima.
Que, por el contrario, de distintos pasajes de los antecedentes administrativos y del propio libelo recursivo surgen afirmaciones que permiten asumir el reconocimiento de la existencia de dichas erogaciones que, al estar falsamente documentadas, generan la obligación tributaria que hoy se discute.
Que en apoyo de la tesis aquí esbozada, al Alto Tribunal señaló que "Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos 254:362; 256:277), o, dicho en otras palabras, "las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación" (Fallos 243:204 y su cita, entre otros) Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la Ley 11.683 (arts. 1° y 2° en el texto ordenado en 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica… Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos 323:3376, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos 275:83, citado en el mencionado precedente) ... 23) Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos 323:3376 lleva a descartar que el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria, como parece haberlo entendido el Tribunal Fiscal."
Que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.” “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Asimismo con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que los pagos efectuados con cheques, correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del del importe.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.” “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que en función de lo expuesto, corresponde confirmar la determinación de salidas no documentadas respecto de las operaciones impugnadas, toda vez que se verifican los dos elementos requeridos para la aplicación de la figura contenida en el art. 37 de la ley del gravamen, esto es, la carencia de documentación y la inexistencia de otro medio probatorio que permita inferir tanto la existencia de la erogación como que ella ha sido necesaria para la obtención de rentas gravadas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VII. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en las determinaciones apeladas.
VIII. Que con relación a la multa por defraudación aplicada en la Res. 74/2018, cabe señalar que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en una anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido recientemente tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla. Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Que, en lo atinente a los agravios de la recurrente tendientes a cuestionar la validez constitucional de dicha normativa ante este Tribunal, cabe señalar que, atento la restricción jurisdiccional contenida en el art. 185 de la Ley 11.683, no es posible acoger el planteo que formula la apelante en ausencia de un pronunciamiento de la Corte que así lo declare.
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sancion aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
IX. Que atento lo expuesto precedentemente procede: Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pérez, sin perjuicio de lo cual considero necesario hacer una aclaración con respecto a la multa por defraudación aplicada en la Resolución N° 74/2018 respectodel Impuesto sobre las Salidas no documentadas, tratada en el considerando VIII.
Dicha aclaración consiste en que, a diferencia de otros precedentes en los que he votado porla revocación de la imputación defraudatoria en el impuesto sobre las salidas no documentadas,entiendo que en el presente caso dicha imputación no se basa en la falta de presentación dedeclaraciones juradas del impuesto sobre las salidas no documentadas -como ocurria en aquellos precedentes- sino en la existencia de una ocultación maliciosa de materia imponible, situación fáctica expresamente contemplada en el texto del art. 46 de la Ley 11.683 a partir de la reforma introducida por la Ley 25.795.
Esta relevante diferencia que señalo, a la que se adiciona la verificación en el sub lite de los presupuestos de hecho que evidencian la existencia en el caso de una deliberada conductadefraudatoria, abona la confirmación del acto sancionatorio y la atribución de costas que propone el Dr. Pérez.
En virtud de la votación que antecede, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.03.21 16:48:22 ART Date: 2022.03.22 15:02:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.23 15:25:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.23 15:26:19 -03:00
Fin de la sentencia