Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 169.258
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar al recurso de la actora, revocando la sentencia recurrida, condenando a “Caja de Seguros S.A.” a que abone a la Sra. María Luján Álvarez, en razón del progreso de la presente acción de cumplimiento contractual, la suma de pesos ochenta mil ($80.000) con más sus intereses calculados en la forma prevista en los considerandos dentro de los 10 días de quedar firme la presente; II) Se imponen las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL N° F°
EXPTE. N° 169.258. Juzgado Civ. y Com. Nº 15.
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "ALVAREZ, MARIA LUJAN C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 375/389?;
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada Caja de Seguros S.A., con costas.
A su vez, rechazó la demanda por cumplimiento de contrato promovida por la Sra. María Luján Álvarez contra Caja de Seguros S.A., con costas.
Para así decidir, respecto del rechazo de la acción entablada por la Sra. Álvarez, señaló que la accionada al contestar la demanda alegó la falta de cobertura de la dolencia padecida por la actora al no alcanzar el porcentaje de incapacidad requerido por el art. 3 de la cláusula 820 y no cubrir la póliza en cuestión patologías psiquiátricas ni psicológicas. Luego de transcribir los arts. 1, 2 y 3 de la cláusula 820 y relevar la prueba producida en autos concluyó, en primer lugar, que las lesiones de la accionante no encuadran en el supuesto previsto en el inc. a) del art. 2 de la cláusula referenciada toda vez que uno de sus dos miembros inferiores –la pierna derecha- padece una pérdida no funcional que resulta adaptable.
Indicó que tales dolencias tampoco encuadran en el inc. b) del art. 2 ya que si bien la actora se ve imposibilitada de deambular por sí misma tal circunstancia es curable mediante una prótesis de rodilla.
Asimismo, destacó que no obstante la Sra. Álvarez pareciera encontrarse impedida de permanecer en posición activa de sentado tal como lo prevé el inc. c) del art. 2 analizado, dicha afección no resulta permanente habida cuenta que según determinó el perito médico su columna lumbar es rehabilitable.
Por su parte, consideró que el porcentual de incapacidad que padece la accionante tampoco se encuentra comprendido en el supuesto expresamente establecido en el art. 3 de la cláusula 820, dado que conforme lo determinó el experto médico interviniente en autos la actora padece una incapacidad total del 57%, es decir, que no alcanza el umbral del 66% previsto en la póliza.
Finalmente, descartó que existiera abuso en las cláusulas contractuales opuestas por la demandada.
II. Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 395 por la Sra. María Luján Álvarez, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Bustamante, fundando tal recurso mediante escrito electrónico el día 5 de febrero del presente año, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en el escrito electrónico de fecha 05-03-2020.
III. Agravia a la actora recurrente que el a quo resuelva rechazar la acción promovida por su parte.
En breve síntesis, luego de plantear un hecho nuevo –dictamen de la comisión médica N° 12- y solicitar la apertura a prueba (lo que fue proveído favorablemente por este tribunal en la resolución de fecha 13-05- 2020), objetó las conclusiones de la pericia médica obrante en autos. En particular, expuso que en la pericia se detalló que la patología existente en la rodilla derecha de la actora es de carácter permanente pues padece una pérdida anatómica que no es funcional al contar con una prótesis que suplanta su anatomía y permite cierta movilidad. Ante lo anterior, entiende que no resulta lógico considerar que existiendo una pérdida anatómica y funcional de la rodilla izquierda la misma sería reversible mediante una cirugía similar a la efectuada en la rodilla derecha, en donde, al igual que en la izquierda, se detecta una pérdida anatómica.
Agrega a ello, que deviene incongruente establecer un porcentual del 20% de incapacidad con motivo de la existencia de una prótesis en la rodilla derecha y afirmar que colocar una prótesis en la rodilla izquierda tornaría reversible la patología que esta padece.
Prosigue con su fundamentación, afirmando que no se contempló porcentual alguno atinente a la limitación de la movilidad de la columna lumbar, en el porcentaje de incapacidad al cuál arribó el perito, cuando éste mismo consideró que existía una pérdida funcional de la columna lumbar por restricciones de movimientos.
Hace hincapié en la necesidad de apartarse de la pericia obrante en la causa y tener en consideración el dictamen de la Comisión Médica. Cita y transcribe jurisprudencia en apoyo a su argumentación. En otro orden de ideas, refiere que las cláusulas de un seguro de vida que supeditan de forma total o parcial la posibilidad fáctica de poder el trabajador desempeñar alguna tarea laborativa deben ser consideradas como cláusulas abusivas.
Por último, solicita que se haga lugar a la demanda en su totalidad.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
La cuestión sometida a estudio de esta Alzada se centra en determinar si el rechazo efectuado por la demandada respecto de la cobertura pretendida por la actora resulta ajustado a derecho.
Al efecto de ingresar en tal cuestión entiendo necesario precisar el marco jurídico aplicable al caso, así como las características y particularidades de la contratación que vincula a las partes.
Sobre esto último cabe precisar que, tal como acertadamente lo ha considerado el a quo y no fuera controvertido, el reclamo de la actora debe entenderse fundado en la póliza de seguro colectivo contributiva y facultativa N° 5490-0320188-01 y no en aquella que lleva el N°5490- 0320189-01 cuyo objeto proviene de la Ley de Contrato de Trabajo y carece de carácter contributivo.
Es oportuno recordar, que los seguros colectivos de vida pueden asumir diversas variantes según la naturaleza del grupo y su relación con el tomador contratante originario, imponiendo los diversos matices de cada uno de ellos diferentes efectos.
En tal sentido, la doctrina especializada indica que debe diferenciarse si nos encontramos ante una cobertura voluntaria o una de naturaleza obligatoria dado que mientras que éstas últimas apuntan a fines de índole preponderantemente social las primeras son neutras a tal finalidad y constituyen un medio para proporcionar un seguro sobre la persona a precios reducidos y, es por ello, que en las coberturas voluntarias prevalece el carácter privado del contrato que queda sujeto a lo pactado en las cláusulas por los contratantes, salvo que éstas sean abusivas (argto. doct. Isaac Halperin, “Seguros”, Ed. Depalma, 3era. edición, Bs. As., 2001, págs. 861/862).
Respecto de los seguros de vida colectivos voluntarios y contributivos –tal como el que funda esta acción-, ha señalado la jurisprudencia que en éstos se establece una relación directa entre la compañía aseguradora y las personas asegurables –empleados- resultando el empleador –en el caso la Clínica del Niño y la Madre- un simple intermediario (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa B. 58122 “Pérez de Angilello, María Consuelo c/ Provincia de Bs. As. s/ demanda contencioso administrativa”, sent. del 28-12-2016; S.C.B.A. en la causa L. 79840 “González, Mirta Lidia y otros c/ ESEBA S.A. s/ cobro de seguro”, sent. del 23-12-2003; Cám. 2da. de Apel. en lo Civ. y Com. de La Plata, Sala II, en la causa 117.728 “Lucchini, María Fernanda c/ Caja de Ahorro y Seguro S.A. s/ cumplimiento de contratos civiles y comerciales”, sent. del 11-04-2017). seguro (como el de autos) constituye un contrato de consumo cuando se celebra entre un consumidor final (asegurado) y una persona jurídica (el asegurador) que actuando profesionalmente, se obliga mediante el pago de una prima, a asumir el riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (argto. art. 1092, 1093 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; argto. doct. Farina, Juan M., "Defensa del consumidor y Usuario", 3era. Edic., Edit. Astrea Bs. As. 2004, pág. 396; Picasso-Vázquez Ferreira, "Ley de defensa del consumidor-Comentada y Anotada", La Ley T°II, pág. 439; Stiglitz, Rubén S., "Derecho de Seguros", 5ta. Ed. Act. y amp TI, LLBA, 2008-II, pág.158, 196; Edgardo López Herrera, "Tratado de la Prescripción Liberatoria", 2da. Ed., AbeledoPerrot, 2009, pág. 772; S.C.B.A. en la causa C. 107.516 “Canio, Daniel Gustavo c/ Seguro Metal Coop. de Seguros s/ cumplimiento contractual”, sent. del 11-07-2012; esta Cámara y Sala en la causa N°147.854 “Caporaletti, María Cecilia c/ Liberty Seguros Argentina S.A. s/ cumplimiento de contratos”, sent. del 06-06-2011).
Así lo ha resuelto el Máximo Tribunal Provincial, señalando que: “…cabe considerar al seguro como un contrato de consumo, por adhesión a cláusulas predispuestas por el asegurador, en el que el asegurado adhiere a un esquema rígido y uniforme, y tiene en la génesis negocial una posición de ostensible desigualdad…” (S.C.B.A. en la causa C. 119.088 “Martínez, Emir c/ Boito, Alfredo Alberto s/ daños y perjuicios” sent. del 21-02-2018; el destacado no es de origen).
Es entonces, que siendo tanto la póliza vigente al momento del hecho como el incumplimiento que la actora endilga a la demandada posteriores a la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es éste ordenamiento, junto con las disposiciones de la ley 17.418 y, en particular, el derecho del consumo el marco normativo bajo el cuál deberá ser analizada la cuestión sometida a estudio de esta Alzada (arts. 724, 730, 1066, 1095 y ccdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 4, 7, 10 bis. a), 37 y ccdtes. de la ley 24.240;arts. 153, 154 y ccdtes. de la ley 17.418) Una vez detallado lo anterior, resulta indispensable relevar los términos y alcances de la relación asegurativa en especial aquellos concernientes a los requisitos para tornar operativa la cobertura por incapacidad.
Para ello, analizaré el contenido de la póliza agregada a fs. 304/325 de las presentes actuaciones dado ser ésta la que se encontraba vigente al momento en que la actora debió cesar en sus actividades laborales con motivo del retiro por invalidez (conf. fs. 62/69). Allí puede leerse, en lo que al caso de autos concierne, bajo el título “CLAUSULA ADICIONAL DE INCAPACIDAD FISICA TOTAL PERMANENTE E IRREVERSIBLE TAXATIVA”: “…Artículo 1° - Riesgo Cubierto: El asegurador concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula, cuando el asegurado, como consecuencia de una enfermedad o accidente, que padezca un estado de incapacidad física total, permanente e irreversible; no pasible de ser revertido por tratamientos médicos y/o quirúrgicos; siempre y cuando no le permita al asegurado desempeñar por cuenta propia o en relación de dependencia ninguna actividad remunerada (cese laboral). Tal estado de incapacidad física, deberá manifestarse en forma ininterrumpida por SEIS (6) meses como mínimo, haberse instalado durante la vigencia de esta cláusula adicional y antes que el asegurado exceda la edad establecida en las Condiciones Particulares de la póliza como edad límite para esta cobertura adicional (…) A los efectos de otorgar el beneficio que concede la presente cláusula, se considerará incapacidad física total, permanente e irreversible, a las definidas en los Artículos 2 y 3…” (conf. fs. 317 vta.).
Los artículos mencionados en lo que atañe a lo discutido en autos señalan: “…Artículo 2 – Incapacidades totales. Se entenderá por incapacidad física total, permanente e irreversible, única y exclusivamente a aquella producida por: 1. La pérdida anatómica o funcional no recuperable, rehabilitable o readaptable, con tratamiento médico o quirúrgico ni con el uso de artificios de técnica, de dos de los cuatro miembros. 2. La imposibilidad de deambular por sí mismo, no curable, rehabilitable o readaptable, aún con tratamiento médico o quirúrgico ni con el uso de artificios de la técnica. 3. Aquellas afecciones que de manera permanente impidan, al asegurado, permanecer en posición activa de sentado (…) Artículo 3° - Incapacidades Parciales. Si el asegurado padeciera algunas de las distintas incapacidades parciales físicas permanentes e irreversibles que se detallan en el presente artículo, sólo se considerará que el asegurado padece un incapacidad física total, permanente e irreversible cuando la sumatoria de éstas supere el SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%) de la capacidad física del asegurado…” (conf. fs. 317 vta./318).
Del detallado estudio del escrito de demanda, se advierte que la accionante sostiene que la incapacidad física que padece es encuadrable en lo dispuesto en el inc. 1° del art. 2 de la cláusula adicional por incapacidad que contiene la póliza y en lo dispuesto en el art. 3 de la citada cláusula que contempla el supuesto de la sumatoria de incapacidades parciales (conf. fs. 94 vta./95).
En la sentencia recurrida el a quo consideró, respecto del supuesto previsto en el inc. 1° del art. 2 de la cláusula adicional –pérdida anatomica o funcional de dos de los cuatro miembros- que la incapacidad padecida por la actora no se encontraba cubierta por la póliza contratada en tanto según surgía de la pericia realizada en autos la rodilla derecha de la actora era “readaptable” y la rodilla izquierda era “curable” mediante una prótesis.
Para analizar la corrección de lo resuelto por el Sr. Juez de primera instancia resulta indispensable transcribir los términos en los que se ha expedido el perito médico traumatólogo interviniente en autos. En la pericia agregada a fs. 225/228 el galeno concluyó que:
“…existe una pérdida anatómica y funcional de la rodilla izquierda. Se concluye que existe una pérdida anatómica de la rodilla derecha que no es funcional ya que reemplaza a la articulación ósea anterior (…) La rodilla derecha es readaptable y la rodilla izquierda es no recuperable, salvo que exista una cirugía de prótesis de rodilla…” (conf. punto 1 de pericia de la parte actora).
A su vez, al responder acerca de la posibilidad de la actora de deambular por sí misma expuso que: “…No deambula por si misma, no es rehabilitable su rodilla izquierda, pero es curable con una prótesis de rodilla…” (conf. punto 2 de pericia de la parte actora).
Asimismo, al contestar si la patología de la actora configura dentro de la incapacidad física permanente e irreversible señaló: “…Sí. Su rodilla derecha es permanente e irreversible. Su rodilla izquierda es reversible y temporal ya que puede generar mejor movilidad y disminuir el dolor con una cirugía similar a la rodilla derecha…”(conf. punto 2 de pericia de la parte demandada).
De las conclusiones periciales transcriptas surge a mi entender que tanto la rodilla derecha, a la que el perito le atribuye una pérdida anatómica no funcional que genera una incapacidad permanente e irreversible, como la izquierda, a la que le asigna una pérdida anatómica y funcional, revestirían las caracteristicas necesarias para encuadrar en el supuesto previsto en el inc. 1° del art. 2 de la cláusula adicional –pérdida anatomica o funcional de dos de los cuatro miembros-.
Sin embargo, el hecho de haberse señalado también que la rodilla derecha es “readaptable” y la rodilla izquierda es “curable” con una prótesis de rodilla llevó al a quo ha considerar que las patologías de la accionante no configuraban el riesgo asegurado en la cláusula antes referenciada, dado que en ésta se prevé que la pérdida anátomica o funcional de los miembros debe ser “...no recuperable, rehabilitable o readaptable, con tratamiento médico o quirúrgico ni con el uso de artificios de técnica...”.
Ahora bien, lo hasta aquí expuesto me lleva indispensablemente a los siguientes interrogantes; 1) ¿cualquier grado de recuperación, rehabilitación o readaptación es suficiente para excluir las patologías de los miembros inferiores de la cobertura prevista en el inc. 1° del art. 2 de la cláusula adicional?; y en su caso 2) ¿cuál es el estándar que deberá tenerse en cuenta para concluir que la recuperación o readaptación de los miembros importa que la patología está excluída de la cobertura?. Para dar respuesta a tales interrogantes, debe recordarse que nos encontramos ante una “relación de consumo” y ello importa que deberá propiciarse una interpretación del contrato de buena fe, armoniosa con el fin del seguro colectivo y bajo las pautas interpretativas del estatuto del consumidor que dispone en el art. 37 de la ley 24.240 que “la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”, igual pauta interpretativa fue adoptada por el art. 1095 del Código Civil y Comercial (argto. jurisp. Cám. 2da. de Apel. en lo Civ. y Com. en la causa N°117.717 “Alarcón, Rosa Margarita c/ Caja de Seguros S.A. s/ cobro ordinario de sumas de dinero”, sent. del 27-12-2016).
Bajo tal premisa, resulta claro que considerar que cualquier grado de recuperación, rehabilitación o readaptación es suficiente para excluir las patologías de los miembros inferiores de la cobertura prevista en el inc. 1° del art. 2 de la cláusula adicional expondría la existencia de una cláusula abusiva, pues bastaría la mera posibilidad de una hipotética mejoría en la patología del asegurado para que la aseguradora se libere de cumplir con sus obligaciones contractuales.
No obstante, entiendo que el principio de conservación de los contratos impide arribar a la conclusión precedente -existencia de una cláusula abusiva- cuando existe otra interpretación posible que se ajusta en mayor medida al objeto del contrato.
Repárese que el Nuevo Código Civil y Comercial al reglar las pautas de interpretación contractual recepta en su artículo 1066 el “Principio de Conservación”, disponiendo expresamente que “...Si hay duda sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato…”.
En el caso, la aplicación de tal principio lleva a interpretar que el grado de recuperación, rehabilitación o readaptación requerido para excluir la cobertura ante la pérdida anatómica o funcional de dos de los cuatro miembros es aquél que permita al asegurado retomar las actividades laborales que desempeñaba con anterioridad a su patología incapacitante. Es que integrando el objeto del contrato la cobertura asegurativa de la incapacidad que impide el desarrollo de la actividad laboral, sólo aquella recuperación, rehabilitación o readaptación que lleve al asegurado a retomar las labores que venía desarrollando podría explicar y justificar la ausencia de cobertura.
Considero oportuno a esta altura del análisis señalar que comparto lo resuelto por la Sala D de la Cámara Nacional de Comercio en el sentido que “...de acuerdo a conocida jurisprudencia las cláusulas de las pólizas de seguros de vida colectivos que exigen una “incapacidad total y permanente” del afectado, no deben ser entendidas con un alcance absolutamente literal que conduzca, en la práctica, a la supresión de los beneficios. Ha estimado razonable, en cambio, considerar que la incapacidad contemplada no es sólo la que imposibilita en forma absoluta para cualquier trabajo –hipótesis que jugaría únicamente en los casos de personas reducidas a vida vegetativa- sino también la que obsta a la posibilidad de ejercer tareas remuneradas acordes con la habilidad reconocida del peticionario…” (conf. Cám. Nac. De Apel. En lo Comercial, Sala D, en la causa “Capel, Luis Alberto c/ Metlife Seguros S.A. s/ ordinario”, sent. Del 24-10-2019; Cám. Nac. De Apel. En lo Comercial, Sala D, en la causa “Fantoni, Raúl c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, sent. Del 14-02- 2008), En conclusión, y como respuesta a los interrogantes planteados en este desarrollo argumental, no cualquier recuperación, rehabilitación o readaptación de la patología de la actora basta para rechazar la cobertura por pérdida anátomica o funcional de dos de los cuatro miembros sino sólo aquellas que alcancen el estándar de permitir que la accionante retomase su actividad laboral de enfermera.
Expuesto lo anterior, y luego de haber analizado detenidamente el dictamen pericial médico de fs. 225/228 advierto que si bien en el mismo el galeno refiere que la rodilla derecha es “readaptable” y la rodilla izquierda “curable” -no puedo obviar señalar que más allá de tal categórica afirmación al contestar los puntos de pericia de la parte demandada reduce tal “curación” a la posibilidad de generar mejor movilidad y disminuir el dolor con una cirugía de rodilla similar a la rodilla derecha– en ningún pasaje de tal labor pericial, así como tampoco en cualquier otro elemento probatorio, existe siquiera el menor indicio que permita concluir que tal “readaptación” o “curación” permita a la actora desarrollar la actividad laboral que venía desempeñando (arts. 384, 474 y ccdtes. del C.P.C.). Dicho de otro modo, en la pericia médica si bien se hace mención a la posibilidad de “readaptar” la rodilla derecha no se explica cuál es la probabilidad que tal readaptación permita a la accionante recuperar la funcionalidad del miembro afectado, igual deficit contiene la aseveración atinente a que la rodilla izquierda es “curable” puesto que no se explica cuáles las chances reales de curación y, más importante aún, no se explicita si esta curación permitirá a la actora seguir desarrollando las labores que desempeñaba con anterioridad a su incapacidad.
Esta orfandad probatoria respecto de las causales que habiliten la exclusion de cobertura en el supuesto previsto en el inc. 1° del art. 2 de la cláusula adicional de la póliza que vincula a las partes redunda en perjuicio de quien tiene la carga de la prueba de tal supuesto, en el caso, la demandada (art. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.).
En lo que a la prueba de las causales de exclusion de cobertura respecta, enseña Stiglitz que “…incumbe al asegurador la carga de la prueba del presupuesto de hecho obstativo al derecho del asegurado(…) por tratarse de un hecho extintivo, la carga probatoria recae sobre él…”(conf. Stiglitz, Rubén S., “Derecho de Seguros”, tomo I, 4ta. Edición, Bs. As., La Ley, 2004, pág. 240).
En conclusion, habiendo sido acreditado en autos la configuración del supuesto previsto en el inc. 1° del art. 2 de la cláusula adicional de la póliza N° 5490-0320188-01 sin que se encuentren probadas las circunstancias previstas en tal cláusula que obstarían al reconocimiento del derecho de la asegurada, corresponde hacer lugar a la demanda por cumplimiento de contrato promovida por la actora contra la “Caja de Seguros S.A.” (arts. 724, 730, 1066, 1095 y ccdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 4, 10 bis.a), 37 y ccdtes. de la ley 24.240;arts. 153, 154 y ccdtes. de la ley 17.418).
Siendo que en el caso no se han demandado daños y perjuicios por el incumplimiento de la demandada, habiéndose limitado la pretensión de la actora al cumplimiento contractual -conf. fs. 94-, corresponde determinar cuál es la prestación incumplida a cargo de la accionada.
A tal fin, en primer término, cabe desestimar lo pretendido por la actora en cuanto al monto de pesos quinientos treinta y nueve mil trescientos setenta y dos conn ochenta y ocho centavos ($539.372,88) que entiende es a cuanto asciende la obligación a cargo de la aseguradora. Es que para arribar a tal monto utiliza el método de cálculo previsto en el anexo V de la póliza N°5490-0320189-01 cuyo objeto proviene de la Ley de Contrato de Trabajo y, como antes he explicado, no es aquella la que funda el presente reclamo, de hecho en es razón de tal póliza que la empleadora indemnizó a la actora por la suma que aquí pretende tal como expresamente lo reconoce la demandante en su demanda –conf. fs. 95 vta.-. Ante ello, la respuesta a los alcances de la obligación de la demandada deberá buscarse en la póliza que da sustento al reclamo efectuado en estas actuaciones siendo ésta la que lleva el N° 5490- 0320188-01.
Del detenido análisis de tal póliza se advierte que la suma asegurada asciende a los pesos ochenta mil ($80.000).
Ello es así, en tanto expresamente puede leerse en la primera página de las condiciones particulares, en el acápite correspondiente al “Objeto del Seguro y Riesgos Asegurados”, “…Suma Asegurada Uniforme $80.000…” (conf. fs. 304; el destacado no es de origen).
Tal monto también es considerado por el perito contador como la suma asegurada conforme surge del dictamen obrante a fs. 342/355 (respuesta al punto 6 del cuestionario de la demandada).
Ante lo expuesto, es que corresponde revocar la sentencia recurrida haciendo lugar a la demanda de la actora -Sra. María Luján Alvarez- contra la demandada –“Caja de Seguros S.A.”- ordenando a ésta última abonar a la primera la suma de pesos ochenta mil ($80.000), más los intereses moratorios derivados de su incumplimiento (arts. 768 y ccdtes. del Código Civil y Comercial).
Tales accesorios deberán ser liquidados sobre el capital, al no tratarse el supuesto de un valor actual, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la mora y hasta el efectivo pago (arts. 768 y ccdtes del Código Civil y Comercial; argto. Jurisp. S.C.B.A. en la causa C. 120.536 “Vera, Juan Carlos”, sent. del 18-04-2018 y causa C. 121.134 “Nidera S.A.”, sent. del 03- 05-2018).
La mora del asegurador en el caso se configura en la fecha en que se rechazó la cobertura pretendida por la actora, es decir, el día 14/11/2016 (conf. fs. 21; art. 51 de la ley 17.418; conf. Stiglitz, Rubén S., “Derecho de Seguros”, tomo III, 4ta. Edición, Bs. As., La Ley, 2004, pág. 179).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de la actora, revocando la sentencia recurrida, condenando a “Caja de Seguros S.A.” a que abone a la Sra. María Luján Alvarez en razón del progreso de la presente acción de cumplimiento contractual la suma de pesos ochenta mil ($80.000) con más sus intereses calculados en la forma prevista en los considerandos dentro de los 10 días de quedar firme la presente; II) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar al recurso de la actora, revocando la sentencia recurrida, condenando a “Caja de Seguros S.A.” a que abone a la Sra. María Luján Álvarez, en razón del progreso de la presente acción de cumplimiento contractual, la suma de pesos ochenta mil ($80.000) con más sus intereses calculados en la forma prevista en los considerandos dentro de los 10 días de quedar firme la presente; II) Se imponen las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGISTRESE. Notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA ; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA-). En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA. Devuélvase.
Fin de la sentencia