Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-773/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada a fs. 94 y vta., con relación al carácter de “usuario o consumidor” del actor, conforme lo dispuesto en los considerandos III y VI.-
2Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa, únicamente en su calidad de “ciudadano” y “diputado provincial” del actor, conforme lo dispuesto en los considerandos III, IV y V.-
3Rechazar la excepción de inadmisibilidad de la instancia opuesta por la demandada a foja 94 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-773/17-TSJ Sentencia N°: 1090 Actor: ALVAREZ VICTOR HUGO Demandado: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 24/11/21 Texto: TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1090 FOLIO Nº 3481/3486 PROT. ELECT. TSS1 020 C.211
Río Gallegos, 24 de noviembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “ALVAREZ VICTOR HUGO C/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº A-773/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de dar tratamiento a las excepciones de falta de legitimación activa y de inadmisibilidad de la instancia opuestas por la demandada a fs. 94 y vta. del expediente en soporte papel.-
Que a fs. 11/15 vta., se presenta el Sr. Víctor Hugo Álvarez con el patrocinio letrado de los Dres. Ramiro Neil y Yamila Gentile, planteando acción de inconstitucionalidad en virtud del artículo 132, inciso 3º de la Constitución Provincial contra la Municipalidad de Las Heras, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Nº 1435/15, sancionada el 18 de diciembre de 2015 que crea una tasa vial municipal por la cual se obliga a todos los usuarios que adquieran en el ámbito de ese municipio, combustibles líquidos y GNC al pago del 3 % sobre el total (establecido por art. 2º, Decreto Municipal Nº 14/2017) y cuyo destino será para obras públicas (cfr. foja 11).- Sostiene que se encuentra legitimado para interponer la presente acción en su condición de ciudadano de la ciudad de Las Heras y de consumidor y usuario de combustibles en estaciones de servicios de ese municipio (cfr. foja 14 vta.).-
Asimismo solicita, en su condición de diputado provincial electo, que de hacerse lugar a su pretensión la sentencia tenga efectos expansivos de cosa juzgada (erga omnes) y con efecto para todas las personas que actual o potencialmente sean destinatarios de tal tributo (cfr. foja cit).-
Que a fs. 92/99 vta. se presenta la Municipalidad de Las Heras, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Rubén Alejandro Gómez, y tras negativa tanto genérica como puntual de cada uno de los hechos expuestos por la parte actora en el libelo de inicio (cfr. fs. 92/94), opone como defensas de previo y especial pronunciamiento las excepciones de falta de legitimación activa y de inadmisibilidad de la instancia, en concordancia con el artículo 62, incisos a) y e) del CPCA, Ley Nº 2600.- Con relación a la excepción de falta de legitimación activa sostiene que el actor inicia la presente acción de inconstitucionalidad invocando haber adquirido combustible dentro del ejido urbano de la ciudad de Las Heras y que dicha circunstancia “…no consta en el expediente, pues los supuestos ticket de compra de combustible -los cuales desconocemos su autenticidad-...tampoco se encuentran emitido (sic) a su nombre…con lo cual no es sujeto pasivo de la tasa vial consagrada en el Art. 3 de la Ordenanza de la Municipalidad de Las Heras Nº 1435/15 y su decreto reglamentario, careciendo de legitimidad para iniciar la presente acción por carecer de un interés legítimo al no verse afectado directamente por dicha ordenanza. Además el hecho de ser diputado por el pueblo, -lo cual no nos consta-, tampoco daría legitimada (sic) para iniciar la presente acción, pues no le causa un perjuicio directo y actual la implementación de dicha ordenanza.” (cfr. foja 94).- Asimismo opone excepción de inadmisibilidad de la instancia por considerar que no es susceptible de impugnación -por esta vía- el acto o decisión objeto del proceso y en subsidio falta de agotamiento de la vía administrativa (cfr. foja 94 vta.).-
A fin de fundar dicha excepción expresa: “…el planteo de inconstitucionalidad de la Ordenanza…es una cuestión totalmente ajena a los actos administrativos. Pues...fue dictada en uso de las facultades legislativas propias del Consejo (sic) Deliberante de Las Heras, no comprometiendo la actividad adminis-trativa alguna […] un acto que no reviste carácter administrativo, como es la sanción de una Ordenanza por parte del Poder Legislativo Municipal, mal puede ser impugnad[a] su constitucionalidad por la vía administrativa…” (cfr. foja cit.).- Finalmente afirma que el actor omitió realizar el reclamo administrativo previo, con lo que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 62, inciso d) de la Ley 2600, debiéndose declarar inadmisible la vía administrativa. (cfr. foja cit.).-
Que, a foja 104, tercer párrafo, se ordena correr traslado a la parte actora de las excepciones opuestas por el término de veinte (20) días (cfr. art. 64 del CPCA, Ley Nº 2600). A foja 106 obra certificación actuaria de la que surge que dicho auto quedó notificado por ministerio de ley el 14/08/18, operando el vencimiento del plazo respectivo sin que la actora se haya manifestado al respecto.-
Que, a fs. 107/108 vta., toma debida intervención el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, dictaminando que: “…V.E. puede abocarse al conocimiento de las presentes actuaciones, siendo formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad instaurada, y no debiendo prosperar las excepciones interpuestas por la demandada.” (cfr. foja 108 vta.).-
Que, los presentes actuados pasan al Acuerdo a foja 109.-
II. Que luego de reseñado brevemente lo acontecido en autos, detendremos nuestro análisis, en primer término, en la excepción previa de falta de legitimación activa ya que, lo que se decida a su respecto, habilitará o no a este Tribunal Superior de Justicia para abordar el tratamiento de la excepción de inadmisibilidad de la instancia.-
III. Se ha dicho que: “La legitimación constituye uno de los requisitos para ejercer la acción. Consideramos a ésta como el derecho que tiene quien se presenta a la jurisdicción de obtener una decisión sobre el mérito, es decir un pronunciamiento sobre el derecho sustancial invocado por las partes, sea tal decisión favorable o desfavorable. La legitimación activa supone la identidad entre la persona a quien la ley le concede el derecho de acción y quien asume en el proceso el carácter de actor.” (cfr. Arazzi, Roland, en la obra de Morello, Augusto -Coordinador-, “La Legitimación. Homenaje al profesor Doctor Lino Enrique Palacio”, Ed. Abeledo-Perrot, 1996, pág. 23).- Roland Arazzi, nos indica que: “El interés como requisito de la acción exige, en primer lugar, que la finalidad que el solicitante se propone lograr mediante el ejercicio de la acción no pueda ser alcanzada sino por medio de la sentencia judicial. En segundo lugar, que la decisión judicial, en caso de acceder a la pretensión, no mantenga a las partes en la misma situación jurídica en la que éstas se encontraban antes del proceso.” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 30).- En el presente caso los sujetos habilitados para reclamar por la inconstitucionalidad de una norma o acto, son, en principio, los agraviados por ellos (cfr. Sagüés, Néstor Pedro: “Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordi-nario”, 4º Edición actualizada y ampliada, ed. Astrea, Tomo 1, pág. 125).-
Así lo ha sostenido nuestra Constitución Provincial al indicar que es incumbencia de este Tribunal Superior de Justicia: “...Ejercer la jurisdicción originaria…para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de las…ordenan-zas que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan por parte interesada.” (cfr. art. 132, inc. 3º).-
Se entiende por “parte interesada”, -a los efectos de promover la acción de inconstitucionalidad-, a quien se halle comprendido por la ley, ordenanza o decreto, en cuanto su aplicación pueda causarle un agravio a un derecho, exención o garantía que esté acordado por alguna cláusula de la Constitución; agravio que debe responder a un interés concreto y no a un móvil genérico abstracto y que debe estar vinculado con la reparación del derecho vulnerado de quien acciona (cfr. SCBA, “Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.) s/ Inconstitucionalidad, art. 109, ley 5109”, LP I 68475 S, del 02/03/2011).- El interés que califica a la “parte” debe ser “particular” y “directo”, situación que se configura cuando el ejercicio de un derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado -o ha de ser ineludiblemente afectado, de intentarse la acción con carácter preventivo- debido a la aplicación de la ley, decreto, ordenanza o reglamento cuya constitucionalidad controvierte. De ello resulta la imprescindible demostración por el accionante -a los fines de acreditar suficiente legitimación para demandar- que se encuentra comprendido en las disposiciones impugnadas, esto es, que concurren todas y cada una de las condiciones para su aplicación, concreta e inminente respecto de su situación particular (cfr. SCBA, sum. “Matoso, César A. s/ Acción de inconstitucionalidad”, LP I 2153 I, del 14/07/1998).- Abonando este criterio también se ha sostenido que: “…‘quien intente encontrarse legitimado para promover una acción de inconstitucio-nalidad...debe invocar un agravio relacionado a la afectación por la norma que impugna de un interés directo, ya que tal situación...reviste carácter de ‘parte interesada’, satisfaciendo así el recaudo de que ‘sólo el titular del actual derecho que se pretende vulnerado puede peticionar y obtener el ejercicio del control judicial de la constitucionalidad de las leyes...’, CS, en Fallos: 254-162, entre otros’ (cfr. sent. de fecha 2/3/1998).” (cfr. STJ Entre Ríos, “Velásquez, Carlos A. y otros c/ Junta de Fomento de Oro Verde”, del 09/12/2002, www.informacionlegal.com.ar. Cita On-line: AR/JUR/6453/2002).- Ahora bien, conforme lo expuesto y a fin de determinar si el actor posee legitimación suficiente para promover la presente acción debemos analizar, a luz de las constancias obrantes en autos y de la Ordenanza en crisis, si el nombrado se encuentra alcanzado por la disposición cuya declaración de inconstitucionalidad persigue.-
Recordemos que la demanda se promueve invocando el carácter de “usuario, consumidor, ciudadano y diputado electo” con la finalidad de: “…hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de la relación jurídica que se estableció mediante ordenanza Nº 1435/15 sancionada del 18/12/2015 y que crea una tasa vial municipal por la cual se obliga a todos los usuarios que adquieran en el ámbito de ese municipio, combustibles líquidos y GNC al pago del 3 % sobre el total…y cuyo destino será para obras públicas...” (cfr. fs. 11 y 14 vta.).- Que los agentes de retención a los fines de la aplicación de la Tasa Vial referida será: “...toda estación de servicio que opera en el ámbito del ejido urbano de la ciudad de Las Heras como expendedora de combustible líquido u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas y GNC (Gas Natural Comprimido)… que el porcentaje de retención establecido para la Tasa Vial Municipal en el artículo 1º de la presente deberá ser detallado en la factura entregada a cada consumidor…” (cfr. Decreto Municipal Nº 014/2017 obrante a fs. 8 y vta.).- Sabido es que la “...‘Tasa: es la contraprestación pecuniaria que el particular debe al Estado, en virtud de ley, por la prestación de un servicio jurídico, administrativo o jurisdiccional, de uso obligatorio, divisible y determinado en la persona o bienes del usuario, prestado por el Estado en ejercicio del poder tributario’ [...] Se deriva del poder de autoridad del Estado en cuanto no nace de una relación contractual entre el Fisco y los contribuyentes, sino que se sustenta en un vínculo de derecho público sin acuerdo alguno de voluntades, fruto del ejercicio del poder tributario, por lo cual no se está en presencia de una obligación que emerja de la voluntad de las partes, sino que su fuerza compulsora para el cobro es el resultado de un acto de gobierno y potestad pública...” (cfr. Casás, José Osvaldo: “Coparticipación y Tributos Municipales. Las tasas apócrifas y la prohibición de analogía”, Ed. Ad. Hoc, Primera Edición, 2007, págs. 93 y 96).- También es menester señalar que la tasa procede aun cuando el sujeto destinatario del servicio o la actividad pública en él personalizada carezca de interés en ser su receptor, lo resista o lo supla por otras prestaciones de carácter privado, extremo que, en ningún caso, lo eximirán del pago de la obligación tributaria (cfr. aut. y ob. cit., pág. 97).-
IV. Con relación al carácter de “ciudadano” invocado por el actor, se debe adelantar que el mismo no brinda legitimación suficiente para iniciar el presente proceso.-
Ello es así toda vez que: “...la mera calidad de ciudadano… domiciliado en el territorio…no legitima al peticionante para demandar la inconstitucionalidad…desde que el ‘interés’ que califica de ‘parte’, en la expresión del artículo 30, inc. 3° de la Constitución Provincial, no se configura en el caso, no aparece demostrada la afectación de un interés distinto al que tienen todos los ciudadanos…el interés del ciudadano posee una generalidad tal, que diluye toda posibilidad de particularizar la situación para otorgarle un título definitivo. Constituye doctrina mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que este Cuerpo recepta, que para promover la acción declarativa de incons-titucionalidad en miras a la tutela preventiva de los derechos individuales, el accionante deberá acreditar la titularidad de un interés legítimo lesionado...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo II, Reg. 78, Folio 331/336).- El término “ciudadano” es un concepto de notable generalidad, pues su comprobación no basta para demostrar la existencia de un interés “especial” o “directo”, “inmediato”, “concreto” o “sustancial” que permita tener por configurado un “caso contencioso” (Fallos 322:528).-
Es que cuando un ciudadano se ve perjudicado por actuaciones administrativas ilegales, adquiere un derecho subjetivo a la eliminación de esa actuación ilegal. Que como resultado de su puesta en marcha resulten consecuencias para terceros, es accidental pues la acción no está dirigida a purificar por razones objetivas la actuación administrativa sino la defensa de los propios intereses (cfr. Monti, José L.: “Los Intereses Difusos y su Protección Jurisdiccional”, Ed. Ad-Hoc, 2005, pág. 52).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Thomas”, ha puesto de resalto que “... la calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma (doctrina de Fallos: 306:1125; 307:2384, entre otros)...” (Fallos 333:1023). Cabe agregar que este criterio fue reiterado en “Abarca” del 6 Septiembre de 2016 (en Fallos 339:1223, v. considerando 24 y subsiguientes) (cfr. SCBA, “Sanzio, Esteban y otros c/ Municipalidad de Baradero s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Fiscal 5414/17 (y Presup. 5415/17)”, LP I 74618 I, del 22/05/2019).- Por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción, no hay duda que la aptitud legitimante en su calidad de ciudadano en el proceso constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca. No se advierte, ni se explica, pues, cómo el demandante, en su calidad de ciudadano, ha experimentado o sufrirá una lesión a su esfera de intereses jurídicos, remediable por una acción como la entablada, que se derive de la regulación establecida por la norma legal controvertida (cfr. SCBA “Piantino, Gustavo Rafael Enrique y ot. c/ Municipalidad de Tigre s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Fiscal N° 3394/13 y Ordenanza Impositiva N° 3395/13”, LP I 73072 I, del 29/08/2017).- Se advierte entonces, que al momento de interponer la presente acción, el actor, en su calidad de ciudadano, carece de legitimación activa pues, a luz de la doctrina y jurisprudencia transcripta, la calidad de “ciudadano” no resulta suficiente para perseguir la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal Nº 1435/15.-
V. En cuanto al carácter de diputado provincial electo por el pueblo (al momento de la interposición de la demanda), la carencia de legitimación es igualmente nítida en cuanto al cargo alegado toda vez que esa calidad sólo habilita al actor para actuar como tal en el ámbito del órgano que integra, y con el alcance otorgado a tal función por la Constitución Nacional y Provincial (cfr. SCBA “Campanaro Jorge A. y Otros s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Modificatoria de la Ordenanza 7854”, LP I 68479, I 28/06/2006).- Cabe recordar que un legislador, por el mero hecho de ser tal, no está habilitado para articular la acción declarativa de inconstitucionalidad contra una ley o decreto, salvo que el estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad de alguna de estas normas le causase un perjuicio directo. Si el agravio fuese genérico -como en los presentes-, o incluso sí afectare a la Cámara que integra, pero no tocase concretamente al legislador en cuestión, carecería de legitimación al respecto (cfr. Sagüés, Néstor Pedro, ob. cit., pág. 120).-
VI. Ahora bien, de las constancias obrantes en autos surge que el actor vive en la localidad de Las Heras, concretamente en Avenida Puerto Santa Cruz 08, Barrio Padre Muñoz (cfr. foja 11), y que en virtud de ello, es usuario y consumidor de combustible líquido en las estaciones de servicio de la localidad mencionada, razón por lo cual se encontraría alcanzado por la Ordenanza Municipal Nº 1435/15 que dispone la obligación tributaria.-
Al respecto conviene subrayar que consumidor será todo sujeto de derecho -persona, tanto física como jurídica- que: “…adquiera o utilice bienes o servicios -sin importar si es a título oneroso o gratuito, ni el tipo de bienes o servicios de que se trate, siempre que sean cosas que estén dentro del comercio, para su beneficio propio o el de su grupo familiar o social...” (cfr. Rivera, Julio César (h), Elias, José Sebastián, Grosman, Lucas Sebastián y Legarre, Santiago -Directores- “Tratado de los Derechos Constitucionales”, 1ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2014, Tomo III, págs. 831/832).- Además de ello, también debe ponderarse que: “...el interés del accionante nace en el momento en que ‘se configura la calidad de contribuyente’, lo que tiene lugar a partir del mismo instante en ‘que entró en vigencia la ley o desde que adquirió el patrimonio’…” (cfr. Quevedo Mendoza, Efraín I.: “La Acción de Inconstitucionalidad en la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: 0003/008693).-
En el caso que aquí se aborda, y del modo como se lo explicita en el escrito de promoción de la demanda (cfr. fs. 11/15 vta.) se evidencia la titula-ridad de un interés propio jurídicamente tutelado que le otorga al actor legitimación suficiente para actuar en este proceso.-
En base a estas premisas solo cabe concluir que el presupuesto de legitimación procesal activa se encuentra acabadamente demostrado en cabeza del actor en tanto, en su condición de usuario y consumidor, no existen dudas que la normativa impugnada es o habrá de serle aplicada cada vez que éste proceda a utilizar las estaciones de servicios de la localidad de Las Heras a fin de abastecerse de combustible, razón por la cual, corresponde tener por acreditado el carácter de “parte interesada” y desestimar la defensa opuesta por la demandada con relación a dicha condición.- En definitiva y sobre la base de todo lo expuesto, se puede concluir que el actor demostró solamente en su calidad de “usuario y consumidor”, la titularidad de un interés jurídicamente tutelado que le otorga legitimación suficiente para actuar en este proceso, por lo que corresponde hacer lugar parcialmente a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada a fs. 94 y vta..-
VII. Entrando al análisis de la excepción de inadmisibilidad de la instancia articulada por la parte demandada adelantamos que la misma debe ser desestimada en virtud de los motivos que se exponen a continuación.-
La Municipalidad de Las Heras funda esta excepción por considerar que no es susceptible de impugnación -por esta vía- el acto o decisión objeto de proceso y en subsidio opone falta de agotamiento de la vía administrativa. (cfr. foja 94 vta.).-
Con relación a la primer defensa esgrimida: “que el acto o decisión objeto del proceso no es susceptible de impugnación por esta vía”, Es preciso reiterar que el artículo, 132 inciso 3) de nuestra Constitución Provincial impone a este Tribunal Superior de Justicia conocer y resolver acerca de la consti-tucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y ordenanzas.-
Además, se debe poner de manifiesto que: “…el objeto normal de la acción originaria de inconstitucionalidad...es la obtención de una declaración judicial de inconstitucionalidad de normas provinciales o municipales, por conside-rarlas contrarias a derechos o principios consagrados en la Constitución de la Pro-vincia (doctr. causas I. 1197, ‘León’, sent. de 14-III-1989; I. 1617, ‘El Libertador SRL’, sent. de 16-VII-1996; I. 2098, ‘Sencar’, resol. de 24-VI-1997; I. 2401, ‘Ginestet’, resol. de 7-V-2002 e I. 1992, ‘Aguas Argentinas’, sent. de 7-III-2005, entre otras). Ello significa que las normas que pueden constituir el objeto de la pretensión declarativa de inconstitucionalidad son aquellas dictadas por aplicación directa o indirecta de la Constitución provincial; esto es, las que se encuentran en un rango inferior -inmediato o mediato- a ella, pues sólo así puede suscitarse el conflicto normativo que la Corte está llamada a resolver de acuerdo con el art. 161 inc. 1 del texto fundamental.
Esa indicación precisa a la ‘ley, decreto, ordenanza o reglamento’, además de otras connotaciones, importa la expresión de diversas clases de determinaciones jurídicas que tienen en común, entre otros rasgos, el de constituir reglas de derecho de jerarquía infraconstitucional, provenientes de autoridades públicas provinciales o locales. Es este dato esencial el que posibilita el conocimiento y decisión ‘acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad’, es decir, de la conformidad o infracción de las normas subordinadas, inferiores, respecto de aquellas con las que entran en conflicto (doctr. causas B. 58.835, ‘Curieses’, resol. de 3-II-1998; I. 2098, ‘Sencar’, resol. de 24-VI-1997; I. 2401, ‘Ginestet’, resol. de 7-V-2002; I. 68.475, ‘Afirmación para una República Igualitaria’, sent. de 2-III-2011; I. 68.403, ‘Aramburu’, resol. de 5-X-2011; B. 71.847, ‘Reciclar SA’, resol. de 27-VI-2012; B. 71.959, ‘Turchi’, resol. de 4-VII-2012 y B. 73.095, ‘Axat Della Croce’, res. de 20-XI-2014, entre otras) (cfr.
SCBA “Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad de la ley 14.997”, LP I 75125 I, del 19/12/2018 Disidencia del Dr. Eduardo Néstor de Lázzari). (En igual sentido: “Sindicato del Personal de Reposición Externa y Merchandising (SIPRE) s/ Inconstitucionalidad de los arts. 30 incs. a) y c), y 38 de la ley 23.551 y 1 de la ley 14.250”, LP I 73998 I, del 24/05/2016).- Por lo expuesto, y siendo el objeto de la presente acción la declaración de inconstitucionalidad de una Ordenanza Municipal, la defensa esgrimida resulta improcedente por lo que corresponde su rechazo.-
VIII. Finalmente y analizando la excepción de inadmisibilidad de la instancia por falta de agotamiento de la vía administrativa, es preciso señalar que tal defensa no puede tener receptación favorable ya que resulta a todas luces improcedente.-
Ello es así, toda vez que el agotamiento de la vía administrativa constituye un presupuesto procesal de origen constitucional para la viabilidad de la acción contenciosa administrativa (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 582, Folio 1616/1618), sin embargo, en el presente proceso no nos encontramos ante ese tipo de acción, sino ante un cuestionamiento de consti-tucionalidad que sólo puede ser ejercida ante este Tribunal Superior de Justicia por demanda originaria o por apelación (cfr. art. 132, inc 3º de la Constitución Pcial.), por lo cual resulta inaplicable el requisito exigido por el artículo 5º de la Ley 2600.- En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado: “No es requisito para interponer demanda originaria de inconstitucionalidad el haber agotado la vía administrativa y las impugnaciones administrativa y judicial no tienen virtualidad suspensiva ni interruptiva del plazo para interponer la demanda originaria de inconstitucionalidad.” (cfr. SCBA, sum. “Parque Eterno C.A c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Fiscal sobre derecho de cementerio”, LP I 2160 I, del 27/04/1999, “Miño, Regina M. c/ Prov. de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad dec. 2264/90; 1098/91; 2367/92”, LP I 1579 I, del 10/12/1992, “Merlo, Eduardo Ramón s/ Inconstitucio-nalidad art. 39 dec. 7881/84, reglamentario ley 6982”, LP I 1513 I, del 18/05/1991 y “Chirdo, Angela s/ Inconstitucionalidad art.4 ley 10833”, LP I 1514 I, del 23/04/ 1991).-
IX. Que, de las consideraciones expuestas, se concluye que se debe rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada a fs. 94 y vta. con relación al carácter de “usuario o consumidor” del actor, y haciendo lugar únicamente en su calidad de “ciudadano” y “diputado provincial”, conforme lo dispuesto en los considerandos III, IV, V y VI. Asimismo, corresponde rechazar la excepción de inadmisibilidad de la instancia opuesta por la demandada a fs. 94 y vta., con costas por su orden en virtud de lo estipulado en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada a fs. 94 y vta., con relación al carácter de “usuario o consumidor” del actor, conforme lo dispuesto en los considerandos III y VI.-
2. Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa, únicamente en su calidad de “ciudadano” y “diputado provincial” del actor, conforme lo dispuesto en los considerandos III, IV y V.-
3. Rechazar la excepción de inadmisibilidad de la instancia opuesta por la demandada a foja 94 vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1020C.211 Tomo: XVIII Sentencia: 1090 Folio N°: 3481/3486 Secretaría: 1
Fin de la sentencia