Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-773/17-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-773/17-TSJ Sentencia N°: 398 Actor: ALVAREZ VICTOR HUGO Demandado: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 26/03/18 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 398 FOLIO Nº 1510/1512 PROT. ELECT. TSS1 001 O.181
Río Gallegos, 26 de marzo de 2018
Los presentes autos caratulados: “ALVAREZ VICTOR HUGO C/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº A-773/17, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la presentación que efectuara el Sr. Víctor Hugo Alvarez, con el patrocinio letrado de los Dres. Ramiro Neil y Yamila Gentile, planteando acción de inconstitucionalidad en virtud del artículo 132, inc. 3 de la Constitución Provincial, contra la Municipalidad de Las Heras, a fin que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Nº 1435/15, sancionada el 18/12/15 y “…que crea una tasa vial municipal por la cual se obliga a todos los usuarios que adquieran en el ámbito de ese municipio, combustibles líquidos y GNC al pago del 3 % sobre el total (establecido por art. 2 decreto municipal 014/2017) y cuyo destino será para obras públicas.” (cfr. foja 11).- Dice que “…mediante este impuesto encubierto se determina con absoluta impunidad el hecho imponible (monto fijo sobre cada litro o fracción de combustible), sujeto (usuarios que adquieran combustibles en expendedores de la localidad de Las Heras), responsables sustitutos (quienes expendan combustibles), respecto de la tasa de mantenimiento vial municipal.” (cfr. foja 11 vta.).- Afirma que “…desde la fecha el municipio viene recaudando por intermedio de las estaciones de servicio[s] en su calidad de órgano de retención, una ‘tasa’ (así lo llaman) que no solo no es tal, ya que no se refleja en absoluto un servicio concreto e individualizado para el vecino, sino que también constituye a las claras una doble posición a los combustibles y colisiona flagrantemente con el principios (sic) de interés general de asegurar el autoabastecimiento energético en toda la cadena productiva…” (cfr. foja cit.).- Sostiene que se encuentra legitimado para interponer la presente acción de inconstitucionalidad, en su condición de ciudadano de la localidad de Las Heras, y en su condición de consumidor y usuario de combustibles en estaciones de servicios de ese municipio (conf. foja 14 vta.).-
Manifiesta que “…la materia en debate en el proceso determina el efecto generalizado del pronunciamiento perseguido, por la sencilla razón de que el agravio es generalizado (y por tanto no diferenciable), y que potencialmente incidirá sobre todas las personas que se encuentren en la misma categoría, es decir los consumidores…” (cfr. foja cit.).-
Expresa que “En atención a que el demandado resulta ser el Municipio de Las Heras, y que se requiere la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 1435/15 el…Tribunal Superior de Justicia resulta ser competente en virtud de las atribuciones otorgadas por nuestra Carta Magna provincial en su art. 132 inc. 3…” (cfr. foja 15).-
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.-
Que, este Tribunal dispone a foja 17, cuarto párrafo, se corra vista de la acción al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, la misma es contestada a foja 18 por el Sr. Agente Fiscal Subrogante, quien concluye que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia es competente para entender en los presentes actuados (conf. foja cit.).-
II. Que, corresponde definir cuál será el adecuado marco legal por el que en definitiva deberá transitar el presente proceso.-
Ingresando en el estudio del ‘sub-lite’, se observa ‘prima facie’ que el objeto de la pretensión importa el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, a fin de declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Nº 1435/15. Razón por la cual, este Tribunal Superior, por imperio del mandato constitucional a que alude el artículo 132, inciso 3) de la Constitución Provincial, es competente para entender en la causa.- Al carecer nuestro ordenamiento procesal de un procedimiento específico a aplicar en las acciones de inconstitucionalidad y no pudiendo impedirse el ejercicio de la propia competencia por ausencia de normas rituales que la rijan, con estricto apego a la garantía de la defensa en juicio y debido proceso en sus formas esenciales, corresponde establecer o fijar las pautas procedimentales a seguir de conformidad a las particulares circunstancias que se plantean.- En consecuencia, y remitiéndonos a los antecedentes de este Tribunal en casos similares -conf. causas Nros. 207/91; C-245/93 y S-280/95; entre otros-, en que se aplicó el trámite de la Ley 22, derogada por la Ley 2600 -art. 110-, corresponde determinar que la causa tramitará sujeta a las normas procedimentales del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600 (conf. Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 365, Folio 1377/1378 y VIII, Reg. 385, Folio 1456/1457). Así lo voto.- Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, por compartir sus fundamentos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
Adhiero al pronunciamiento de los distinguidos colegas que me preceden en el orden de votación, aunque por los fundamentos que expondré seguidamente.-
La acción originaria de inconstitucionalidad constituye uno de los mecanismos sobre los cuales se estructura el sistema de control de constitucionalidad provincial.-
Así, la Carta Magna Provincial, a fin de mantener incólume el principio de supremacía local (artículo 17) ha previsto en su artículo 132 que corresponde a este Tribunal Superior de Justicia ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y ordenanzas que estatuyan sobre materia regida por ella y se controviertan por parte interesada (inciso 3º).- Si bien nuestro ordenamiento legal no prevé una reglamentación específica que regule el planteo directo de inconstitucionalidad ante esta instancia, lo cierto es que ello no resulta óbice para tornar operativo el imperativo constitucional reseñado.
Ello, en razón de que la orfandad de herramientas procesales ad hoc no puede tolerarse como una causal válida que tienda a tornar ilusoria una garantía plasmada por el constituyente provincial.- Consiguientemente, corresponde a este Alto Cuerpo determinar el trámite procedimental que mejor se adecue a la presente causa, procurando una vía que asegure un debate procesal suficiente, un control judicial amplio y, en definitiva, una tutela judicial efectiva y eficiente (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2, apartado 3º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).- Desde este cuadrante, las normas adjetivas que regulan el proceso contencioso administrativo -Ley Nº 2600- aparecen como las más ajustadas a los requerimientos del debido proceso, puesto que garantizan un proceso de conocimiento pleno, diseñado para tramitar ante esta instancia originaria y que admite -verbigracia- la introducción subsidiaria de cuestiones constitucionales respecto de actos de alcance general (artículo 15), así como también la declaración de certeza sobre una relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo (artículo 40, inciso c), aspectos que ante la ausencia de normativa infraconstitucional que delimite los contornos del andarivel de marras habilitan la aplicación del mentado ordenamiento.- Abordar la presente causa bajo el trámite previsto en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo (Ley Nº 2600) implica, en definitiva, una decisión tendiente a brindar certeza a los litigantes, permitiéndoles conocer de antemano las reglas rituales a las que deberán atenerse.
Ello, en virtud de que las normas adjetivas están establecidas para dar orden y previsibilidad a los pleitos y su cumplimiento constituye la base imprescindible para que los derechos sustanciales puedan ser hechos valer con éxito.- Por lo demás, esta ha sido la solución adoptada uniformemente por este Tribunal Superior en diversos antecedentes, tanto bajo la vigencia de la Ley Nº 22 (derogada ulteriormente por el artículo 110 de la Ley Nº 2600) en las causas Nº 207/91, C-245/93 y S-280/95 -entre otras- como así también bajo el imperio de la Ley Nº 2600 (conf. Otros Recursos, Tomos VII, Registro 365, Folio 1377/1378 y VIII, Registro 385, Folio 1456/1457). Por todo lo expuesto, considero que debe imprimirse a la presente causa el trámite previsto en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo (Ley Nº 2600), debiendo seguir los autos según su estado.
Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Imprimir al presente el trámite previsto en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vo cal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001O.181 Tomo: VIII Sentencia: 398 Folio Nº: 1510/1512 Secretaría: 1
Fin de la sentencia