Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Franco Nicolás Alves contra la providencia en crisis.-
2Confirmar la providencia que regula los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el proceso (PE366065-2022, CV: hwsmes).-
3Aclarar que el Sr. Franco Nicolás Alves no debe pagar los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en este proceso por gozar del beneficio de justicia gratuita.-
TOMO CXXXVIII - INTERLOCUTORIO REGISTRO N° 18.609 FOLIO N° 03/05 PROT. ELECT. A101182I.231
Río Gallegos, 13 de julio de 2023.-
Estos autos caratulados: "Alves Franco Nicolas c/Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y Volkswagen Argentina S.A. s/ordinario", Expte. Nº 28.610/19 (19.643/22), venidos del Juzgado de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría N° Uno, al Acuerdo para resolver, y;
I. Viene la presente causa elevada por el Sr. Juez de primera instancia, en virtud del recurso de apelación deducido a PE692931-2022, código de validación: nzanlt, por el actor, contra la regulación de honorarios de fecha 04 de agosto de 2022, en PE366065-2022, código de validación: hwsmes, a los Dres. Mauricio Mariani, Santiago Luis Pinto, Jorgelina Albornoz, Alejandro Ricardo Fernández, y David Ezequiel Ghizzardi.-
II. Dice el actor en su recurso que la regulación de honorarios es improcedente dada la naturaleza del presente proceso, por contradecir la normativa aplicable, la doctrina autorizada y reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Agrega que la demanda fue iniciada de conformidad al régimen de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240) y la ley provincial N° 3604 y que a todo el proceso se le aplicó la normativa consumeril. Se agravia de la imposición de costas en la resolución que decretó la caducidad de instancia y cita el art. 34 in fine de la ley N° 3604 que dispone que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la ley gozarán de pleno derecho del beneficio de litigar sin gastos con exención total del pago de las costas, tasas y demás gastos causídicos. Cita jurisprudencia.-
III. Los agravios del apelante se reducen a cuestionar las costas impuestas en la resolución que decretó la caducidad de instancia.-
Sin perjuicio de la extemporaneidad del planteo del actor [la imposición de costas al actor se encuentra firme y consentida PE259337-2022, código de validación: n880gp, PE396915-2022, código de validación: itoakf], corresponde realizar algunas aclaraciones respecto de la relación entre la imposición de costas y el beneficio de justicia gratuita que tiene todo consumidor.- En primer lugar, en la órbita del derecho del consumidor, la imposición de costas no reviste diferencias respecto de cualquier juicio, pues éstas se imponen según lo que disponga el código procesal que gobierne el proceso. De modo que las costas pueden ser impuestas tanto a la parte actora como a la parte demandada, o por su orden (cfr. arts. 68 y 71 del C.P.C. y C.).- Sin embargo, en los casos de consumo [como el presente] rige el beneficio de justicia gratuita, tanto en los procesos individuales como colectivos, conforme el diseño normativo específico (cfr. arts. 53 y 55 de la ley N° 24.240). De modo que el consumidor o quien litiga en su beneficio (por ejemplo una asociación de consumidores) -ya sea como actor o demandado- cuenta con el beneficio de justicia gratuita a su favor y esta circunstancia tiene influencia en el tema de las costas.- Aquí debemos realizar la segunda aclaración respecto a cuál es su alcance.-
El beneficio de justicia gratuita es un instituto propio del derecho de consumo que tiene carácter de orden público y es de aplicación automática; concede al consumidor o a la asociación de consumidores (ya sea que asuman el rol de actor o demandado), dentro de un proceso judicial, el incidente de pobreza contemplado en el código procesal que resulte aplicable al caso concreto y con el alcance que dicho código y leyes locales le confieran (en nuestro caso, el art. 84 del C.P.C. y C.).- Más allá que la ley procesal provincial hace referencia a la pobreza ("…hasta que mejore de fortuna…") y no al carácter de consumidor, la jurisprudencia y la doctrina postulan dos posiciones bien distintas: Una amplia y otra restringida. Para la amplia, el beneficio exime al actor de pagar todas las costas que deba afrontar, lo que incluye la tasa de justicia, los honorarios profesionales y todo otro gasto. Para la restringida, en cambio, el beneficio sólo exime al actor de pagar la tasa de justicia u otro tributo local, pero no lo exime del pago del resto de las costas.- Considera esta Cámara que la tesis amplia es la única posible en el contexto del derecho consumeril que persigue la gratuidad procesal para el consumidor. Esto se fundamenta en la situación de debilidad y vulnerabilidad estructural en la cual se encuentran los consumidores en la "sociedad de consumo". Además, el in dubio pro consumidor como regla de interpretación del derecho, determina que cuando una norma, general o particular, pueda llevar a dos o más posibles interpretaciones, el intérprete debe privilegiar aquella más favorable al consumidor en el caso concreto. Asimismo este principio se encuentra reconocido en el art. 3º de la L.D.C. como regla de interpretación convencional que tiene su sustento en el art. 37 de la L.D.C. También en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el art. 1094 como regla de interpretación del derecho y en el art. 1095 como regla hermenéutica del contrato de consumo.- Se recuerda que el principio protectorio se ve reflejado también en la regla de la condición más beneficiosa. La misma prescribe que la aplicación de una nueva norma no puede implicar una disminución de las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un consumidor.-
Además, el Anteproyecto del Código de Defensa del Consumidor, que fuera elevado a los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Producción y Trabajo el 6 de diciembre de 2018, se enrola en la postura amplia y, a su vez, deja a salvo la posibilidad de que exista temeridad por parte del consumidor, en cuyo caso cesará el beneficio. El art. 168 reza: "Las acciones judiciales promovidas por consumidores en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita, que se considera comprensivo del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, costas y de todo gasto, excepto en el caso de temeridad o malicia o pluspetición inexcusable".- Similar tesis tiene el Código Procesal de la Justicia en las relaciones de consumo de la Ciudad de Buenos Aires (ley N° 6407), cuyo art. 66 establece la gratuidad a favor del consumidor o usuario, eximiéndolo del pago de la tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que pueda irrogar el juicio.-
Por lo tanto, corresponde aclarar que el actor no debe pagar los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en este proceso por gozar del beneficio de justicia gratuita.-
En consecuencia, con la aclaración mencionada, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Franco Nicolas Alves contra la providencia de fecha 04 de agosto que regula los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso.-
Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Franco Nicolás Alves contra la providencia en crisis.-
2. Confirmar la providencia que regula los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el proceso (PE366065-2022, CV: hwsmes).-
3. Aclarar que el Sr. Franco Nicolás Alves no debe pagar los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en este proceso por gozar del beneficio de justicia gratuita.-
4. Regístrese, devuélvase y notifíquese por la anterior instancia.
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
CARLOS E.ARENILLAS PRESIDENTE DIEGO LERENA JUEZ
Ma. CARLOTA GUTIÉRREZ MEYER SECRETARÍA
Fin de la sentencia