Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 112289878-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión del 19/5/23 en cuanto fue materia de agravio, con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
43690/2023 “AMAGGI ARGENTINA SA (TF 112289878-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, marzo de 2024.
1. Que, el 19/5/23, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) revocó las resoluciones 28 y 29 del 2002, dictadas en las actuaciones SIGEA 17134-1213-2019 y 17134-1211-2019, y por lo tanto admitió la repetición de la suma total de $6.362.820,20, más intereses, que la actora había abonado en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a las destinaciones 18 057 EC01 00 7758 E y 18 057 EC01 00 7477 C;
(ii) impuso las costas al Fisco Nacional (v. págs. 255-258 de la versión digital del expediente TF 112289878-A, remitida con el oficio del 10/11/23).
Para resolver como lo hizo, relató que la exportadora había sustentado su reclamo en la invalidez del decreto 793/18, por afectación al principio de legalidad tributaria y con arreglo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Más allá de lo expuesto, el tribunal advirtió que los permisos de embarque involucrados en la repetición habían sido oficializados al amparo del régimen especial de la ley 21.453 –que establece un momento imponible distinto al del régimen general–, por lo que, en definitiva, para determinar el régimen tributario aplicable a las operaciones del caso, correspondía estar a la fecha de cierre de cada venta y no a la de registro de las destinaciones (arg. art. 6°, ley citada).
A continuación, individualizó los siguientes hechos no controvertidos:
-Por medio de los permisos de embarque 18 057 EC01 00 7477 C y 18 057 EC01 00 7758 E, oficializados el 21/9/18 y el 4/10/18 respectivamente, Amaggi Argentina SA había documentado la exportación para consumo de mercadería clasificada en las posiciones arancelarias 2304.00.10.100B (harina de soja) y 1507.10.00.100Q (aceite de soja), con destino a Sudáfrica e India, respectivamente, en cumplimiento parcial de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior 18 001 DJVE 006110 P y 18 001 DJVE 006111 Z.
-De las referidas DJVE surge que se liquidaron los derechos de exportación a la alícuota del 23%, de conformidad con lo establecido por el decreto 1343/16 (BO 02/01/17), modificatorio del decreto 133/15, vigente a la fecha de cierre de venta, que en el caso de autos data del 30/8/18.
-De los comprobantes de pago de las liquidaciones manuales 19 057 LMAN 004990 R y 19 057 LMAN 004987 A se desprende que, con posterioridad –el 8/2/19–, la exportadora abonó en concepto de derecho de exportación adicional del 12%, establecido por el decreto 793/18 (BO 4/9/18), las sumas de $4.224.960,11 con relación al PE 18 057 EC01 007477 C y $2.137.860,09 con relación al PE 18 057 EC01 007758 E.
Sobre esa base, concluyó que el decreto 793/18 –conforme al cual se había abonado el importe objeto de repetición– era temporalmente inaplicable al caso de autos, ya que el cierre de venta había tenido lugar con anterioridad a su dictado. Por su parte, el vocal Garbarino añadió que ese argumento tornaba inoficioso examinar la constitucionalidad del citado decreto y, por lo tanto, inaplicable la doctrina del plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación el 14/7/23, que se concedió el 1/8/23, se fundó el 18/8/23 y fue replicado el 12/9/23 (v. pp. 262, 264, 274-285 y 290-305, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que se había violentado el principio procesal de congruencia, toda vez que el tribunal de origen había hecho lugar a la devolución solicitada pero fundándola en un motivo distinto del que había invocado la parte la actora.
Por su parte, al contestar agravios, aquélla negó que hubiese tenido lugar tal afectación. Además, destacó que el demandado no había refutado el argumento dirimente de la decisión y mantuvo, en subsidio, el planteo de inconstitucionalidad del decreto 793/18 por afectación al principio de legalidad tributaria.
3. Que, el 4/3/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad que mantuvo la parte actora.
4. Que el artículo 1143 del Código Aduanero establece, en lo pertinente, que “el Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes…” (énfasis añadido).
La Corte federal ha señalado que tal facultad para resolver el caso con independencia de lo alegado por las partes implica encuadrar el requerimiento de los contendientes en su adecuado fundamento de derecho, pudiendo en esa tarea, incluso, aplicar una norma no invocada por ellos, pero sin incorporar pretensiones no introducidas por las partes (cfr. causa CAF 30796/2016/CA1-CS1 “Codorniu Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 26/12/17, y sus citas). De los antecedentes de la actuación, el escrito de inicio y el formulario F.4 elaborado por la parte actora se desprende que aquélla solicitó la restitución de la suma total de $6.362.820,20, que había abonado en los términos del decreto 793/18 (v. esp. pp. 3-5, 72 y 142, expte. cit.).
Por lo tanto, no cabe interpretar que, al declarar “sin causa” tal pago por un argumento de derecho diferente del invocado por la actora (vinculado con la vigencia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 43690/2023 “AMAGGI ARGENTINA SA (TF 112289878-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
temporal del decreto, antes que con su compatibilidad con el principio de legalidad tributaria), el Tribunal Fiscal de la Nación se haya apartado, con mengua de la defensa en juicio, de las pretensiones enunciadas al trabarse el diferendo.
Teniendo en cuenta lo expuesto y que el recurrente no controvirtió especialmente el argumento que llevó a declarar inaplicable el decreto 793/18 a las operaciones del caso, no cabe más que confirmar la decisión apelada.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión del 19/5/23 en cuanto fue materia de agravio, con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuado por el demandado, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia