Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 3 de San Martín · Causa 49471
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando las inconstitucionalidades planteadas e individualizadas en el Sub. Antecedentes del presente pronunciamiento, y declarando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019 y la inaplicabilidad de las Resoluciones (SSN) Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023; y de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad (N° 23.928) y de los puntos 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 24.557 -con la modificación impuesta por el artículo 11 Ley 27.348- (CSJN; L. 515, L. XLIII de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 17/8/2010; "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente - acción civil");
2Haciendo lugar a la demanda promovida por Julio Ángel Jesús Amarillo , y condenando a Federación Patronal Seguros S.A. a pagar al actor dentro de los diez días de notificada, la suma de Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Seis con Treinta y Un Centavos ($32.673.256,31) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente. …
En la Ciudad de Gral. San Martín, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Número Tres de esta Ciudad , los doctores Julián Fernández, Jorge César Rojas y Gabriel Simón Frem en su sala de acuerdos, a fin de dictar Sentencia Definitiva en los autos "AMARILLO JULIO ANGEL JESUS C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057" Expediente N° 49.471 , de conformidad con lo establecido en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 57 de la Ley 15.057, resolvieron plantear y votar por separado, previo sorteo en este orden: Doctores Jorge César Rojas, Julián Fernández y Gabriel Simón Frem, la siguiente cuestión:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Jorge César Rojas dijo:
1. En fecha 12/10/23 se presenta el Dr. CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE, T°XIV F°213 CASM, letrado patrocinante del actor Julio Ángel Jesús Amarillo , promoviendo demanda por acción de revisión res. comisión médica jurisdiccional ley 15057; y a solicitar, en consecuencia, el cobro de indemnizaciones por la suma de $2.702.862 y accesorios contra Federación Patronal Seguros S.A.
Conforme la presentación inicial, la actora manifestó aspectos relativos a la relación laboral, tales como las tareas desempeñadas, jornada laboral y días trabajados, función y cargo, salario devengado, como así también lugar de donde desempeña labores.
Asimismo, indica que la fecha de la primera manifestación invalidante acaeció en fecha 20/04/22, describiendo la modalidad de la ocurrencia en el Sub. VIII 'Hechos', a la cual se la remite en honor a la brevedad causal.
Expone que efectuada la denuncia a la ART, ésta procede a rechazar el siniestro de forma injustificada.
Indica que ha iniciado el trámite por ante la Comisión Médica, Expte. SRT Nro. 201.929/23, habiendo quedado concluida la vía administrativa.
Plantea inconstitucionalidades, a la cuales se remiten en honor a la brevedad.
Liquida, mensura y justifica los daños.
Ofrece prueba, funda en derecho y concluye con el líbelo introductorio de la instancia, solicitando se haga lugar a la acción intentada, con costas.
2. Corrido el traslado ritual, en fecha 07/11/23 compareció el letrado apoderado de Federación Patronal Seguros S.A., Dr. MARCELO ALEJANDRO RINALDI, abogado, inscripto en el T° IX F° 392, del C.A.D.J.M.; a oponer excepción de incompetencia material por los fundamentos a los que se remiten en honor a la brevedad, y a contestar demanda en subsidio, solicitando su rechazo con costas.
Reconoce contrato de afiliación a favor de la empleadora del actor vigente a la fecha del siniestro laboral denunciado.
Subsidiariamente manifiesta inexistencia de relación causal entre el infortunio laboral relatado y las supuestas secuelas esgrimiendo que la ART le ha brindado todas las prestaciones y atenciones médicas; impugna liquidación; ofrece pruebas, contesta los planteos de inconstitucionalidad y pide que se rechace la demanda con expresa imposición de costas e hizo reserva de Caso Federal.
3. En fecha 20/12/23 el Tribunal resolvió desestimar la excepción de incompetencia material interpuesta por la demandada.
4. En fecha 15/02/24 el Tribunal dispuso la producción de la prueba ofrecida por las partes.
5. En fecha 07/04/24 obra agregada la pericia contable; en fecha 07/02/25 obra agregada la pericia psicológica; y en fecha 02/12/24 obra agregada la pericia médica.
6. La Vista de la Causa concluyó tal como surge del acta de fecha 13/10/26, por lo que el Tribunal dispuso pasar los autos al acuerdo, efectuándose el sorteo correspondiente, y encontrándose los presentes en estado de dictar Sentencia Definitiva.
LA DECISION :
I). Que, corresponde señalar que el llamamiento de estos autos para dictar sentencia, al haber sido consentido, convalidó cualquier posible deficiencia procesal anterior a dicha etapa y, en consecuencia, cerró el debate para las partes (arts. 170 del CPCC y ccdtes; art. 14 Ley 15.057) .
II). Que, los presentes actuados ventilan la pretensión de la parte actora descripta en el Sub. 1° de 'Antecedentes', mientras que la posición de la parte demandada subyace en el Sub. 2° de 'Antecedentes'.
Por lo expuesto, sobre el marco jurídico que involucra la cuestión, considero que corresponde trasladar los extremos fácticos del caso a los presupuestos de exigencia de las Leyes Nro. 24.557, 26.773 y 27.348 -normativa vigente al tiempo de acaecimiento del infortunio laboral de autos- cuyo fundamento propicio aplicable.
III). Que, por el curso del trámite llevado a cabo y toda la etapa de conocimiento que enmarca el presente proceso, debe extraerse -y así declararé- que a estas instancias corresponde tener por asumida y aún consentida para las partes la habilitación de competencia en torno a las previsiones del art. 2 ley 15.057 para el caso, sin más consideración; reiterado ello larga y pacíficamente a la fecha, tanto por el Superior Tribunal de este Estado (ver causas SCBA L. 93.120, L. 94.821, L. 102.937, L. 78.411, L. 107.248, entre muchas otras, con los fallos rectores "Quiroga" L. 75.708, "Chávez" L. 82.871, "Abaca" l. 80.735, "V de C." L. 87.394 y los precedentes "Castillo" y "Sotelo" de la Corte Nacional., y conforme -asimismo-, arts. 75 inc. 12 y 22 CN y arts. 1,15 y 39 Const. Provincial), delimitando tales antecedentes la suerte de los planteos de inconstitucionalidad efectuados por las partes; en el entendimiento de las facultades del juez natural de la causa para poder determinar el carácter laboral, tanto del accidente o profesional de la enfermedad, y establecer en base a ello la indemnización que amerite -en lo que interesa para el caso-; desde que atañe al marco competencial de esta Justicia, en lo que aquí se está dilucidando. Todo ello, agrego, clara y contundentemente refrendado en la línea de doctrina legal expuesta, a través de los precedentes. (SCBA L. 106.703 S 18-4-2011 y SCBA L. 105.098 S 10-8-2011) .
Así las cosas, sobre las inconstitucionalidades planteadas -indicadas en el acápite de 'Antecedentes'- cabe resaltar que tal planteo hilvana uno de los ejercicios más delicados de la Judicatura; y que debe atenderse como la última ratio del ordenamiento jurídico, ya que las normas que son dictadas atendiendo los procedimientos constitucionales, siempre gozan presunción de legitimidad y sólo son pasibles de atacamiento a través del planteo de inconstitucionalidad cuando resultan irrazonables o conllevan a una contradicción con el ordenamiento jurídico en los términos del art. 31 de la Carta Magna (cfr. S.C.B.A, I-1494, S. del 23-12-1997, 2027, S del 27-12-2000, entre otras en idéntica dirección; CSJN., Fallos 260:153; 264:364; 228:325; 260:153; 300:241 y 314:424) .
Asimismo, el Máximo Tribunal provincial ha dicho sobre esto que : "La condición de ultima ratio del orden jurídico caracteriza el sistema de revisión constitucional de las normas y supone confinar la posible invalidación de la regla infraconstitucional a los puntuales supuestos en que su repugnancia con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta. De tal suerte, semejante determinación, la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, no se abre paso ante la duda; solo es practicable cuando fuere de estricta necesidad adoptarla y muy clara la inconsistencia normativa, supuesto que no debe confundirse con la mera opinión divergente sobre el contenido de la ley " (SCBA LP B 79228 RSI-236-24 I 19/04/2024 Carátula: Arameda, Rebeca de los Ángeles c/ IOMA s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008 (Inconstitucionalidad art. 17 bis, ley 13.928) Magistrados Votantes: Torres-Genoud-Kogan-Soria).
El estudio de estos planteos requiere un acabado examen que demuestre de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución, causando -de este modo- un agravio. Un planteo de esa índole debe tener un sólido desarrollo argumental y fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (S.C.B.A., I. 2027, 27-12-2000, Juez Hitters (SD); I 2169, 3-12-2003, Juez Hitters (MA), JUBA B 89598; CC0203 LP, B82594 RSD-174-96 S 25-6-1996).
Sentado ello, adelanto que los planteos de inconstitucionalidad no pueden prosperar por los motivos que seguidamente expondré.
Partiendo del análisis de la razonabilidad de normas que es alcanzado por el control de constitucionalidad esgrimido, y que consiste en verificar la proporción entre el fin requerido y la medida adoptada para lograrlo, responde a valoración axiológica de justicia, que nos muestra lo que se ajusta o es conforme a la justicia, lo que tiene razón suficiente.
De lo expuesto se deriva que si hay razonabilidad en la limitación a un derecho no existe violación inconstitucional al mismo, es decir, que la razonabilidad es el test que sirve para distinguir lo constitucional de lo inconstitucional (conf. Bidart Campos, German J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Nuevo edición ampliada y actualizada a 2000-2001, T. I-A, págs. 456y ss., 805 y sgtes.).
Para cumplir con este objetivo, es fundamental identificar el núcleo esencial de cada derecho. Este núcleo representa aquello que no puede ser eliminado, modificado, dañado ni frustrado. Si se garantiza su preservación, la limitación del derecho será considerada razonable; de lo contrario, se incurrirá en arbitrariedad e inconstitucionalidad.
Desde esta perspectiva, en el caso bajo análisis no se observa que las normas impugnadas por el accionante carezcan de razonabilidad, ni que vulneren de manera sustancial los derechos de la parte accionante; ni la demandada (arts. 14, 17, 28 y concordantes).
Resulta abstracto que me expida sobre las demás cuestiones planteadas, pues en modo alguno, modificarían la solución del pleito.
IV). Que, adunado a ello, debe esgrimirse que, sobre la competencia jurisdiccional de este Tribunal de Trabajo a los efectos de evaluar las afectaciones derivadas del hecho, la amplitud de conocimiento que tiene este Organismo Jurisdiccional a los efectos de entender el caso ya que se encuentra resuelta y delimitada dentro de la Doctrina Legal SCBA delimitada en precedentes "Marchetti" (SCBA. L. 121.939, Sent. del 13-V-20), "Szakacs" (L.123.792) y "Delgadillo" (L.124.309).
Conforme ello, se advierte que la parte accionante transitó la vía administrativa previa, obligatoria y excluyente que prevé el Sistema de Riesgos del Trabajo (Leyes 24.557, 26.773 y 27.348 y demás normativa reglamentaria y complementaria), por el siniestro laboral producido en autos.
Así las cosas, partiendo de lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, con relación al concepto de salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social (Organización Mundial de la Salud [O.M.S.], link de acceso: https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions " style="font-weight:bold;text-decoration:underline ;"> https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions , fecha de consulta al momento del dictado de este pronunciamiento).
Entonces, la Ley 15.057 ha dispuesto en su artículo 2, inc. 'j', segundo párrafo que la Jurisdicción Laboral entenderá en la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, en el marco de una acción ordinaria, que se delimita como una acción de conocimiento.
Del precedente de la SCBA en la causa 'Marchetti' (L. 121.939) , se advierte del voto del Dr. Genoud, el concepto de revisión plena de la jurisdicción laboral, veamos: ".la legislatura local sancionó la ley 15.057. En su art. 2 inc. "j" contempla la "...acción ordinaria de revisión plena.ante el juzgado laboral" .
En tal sentido, entiende el Suscripto que deberán debatirse todas las consecuencias que pudieran derivarse de la contingencia reclamada en autos, y que fuera objeto del reclamo por ante el procedimiento administrativo obligatorio referenciado ut-supra, comprendiendo así la evaluación de todas las lesiones que la parte actora pudiera haber sufrido como consecuencia de dicho hecho, abarcando tanto el aspecto físico como el psíquico; atendiendo ello que se encuentra afectada la salud del trabajador como consecuencia de un infortunio laboral.
Por conclusión, considera el Suscripto que la instancia jurisdiccional debe indagar sobre las secuelas incapacitantes padecidas por la parte accionante con motivo del infortunio laboral, que se encuentren articuladas y reclamadas por el accionante y que se hallen debidamente probadas.
V). Que, tal como ha quedado configurada la cuestión, corresponde avanzar con el análisis del fondo, y por ello, efectuar en análisis del material probatorio a fin de delimitar los aspectos debatidos en autos. Y atendiendo al sistema de apreciación de la prueba contenido en el artículo 57 de la Ley 15.057 conforme las reglas de la sana crítica, corresponde ponderar al proceso en su desarrollo total y en cuanto su múltiple unidad:
V.1. Que, del análisis de la prueba informativa dirigida a Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de fecha 12/03/24 surge que se recurrió a la vía administrativa reglamentaria (Expte. SRT N°: 201.929/23), por el siniestro cuya fecha de primera manifestación conforme denuncia efectuada ante la demandada es el 27/04/22 , quedando concluida la vía administrativa.
V.2. Que, del estudio de la prueba documental acompañada por las partes en los escritos constitutivos del proceso, de la prueba pericial contable presentada en fecha 07/04/24 como así también de la prueba informativa dirigida a la ARCA) agregada en fecha 18/07/25 considero probado que el actor se desempeñó como trabajador dependiente de INSTALACIONES DE FLUIDOS CAMACUA S.A. al momento de la primera manifestación invalidante, empleador que aseguraba los riesgos del trabajo a través de la demandada Federación Patronal Seguros S.A.
V.3. Que, teniendo en cuenta la prueba documental agregada con la demanda, el expediente administrativo SRT agregado en autos y el contenido de la pericia médica, considero probado que el actor nació en fecha 01/05/82, y que en consecuencia tenía 39 años de edad al momento de la primera manifestación invalidante.
V.4. Asimismo, para atribuir el carácter de profesional (de naturaleza laboral) a una enfermedad es necesario establecer ciertos elementos que permiten endilgar tal naturaleza a una afectación; entre ellos el agente en el ambiente o condiciones de trabajo (C.T.) que provoca la afección de salud; la exposición, que implica el contacto no casual entre el trabajador afectado y el agente o condiciones nocivas de trabajo; la enfermedad, con base en los elementos clínicos, anatomopatológicos y terapéuticos; o el daño al organismo del trabajador expuesto a los agentes o condiciones nocivas de trabajo. Finalmente, la relación de causalidad, es decir, elementos de orden epidemiológico, clínico, patológico o experimental que permitan establecer una relación de causa efecto entre la Enfermedad definida y el Agente o C.T. nocivas.
Es por ello, que corresponde adentrarme en autos a fin de evaluar el carácter profesional de la enfermedad alegada:
Que, del análisis de la prueba pericial médica producida en autos en fecha 02/12/24, el perito arriba a la siguiente conclusión: ".INCAPACIDAD SEGÚN EL BAREMO DE LA LEY 24.557 Por Limitación Funcional de: GENERAL 0,0%. Por Secuela de Patología de: Insuficiencia Venosa Periférica Estadio IV - Dilatación venosa de los dos sistemas superficiales con o sin edema blando, pigmentación ocre difusa o en placas (uni o bilateral). Proceso flogótico y úlcera. 15,0%. TOTAL INCAPACIDAD por método aritmético Incapacidad según BALTHAZARD Capacidad Restante 85,00%. Factores de Ponderación Dificultad para tareas Leve 10%: 1,5; NO Miembro Superior Dominante 0; Recalificación 0; Edad 41: 1,43. TOTAL PONDERACION 2,93%. TOTAL DE INCAPACIDAD cálculo ARITMETICO 17,93% TOTAL DE INCAPACIDAD según BALTHAZARD 17,93% . Conclusión Por todo lo expresado anteriormente, este perito puede concluir que del exámen médico efectuado a el actor, así como de los resultados de los exámenes complementarios solicitados oportunamente y teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos y los conceptos vertidos en las Consideraciones Médico Legales, surge que el actor presenta según el Baremo de la Ley 24.557 una incapacidad parcial y permanente, coherentemente compatible con los hechos denunciados del 17,93% calculada en forma aritmética, que ajustada por la fórmula de las incapacidades restantes de Balthazard asciende a 17,93%..." .
Respecto a la incapacidad física determinada, con base a la experiencia en la materia del médico actuante, los exámenes clínicos efectuados y el material probatorio producido en autos, el perito arriba a las conclusiones citadas de las que no encuentro mérito para apartarme y tampoco advierto otras constancias en la causa que me permitan alejarme de sus conclusiones o que denoten un grosero error en la labor pericial; constando además que la experticia se ha cumplimentado con los baremos de ley.
Es por todo ello que considero que la pericia goza de plena eficacia probatoria (art. 54 y 57 de la Ley 15.057).
Que, del análisis de la prueba pericial psicológica producida en autos en fecha 07/02/25, el perito arriba a la siguiente conclusión: ". El Sr. Amarillo presenta una alteración reactiva, con un desajuste de su sistema adaptativo previo; por demás suficiente para inferir un perjuicio en su salud, evidenciable esto en la batería de test administrada. Los síntomas presentados por el actuante se corresponden, con un desarrollo psicopatológico denominado "REACCIÓN VIVENCIAL ANORMAL NEURÓTICA" de grado III con manifestación depresiva, que le provoca una incapacidad del 15 % de la Total Obrera, según el Baremo empleado: Tabla de incapacidades laborales, Decreto 659/96. Hay un nexo causal directo entre el evento de autos y el estado psíquico actual. Esto significa que el estado actual es una enfermedad que aparece como consecuencia de un evento, es novedosa en la biografía del actor, antes no estaba (inédita)." .
En relación a la incapacidad psicológica considero que no existe evidencia cierta que ella hayan sido ocasionadas en su totalidad por el siniestro de litis (artículos 54 d) y 57.5 de la Ley 15.057; artículo 375, sig. y cc. del CPCC; L.R.T.).
El informe pericial es un elemento de prueba más que debe ser apreciado y valorado, dentro de un determinado contexto (artículo 54 d) y 57.5, Ley 15.057), y en virtud de ello, el judicante tiene a su respecto, las mismas facultades de ponderación que le asiste para el análisis de los demás medios probatorios.
Subrayo que el juicio de causalidad es, siempre jurídico; y que en tal contexto es tarea específica de los peritos como auxiliares de la justicia, el de establecer la existencia de la enfermedad y su posible etiología, pero incumbe a los jueces evaluar las circunstancias de cada caso concreto, y en su caso, la determinación y alcance de dicho nexo.
De modo que para determinar el carácter indemnizable de una secuela no basta con que ésta haya sido comprobada por la auxiliar, sino que es necesario que en el caso se presenten elementos de juicio suficientes que demostrarán el nexo causal de la patología con el evento dañoso; en el caso de autos no se advierten esas circunstancias corroborantes (cfr. artículo 375 del CPCC; artículos 54 d) y 57.5 de la Ley 15.057).
En suma, pese a la solución a la que arribó la galeno, no parece razonable concluir que los sucesos de autos hubiesen impactado en la esfera psíquica del trabajador del modo dictaminado, para ocasionar la secuela psíquica de carácter irreversible determinada por la experta, en nexo de causalidad adecuado en el marco de la Ley 24.557, por lo que la eventual afección detectada podría deberse a factores distintos de los vinculados al accidente en tanto que existen un sinnúmero de causas que pueden predisponer su resultado (situaciones personales, familiares, laborales distintas al suceso de litis, de vida, la preexistencia detectada; etc.).
A partir de lo dicho, considero que sólo un 7,5% de la incapacidad psicológica que se asigna a la accionante guarda relación causal con el siniestro reclamado.
De la prueba testimonial se tomó declaración a los testigos JOSE ANTONIO HERMOSILLA DOMINGUEZ, (DNI: 94.195.878) y VICTOR MANUEL RAMIREZ GONZALEZ, (DNI 94.443.377), quienes resultaron ser compañeros de trabajo del actor. Y, que de sus declaraciones se extrae las diferentes funciones que tuvo el actor en la empresa, como así también el tipo y modalidad de tareas -efectuando la demostración en especie de la modalidad de labor-; el espacio de trabajo, la posición y la repetición con la que prestaba labores; como así también intensidad de la actividad; y la extensión de la jornada laboral.
La prueba testimonial escuchada (deponentes compañeros de trabajo del actor) es de trascendental importancia para vincular al trabajo con los padecimientos físicos reclamados, como así también para advertir el riesgo de la actividad prestada por el actor.
Que dichos testimonios no han sido desvirtuados.
En cuanto al riesgo de la actividad, el mismo se configura claramente con la prueba de autos.
La gran ventaja del procedimiento oral, es hacer inmediata la prueba, permitir que los jueces puedan observar e interrogar a los testigos, el acento, la actitud, la manera de responder, aclarar la declaración.
La objetividad de la declaración debe ser valorada con estrictez contribuyendo a formar la convicción del juez, cuando resulta particularmente justificada por las circunstancias del caso y por el resto de la prueba, teniendo los jueces de trabajo amplias facultades para decidir respecto del mérito y habilidad de sus deposiciones.
Los elementos demostrados permiten determinar la enfermedad profesional que padece el accionante y el carácter laboral de esta, y claramente emergen consolidados con la documentación acompañada, de las prueba pericial, testimonial e informativa.
En tal sentido, considero probado que la afectación a la salud reclamada en autos ha generado secuelas incapacitantes que advierten estricta regla de causalidad con las labores desplegadas por el accionante, sin que existan otras constancias en autos que permitan desvirtuar la pretensión incoada por la actora.
Ahora bien, respecto a la preexistencia denunciada por la parte demandada, es la accionada a quien compete presentar la prueba que haga a la acreditación de la existencia de la misma.
No encuentro prueba suficiente que me conlleve a acreditar la preexistencia denunciada; adunado al evidente desinterés de la accionada en la producción de la prueba ofrecida a tal efecto y su ausencia en la audiencia de vista de causa.
En consonancia con la cuantificación de la incapacidad, destaco que el artículo 8 punto 3 de la Ley 24.557, fija que "El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional y, ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral." ; la que en la actualidad esta representada por el Baremo Decreto 549/2025 (modificatorio del Decreto 659/1996).
Por su parte el artículo 9 de la Ley 26.773 prevé que "Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro." ; subrayo -en lo particular- que el Decreto 549/2025 lo suple-.
Asimismo resalto que sistemáticamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, valoró como constitucional y ajustada a derecho la utilización de la Tabla de Evaluación de Incapacidades de la L.R.T. tratándose de problemáticas vinculadas con accidentes y enfermedades derivadas de contingencias del trabajo.
Así, -entre otros muchos precedentes-, la C.S.J.N. en los autos "Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. S/ Accidente Ley Especial" (CSJN; CNT 47722/2014/1/RH1; 12/11/2019) , en oportunidad de referirse al baremo del Decreto 659/96 -antecesor del Decreto 549/2025- descalifico al pronunciamiento judicial que desestimó la no aplicación del mentado baremo por arbitrariedad; enfatizando, entre otros argumentos; a los que adhiero, que:
* "La conclusión de que el baremo del decreto 659/96 tendría un carácter meramente indicativo no se compadece con las disposiciones del régimen legal de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales conformado por la LRT y sus normas. modificatorias, complementarias y reglamentarias";
* "Que corresponde recordar que la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo sancionada en 1995 subordinó su aplicación a que previamente se aprobara un baremo para la evaluación de las incapacidades laborales conforme al cual se determinaría el grado de incapacidad permanente a los efectos de establecer la cuantía de los resarcimientos tarifados (cfr. art. 8°, inc. 3, art. 40, inc. 2, ap. c, y disposición final primera de la ley). En cumplimiento de esa previsión legal se dictó el decreto 659/96 cuyo art. 1° aprobó la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (anexo I)";
* "El texto de la LRT no dejaba lugar a duda acerca de la necesidad de aplicar dicha tabla para determinar el grado de incapacidad laboral permanente (cfr. art. 8°, inc. 3, cit.). Y esa obligatoriedad fue expresamente ratificada por la ley 26.773 del año 2012 que en su art. 90 dispuso que para garantizar "el trato igual" a los damnificados cubiertos por el régimen especial de reparación tanto los organismos administrativos como los tribunales a los que le competa aplicar la LRT tienen el deber "ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos [...] a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo del Decreto 659/96 y sus modificatorios o los que los sustituyan en el futuro";
* "Que, asimismo, no puede perderse de vista que, según el art. 1° de la ley 26.773, el sistema especial de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un "régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias". En aras de lograr esos objetivos el legislador estableció un régimen de prestaciones dinerarias tarifadas (cfr. capítulo IV de la LRT). Y como uno de los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de las prestaciones tarifadas es el grado de incapacidad laboral, el legislador también dispuso que las incapacidades deben ser determinadas por la autoridad administrativa o judicial a la que le corresponda intervenir con arreglo a una misma tabla de evaluación. Esto último con el declarado propósito de garantizar que los damnificados siempre recibirán un tratamiento igualitario, es decir, que sus incapacidades serán apreciadas, tanto en sede administrativa como judicial, aplicando criterios de evaluación uniformes previamente establecidos y no con arreglo a pautas discrecionales. Lo cual, obviamente, tiende a evitar las disputas litigiosas, y por ende, a conferir al sistema de prestaciones reparadoras la "automaticidad" pretendida";
* Que, en tales condiciones, la decisión del a quo, en cuanto omitió aplicar el baremo para la determinación del porcentaje de incapacidad, so pretexto de Considerarlo una tabla meramente indicativa aparece desprovista de fundamento normativo (Fallos: 273:418). En consecuencia, corresponde la descalificación del fallo apelado en este aspecto con arreglo a la doctrina de esta Corte en materia de sentencias arbitrarias". (CSJN; CNT 47722/2014/1/RH1; 12/11/2019; "Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. S/ Accidente Ley Especial").
Puntualizo, que las circunstancias que motivaron -oportunamente- el pronunciamiento de la C.S.J.N. dándole operatividad al Decreto 659/1996, resultan análogas a las existentes en la actualidad; por lo que considero que para el particular caso de autos -por la época en la que fue realizada la pericia- el Baremo 549/2025 es aplicable; pero solo en relación a la existencia del cómputo de las secuelas concurrentes; estando precluidas el resto de las incidencias en el contempladas.
Por los fundamentos que anteceden, y en el contexto particular de estas actuaciones; no encuentro motivo alguno para no emplear la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 549/2025 -con los alcances especificados-; debiéndose desestimar cualquier planteo en contrario, (artículos 54 d) y 57.5 de la Ley 15.057; artículo 375, CPCC).
La determinación de la incapacidad laboral permanente -para casos como el de litis- en donde existen más de una minusvalía invalidante derivada de una misma contingencia laboral (secuelas concurrentes), debe realizarse mediante la metodología de la Capacidad Restante; no configurándose la excepción legal contemplada, para no hacer ello (artículos 54 d) y 57.5 de la Ley 15.057; artículo 375, CPCC).
Conforme lo descripto precedentemente, considero que el porcentaje de incapacidad por aplicación del método de capacidad restante es:
Insuficiencia venosa 15% (CR 100% - 15% = 85%);
Incapacidad psicológica 7,5% de 85% = 6,37%;
Subtotal 21,37%.
Factores de ponderación conforme incapacidad por método de capacidad restante 11,43% de 21,37% = 2,44%.
Porcentaje total = 23,81%.
Consecuentemente, considero probado que Julio Ángel Jesús Amarillo padece una incapacidad parcial y permanente del: 23,81% de la T.O. proveniente del daño físico, psíquico y respectivos factores de ponderación; y que guarda relación causal con el siniestro sufrido por el actor.
VI). Que, habiendo quedado determinada la existencia de afectación de la salud del trabajador, derivada de un infortunio laboral en el marco del vínculo jurídico entre la empleadora del accionante y la accionada, corresponde mensurar los daños conforme la ley vigente (cf. sub. II de 'La Decisión) a partir de las consideraciones que a continuación se exponen.
Así las cosas, la Ley 24.557 dispone en su artículo 14 que respecto las prestaciones por Incapacidad allí indicadas, que, una vez declarada el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral, el damnificado percibirá una indemnización de pago único, según el porcentaje de incapacidad.
Correspondiendo así, para el caso aquí ventilado, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. (Art. 14, inc. 2, acápite "a", de la Ley 24.557).
Por su parte, la Ley Nro. 27.348, complementaria de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización a fin de evitar los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del Ingreso Base. Es por ello por lo que regló por el artículo 11° la sustitución del artículo 12° de la Ley 24.557, a fin de reglar un criterio de determinación del ingreso base para proceder al cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva.
Es así, que el artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispuso en el inciso primero que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio Nro. 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Y, que los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Asimismo, el inciso segundo del artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Posteriormente, en fecha 27/09/2019, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019, el cual dispuso la sustitución de la tasa de interés prevista en el artículo 12, inc. 2 de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, por el equivalente a la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado; es así como el Decreto determinó el modo y el quantum sobre el guarismo a emplearse.
Adunado a ello, bajo el DNU precitado, conforme artículo 2° se otorgó la facultad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de dictar normas aclaratorias y complementarias del artículo 12 Ley 24.557 y así como también medidas tendientes a simplificar el pago de indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales. En esa sintonía la Superintendencia de Seguros de la Nación, dispuso, a través de las Resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023, la fórmula para calcular los intereses que surgen de la sumatoria de las variaciones del Índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) - No Decreciente.
No obstante lo expuesto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto de referencia, en el marco de la Causa L. 129.800, autos caratulados: "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL" , todo lo cual, y sin perjuicio de las cuestiones planteadas en autos, y por razones de brevedad, congruencia y economía procesal, corresponde adecuar el presente pronunciamiento al criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por lo que, adhiriendo tales fundamentos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019. Asimismo, y atendiendo que las resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023 dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) fueron en el marco de la función prevista por el DNU Nro. 669/2019, estas deben correr la misma suerte que la normativa que les diera causa.
VII). Que, efectuadas las consideraciones que anteceden procedo a determinar el quantum indemnizatorio, individualizando y ponderando los elementos de juicio que sirven de base a la presente decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad (conf. L 37.437 sent. del 2-VI-87; L 52.908 sent. del 23- XI- 93 de la SCJBA).
Así, tomando en consideración la prueba pericial contable producida en autos, el valor del Ingreso Base Mensual de la parte actora ascendió a la suma de $47.351,95 (importe calculado conforme lo expuesto ut-supra , esto es, de acuerdo lo dispone el texto de la Ley 24.557 -según texto de Ley 27.348-, y utilizando a tal fin la publicación de los índices RIPTE extraída de: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte " style="text-decoration:underline ;"> https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte ; tratándose, en esta instancia, de la mera aplicación de una operación aritmética a partir de parámetros ya definidos conforme los índices que son públicos para las partes, en el enlace de acceso indicado precedentemente.
Que, a dicha suma, y en atención a lo dispuesto en art. 12, inc. 2do. de la Ley 24.557 -texto según Ley 27.348- corresponde agregar el devengamiento, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la presente liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, el cual asciende a la suma de $141.582,33.
Por lo que, finalmente, corresponde decir que el Ingreso Base Mensual para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva, corresponde a la suma de $188.934,28.
Es por ello por lo que, en mi opinión, por imperio de lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente, en los temas del Sistema de Riesgos del Trabajo, la demandada debe abonar a la parte actora las siguientes prestaciones:
1. Indemnización de pago único (art. 14, Inc. 2 a, de la Ley 24.557). Corresponde otorgar la parte accionante la prestación que, por incapacidad parcial y permanente establece el art. 14 inc. 2 a) del mismo cuerpo legal, la cual asciende se extrae de los parámetros indicados precedentemente, esto es: IBM * 53 * (65/Edad al momento de la PMI) * % de Incapacidad Laboral.
Por lo que, para el caso, aplicando los valores debidamente acreditados, corresponde: $188.934,28 x 53 x (65/39) x 23,81% = $3.973.697,28.
Monto que supera el mínimo establecido por el Decreto 1694/2009, vigente al momento del infortunio laboral de autos. Ello, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Aiello, Roberto Alfredo c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - Ley especial" (03/09/2019) y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos "Bruno Estela Laura c/ Provincia ART S.A. s/ Enfermedad accidente" (L. 120.061) .
No obstante, considero que el desarrollo liquidatorio del punto que precede no resulta acorde al valor justicia, tomar como pauta remuneratoria actualizada en la fórmula polinómica, un ingreso base ($188.934,28 inferior a lo que es la remuneración mensual a la fecha del CCT en el que el accionante se desempeñó (véase https:// http://www.argentina.gob.ar/servicio/consultar " style="text-decoration:underline ;">www.argentina.gob.ar/servicio/consultar - convenios-colectivos-de-trabajo-acuerdos-y-laudos); e incluso menor al actual salario mínimo vital y móvil ($ 398.800,00 -noviembre de 2026; Resolución 4/2026-), no lo creo acertado a la luz de la realidad laboral y económica del país, lo que sucede a partir de una notoria deficiente actualización sistémica, la que no contiene las severas distorsiones inflacionarias de los últimos años.
Conforme lo ut supra expresado; y considerando que la propia SCJBA descartaría aplicar como una opción adecuada, a la tasa activa, como tasa de interés de las admitidas por el artículo 768 del Código Civil y Comercial (véase el punto V.9.e.ii del precedente SCJBA; 17/4/2024; C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios"); tomando las rectoras directrices de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a la necesidad de evaluar si la indemnización -en el caso concreto- y consagrar una reparación equitativa (CSJN; L. 515, L. XLIII de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 17/8/2010; "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente - acción civil"); entiendo que en estas actuaciones una indemnización de $3.973.697,28; no lo hace; no siendo ella justa, ni reparatoria en los términos del artículo 1 inc. b de la Ley 24.557; por lo que consolidando derechos constitucionales de la víctima -entre otros el de propiedad-, parece razonable fijar como pauta indemnizatoria en estos autos, el piso mínimo garantizado por el Régimen de Riesgos del Trabajo al presente - art. 2 de la Resolución de la S.R.T. 39/26; decreto 1694/09 y art. 8 ley 26.773-, esto es la suma de $27.227.713,59 ($114.354.110 * 23,81%).
Consecuentemente voto por declarar la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad (N° 23.928) y de los puntos 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 24.557 -con la modificación impuesta por el artículo 11 Ley 27.348- (CSJN; L. 515, L. XLIII de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 17/8/2010; "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente - acción civil").
2. Indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado (art. 3 de la Ley 26.773): Que corresponde calcular la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la Ley 26.773, ascendiendo el monto a la suma de $5.445.542,72.
En definitiva, propongo que se condene a la demandada Federación Patronal Seguros S.A. a pagar al actor la suma de Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Seis con Treinta y Un Centavos ($32.673.256,31) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
VIII). Los importes precedentemente liquidados se encuentran actualizados a la fecha del presente pronunciamiento, de conformidad con las previsiones del artículo 11, Ley 27.348 -que modifica al artículo 12 de la Ley 24.557-; no correspondiendo la liquidación de otros intereses; no obstante ello, en caso de que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo no ponga a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, a partir de la mora, será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (punto 3; artículo 11, Ley 27.348); a partir de lo cual debe rechazarse cualquier planteo en contrario; no siendo aplicable a las controversias derivadas de la L.R.T. -por sus específicas particularidades- el precedente de la SCBA L. 124.096 (artículos 54 d) y 57.5 de la Ley 15.057; artículo 375, CPCC).
IX). Que, teniendo en cuenta que la parte accionante ha debido iniciar el presente proceso para obtener la reparación de los daños que sufriera como consecuencia del infortunio del que fue víctima, estimo que las costas deben ser impuestas a la Parte Demandada vencida (arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057; art. 68 del CPCC y ccdtes.) .
X). Que, la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se diferirá para el momento de la liquidación.
A tal fin, se dispone que se practicará con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117.427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional") . Asimismo, lo será también de conformidad en los términos del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello, con base en los fundamentos del precedente: "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto la disposición normativa incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 730) resulta análoga a la prevista en los artículos 1 y 8 de la ley 24.432, que modificaron, respectivamente, el artículo 505 del Código Civil y el artículo 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, siendo que en el marco de la causa precitada, y a partir del dictamen del señor Procurador Fiscal (cuyos fundamentos compartieron los Sres. Magistrados del Máximo Tribunal Federal) se resolvió que la cuestión quedó encuadrada en las decisiones ya adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes registrados en Fallos 332:921 ("Abdurraman"), 332:1118 ("Brambilla") y 332:1276 ("Villalba"), donde la CSJN se expidió a favor de la constitucionalidad de la modificación introducida por la ley 24.432 a los art. 505 del Código Civil, entonces vigente, y art. 277 de la ley 20.744, y por tanto, la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 730, cumple símil finalidad.
Consecuentemente, debe ser rechazado cualquier planteo que cuestione la validez, aplicación y constitucionalidad de tal normativa.
XI). Por último, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas por las partes y el resto de la prueba producida, adhiero al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la que el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones; ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados, que no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal..." (Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de la Sala VII de la CNAT, "Bazaras, Noemí c/ Kolynos"; S.D. 32.313 del 29.6.99).
ASÍ LO VOTO
Los Sres. Jueces Dres. Julián Fernández y Gabriel Simón Frem , por compartir los fundamentos votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el Acuerdo, firmando los señores jueces por ante mí, de lo que doy fe.
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, en mérito a las consideraciones de hecho y derechos precedentes, este Tribunal FALLA :
1°). Rechazando las inconstitucionalidades planteadas e individualizadas en el Sub. Antecedentes del presente pronunciamiento, y declarando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019 y la inaplicabilidad de las Resoluciones (SSN) Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023; y de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad (N° 23.928) y de los puntos 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 24.557 -con la modificación impuesta por el artículo 11 Ley 27.348- (CSJN; L. 515, L. XLIII de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 17/8/2010; "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente - acción civil");
2°). Haciendo lugar a la demanda promovida por Julio Ángel Jesús Amarillo , y condenando a Federación Patronal Seguros S.A. a pagar al actor dentro de los diez días de notificada, la suma de Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Seis con Treinta y Un Centavos ($32.673.256,31) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente. Hacer saber a las partes que el capital de condena se encuentra actualizado a la fecha del presente pronunciamiento, de conformidad con las previsiones del artículo 11, Ley 27.348; y que en caso de que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo no ponga a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, a partir de la mora, será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (punto 3; artículo 11, Ley 27.348);
3°). Imponiendo las costas a la parte demandada vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057) ;
4°). Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos para una vez que sea practicada la actualización por Secretaría; la que deberá materializarse con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la SCJBA (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional"); y de la CSJN (entre otros precedentes "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. Y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019); y en el contexto de la Ley 14.967 (para los profesionales abogados).
5°). Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese;
6°). Asimismo, comuníquese a la Receptoría General de Expedientes Departamental ([email protected]), en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 58 inc. Bº) del Acuerdo Nº 3397/2008 de la Excelentísima Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en los autos caratulados: " AMARILLO JULIO ANGEL JESUS C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " (EXPTE. 49471 - RECEPT. SM-33738-2023 ) este Tribunal ha dictado Sentencia Definitiva en el día de la fecha, concluyendo la causa por la misma.
7°). REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Conf. (art. 11, Anexo 1, Acuerdo N° 3845, SCBA). Cumplida que sea, oportunamente, ARCHÍVESE .
Suscripto por los Magistrados y Sra. Actuaria interviniente, en la Ciudad de General San Martín, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Domicilios vinculados para notificar en los términos de Resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/23:
Firmas
Funcionario firmante: ROJAS Jorge César - JUEZ
Funcionario firmante: FREM Gabriel Simon - JUEZ
Funcionario firmante: FERNANDEZ Julian - JUEZ
Funcionario firmante: SANCHEZ Laura Ines - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1737-2026
Fin de la sentencia