Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución recurrida en cuanto dispuso confirmar la resolución apelada, y su antecedente de instrucción que en sus puntos dispositivos I, II y III dictó los sobreseimientos de Pablo Jorge Amato, de Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone Merlini; y remitir las presentes actuaciones al juzgado de origen –a través del “a quo”- a fin de que se continúe con la sustanciación del presente proceso. SIN COSTAS en la instancia (arts. 470, 530 y 532 del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
///la ciudad de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación de interpuesto en la presente causa CFP 12777/2016/21/CFC4 del registro de esta Sala, caratulada: “AMATO, Pablo Jorge y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en fecha 9 de junio de 2022, resolvió “CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto dispone en sus puntos dispositivos I, II y III los sobreseimientos de Pablo Jorge Amato, de Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone”.
II. Que, contra dicha resolución, el señor Fiscal General Adjunto doctor José Luis Agüero Iturbe, interpuso recurso de casación el que fue concedido y mantenido en esta instancia.
III. Que el recurrente adujo que la sentencia resulta recurrible en los términos del artículo 457 del C.P.P.N., en tanto refirió que se trata de un decisorio de carácter definitivo, y fundó su recurso en los términos del art. 456, inc. 2, del C.P.P.N.
Comenzó su presentación casatoria señalando que contrariamente a lo afirmado por el a quo en autos se ha demostrado que el aporte que hicieron los 1 Reg. Nro. 1760/22.4 imputados Pablo Jorge Amato, Olga Beatriz Ciccone y Silvia Noemí Ciccone quienes tenían el dominio del hecho para la concreción de la amplia maniobra juzgada de corrupción no es insignificante o mecánica sino que es de “asistencia fundamental” y que por ello deben responder penalmente, decretándose sus respectivos procesamientos. En tal sentido, indicó que sus exoneraciones resultan inapropiadas, por lo que consideró carente de fundamentación la resolución por ser ésta aparente y no condecirse con las circunstancias de la causa.
Alegó que los sobreseimientos de Olga y Silvia Ciccone no se ajustan a derecho, toda vez que, refirió, esa parte no pretende enrostrar a Olga y Noemí la mera pertenencia al directorio de la empresa en cuyo derredor se orquestó la maniobra ilícita, sino la realización de acciones que concurrieron a brindar una asistencia fundamental a quienes ostentaron el dominio del hecho. Con relación a ello manifestó que sin su firma en el acuerdo venal las acciones no habrían traspasado de titular quedando trunca la maniobra; que además de poseer parte del paquete accionario que debía transferirse, intervinieron en distintas reuniones en donde los actores principales pergeñaron y delinearon el plan criminal que ejecutaron, y que dicha intervención lejos estaba de ser un adorno o meramente accidental.
Afirmó que la base fáctica no se encuentra controvertida, pues refirió que el “a quo” sitúa a las nombradas en tiempo y lugar al describir el desarrollo de la maniobra; que la circunstancia de responder a intereses ajenos, esto es el de sus respectivos progenitores, en modo alguno obtura la naturaleza criminal de su participación; y que no se explica razonablemente, en función a las constancias sindicadas por el a quo, la presencia de las imputadas en las reuniones, en tanto indicó que en ellas no se procedió sólo a la firma del traspaso de acciones sino que se instrumentó parte del plan criminal.
Señaló que no solo las firmas de las nombradas habilitó la continuidad del complejo andamiaje delictivo, sino también su conocimiento sobre lo que estaba sucediendo a su rededor, derivado de la asistencia a las distintas reuniones en diferentes locaciones en cuya presencia se delineó la operatoria.
Sostuvo que considerar que el hecho investigado no encuadra en una figura legal en los términos del inciso 3ro. del artículo 336 del Código Procesal Penal, no se condice con los elementos probatorios incorporados a la causa, con el procesamiento dictado respecto a sus consortes de causa, y con la condena dictada en autos.
Indicó que no surge del plexo probatorio, más allá de los dichos de las encartadas, que su intervención haya sido meramente instrumental en el caso, por lo que ante la falta de acreditación de la certeza negativa que reclama el art. 336 del ordenamiento formal no resulta viable el sobreseimiento.
En virtud de lo expuesto, afirmó que la participación que tuvieron tanto Olga como Silvia Ciccone no puede ser circunscripta a la voluntad de sus padres ya que sabían lo que ocurría en la firma y tuvieron un activo desempeño en las negociaciones, interviniendo en el proceso que implicó la cesión del 70% del paquete accionario de “Ciccone Calcográfica” a “The Old Fund”, y percibieron ganancias vinculadas con el porcentaje que poseían.
Respecto a Pablo Amato advirtió que fue miembro del directorio de “Ciccone Calcográfica”, en representación de la empresa familiar de su esposa Olga Beatriz Ciccone, que aún conservaba el 30% del capital accionario, que participó libremente de las reuniones que culminaron con la cesión accionaria de Ciccone a “The Old Fund” en donde se firmaron documentos y se realizaron actos de disposición, que asistió al Ministerio de Economía por el grado de conocimiento que tenía de los eventos suscitados y que existieron gran cantidad de llamados telefónicos del encartado con Francisco Sguera, Alejandro Vanderbroele, José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone. Por ello, entendió que, no se puede sostener que desconocía la operación ilícita efectuada. Además, manifestó que los aportes realizados, sumado a que es abogado, fueron esenciales en razón de que conocía los términos del acuerdo celebrado y fue beneficiario del salvataje de la empresa familiar. Así, concluyó que la sentencia recurrida resulta arbitraria por inobservar la ley procesal, a lo que aunó que respecto de la intervención criminalmente relevante de Pablo Amato, de Olga Ciccone y de Silvia Ciccone en hechos calificados como acto de corrupción administrativa existe la sospecha que prevé la ley y que, en definitiva, están dadas todas las condiciones para que se adopte la medida reclamada por esa parte para asegurar el recupero de los bienes producto del delito.
IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó la defensa particular de Pablo Jorge Amato, Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone, y el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Javier Augusto De Luca.
En lo sustancial, la defensa sostuvo que la resolución recurrida ya cumplió con la garantía de la doble instancia judicial, y que tiene como principal receptor a los imputados, e indicó que en el caso ya se ha probado la responsabilidad de cada uno de los imputados en los hechos materia de investigación, y que fueron oportunamente condenados.
Además, entendió que no existe posibilidad de que sus asistidos hayan podido cumplir otro rol que no sea obedecer a los dueños de la empresa, que nada de lo que hubiesen dicho o hecho podría haber cambiado el curso de los hechos, y que los otros imputados, empleados de la fábrica, empresas competidoras, posibles compradores, proveedores, coincidieron de forma unánime en que los interlocutores eran Nicolas Ciccone y Héctor Ciccone y jamás mencionaron al resto de la familia como quienes decidían algo respecto de los hechos investigados. Por ello, solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto.
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los agravios fueron claramente expuestos por el Fiscal de la instancia anterior, por lo que solicitó que esta Cámara Federal de Casación les de tratamiento.
V. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., la defensa particular de Pablo Jorge Amato, Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone presentó breves notas solicitando que se confirmen los sobreseimientos dictados en favor de sus defendidos, e hizo reserva del caso federal.
Así, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto resulta formalmente procedente en tanto se dirige contra una sentencia de las enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N., ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo (art. 458 del C.P.P.N.), con invocación fundada de los motivos previstos por el art 456 del citado código.
La objeción de admisibilidad formal planteada por la defensa durante el término de oficina no puede recibir favorable respuesta. Esto es porque el art. 337, segundo párrafo, del C.P.P.N., concede la facultad al Ministerio Público Fiscal de recurrir el sobreseimiento, al igual que lo hacen los artículos 457 y 458 en cuanto conceden al fiscal la facultad de interponer el recurso de casación contra una sentencia definitiva -y el sobreseimiento lo es en cuanto pone fin al proceso-; sin que la defensa hubiera planteado la inconstitucionalidad de los mismos.
II. A los efectos de brindar una mejor y más acabada respuesta a los planteos efectuados por la parte impugnante, de manera preliminar, habré de recordar brevemente los hechos que hacen a estas actuaciones y el posterior desarrollo del proceso. La imputación dirigida en este legajo contra Pablo Jorge Amato, Olga Beatriz Ciccone y Silvia Noemí Ciccone, se vincula a los tramos de la maniobra investigada referentes a la solicitud de un plan de pagos ante la AFIP, la obtención de la conformidad de ese organismo para el levantamiento de la quiebra, la transferencia accionaria de Ciccone Calcográfica SA en favor de The Old Fund SA y las contrataciones desarrolladas por aquélla firma -que pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana SA- cuando aún no contaba con certificado fiscal para contratar. Cabe recordar que en autos, el 7 de diciembre de 2018, el juez instructor dispuso el sobreseimiento de Pablo Amato, Olga Ciccone y Silvia Ciccone. Contra ese decisorio, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y el titular de la Fiscalía N°1 interpusieron recursos de apelación. A raíz de ello, intervino en la cuestión la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Ese tribunal resolvió, por mayoría, revocar los sobreseimientos dispuestos. En ese sentido, el doctor Llorens consideró que “se observa que las nombradas [Olga y Silvia Ciccone] han asistido a la reunión llevada a cabo en el Hotel Hilton con el objeto de solicitar un plan de pagos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En ese encuentro participaron actores principales de la maniobra investigada como Núñez Carmona y Vandenbroele, además de los restantes integrantes de la familia que allí estuvieron, como así también se presentaron con ellos al estudio de Jorge Gabriel Tahia en donde se suscribió la cesión de acciones en favor de ¨The Old Fund S.A.”
En cuanto a Olga Beatriz Ciccone, se sostuvo que “las presentaciones efectuadas ante el juez comercial que entendía en la quiebra y la suscripción del plan de pagos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos -que como fuera reseñado por la querella, este último originó la tramitación del expediente generado a esos fines y por cuya actuación irregular resultó condenado Resnik Brenner- merecen que se determine el alcance de sus decisiones. Respecto de Silvia Noemí Ciccone debe destacarse que además de los trámites efectuados con miras a la concreción de la cesión accionaria y las reuniones llevadas a cabo en su presencia, era titular de un porcentaje de esas acciones”.
Esas circunstancias, ameritaban para el juez que se convocara a Olga y Silvia Ciccone a prestar declaración indagatoria. Con relación a Pablo Amato, el magistrado consideró que su rol y presencia en diversos eventos claves de la maniobra merecían que se profundizara la pesquisa sobre el alcance y la intencionalidad de su conducta.
Esa postura fue compartida por el doctor Irurzun, quien entendió que “es necesario profundizar la pesquisa en torno a si la preeminencia en la toma de decisiones por parte de los recién nombrados [Nicolás y Héctor Ciccone] tuvo como correlato la falta de participación dolosa de los demás que, en nombre de la firma, cumplieron papeles determinados en la trama objeto de la causa. Tal es, al igual que con Amato, la situación de Olga B. Ciccone y Silvia N. Ciccone. Por ende, resulta a esta altura razonable la pretensión de los acusadores de que se las escuche para que den su versión sobre las sospechas en su contra (art. 294, CPPN), más allá de lo que a la postre se defina a su respecto”.
Teniendo en cuenta lo expuesto por el “a quo”
en autos, y luego de desarrollar las audiencias de declaración indagatoria ordenadas, el juez instructor procedió a evaluar si los comportamientos de Amato, Olga y Silvia Ciccone constituyeron aportes reprochables a la maniobra investigada.
Así, luego de analizar los elementos incorporados al expediente, resaltó el rol predominante que tenían Héctor y Nicolás Ciccone en la compañía y en la maniobra investigada, y destacó que los fundadores eran quienes detentaban el poder de decisión en la empresa y quienes dirigieron las negociaciones vinculadas a la transferencia accionaria investigada, por lo que concluyó que “Ciccone” era una empresa familiar manejada por dos voluntades: Nicolás y Héctor Ciccone.
Así entendió que no es posible derivar la existencia de conductas ilícitas reprochables a Pablo Amato, Olga Ciccone y/o Silvia Ciccone, sino que por el contrario la participación de los nombrados en distintos segmentos de la maniobra ideada por Boudou y Núñez Carmona obedeció a la satisfacción de los intereses de Nicolás y Héctor Ciccone.
Afirmó que las nombradas no ejercían ningún tipo de toma de decisión sobre las negociaciones, siguiendo únicamente la voluntad de sus padres, los verdaderos dueños de la empresa, y que lo mismo sucede con el rol de Pablo Jorge Amato ya que sostuvo que su presencia en los encuentros vinculados a la maniobra y su posición en el directorio de Ciccone Calcográfica luego del ingreso de “The Old Fund” se justifican en que es el yerno de Nicolás Ciccone y exteriorizaba sus mandatos.
Asimismo, consideró que el tráfico de comunicaciones telefónicas verificado entre el nombrado y otros actores de la maniobra se enmarca en el vínculo aludido y que no es posible asignar válidamente un contenido espurio a esas comunicaciones, por lo que afirmó que el nombrado no realizó ninguna contribución con significación jurídica al hecho ideado por Boudou y Núñez Carmona, y que su comportamiento obedeció a los designios de los hermanos Ciccone.
Así, luego de escuchar a Olga y Silvia Ciccone en los términos dispuestos por el “a quo”, refirió que no se advertía la existencia de elementos que señalen a las nombradas o a Pablo Amato como ejecutores de aportes jurídicamente relevantes a la maniobra investigada, y que la participación de los nombrados en los hechos que constituyen la plataforma investigada en este expediente no pueden considerarse como contribuciones dolosas a la negociación incompatible con la función pública o al cohecho pasivo por los que Amado Boudou fue condenado en calidad de autor.
En virtud de lo expuesto, y por entender que no existen elementos que permitan afirmar que Pablo Jorge Amato, Olga Beatriz Ciccone y/o Silvia Noemí Ciccone ejecutaron aportes a la maniobra ilícita investigada, dispuso su sobreseimiento, en los términos del inciso 4° del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación.
La mentada resolución fue confirmada, por mayoría, por el “a quo”, lo que motivó la impugnación del Ministerio Público Fiscal aquí en estudio.
III. Ahora bien, conforme a lo descripto ut supra la decisión adoptada por el a quo que confirmó el sobreseimiento de Pablo Jorge Amato, de Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone en orden al hecho por el que fueran denunciados, se presenta -en relación con los elementos y constancias obrantes en la causa- al menos prematura.
En efecto, el impugnante expuso fundadamente que, en el estado actual en el que se encuentra la investigación, no es posible el dictado de una solución liberatoria como la adoptada, describiendo un marco investigativo que en algunos aspectos se encuentra aún incompleto, y al que se ha puesto fin mediante una resolución que no ha abarcado la completa dimensión de los elementos obrantes en la causa. En orden a resolver la cuestión de fondo, la particularidad de esta causa radica en que ya ha recaído sentencia condenatoria sobre la mayor parte de los imputados que habrían tenido un rol protagónico en la maniobra pesquisada. En este sentido, Amado Boudou, José María Núñez y Alejandro Paul Vandenbroele, fueron condenados por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal, en carácter de autor y de partícipes necesarios, respectivamente. En tanto que Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri fueron condenados como partícipes necesarios del segundo de los delitos mencionados. Por otra parte, Nicolás Tadeo Ciccone fue condenado como autor de cohecho activo -su hermano Héctor, que también intervino en el hecho, falleció con anterioridad a la realización del debate- (cfr. TOCF N° 4, causa 1302/12, sentencia del 3/10/2018; y de esta Sala IV, causa “BOUDOU Amado y otros s/recurso de casación, reg. n° 1502/19.4, 17/7/2019).
En dicha oportunidad, se resaltó que las conductas examinadas se sostienen dentro de una maniobra compleja, desarrollada mancomunadamente por funcionarios y particulares, que abarcó diversos trámites y actos administrativos de parte de distintas dependencias públicas. En efecto, se determinó que Nicolás Tadeo Ciccone por una parte, y Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, César Guido Forcieri y Rafael Resnick Brenner, convergieron -cada uno desde sus distintos roles- en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado en derredor de la firma Ciccone Calcografica SA.
A su vez, se demostró que este emprendimiento delictivo se incardinó hacia dos objetivos centrales: rescatar ilícitamente a la empresa Ciccone Calcografica SA de su quiebra declarada judicialmente; y rehabilitarla para que pueda retomar sus vínculos contractuales con el Estado Nacional, uno de sus más importantes y recurrentes demandantes de los productos y servicios que prestaba aquélla.
Asimismo, se precisó que Nicolás Ciccone (su hermano Héctor, quien también habría intervenido en los hechos, falleció tiempo después), por un lado, y Amado Boudou y José María Núñez Carmona, por el otro, con la colaboración decisiva de Alejandro Paul Vandenbroele, y la ulterior y también imprescindible cooperación de César Guido Forcieri y Rafael Resnick Brenner en un tramo más avanzado de la maniobra, convergieron intencionalmente para la consecución de los objetivos trazados.
A los fines de contextualizar los hechos -para explicar y dar sentido a la conducta desplegada por los antes nombrados-, cabe referenciar que Ciccone Calcográfica SA estaba atravesando una situación financiera crítica, al haber perdido casi la totalidad de sus contratos con el Estado Nacional y por encontrarse en trámite la quiebra de la empresa, cuyo principal acreedor era la AFIP. A ello cabe aunar que ambas circunstancias se encontraban estrechamente vinculadas, puesto que la existencia de tamaña deuda fiscal le impedía obtener el certificado fiscal para contratar, sin el cual -en principio- no podía suscribir esa clase de contratos con el Estado. Señalado el contexto que rodea la materia en trato, cabe destacar que el análisis que le corresponde a esta judicatura se trata, en definitiva, de establecer si las conductas de los aquí encausados habrían tenido alguna significación jurídico-penal en el marco de aquel suceso, que fue calificado en orden a las figuras de cohecho -en sus modalidades activa y pasiva- (arts. 258, primera parte, y 256 del CP-) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del CP), conforme fue resuelto oportunamente y confirmado en esta instancia. En consecuencia, lo que se intenta dilucidar en el caso es la posible participación de los encartados en la maniobra que motivó las condenas oportunamente dictadas.
Sentado cuanto precede, cabe señalar, en primer lugar, que el a quo, y el juez instructor no han desconocido la supuesta participación de los encausados en los hechos investigados.
Tal como específicamente se señaló en el resolutorio del 7 de diciembre de 2018, y se reiteró en el de fecha 29 de diciembre de 2021, a partir de los elementos recabados a lo largo de la instrucción se pudo establecer que “Olga Ciccone integró el directorio de Ciccone Calcográfica (prueba III.A.3), participó en reuniones vinculadas al plan de pagos solicitado ante la AFIP y a la negociación de la cesión de la compañía (puntos V.B.i y V.C.i), aportó ante el juez de la quiebra la conformidad de Vandenbroele como cesionario de los créditos de Ciccone y representante de TOF (prueba III.A.19) y suscribió el plan de facilidades de pago que originó el expediente AFIP nro. 0413101/2010 (prueba III.C.2)” a lo que aunó que “Silvia Noemí Ciccone también integró el directorio de la empresa (prueba III.A.3), fue accionista (prueba III.D.2.iii) y participó en reuniones vinculadas al plan de pagos solicitado ante la AFIP y a la negociación de la cesión de la compañía (puntos V.B.i y V.C.i)”.
A su vez, se refirió que “Pablo Amato participó en reuniones vinculadas al plan de pagos solicitado ante la AFIP y a la negociación de la cesión de la compañía (puntos V.A, V.B.i y V.C.i). Además, una vez que TOF adquirió el 70% de la empresa, se desempeñó como Director Titular en representación de la tenencia accionaria que mantuvo la familia Ciccone (30%) (punto V.A)”.
En ese sentido, además, se establecieron diversos contactos telefónicos entre el nombrado y otros actores de la maniobra, destacándose que “se comunicó 52 veces con el abonado 1120242027, 6 veces con el abonado 1151997495, 154 veces con el abonado 1153058794 y 121 veces con el abonado 1169903924, todos correspondientes a The Old Fund. Además, se registraron 910 comunicaciones con el abonado 1135400953, de Alejandro Vandenbroele, y 129 con el abonado 1163810923, de José María Núñez Carmona”. A pesar de que el instructor y el a quo reconocieron lo expuesto precedentemente, consideraron, en lo sustancial, que la totalidad de los elementos incorporados al expediente exhiben que la participación de los encausados en distintos segmentos de la maniobra ideada por Boudou y Núñez Carmona obedeció a la satisfacción de los intereses de Nicolás y Héctor Ciccone.
Ahora bien, cabe señalar que si bien en el proceso del cual se deprenden las presentes actuaciones, se ha destacado la participación preponderante de los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, y desde la primera imputación de Amato, así como de Silvia y Olga Ciccone, se ha dotado de centralidad a los primeros de los nombrados sin que se valorara como sustancial los aportes que los últimos pudieran haber efectuado, ello no obsta a que del desarrollo de la pesquisa haya podido surgir que estos últimos -integrantes de la familia como de la empresa Ciccone- también se hayan visto involucrados en las maniobras investigadas de las que se habrían beneficiado económicamente, resultando, en principio, sustancial su aporte.
Recordemos que el acuerdo que habrían suscripto los encausados consistió en la cesión del 70% de la empresa -incluidos los títulos de créditos de varios acreedores-, a cambio del levantamiento de la quiebra, de la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal, de la inyección de capitales para recuperar su productividad y del pago de 50.000 dólares mensuales a cada uno de los dueños originales por el “know how”.
De la propia enumeración establecida por el juez de grado, surge de la investigación que Amato habría participado en reuniones vinculadas al plan de pagos solicitado ante la AFIP y la negociación de la cesión de la compañía, a la vez que se habría desempeñado como director de la representación accionaria que la familia mantuvo en la empresa. Se resaltó que el imputado habría perseguido lograr el salvataje de la empresa que él representaba y cuya finalidad era que pueda volver a celebrar contratos con el Estado. En esa línea, se entendió que la función de Amato no se reduciría a sus conocimientos profesionales, sino que existía un interés personal y que ello se evidenciaría tanto en las consecuencias económicas de lo obrado, así como con su presencia en actos sustanciales para lograr el propósito aquí investigado.
La representación de la empresa que, desde lo formal y en la práctica, habría ejercido Amato, torna en este momento prematura su desvinculación definitiva del caso, cuando resta terminar de averiguar si, en efecto y como alegó, desconocía pormenores de la operación ilícita que eran manejados por los hermanos Ciccone.
Similares conductas se han evidenciado respecto de las imputadas Silvia y Olga Ciccone, quienes también se habrían beneficiado económicamente de las maniobras ejecutadas. Las nombradas, integrantes del directorio de Ciccone Calcográfica, habrían asistido a la reunión llevada a cabo en el Hotel Hilton con el objeto de solicitar un plan de pagos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En ese encuentro habrían participado actores principales de la maniobra investigada como Núñez Carmona y Vandenbroele, además de los restantes integrantes de la familia que allí estuvieron, como así también se habrían presentado con ellos al estudio de Jorge Gabriel Tahia en donde se habría suscripto la cesión de acciones en favor de “The Old Fund S.A.”. Sobre la situación particular de Olga Beatriz Ciccone, corresponde ponderar que las presentaciones que habría efectuado ante el juez comercial que había entendido en la quiebra y la suscripción del plan de pagos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos -este último originó la tramitación del expediente generado a esos fines y por cuya actuación irregular resultó condenado Resnick Brenner-, merecen que se determine el alcance de sus decisiones. En cuanto a Silvia Noemí Ciccone, es dable destacar los trámites efectuados con miras a la concreción de la cesión accionaria, las reuniones llevadas a cabo en su presencia y la titularidad de un porcentaje de las acciones de la empresa.
Todo ello, permite descartar que los imputados solo habían respondido a la voluntad de sus padres, como rectores de la maniobra.
Respecto al grado de importancia y relevancia de los aportes que habrían realizado los encausados para el éxito de la maniobra juzgada, si bien el a quo afirmó la posible intervención voluntaria de Pablo Jorge Amato, de Olga Beatriz Ciccone y de Silvia Noemí Ciccone en determinados momentos del complejo entramado delictivo a cargo del conjunto empresarios funcionarios públicos entendió que no fueron relevantes y por eso también sobreseyó a los imputados.
Ahora bien, un aspecto central que interesa al adecuado análisis de este legajo reside en que, tanto en la sentencia condenatoria referida como en la resolución confirmatoria de esta Sala IV, los diversos segmentos fácticos fueron considerados como partes integrantes de una única y misma maniobra, que -consecuentemente- fue subsumida como un único hecho (art. 54 del CP), encuadrable en los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (cfr. de esta Sala IV, causa “BOUDOU Amado y otros s/recurso de casación” ya citada)
En efecto, cabe recordar que al momento de confirmar la sentencia condenatoria en los autos que dieron inicio a las presentes actuaciones, se ha destacado que en el caso se comprobó la existencia de una maniobra compleja, desarrollada mancomunadamente por funcionarios y particulares, que abarcó diversos trámites y actos administrativos de parte de distintas dependencias públicas en la que todos los que intervinieron en su decurso -por el vínculo de confianza que los unía- llevaban parte de responsabilidad criminal.
Por el momento, no se vislumbran constancias que indiquen que el aporte de Amato y Olga y Silvia Ciccone a la maniobra que comandaron quienes fueron condenados oportunamente haya sido estéril o prescindible ni que haya sido involuntario o que no tuvieran conocimiento de los pormenores del acuerdo venal que se gestaba, en el que se manipularon las formas jurídicas y se utilizaron velos societarios para distorsionar lo que estaba ocurriendo, ya que el engaño y entente criminal, no habría sido posible, en principio, sin la intervención de los nombrados. En esta situación se habrían posicionado Amato y Olga y Beatriz Ciccone, quienes con su presencia y activa participación en las reuniones o con su firma en documentos imprescindibles para la maquinación o con presentaciones administrativas y judiciales habrían dado andamiaje suficiente -e imprescindible- para que la concreción de la conducta ya juzgada haya podido desarrollarse.
En definitiva, y de acuerdo a las consideraciones efectuadas precedentemente, entiendo que el delito atribuido a los imputados -independientemente del carácter de sus participaciones- constituye una única unidad de acción integrada por diversas maniobras que habrían resultado –en diversos grados de importancia- relevantes para la ejecución del delito investigado.
Así, en el delito investigado no se toma en cuenta la individualidad de un objeto determinado, sino la relación de las diversas maniobras integradoras del complejo entramado de corrupción, dado que por su misma naturaleza se traduce en una conducta unitaria aunque se despliegue en hechos sucesivos, que integran y definen precisamente la entidad de aquélla (cfr. en lo pertinente mi voto causa “HERNÁNDEZ, Lorenzo; DE GIOVANNI, Julio s/recurso de casación” reg. Nº 60/17.1, rta. el 21/02/2017).
No puede descartarse, al menos a esta altura del proceso, que los concretos aportes que habrían prestado los aquí imputados no hayan formado parte de una única maniobra, según los testimonios y pruebas recabadas en autos que surgen de las actuaciones. Así, la posición evidenciada por el “a quo”, se encuentra, al menos, controvertida, especialmente si se evalúa -como lo reclama el recurrente- el rol de cada uno de los encausados en la compleja maniobra de corrupción investigada en autos.
En este contexto y luego de un examen de la cuestión planteada por el acusador público de acuerdo a las constancias de la causa, el sobreseimiento dictado en las presentes actuaciones luce desconectado argumentalmente de la controversia jurídica planteada, y evidencia falta de exhaustividad de la investigación. Estas falencias contradicen los fines previstos por la ley para el dictado de este tipo de resoluciones, esto es la certeza sobre el acaecimiento o no de un determinado hecho o suceso histórico, para que el juzgador pueda, con la debida convicción, emitir un juicio asertivo, una afirmación y no una mera suposición o conjetura sobre la adecuación o no de esa realidad histórica a una figura delictiva (causa Nro. 1468 “Santos, Enrique José s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2231, rta. el 22/11/99; causa Nro. 2184 “Pawly, Alberto Oscar s/recurso de casación”, Reg. Nro. 3065, rta. 19/12/2005; causa Nro. 7906 “Morel, Pedro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.686, rta. 26/11/2009, entre otras).
Es que, tal como señalé en los precedentes citados, el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta, y procede cuando al juzgador no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de que el hecho no se cometió o no encuadra en una figura legal, que el delito no fue cometido por el imputado o de su falta de responsabilidad; supuesto que no se constata en autos.
Por el contrario, las cuestiones que el a quo pretendió tener por acreditadas a fin de dictar la resolución aquí impugnada se presentan controvertidas y deben ser suficientemente analizadas a la luz de los elementos obrantes en la causa y del resultado que pudieran arrojar las medidas de prueba pendientes de producción, permitiendo de este modo al acusador público y a la defensa esgrimir todos los planteos que consideren pertinentes en relación a tales tópicos, garantizando así al principio de contradicción.
V. Por lo demás, formuladas todas estas consideraciones, y conforme a la plataforma fáctica objeto de este legajo, los hechos aquí ventilados, criminológicamente denominados "de cuello blanco", comprendieron un complejo entramado delictivo que contó con la peculiar característica de un acuerdo entre los sectores públicos y privados. Lo avanzado de la empresa criminal permitió advertir acerca de lo ineficaces que resultaron los mecanismos de control interno de la Administración Pública para dotar de transparencia a los organismos estatales y reguardar el interés general de la sociedad.
La fuerza criminal que adquirió el conjunto empresario-funcionario público materializado en la utilización de sofisticadas herramientas jurídicas, en la manipulación de los organismos estatales y en el alto grado de desarrollo de 1a maniobra, tornan actualmente imperioso la necesidad de actual izar y revitalizar los mecanismos institucionales y doblegar los esfuerzos para combatir esta modalidad de crimen organizado.
Los perjuicios ocasionados por este tipo de espuria coalición privado/pública son de toda índole, no sólo económicos, y de debilitamiento de las instituciones de la República, sino también hacia el sentimiento del ciudadano común que ve altamente defraudadas sus expectativas en los representantes elegidos, cuyas consecuencias son invaluables. En efecto, si el ser humano es, por naturaleza, un ser social, que se agrupa en pos de alcanzar su autorrealización personal, sucede que, al advertir que las instituciones que lo deberían acompañar, proteger y contener en sus proyectos de vida, son cooptadas por intereses ocultos y ajenos a 1os que el Estado se comprometió a velar, se produce una sensación de aislamiento a la "esfera pública" que difícilmente pueda revertirse. A su vez, este sentimiento repercute negativamente en la vida política del país y en las instituciones democráticas, porque aleja a los ciudadanos de 1a participación política, sembrando el germen de su propio debilitamiento.
Analizada la imputación formulada en este proceso debo señalar que ya he considerado en diversos precedentes que maniobras como la investigada en autos, en donde se imputa una criminalidad económica organizada con vínculos entre particulares y funcionarios, son indudablemente graves y tienen un alto impacto en el sistema democrático y en el orden institucional (cfr. en este sentido mi voto en causas “cfr. en este sentido mi voto en causas “DANERI, Gustavo Víctor” –Reg. Nro. 611/17.4, Rta. el 1/6/17; “SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ recurso de casacion ́ ”, Reg. Nro. 106/18.4, rta. el 12/3/18; entre otros).
En este contexto, un análisis normativo sistemático y coherente de la indudable gravedad de las maniobras delictivas investigadas en la presente causa, es el que define como ineludible la conclusión de que el juzgamiento e investigación eficaz de los hechos imputados debe ser asegurado. La importancia radica precisamente en que evita su impunidad y detiene el espiral inflacionario de consecuencias perniciosas para la vida de la República (Cfr. en este sentido mis votos en causas de esta Sala IV: 4787, “ALSOGARAY, María Julia”, Reg. 6674.4. rta. 9/05/2005 y CFP 2160/2009/37/CFC3, “VÁZQUEZ, Manuel y otros”, Reg. Nro. 512/16, rta. 29/04/2016, y causa “BOUDOU Amado s/recurso de casación ya citado, entre otros.). Resulta fundamental destacar que el Estado Argentino en su texto fundamental ha asumido el compromiso de actuar con la debida diligencia, por todos los medios apropiados, en lo que respecta la prevención, investigación y eventual sanción de las conductas como la maniobra aquí imputada.
Eso sin perjuicio de destacar, que en función de la naturaleza del delito investigado y su vinculación con hechos de corrupción, la decisión arribada por el a quo podría llegar a comprometer internacionalmente al Estado Nacional en razón de las obligaciones asumidas al suscribir y aprobar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley n° 26.097) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley n° 24.759); normas internacionales que exigen que los Estados hagan su mayor esfuerzo por esclarecer los hechos delictivos a que se refieren (cfr. en lo pertinente mi voto causa “CIS María Julia s/recurso de casación” reg. 1128.22.4 rta. el 29 de agosto de 2022).
De esta manera la investigación del caso debe agotarse mediante la celebración de un juicio oral, público y contradictorio.
VI. Por ello, en orden a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución recurrida en cuanto dispuso confirmar la resolución apelada, y su antecedente de instrucción que en sus puntos dispositivos I, II y III dictó los sobreseimientos de Pablo Jorge Amato, de Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone Merlini,; y REMITIR las presentes actuaciones al juzgado de origen –a través del “a quo”- a fin de que se continúe con la sustanciación del presente proceso. SIN COSTAS en la instancia (arts. 470, 530 y 532 del C.P.P.N.). Téngase presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa. El señor juez Javier Carbajo dijo:
Comparto en lo sustancial las consideraciones formuladas por el colega que me precede en el orden de votación, Dr. Gustavo M. Hornos.
En ese marco, tal como lo ha propiciado el representante del Ministerio Público Fiscal y fue advertido por el voto minoritario del tribunal de la instancia anterior, el sobreseimiento se presenta, de momento, prematuro pues carece de la certeza negativa que debe sustentarlo.
En esa dirección, la conclusión liberatoria no se compadece con los extremos relevados por el recurrente que dan cuenta de la intervención material de los acusados en los hechos, de la detentación de un claro interés patrimonial en el desarrollo de la maniobra investigada y de un conocimiento detallado en punto a los pormenores de la operatoria.
En efecto, se ha indicado la existencia de evidencia que permite sostener la particpación de Silvia Ciccone, Olga Noemi Ciccone y Pablo Jorge Amato en diversas reuniones con Núñez Carmona y Vandenbroele y de su actuación en los eventos vinculados con la suscripción de diversos documentos, algunos de ellos presentados ante organismos públicos y judiciales, que atañen a la maniobra que se tuvo por comprobada en la decisión del Tribunal Oral Federal n° 4 del 3 de octubre de 2018 y que fuera confirmada por esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -con igual integración- el 17 de julio de 2019 (Reg. 1502/19). A ello se aduna, en el caso de Amato, el registro de diversos contactos telefónicos con personas vinculadas con la conducta delictiva referenciada.
Desde esa perspectiva, la postulada ajenidad de Pablo Jorge Amato, Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone no se compatibiliza con los extremos alegados por el recurrente y la neutralidad asumida en el decisorio impugnado no tiene, al menos de momento, asidero probatorio concluyente y definitivo que permita emitir fundadamente el temperamento de cierre de la investigación a tenor de lo normado en el art. 336 del C.P.P.N.
Es que el juicio en punto al eventual significado jurídico que corresponde brindarle a tales acciones debe ser realizado sin perder de vista la maniobra que ya fue objeto de juzgamiento en los autos principales.
No debe olvidarse que en la presente se ventila la presunta intervención de los aquí acusados en un comportamiento complejo, integrado por diversas acciones de actores públicos y privados, que convergían y adquirían sentido en el objetivo común de rehabilitar y beneficiar a la firma Ciccone Calcográfica S.A. una vez cedidas sus acciones a The Old Fund SA.
En virtud de ello, debe atenderse la particular naturaleza del delito investigado, mediante el corrimiento del velo formal de las acciones emprendidas, sopesando la secuencia concatenada de actos que posibilitaron el resultado disvalioso evaluado.
También debe apreciarse la experiencia de las personas involucradas en materia de negocios, en particular aquella relacionada con las circunstancias propias de una empresa que actuaba dentro de la esfera de contratación pública y el carácter extraordinario del tratamiento dispensado a la firma a tenor de las intervenciones llevadas a cabo por funcionarios públicos.
Por lo demás, no es ocioso memorar que se han descalificado a tenor de la doctrina de la arbitrariedad aquellas decisiones que valoran la prueba en forma fragmentaria y aislada, en especial cuando por falta de adecuación al objeto constitutivo del cuerpo del delito se prescinde de una visión de conjunto y de la necesaria correlación entre la prueba y con otros elementos indiciarios (Ver Fallos: 341:336).
A partir de estas pautas, es dable a observar que los extremos considerados en la resolución impugnada lucen insuficientes para desacreditar, fuera de toda duda razonable, tal como demanda la solución prevista en el art. 336 del C.P.P.N, la valoración de aquellos que, de adverso, sostienen la hipótesis acusatoria.
En razón de las consideraciones vertidas adhiero a la solución propuesta en el voto precedente en punto a: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución recurrida en cuanto dispuso confirmar la resolución apelada, y su antecedente de instrucción que en sus puntos dispositivos I, II y III dictó los sobreseimientos de Pablo Jorge Amato, de Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone Merlini,; y REMITIR las presentes actuaciones al juzgado de origen –a través del “a quo”- a fin de que se continúe con la sustanciación del presente proceso. SIN COSTAS en la instancia (arts. 470, 530 y 532 del C.P.P.N.). El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Sellada que se encuentra la suerte del recurso de casación con el voto concurrente de los colegas que me preceden en el orden de votación, observo q la impugnante no dio razones suficientes que posibiliten refutar lo resuelto en las instancias previas, ni propuso la realización de medidas de prueba pendientes, o aportó algún elemento que permita advertir que lo resuelto por el juez de primera instancia y confirmado por los jueces de la instancia precedente resulte erróneo.
Tampoco la parte recurrente ni la querella se presentaron en esta instancia en el término de oficina, ni en ocasión de la audiencia oportunamente fijada, para reforzar y/o ampliar la presentación efectuada ante el a quo o proponer alguna diligencia diferida de realización o producción.
Por su lado, las discrepancias expuestas por la parte recurrente, más allá de evidenciar la existencia de una fundamentación que no comparte y tampoco rebate, resultan insuficientes para demostrar la arbitrariedad que invoca en su recurso de casación toda vez que no ha brindado argumentos suficientes ni novedosos para demostrar error o desacierto en el razonamiento seguido en las instancias anteriores con respecto a los imputados en el caso.
Tal como se señaló, el recurrente no ha brindado razones con entidad suficiente para conmover lo resuelto. Tampoco ha aportado en sus presentaciones medidas de prueba pendientes de realización, elementos novedosos ni argumentos válidos que permitan superar el estado de probabilidad negativa de la hipótesis imputativa formulada contra Pablo Jorge Amato, Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone (cfr. en lo pertinente y aplicable, el criterio sostenido por el suscripto en causa nº 15.427, “González Ramiro s/ recurso de casación”, reg. nº 1255/12, rta. 2/8/2012; reiterado en causas nº 16.190, “Tonello Gustavo Martín s/ recurso de casación”, reg. nº 690/13.4, rta. 16/05/2013, CFP 13345/2012/7/CFC2, “Salazar, José Luis Mingo y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 285/18.4, rta. 9/4/2018; FCR 15027/2017/CFC1, “Millán, Moira Ivana s/ recurso de casación”, reg. nº 2542/19.4, rta. 5/12/19 y causa FTU 23105/2015/CFC2, “Soria Luis y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 17/20.4, rta. el 6/02/2020 y FSM 12096/2013/14/CFC1, "Saccani, Paula Virginia y otros s/recurso de casación", reg. nº 122/2021, rta. 25/2/21, todas de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, entre otras).
En tales condiciones, el impugnante se limita a exponer su propia perspectiva sobre el caso y el modo en que a su juicio debe ser resuelto, aunque no ha brindado argumentos suficientes para demostrar error o desacierto en el razonamiento seguido en las instancias anteriores y poner en evidencia la arbitrariedad que alega; defectos que, vale aclarar, tampoco se advierten.
Por lo demás, tal como se ha señalado, el pronunciamiento impugnado ha satisfecho el “derecho al recurso” y a la doble instancia reconocido en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. y en el precedente “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Serie C Nº 107 dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, este Tribunal, por mayoría,
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución recurrida en cuanto dispuso confirmar la resolución apelada, y su antecedente de instrucción que en sus puntos dispositivos I, II y III dictó los sobreseimientos de Pablo Jorge Amato, de Silvia Noemí Ciccone y Olga Beatriz Ciccone Merlini; y REMITIR las presentes actuaciones al juzgado de origen –a través del “a quo”- a fin de que se continúe con la sustanciación del presente proceso. SIN COSTAS en la instancia (arts. 470, 530 y 532 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/19 de la CSJN), remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara
Fin de la sentencia