Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-1.922/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado a fs. 22/24., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs.129/135vta. -de los autos principales-, y en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 142/143 de los citados autos, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-1.922/13-TSJ Interlocutorio N°: 3.035.-
Actor: AMBROSINO, JORGE ARIEL Demandado: FLORES, DANIEL GEREMÍAS Y OTRA Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 27-2-14 Texto: TOMO XXV – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.035 FOLIO Nº 4.910/4.912 PROT. ELECT. TSS1 005 I.141 Río gallegos, 27 de febrero de 2014.-
Los presentes autos caratulados “AMBROSINO, JORGE ARIEL c/ FLORES, DANIEL GEREMÍAS Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº A-1922/13-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia, a efectos de tratar el recurso de queja articulado por la parte actora a fs. 22/24, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 19/20, que declara formalmente inadmisible el recurso de casación impetrado por la quejosa contra la decisión de la mencionada Cámara que declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la recurrente a fs. 64 de los autos principales contra la sentencia dictada por el Juez de Grado que declara operada la caducidad de la instancia.- Explica que al momento de articular el recurso de casación “…se dijo que se interponía por ser una resolución interlocutoria equiparable a sentencia definitiva y se acompañó la tasa de justicia correspondiente integrando primero la suma de $1500.00 y posteriormente sin que mediara rechazo “in limine” del sellado de $1500.00 por considerarlo insuficiente, como así tampoco planteo alguno respecto a la agregación posterior de la suma de $50.00, que completa lo establecido para este tipo de recursos. Es decir, la parte tributaria que corresponde al Poder Judicial ha sido plenamente satisfecha antes de la resolución de la Excma. Cámara de fecha 06 de agosto de 2013. Es evidente que nos hallamos ante un caso de rigor formal manifiesto que impide por vía de un planteo puramente fiscalista asegurar el análisis de las cuestiones jurídicas involucradas en el recursos (sic) de casación” (confr. fs. 22 y vta.).-
II. Que, el eje motivante que debe desarrollarse y explicitarse a la luz de la doctrina normada por el artículo 4° de la ley 1687 es el ineludible cumplimiento de las formalidades extrínsecas y esenciales que deben imperar en toda presentación efectuada ante esta instancia extraordinaria, cual es la exigencia del depósito previo.-
En efecto, al hacer el análisis de admisibilidad formal del recurso de casación, se comprueba que la recurrente ha depositado al momento de presentar el recurso de casación la suma de $ 1.500 (confr. fs. 127 de los autos principales), cifra que se advierte como insuficiente a los efectos de cumplimentar la exigencia prevista en la ley; y si bien el recurrente completó el depósito con la suma de pesos cincuenta ($ 50), ello aconteció una vez vencido el plazo previsto en el artículo 4° inciso d) de la ley 1.687 (fs. 138 de los autos principales). En este sentido, no debe perderse de vista que tanto los requisitos formales como sustanciales del recurso deben encontrarse reunidos al momento de la interposición del mismo o a lo sumo ser completados dentro del plazo para su interposición.
Circunstancia que en el caso que nos ocupa no se ha configurado.- En ese orden de ideas, es propicia la ocasión para recordar que este Tribunal tiene establecido que la obligación que prescribe el artículo 4° inciso d) de la ley 1687 participa de la naturaleza de una carga económica y de un requisito esencial, sólo para la admisibilidad de este tipo de recursos, habiéndose ya decidido que “…no constituye un impuesto ni ninguna otra clase de gravamen fiscal, sino que importa una restricción procesal…” (confr. Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 889, Folio 1038/1040; Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1150, Folio 1502/1504; Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2762, Folio 4291/4293), en tanto y en cuanto la carga económica del depósito previo aparece como razonable en la forma y condiciones que se determinan, recordando que se ha resuelto que dicho depósito: “…no impide en modo alguno la libre defensa en juicio ni crea prerrogativa que pudiere considerarse contraria a la garantía de igualdad de la ley, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentren en las mismas condiciones…” (confr.
SCBA, Ac. y sent. 1960, v. IV, p. 489, entre otros; TSJ Santa Cruz, Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1209, Folio 1589/1591; y TSJ Santa Cruz, Tomo: XXII, Interlocutorio, Reg. 2.762, Folio 4291/4293). Desde este cuadrante queda claro que el depósito no participa de la natu-raleza jurídica del tributo, sino que constituye una carga procesal que no impide en modo alguno la libre defensa en juicio (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo, XXII, Interlocutorio, Reg. 2762, Folio 4291/4293), y queda supeditada a las resultas del juicio conforme lo establecen los artículos 16 y 17 de la ley 1687.- También la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la improcedente tacha de inconstitucionalidad del depósito previo para la viabilidad de un recurso, precisando que tal exigencia no es violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional, pues no importa una alteración reglamentaria de la garantía de la defensa en juicio.
(Fallos 267:427; 268:377 y 433; 269:435; 270:259; 296:429;
305:644, entre otros).-
Finalmente es doctrina sentada por este Tribunal que "...el plazo estipulado de diez días para la interposición del recurso de casación, lo es también para cumplimentar los requisitos exigidos por la ley ritual, en los que se incluye el de adjuntar la boleta de depósito. Por lo que, vencido dicho plazo la declaración de inadmisibilidad es inevitable... en razón de constituir un plazo peren-torio, que no puede ser ampliado por decisión judicial... Por ello, no cumple la exi-gencia del depósito quien presenta la boleta en cuestión después de vencido el plazo para recurrir..." (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1255, Folio 1660/1662; Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1520, Folio 2141/2143, Tomo XXII, Reg. 2849, Folio 4482/4485), por lo cual no habrán de convalidarse pagos incompletos o completados fuera del término que impone el artículo 4º inciso d) de la ley 1687.- Que, consecuencia de lo expresado, el no cumplir la expresa disposición contenida en el artículo 4to. inciso d) de la Ley 1687, constituye un impedimento que obsta a la admisibilidad de la instancia recursiva. Ello así, habida cuenta que dicho depósito constituye en definitiva un valladar procesal para la apertura de la instancia extraordinaria de casación, pues participa de la naturaleza ínsita de una carga económica, así como erigirse en un requisito esencial sólo para la admisibilidad de este tipo de recursos, habiéndose ya decidido, en concordancia con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “...no constituye un impuesto ni ninguna otra clase de gravamen fiscal sino que importa una restricción procesal...” (Fallos, 302:1.875 in re “Tribunal de Ética Forense”, 03/XI/1983; 302:2.016 in re “Colegio de Escribanos”, 23/XI/1983, pág. 52; D.J.B.A. 121:357; T.S.J. Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 4, Folio 45; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 889, Folio 1038/1040, Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1150, Folio 1502/1504; Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1.209, Folio 1589/1591; Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 326, Folio 673/676, entre otros).-
El análisis efectuado en los párrafos precedentes permite concluir que no ha existido la violación de garantías constitucionales alegada por la quejosa.-
III. Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto -lo cual resulta suficiente para el rechazo del recurso intentado- en oportunidad de efectuar este Alto Cuerpo el examen preliminar del recurso de queja articulado, se constata que lo que se pretende revisar versa sobre una cuestión procesal reservada a los jueces de grado, ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia casatoria.-
La cuestión traída a debate por el recurrente trata sobre cuestiones de hecho relacionadas con la apreciación de actos procesales. Los cuales en principio son ajenos a la casación salvo que se demuestre absurdo, situación que no se presenta en autos. No se advierte la violación de la ley que se le atribuye a la sentencia en base a la arbitrariedad alegada cuando la Cámara realizó una ponderación razonable de los actos procesales obrantes en autos.-
Cabe recordar que las impugnaciones vinculadas a las resoluciones que declaran mal concedido un recurso ante el tribunal de alzada, son de naturaleza fáctica y procesal, no impugnables -en principio- por vía del recurso de casación, salvo que lo decidido revele un exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de la defensa en juicio (doctrina de Fallos: 324:176 y 326:2414, entre otros), situación ésta que no se vislumbra en estas actuaciones, en atención a que la parte tuvo oportunidad de ejercer sus derechos.-
Las expresiones del quejoso remiten a consideraciones de cuestiones fácticas y procesales que resultan -por principio- manifiestamente ajenas al recurso provincial incoado, salvo supuestos de arbitrariedad o absurdo; así, se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 880, Folio 1019/1021). El recurrente basa su disenso en cuestiones de derecho procesal, irrevisables en la instancia extraordinaria provincial (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1063, Folio 1311/1315). No se logra el acceso al ámbito de la casación, toda vez que las apreciaciones de índole procesal quedan normalmente detraídas de ella, salvo cuando se demuestre que la valoración intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables que por tal circunstancia puedan afectar el derecho de defensa o del debido proceso que en autos han sido observados por los Jueces de mérito.- Nos encontramos, asimismo, ante un débil planteo sobre revalorización de cuestiones de hecho reservadas prima facie a los jueces de grado (confr. este TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 191, Folio 317/319; Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 427, Folio 714/715, entre numerosos otros), revisable sólo en esta instancia si media arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se presenta en autos.-
IV. Asimismo, examinados los términos del recurso, se advierte que las conclusiones del ad quem no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el fallo. Se advierte que las críticas del quejoso sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente y debidamente fundada, lo que aventa la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido, en la medida en que no se deriva de ello lesión a las reglas del debido proceso.- Por otro lado, este Tribunal tiene dicho que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (confr.
Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 893, Folio 1044/1046; Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1462, Folio 2044/2045, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación.- El pronunciamiento de la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara -agregada en copia a fs. 7/9 vta, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o violación de la ley, circunstancia ésta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia atacada, como ya se indicó, se encuentra sólidamente sustentada tanto en doctrina como en jurisprudencia.
No puede, por tanto, prosperar la vía intentada, cuando los fundamentos dados en la instancia de grado son coherentes, lógicos y han dado una equilibrada interpretación legal con una subsunción correcta de los hechos y el derecho aplicables (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687, corresponde rechazar el recurso de queja articulado a fs. 22/24 por la actora, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 129/135 vta., de los autos principales, y en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en a fs. 142/143 de dichos autos; con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la ley 1687, teniendo presente la reserva del caso federal expresada a fs. 24.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de queja articulado a fs. 22/24., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs.129/135vta. -de los autos principales-, y en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 142/143 de los citados autos, con costas.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005I.141 Tomo: XXV Interlocutorio: 3.035.-
Folio N°: 4.910/4.912.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia