Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa IAP 2077 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación y reenviar las actuaciones a la instancia de grado para que otro juez, hábil al efecto, dosifique la sanción a imponer dentro del " quantum" que habilita aplicar el art. 149 bis, segundo párrafo, del Cód. Penal (arts. 210, 373, 375 y 530, CPP).
CN °: IAP-9077-22.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. IAP-9077-22 seguida a Ariel Damián Mazza , por el delito de AMENAZAS y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
Ariel Damián Mazza fue condenado por la señora Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°2 del departamento judicial Avellaneda- Lanús a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas (arts. 45 y 149 bis, primer párrafo del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por la señora agente fiscal, doctor Silvia Claudia Romero, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez doctor Rojas dijo:
La fiscalía actuante apela el cambio de calificación y la consecuente reducción de pena dispuesta por la magistrada sentenciante.
Luego de reseñar la prueba ventilada y la necesidad de juzgar con perspectiva de género, entiende que a la hora de calificar los hechos se ha efectuado una errónea y arbitraria interpretación de la ley sustantiva, pues a su entender ha quedado corroborado que la finalidad de Mazza, con el empleo de amenazas, fue la de lograr que Abasolo no llame a la policía, es decir, no recurra a la autoridad pidiendo auxilio.
En su escrito expone que el decir "si llamas a la policía, te mando a matar", es lo mismo que decir, "no llames a la policía porque te mando a matar" y/o decir "te mando a matar, si llamás a la policía". Refiere que se trata de una cuestión semántica, que conlleva en sí, la misma finalidad, ósea, que la sra. Abasolo no llame a la policía, y para ello, Mazza le profirió la amenaza de muerte, logrando amedrentarla con dicha acción.
Menciona que las amenazas que la "a quo" tuvo por acreditadas fueron utilizadas con el fin de obligar a la víctima a "no hacer algo", y la ley sanciona esa forma elegida para obtener ese resultado.
Entiende que se encuentra incompleto el abordaje realizado por la juez y que debe mantenerse la calificación primigeniamente asignada, agregando que del desarrollo del juicio no se produjo prueba alguna, ni elemento de valor, que pudiera permitir el cambio de calificación realizado.
Refiere no hallar, según su punto de vista, que el cambio en la subsunción jurídica se encuentre fundado en el pronunciamiento jurisdiccional, limitándose el análisis a la figura base finalmente aplicada, solicitando se revoque la decisión apelada.
El recurso ha sido debidamente interpuesto, satisfaciendo los recaudos de tiempo y forma para declarárselo admisible (arts. 441 y 442 del C.P.P.).
Pues bien, conforme surge del acta de debate, la representante del Ministerio Publico Fiscal solicitó se condene al incuso a la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso en orden al delito de amenazas coactivas, conforme se dejó consignado, en los términos del art. 45 y 149 bis último párrafo del Código Penal.
Al momento de tratar la calificación legal, la juzgadora comenzó diciendo que conforme quedara demostrado al tratar la existencia del hecho que se tuvo por acreditado, el mismo constituía el delito de amenazas según lo previsto en el art. 149 bis, primera parte, del C.P.
Expresó en su voto, que si bien encontraba probado que el nocente había proferido amenazas con claras intenciones de amedrentar a su pareja, logrando reducir su ámbito de autodeterminación, no se desprendía del hecho imputado que se dieran los presupuestos exigidos en su forma agravada.
Expuso que tal como podría leerse de la propia imputación, lo atribuido al encartado fue realizarle a su pareja, el anuncio de un "mal grave, futuro, inminente y dependiente de su voluntad", al manifestarle "si vos llamás a la Policía, te mando a matar.."; dichos que lograron amedrentarla, deduciendo de ello no habérsele achacado el uso de amenazas con la finalidad de que la víctima "no haga o tolere algo en contra de su voluntad", razón por la cual entendió que no podía sostenerse la calificación pretendida por la representante del Ministerio Público Fiscal.
Ahora bien, la exigencia de una descripción del hecho, completa, clara y circunstanciada, obedece a la necesidad de garantizar el derecho de defensa en juicio del imputado, para que este pueda ser ejercido correctamente por quien podría resultar pasible de un reproche penal en su contra, siendo necesario para ello conocer cada uno de los extremos de la imputación, pues como es sabido, "nadie puede defenderse de lo que no conoce".
Sobre la base de ello, he de concluir que tales premisas se aprecian debidamente cumplimentadas y satisfechas en el caso que nos ocupa, pues, corolario de la realización del contradictorio, inmediación mediante, puede advertirse claramente de su sustanciación la pretensión punitiva ensayada por el acuse, en la que propuso y sostuvo la ultrafinalidad que contenía la frase amenazante que se tuvo por probada.
En tal sentido, el rechazo de la figura propuesta se fundó en los alcances de la intimación formal realizada al imputado, cuando ello fue expresado, discutido y ventilado durante el contradictorio, asegurándose a la defensa la posibilidad de poner en evidencia todo lo que considerara necesario para evitar la reacción penal finalmente efectuada .
Cabe aclarar, que más allá de que la recurrente confunde la cita legal al momento de efectuar el juicio de subsunción por el que brega ante esta instancia, el tipo en estudio resulta una figura independiente y no así una calificante como se lo ha denominado, puesto que las amenazas vienen a servir de medio para lograr que la víctima no realice una acción determinada, precisamente en el caso, que proceda a convocar al personal policial al lugar de los hechos.
En ese norte, se ha dicho que "el delito de coacciones no es una amenaza agravada como se podría pensar o deducir del texto legal al haberse legislado la coacción en la segunda parte del artículo 149 bis del C.P., sino que, por el contrario, se trata de un delito independiente (conf. causa de esta Sala nº 52.744 "Branda, Pablo Ciro s/ recurso de casación interpuesto por el particular damnificado"). En efecto, en la amenaza el mal amenazado constituye un fin en sí mismo, mientras que en la coacción las amenazas son el medio por el cual el sujeto activo busca obligar a otra persona a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Por su parte, el delito de coacción no tutela la libertad de deliberación del individuo, sino su libertad de autodeterminación, es decir su libertad para obrar de un modo y no de otro sin imposiciones ilegítimas. Se trata pues, de la misma libertad psíquica, pero no ya en el estadio de la deliberación, sino en el del obrar deliberado" -T.C.P., causa nro. 105.542, del 21/040/2021-
Así, se ha entendido que en "el delito de coacción se ataca directamente la libertad de determinación del sujeto pasivo, en procura de sustituir su voluntad por la del agente" (Céliz Fabián R.E., "Amenazas y coacciones", en "Delitos contra la libertad", ed. Ad. Hoc., marzo 2003, pág. 262/263), extremos reunidos en la presente.
Por su parte, lo expresado, debe conjugarse con la situación de subordinación y desigualdad de poder en que se encontraba Abasolo, lo que coadyuva a despejar toda duda acerca de la trascendencia fáctica de lo que pretendía lograr el autor en el contexto en que actuara como lo hizo, sin que tal circunstancia, vale insistir, quedara por fuera del contenido de la acción ejercida por el acusador desde el inicio del proceso y hasta la discusión final sostenida en el debate oral y público.
En función a los argumentos expuestos, he de proponer al acuerdo, se haga lugar al recurso reenviándose las actuaciones a la instancia de grado para que otro juez, hábil al efecto, dosifique la sanción a imponer dentro del " quatum " que habilita a aplicar el art. 149 bis, segundo párrafo, del C.P.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda, el señor Juez doctor Rojas dijo:
Corresponde, dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, hacer lugar al recurso de apelación, reenviar las actuaciones a la instancia de grado para que otro juez, hábil al efecto, dosifique la sanción a imponer dentro del "quantum" que habilita aplicar el art. 149 bis, segundo párrafo del Cód. Penal (arts. 210, 373, 375 y 530, CPP).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción.
Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora, ...fecha firma digital.-
Por la votación brindada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación y reenviar las actuaciones a la instancia de grado para que otro juez, hábil al efecto, dosifique la sanción a imponer dentro del " quantum" que habilita aplicar el art. 149 bis, segundo párrafo, del Cód. Penal (arts. 210, 373, 375 y 530, CPP).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y al señor defensor particular. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia