Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2001 12564 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnular la sentencia por la cual se condenó a Angel Hipólito Roldan a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de uso civil y amenazas agravadas, en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 149 bis párrafo primero y 189 bis inc. 2do párrafo 3ero., del Cód. Penal), debiendo un nuevo juez, hábil al efecto, conocer en la causa a fin de adoptar la decisión que corresponda conforme a los parámetros trazados en la presente (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, 8.1 Y 8.2 CADH., 14.1 y 14.5 PIDCP; 15, 168 y 171, Constitución provincial; 1, 106, 209, 210, 371 CPP).
CN °: 2001-12564-22.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 2001-12564-22 seguida a Angel Hipólito Roldan , por portación ilegal de arma de uso civil y amenazas agravadas, en concurso real entre sí ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
Angel Hipólito Roldan fue condenado por al señora Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°1 del departamento judicial Avellaneda- Lanús a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de uso civil y amenazas agravadas, en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 149 bis párrafo primero y 189 bis inc. 2do párrafo tercero del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por la señora defensora oficial, doctora Mariana Pagani, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez doctor Rojas dijo:
La defensa de Angel Hipólito Roldan apela la sentencia por la que fuera hallado responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas, en concurso real entre sí, imponiéndosele la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento más las costas del proceso.
En su presentación, denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva por cuanto entiende que, de la lectura del sumario digitalizado, no surge que al proferir las amenazas que se le endilgan a su defendido, éste exhibiera o utilizara un arma blanca o cuchillo, tal como así se lo tuviera por acreditado.
En ese sentido, expone que "si bien se ha secuestrado en poder de mi asistido un cuchillo, no surge de las declaraciones testimoniales existentes, que el mismo haya sido utilizado en el hecho", por lo que solicita en este punto se suprima el agravante "arma" del delito de amenazas.
En segundo término, se agravia de la imposición de la pena de efectivo cumplimiento, cuando -dice- podría haber sido de ejecución condicional, señalando que el "a quo " al fundar su decisión omitió considerar otras circunstancias que a su criterio aconsejaban resolver como así pretende se lo haga, tal como la falta de antecedentes de su asistido y su avanzada edad.
En apoyo a su predica, trae a colación un precedente de la Cámara de Casación Penal de cuyos argumentos extrae que en la sentencia que ataca no hubo análisis alguno de todo aquello que en aquel se establece como puntos a tratar, precisamente en lo que hace a "evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión; y que tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la Constitución Nacional".
Exclama que en virtud de lo previsto por el art. 27 bis del C.P., en el caso de imposición de una condena condicional la supervisión estatal resulta mayor, y por ende posibilita el fin de prevención especial positiva de la pena.
Acompaña su desconformidad con fallos de nuestro máximo tribunal (327:3816, 329:3006) relacionados con el tema que aborda y mediante los cuales, con base en la garantía de defensa en juicio, reclama se modifique el modo de cumplimento de pena seleccionado por el juzgador.
Pues bien, en cuanto al primer motivo de agravio, hemos de señalar que en casos como el que aquí se trata no resulta algo controvertido en materia probatoria que para la aplicación de la agravante "arma", el secuestro del elemento empleado no conmina la adecuación de la conducta a su figura básica, puesto que la lesión del bien jurídico protegido (libertad psíquica) sobre la base de su existencia en el hecho puede venir acreditada por otros indicios o elementos cargosos que, analizados en conjunto, permitan tener por demostrado su empleo o utilización conforme a la exigencia típica calificada.
No obstante ello, se advierte un vicio insalvable en el razonamiento del juzgador al delimitar los sucesos que tuvo por probados, lo que torna arbitraria la decisión al no encontrar apoyo en las constancias de la causa y por ende, en la ley aplicable producto del yerro incurrido en la reconstrucción de los hechos que recrea la decisión final adoptada.
Veamos.
En lo que ha sido materia de agravio, la a quo tuvo por demostrado que "el día 11 de julio de 2022 siendo aproximadamente las 5.00 hs., una persona identificada en autos como Angel Hipólito Roldán arribó a la puerta del domicilio de [..] Noemí Claudia Lucena, y mediante la exhibición de un cuchillo profirió amenazas de muerte contra la nombrada".
Ahora bien, al relevar el testimonio de la denunciante, expresó que Lucena habría dicho que "el día del hecho, a las 04:30 horas, cuando estaba sola en su casa dormitando, (incluso, detalló, que vive sola), escuchó gritos provenientes de la calle. Se levantó, observó por la ventana hacia la calle y divisó a Angel Hipólito Roldan [...] Es así que éste, cuando se percató que la dicente lo vio, desde el interior de la finca, éste empezó a llamarla por su nombre a viva voz, para posteriormente recitarle amenazas de muerte siendo sus dichos "TE VOY A MATAR, TE VOY A MATAR NOEMI" sic, atemorizada la dicente sólo atinó, a convocar al sistema de emergencia 911".
Tomó en cuenta que Roldan hostigaba a la denunciante con la intención de mantener algún tipo de relación amorosa, valorando también que Lucena habría dicho que "cuando arribó el móvil policial, divisó a los efectivos en el momento que interceptaron al sujeto, en la puerta de su casa. Que dialogaron con el encartado. Debido a ese escenario, ella resolvió, salir de su casa. Se entrevistó con los funcionarios, y les manifestó que ella fue quien llamó a la policía, y que el sujeto que habían interceptado hacía unos instantes le recitó amenazas de muerte".
Seguidamente, la sentenciante detalló que cuando llegó al lugar otro móvil policial, fue en ese momento que se le secuestró al imputado, precisamente entre sus prendas, un pistolón Rexio de un sólo cañón, calibre 14, con un cartucho intacto, y un cuchillo del tipo depostador de cabo blanco plástico y de hoja plateada de un largo aproximadamente de veinte centímetros.
Sentado ello es dable apreciar que, no obstante no obrar descripta en la materialidad la frase de la que se habría valido Roldan para procurar amedrentar a la víctima, del relato transcripto tampoco logra apreciarse que al momento del hecho intimado se haya valido -ni mucho menos exhibido- un elemento cortante como así se consignara en la materialidad infraccionara reseñada anteriormente.
En el auto atacado, se advierte también la valoración del acta de procedimiento policial y los testimonios de los agentes del orden que acompañan la versión de los acontecimientos antes señalados, pues arriban al lugar con motivo del llamado al 911 de la denunciante y proceden en su presencia a la requisa y posterior secuestro de los elementos mencionados. De lo actuado, se dejó constancia que al entrevistarse con quien los convocara, Lucena les habría dicho que "ya ingresó a mi casa con una arma blanca y me lesionó", "ahora se presentó nuevamente y me recitó amenazas de muerte, no puede vivir más así".
Roberto Elías Gómez y Mirta Liliana Blanca, vecinos de Lucena, dijeron haber oído los dichos del aquí encartado cuando expresara "te voy a matar, salí Noemí, te voy a matar", no observando el desarrollo posterior del procedimiento.
Por su parte, se advierte también como fundamento de la decisión, la ponderación de la copia de una denuncia realizada por Lucena mediante la cual, hacía saber, que con fecha 28 de marzo de 2022 -recordemos que el hecho intimado hace alusión al suceso como ocurrido el 11 de julio de 2022- el aquí imputado se había hecho presente también en su domicilio, generándose un forcejeo en el que sufrió heridas cortantes en su mano y en el rostro, denunciando también haber visto un arma de fuego que aquel llevaba consigo. Aclaró también, haber sido tocada en sus senos, rompiéndosele el corpiño.
En consecuencia, entiendo que la reconstrucción de los hechos efectuada en el acto sentencial no vendría a encontrar apoyo en aquello que fuera arrimado a la encuesta como resorte imputativo, dejando insatisfecho el recaudo de certeza con que debe estar dotada toda decisión final que ponga fin al pleito, especialmente, en el caso, a nivel de los hechos que en parte se tuvieron por probados, al menos en el orden y del modo que fueran propuestos.
De esa forma, cabe aquí detener el análisis de la cuestión al entender que resolución apelada no satisface la exigencia de fundamentación que demanda los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial, pues a mi modo de ver, se encuentra desprovista de un examen razonado de las circunstancias del caso, lo que obtura a esta instancia evaluar si resulta producto de una evaluación racional del derecho aplicable y las constancias comprobadas en la causa (Fallos 326:3180, 329:513,1541).
Nuestra Corte provincial, ha dejado en claro en numerosas ocasiones lo que ha de encontrar curso bajo la doctrina de arbitrariedad de sentencias, señalando en pos de asegurar un debido proceso, la necesidad de observar lo previsto por el art. 171 de la Constitución Provincial como una exigencia de índole republicana que implica conocer, comprender y criticar la justicia del caso, (S.C.B.A., causa C. 122.255) , lo que aquí no podría tenerse por satisfecho conforme a como se abordara el tratamiento de la existencia del hecho y la participación en el mismo por parte del acusado.
Asimismo, ha señalado que "es sabido que como regla general esta Corte ha explicado que el hecho de que la sentencia de condena derive de un juicio abreviado no autoriza a aligerar el recaudo de debida fundamentación de los presupuestos de la imputación, entre ellos también los relacionados con la medición de la pena. Pues, justamente las implicancias de la prescindencia del debate reglado por el procedimiento ordinario, demandan mayor severidad en el control del juzgador a fin de establecer que lo consensuado por las partes se adecua a las evidencias obrantes en la causa; todo lo cual avienta la posibilidad de que dicha sentencia se constituya en un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal" (causa P. 132.180, "Gopar, Lucas Javier. Queja <"en causa n° 82.852 del Tribunal de Casación Penal, Sala V).
Lo hasta aquí expuesto, impide reputar a la sentencia como acto jurisdiccional valido (Fallos 303:2036, entre otros) e impone la necesidad de anular la decisión para que un nuevo juez, hábil al efecto, conozca en la causa adoptando la decisión que corresponda conforme a los parámetros trazados en la presente. (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, 8.1 y 8.2. CADH; 14.1. y 14.5 PIDCP; 15, 168 y 171, Const. prov.; 1, 106, 209, 210, 371 C.P.P.), lo que así propongo se resuelva.
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió la voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda, el señor Juez doctor Rojas dijo:
Corresponde, dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, anular la decisión para que un nuevo juez, hábil al efecto, conozca en la causa adoptando la decisión que corresponda conforme a los parámetros trazados en la presente (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, 8.1 Y 8.2 CADH., 14.1 y 14.5 PIDCP; 15, 168 y 171, Constitución provincial; 1, 106, 209, 210, 371 CPP).
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora, ... fecha firma digital.-
Por la votación dada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: ANULAR la sentencia por la cual se condenó a Angel Hipólito Roldan a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de uso civil y amenazas agravadas, en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 149 bis párrafo primero y 189 bis inc. 2do párrafo 3ero., del Cód. Penal), debiendo un nuevo juez, hábil al efecto, conocer en la causa a fin de adoptar la decisión que corresponda conforme a los parámetros trazados en la presente (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, 8.1 Y 8.2 CADH., 14.1 y 14.5 PIDCP; 15, 168 y 171, Constitución provincial; 1, 106, 209, 210, 371 CPP).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y a la señora defensora oficial. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío
Fin de la sentencia