Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el pronunciamiento dictado por la Sra. Jueza en lo Correccional Jorgelina Camadro, debiéndose en origen declarar cumplida la pena impuesta en autos y cesar las sujeciones ordenadas respecto del penado Santiago Leonardo Pacheco. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la Sra. Defensora Oficial Fabiana Danti. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 26, 27 bis y cctes. CPP; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 34500. "PACHECO SANTIAGO LEONARDO S/ AMENAZAS AGRAVADAS Y ROBO EN GRADO DE TENTATIVA".
Mar del Plata, 25 de agosto de 2021.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 34500, y de cuyas constancias,
1. Que la Sra. Jueza en lo Correccional Jorgelina Camadro, no haciendo lugar a la petición defensista de cese de contralor estatal de la pena impuesta al encausado Santiago Leonardo Pacheco, ordenó el comparendo compulsivo del referido.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial Fabiana A. Danti.
Releva la recurrente que el día 12 de marzo de 2019 se condenó al causante a la pena de 1 año y 2 meses de prisión de ejecución condicional, imponiéndosele por el plazo de 2 años las siguientes reglas de conducta: 1) fijar residencia y someterse al control institucional del Patronato de Liberados, 2) asistir a un grupo de reflexión para hombres violentos que dicta el Municipio de General Pueyrredón, 3) canalizar por intermedio de la justicia de Familia los conflictos relativos a las relaciones parentales, y 4) la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima de autos. Ese término venció el día 16 de abril de 2021.
Señala que el día 20 de abril del corriente - una vez vencido el plazo - el señor Juez titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 Dptal. libró oficio a la víctima de autos a los efectos que manifieste si el condenado había dado cumplimiento a la restricción impuesta respecto de su persona. Ante la manifestación de la víctima dando cuenta que ello no se había cumplido ( pese a no haber denuncia penal nueva en trámite), corrió vista a esta Defensa a los fines que acredite el cumplimiento de la totalidad de las reglas de conducta impuestas al encausado.
Luego, el 29 de abril la parte que representa solicito se disponga el cese del control estatal por encontrarse fenecido el plazo probatorio. La Fiscalía, el día 9 de junio, peticionó que se decrete la rebeldía del imputado y su comparendo compulsivo. Es en este contexto que la a quo se pronuncia del modo que motiva el recurso que interpone.
Marca la Sra. Defensora que el auto de la instancia resulta manifiestamente extemporáneo, por cuanto fue adoptado luego de que operó el vencimiento del plazo suspensivo dispuesto oportunamente, momento en el cual las reglas de conducta impuestas dejaron de ser exigibles.
No desconoce que existieron algunas irregularidades en el apego por parte del causante a las condiciones impuestas, pero hace hincapié en que tampoco es posible obviar que la persecución penal encuentra necesariamente un límite, que está dado por fecha de vencimiento del plazo dispuesto para la observancia de esas reglas; período en el cual las distintas agencias estatales deben desplegar medidas tendientes a conocer, certificar, intimar, realizar citaciones y cualesquiera otras diligencias que resulten necesarias para llevar adelante el control y seguimiento sobre el cumplimiento de las reglas de conducta. Acompaña criterios jurisprudenciales sobre el punto.
Expresa que durante el periodo de 2 años, en el que se extendió la obligación del causante para ajustar su comportamiento a las pautas de conducta fijadas, no existen actividades y/o medida alguna que importe una clara acción tendiente a supervisar las reglas de conducta. Releva que la única comunicación desde el Patronato de Liberados fue realizada data del 19/2/20 (adjunta informe obtenido de la bandeja judicial del Patronato de Liberados), mientras que desde el Juzgado de Ejecución Penal interviniente sólo se instó la intervención de la defensa para acreditar el cumplimiento de las pautas en una ocasión (el día 20/4/21), fenecido el plazo probatorio. Concluye que en el contexto expuesto el incumplimiento de obligaciones parece ser más producto de la inactividad del magistrado ejecutivo que de la maliciosa voluntad de encausado. Entiende que se verifica en autos una vulneración a la garantía de juzgamiento en plazo razonable, dado que se evidencia una demora de dos años, esto es todo el plazo suspensivo, para dar inicio al control de las reglas de conducta. Acompaña criterios jurisprudenciales sobre el tópico.
Critica el argumento de la a quo relacionado con la interpretación del plazo para la comprobación o no del cumplimiento de las reglas de conducta previsto en el artículo 27 del CP. Rebatiendo ese fundamento, señala que el artículo de cita regula específicamente el tiempo que debe transcurrir, desde la fecha de la sentencia firme, para tener por no pronunciada la condenación; pero no el periodo en que puede extenderse la persecución estatal. Luego es el art. 27 bis el que establece la potestad del tribunal actuante para fijar un periodo, entre 2 y 4 años, en el que el causante debe cumplir ciertas pautas; así establecido el plazo en cuestión y dentro de su vigencia, de verificarse alguna irregularidad en el comportamiento del condenado, se podrá no computar como tiempo de cumplimiento todo o parte del lapso transcurrido hasta ese momento.
Concluye que esa atribución de delimitar un tramo de prueba, ciñe la actividad judicial de comprobación de la observancia de las reglas a ese lapso temporal, transcurrido el cual todo intento de comprobación en ese sentido deviene extemporáneo.
Con todo requiere que este Tribunal disponga el cese del control estatal respecto Santiago Leonardo Pacheco.
1. Que el día 12 de marzo del año 2019 Santiago Leonardo Pacheco fue condenado a la pena de 1 año y 2 meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, ello en razón de haber sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas (hecho 1, CP, 149 bis párrafo primero in fine) y robo en grado de tentativa (hecho 2, CP, 42, y 164), cometidos en esta ciudad el día 22 de noviembre de 2017, en perjuicio de Bárbara Estefanía Alejandro.
Se fijaron en ese auto de condena, como reglas de conducta a cumplir en un período de dos años, las de: 1) Fijar residencia y someterse al control institucional de la Delegación del Patronato de Liberados correspondiente a su domicilio, donde deberá concurrir en forma bimestral, dando inicio a sus comparendos dentro de los primeros diez días de quedar firme la presente sentencia, 2) Asistir a un grupo de reflexión para hombres violentos que dicta el Municipio de General Pueyrredón, 3) Canalizar por intermedio de la justicia de Familia los conflictos relativos a las relaciones parentales, y 4) Prohibición de acercamiento y contacto con la víctima de autos (CP, 26, 27 bis primer párrafo).
Por último, se estableció en el oportuno cómputo realizado, que la condenación se tendrá como no pronunciada el día 12 de marzo de 2023, venciendo los dos años de sometimiento a reglas de conducta el 16 de abril de 2021.
2. Que consta en autos que, el día 7 de mayo del corriente año, el Juez del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 Deptal, devolvió la causa al órgano de juicio "Atento lo informado por la Jefatura Departamental en la declaración testimonial recibida de la víctima de autos Sra. Bárbara Estefania Alejandro, en cuanto que el encausado no ha cumplido con la regla impuesta de restricción de acercamiento, manifestando que 'se ha hecho presente en su domicilio a insultarla en varias oportunidades. Que inclusive la ha increpado al encontrarla en los partidos de fútbol que disputa su hijo...', y la solicitud del día de la fecha del Sr Agente Fiscal 'que se revoque la pena en suspenso y se ordene la detención del encartado Pacheco a la Unidad Penal', y no siendo facultad de este Juzgado resolver el planteo de las partes en cuanto a la revocación o mantenimiento de la condicionalidad de la pena "
En trámite así el expediente ante el Juzgado en lo Correccional, se fijó una audiencia para que Santiago Leonardo Pacheco comparezca el día 26 de mayo del año en curso. Acto que no pudo llevarse a cabo toda vez que personal policial informó que el causante no reside en el domicilio aportado en autos de calle Mac Gaul n° 3064 de esta ciudad.
Ante las vistas dadas, el Sr. Fiscal solicitó que se decrete la rebeldía del penado y atento la modalidad de ejecución de la pena se ordene su comparendo compulsivo. La Defensa señaló que, pese a las diligencias realizadas, no logró obtener canales directos de comunicación con su asistido, como así tampoco un domicilio diferente al oportunamente fijado; pero, más allá de lo expuesto, requirió el cese del control estatal dado el paso del tiempo para la observancia de las reglas y la inacción en ese sentido de los organismos encargados de la supervisión de las mismas.
Es en el marco descripto, que la sentenciante de grado resuelve del modo que aquí provoca agravio a la Defensa.
3. Que una condena de ejecución condicional obliga al órgano estatal competente el contralor de las reglas impuestas.
Nótese que en el caso, incluso, se practica un cómputo de la pena que, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución de la condena, se integra con la sanción impuesta y las reglas de conducta aplicadas. Ese plazo, en el supuesto bajo análisis dispuesto en dos años y cuyo vencimiento habría operado el día 16 de abril del corriente año, en principio genera en el encausado el derecho a tener por cumplida la pena.
Como contrapartida, el estado posee la obligación en ese período de efectuar los contralores pertinentes - tal como si el encausado estuviera cumpliendo una pena privativa de libertad en modo efectivo- a fin de determinar la adecuada sujeción a la modalidad particular de observancia de la sanción.
Se debe hacer hincapié que, cuando se impone una pena privativa de libertad a un encausado bajo la forma de condenación condicional, debe el órgano estatal competente efectuar labores a fin de obtener la información adecuada que denote la observancia a la misma. Y el plazo que posee para hacerlo es dentro del período estipulado para la observancia de las pautas que fueron impuestas; con las eventuales prórrogas que durante el primigenio lapso pudieren disponerse en función de la actividad de contralor que establece el artículo 27 bis. Pero, la facultad jurisdiccional prevista en el último párrafo del artículo de cita debe realizarse durante el tiempo que se estipuló para el cumplimiento de las reglas impuestas.
4. Que, tal lo relevado en el presente, el término de los dos años de sometimiento a reglas de conducta impuestas a Pacheco operó el día 16 de abril de 2021.
Consecuentemente, al 7 de mayo próximo pasado, cuando el Juez de Ejecución ordenó que los obrados pasen al Juzgado en lo Correccional en función de advertir incumplimientos del penado, la posibilidad de control estatal de la adecuada observancia de la condena impuesta, en el supuesto dado, ya había fenecido.
En este punto, se impone aclarar que el término previsto en la primera parte del artículo 27 del CP indica las consecuencias que puede obtener el condenado, en caso de realizar o no otro comportamiento delictivo, en el período que allí se marca. Así, se norman actos distintos y futuros a los que conllevaron a la condena - de ejecución condicional- a la que fue sancionado en el caso.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar el pronunciamiento dictado por la Sra. Jueza en lo Correccional Jorgelina Camadro, debiéndose en origen declarar cumplida la pena impuesta en autos y cesar las sujeciones ordenadas respecto del penado Santiago Leonardo Pacheco. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la Sra. Defensora Oficial Fabiana Danti. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 26, 27 bis y cctes. CPP; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese a Fiscalía y Defensa. Devuélvase a origen para notificar al encausado.
Fin de la sentencia