Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0700 4814 23
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la sentencia por la cual se condenara a David Hernan Maidana a la pena de siete (7) meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su declaración de REINCIDENTE, con más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer con quien mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género (arts. 1, 5, 26, 29 inc. 3°, 45, 50, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11° del CP y arts. 106, 210, 371, 373, 375 inc. 2°, 398, 399, 523, 530, 531 y 533 del CPP).
CN °: 0700-4814-23.-
Lomas de Zamora, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 0700-4814-23 seguida a MAIDANA DAVID HERNAN , por AMENAZAS ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Little- Rojas.
Hernan David Maidana fue condenado por el señor juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°8 departamental a la pena de siete (7) meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su declaración de reincidente, con más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer con quien mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género (arts. 1, 5, 26, 29 inc. 3°, 45, 50, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11° del CP y arts. 106, 210, 371, 373, 375 inc. 2°, 398, 399, 523, 530, 531 y 533 del CPP).
Apelado dicho fallo por la defensa oficial, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez doctor Little dijo:
Hernan David Maidana fue condenado por el señor juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°8 departamental a la pena de siete (7) meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su declaración de reincidente, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer con quien mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género (arts. 1, 5, 26, 29 inc. 3°, 45, 50, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11° del CP y arts. 106, 210, 371, 373, 375 inc. 2°, 398, 399, 523, 530, 531 y 533 del CPP).
Karina Costas, a cargo de la Unidad de Defensa Penal nº 15 departamental, en la causa nº PP-07-00-004814-23/00 seguida a David Hernan Maidana en orden al delito de lesiones agravadas artículo 89 (92) interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva que condenó a su asistido.
El recurso fue interpuesto en el tiempo y las formas previstos por los arts. 421, 439 y 442 CPP y la AC 4040/21, razón por la que habrá de ser declarado admisible.
Denuncia como agravios, la inobservancia del principio "in dubio pro reo", la violación de la garantía que prohibe la autoincriminación del inculpado y de las pautas de valoración de la prueba, establecidas por los 1ro, 106, 210, 308, a contrario sensu, 371 y 373 del Código de Procedimientos Penal y se ha aplicado erróneamente el art. 45, 89 y 92 del Código Penal, los arts. 1, 5, 28, 33, 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los arts. 10, 11, 15, 25 y 56 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el art. 14. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 8. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al tener por acreditada la materialidad infraccionaria y la autoría del imputado.
Considera que los elementos de prueba reunidos durante la investigación penal preparatoria y el debate oral y público carecen de la fuerza convictiva suficiente para fundar una sentencia de condena.
Entiende que se ha realizado una valoración absurda y arbitraria de los elementos colectados a partir de los cuales se afirma la materialidad infraccionaria.
Estima que se ha ponderado prueba obtenida de manera ilegítima, a través de los dichos de un funcionario policial que introdujo manifestaciones supuestamente espontáneas y autoinculpatorias del imputado, con afectación de lo normado por el art. 18 de la C.N. y el art. 308 del C.P.P.
Sostiene que es arbitrario afirmar que su asistido fue quien lesionó a la víctima. Que el Sr. Juez llega a dicha conclusión, valorando prueba introducida ilegalmente y meritando de manera arbitraria los elementos de prueba incorporados al proceso.
Agrega que la sentencia impugnada no ha considerado extremos conducentes para la resolución del caso y ha valorado arbitrariamente circunstancias de hecho y prueba.
Recuerda el alcance revisor de la Cámara respecto del recurso interpuesto, recreando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la opinión de Guasp, junto a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in re: "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", del 2 de Julio del año 2004.-
A la vez, repasa lo considerado por la CSJN en Martínez Areco Ernesto (328:3741), Benítez Sergio (329:318), Gómez Claudio (329:1514), Merlo (328:4568) y Salto Rufino (329:530), entre otros.-
También, lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la doctrina de la arbitrariedad (CSJN 1998/11/12 - Ibarra Aníbal, La Ley 1999-B, 399; C.S. 1997/07/15 - V.R.R, La Ley 1998-F; 839 (40.955-S).
Luego sostiene que el juez valoró como prueba de cargo, supuestas manifestaciones espontáneas autoinculpatorias del imputado, en clara violación de lo normado por el art. 18 de la Constitución Nacional. Específicamente los dichos del oficial Sanchez, personal policial que concurrió al lugar, con motivo del llamado al servicio de emergencias 911 que se entrevistó con la víctima e imputado y afirmó durante el juicio oral que el imputado habría reconocido que golpeó a su mujer.
Que fuera de tal afirmación del funcionario policial ningún elemento probatorio corroboraría el extremo, cuestionando la validez y efecto que puede asignarse a los dichos vertidos por un sujeto que a la postre reviste calidad de imputado ante la autoridad policial y los actos que se hicieron en su consecuencia, considerando que tales manifestaciones carecen de toda eficacia probatoria.
Apunta que el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se ha pronunciado en el precedente “Merlo” (c. 8341, sent. 29–V-2003) en punto a la imposibilidad de utilizar probatoriamente las manifestaciones autoinculpatorias realizadas por el imputado fuera del régimen legal previsto en los arts. 308 y ss. del rito.
Sostiene que el art. 308 del C.P.P. constituye el límite infranqueable que impone la ley en torno a la cuestión, al disponer en su tercer párrafo que ningún interrogatorio del imputado puede tomarse en consideración cuando su abogado defensor no haya podido asesorarle previamente, precepto que impediría sopesar lo propio. Que una declaración autoinculpatoria del imputado prestada ante la autoridad en la etapa investigativa y sin la posibilidad de previo asesoramiento técnico pueda otorgársele valor probatorio y sirva para fundar una sentencia condenatoria (ver precedente “Gonzalez” causa 6964 del 21/VIII/03, del Tribunal de Casación).
Cita otro fallo del Tribunal de Casación Penal de la Prov. de Buenos Aires, en la causa nº17828 "C. R. T. y J. L. F.", Rta. el 5/7/07, donde se entendió que resultaba ajustada a derecho la exclusión probatoria decidida por el juzgador, lo que extiende respecto de los relatos de Víctor Eduardo Giménez, Ernesto Domingo Spósito y Alfredo Mario Raúl Molina, quienes escucharon en sede policial los dichos autoinculpatorios, que no podrían ser tomados en consideración.
Apunta que en ese fallo el Tribunal indicó que no se trata de consagrar una inhabilidad testimonial para determinadas personas -los funcionarios policiales-, sino de la imposibilidad de incorporar por esta vía aquello que la ley no permite valorar para formar convicción respecto de los extremos de la imputación.
Considera que resulta nula la sentencia, pues se ha valorado la declaración testimonial del Oficial Sanchez, quien hizo alusión a supuestos dichos autoinculpatorios del Sr. Maidana, como prueba de cargo, en clara violación de lo normado por el art. 308 del C.P.P., y lo previsto por los arts. 1, 5, 28, 33, 18, 19 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 10, 11 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En segundo lugar, considera que se ha valorado con arbitrariedad y absurdo la prueba, en cuanto se afirma como acreditado que la lesión que presenta la víctima fue producida por la conducta de su asistido mediante el empleo de una de sus muletas.
Que su asistido prestó declaración durante el debate, explicando que su mujer comenzó a pegarle trompadas por todo el cuerpo, por la cabeza, a pesar de su condición de discapacitado. Que le provocó cortes en el cuello y en el abdomen, habiendo arribado la policía posteriormente.
También que durante el juicio oral y público prestaron declaración testimonial varias personas que corroboraron los dichos de su pupilo, sin que ninguno observara a su asistido golpear con la muleta a la víctima, lo que ni siquiera pudo afirmar el hermano de la Sra. C. a pesar de encontrarse en otra habitación.
Agrega que todos los testigos indicaron que C. es una persona sumamente conflictiva, violenta y con hechos anteriores de autoagresión, debiendo agregar que según el informe médico realizado el 20 de Enero del año 2023, por el Dr. Marcos Frias, fue asistida y examinada a raíz de haber sufrido lesión cortante y contusa en región retro articular derecha, suturada, con menos de 24 horas de evolución aproximadamente.
También refiere que de la constancia del libro de guardia, se desprende que S. C., de 37 años, ingresó a la guardia en ambulancia del SAME, con 2 heridas contuso cortantes en región retroarticular izquierda provocadas por terceros, sin pérdida del conocimiento, suturándola con nylon S.o. y cura plana oclusiva (Firmado Eugenia Ferrero).
Sobre tales informes apunta que ninguno de los dos facultativos, indicó ni afirmó cuál pudo ser el mecanismo de producción de la lesión y que si bien el Sr. Juez, afirmó que las lesiones resultaban compatibles con el golpe con una muleta, tal afirmación carece de todo sustento objetivo.
Que la herida de la Sra. C. se produjo al ser golpeada con la muleta, porque la parte inferior presentaba una goma que se encontraba gastada, por lo que se veía el pie de metal, lo que refuta en mérito a la imposibilidad que tal deficiencia le permitiera deambular.
Cuestiona que el Juez haya inferido que la parte inferior de la muleta al golpear contra la región retroarticular izquierda de la Sra. C. produjera dos heridas contuso cortantes, lo que no fue afirmado por ningún médico forense.
Cuestiona y describe como imposible que una agresión con una muleta provoque dos heridas contuso cortantes en una zona tal inaccesible como la región retroarticular izquierda de la Sra. C.
También controvierte la conclusión del a quo relativa al empleo de la muleta, a pesar de la artrosis que el nocente presenta en sus manos, llegando a dicha conclusión a partir de observarlo caminar con aquella.
Discrepa con tal afirmación, dado que para el empleo de las muletas Maidana si bien utiliza sus manos, las apoya y emplea todo su brazo, para sujetarse y poder deambular, con bastante dificultad.
A partir de lo expuesto, considera que el Sr. Juez ha realizado una valoración arbitraria de la prueba de cargo, a partir de la cual afirma que se encuentra acreditada la materialidad infraccionaria y la autoría penalmente responsable de mi asistido en el hecho.
Hasta aquí los agravios.
Inicialmente cabe señalar respecto al cuestionamiento sobre los dichos de los policías que dieron cuenta de las manifestaciones autinculpatorios del nocente, que resultaría absurdo invalidar lo manifestado por quienes reproducen lo oído voluntariamente por una persona que por la razón que fuese se reconoce autor de un ilícito.
Más allá de lo expuesto, la agresión de parte del sr. Maidana hacia su compañera no sólo surge de lo expuesto por el policía Sanchez, sino que fue la propia C. la que durante el debate, y tal como quedó constancia en la transcripción de sus dichos entrecomillados por el a quo , que ante la consulta efectuada por la Dra. Karina Costas, la Sra. C. afirmó que Maidana estaba a la izquierda. Una vez ocurrido, salió de la habitación y ya en el comedor su hermano se levantó del sillón y preguntó que pasó, si hubo una discusión previa o si hubo un por que, pero no había motivo, y le contó que "... cuando él me da acá, la muleta se cayó al piso..." , la muleta tenía las gomitas de abajo gastadas y por eso lastimó.
De allí, que incluso prescindiendo de cuanto el policía Sanchez expuso acerca de la manifestación autoincriminatoria de Maidana, lo cierto es que la prueba de cargo, el a quo también la conformó con elementos aptos para ser valorados, que permiten arribar a idéntica conclusión que aquella a la que llegó el sentenciante.
Así, los informes médico de fs. 10 y de fs. 43, de los que surgen las lesiones padecidas por la víctima Sandra Roxana Cajal, quien al ser atendida en la guardia del Hospital presentó dos heridas contuso cortantes en región auricular izquierda calificadas desde el punto de vista médico legal como de carácter leve.
Se agrega el contenido del informe del sistema CATE 911 obrante a fs. 32/34 donde la llamante pone en conocimiento que la pareja la golpeó, acorde a lo expuesto por Sandra Roxana Cajal, quien expuso durante el juicio que pidió a su vecina Dora diera requiriera telefónicamente la intervención policial.
Surge además, el contenido del informe remitido por el Centro de Atención a la Víctima, ratificado por la Licenciada María Florencia Margonari quien dio cuenta de los distintos episodios de violencia sufridos por Roxana Cajal.
Los testigos de cargo, expuso el a quo brindaron una narración precisa y circunstanciada, creíble y verosímil, explicando que le permitieron concluir sin atisbo de duda que la secuencia propuesta se correspondía con la realidad de lo sucedido y sin que la parte aportara mas que su parecer subjetivo en pos de poner en crisis la contundencia de la prueba de cargo valorada por el a quo.
El a quo agregó que no existe incompatibilidad entre las lesiones y su causa, permitiendo la mecánica del hecho narrada por la víctima desde las reglas de las reglas de la experiencia, el recto entendimiento humano y el sentido común, concluir que el nocente causó las lesiones con sus muletas.
Agregó que la víctima explicó que al momento en que fue golpeada, ubica a Maidana a su izquierda, - región donde la víctima presenta las lesiones - oportunidad en la que éste estaba con las muletas sentado en la cama, y fue cuando mientras se agachaba para apoyar el vaso de agua en la cómoda que sintió el impacto del golpe.
A la vez, las circunstancias que demostraban la mecánica de los hechos a partir del croquis.
Finalmente expuso el a quo luego de citar profusas referencias acerca de la temática de violencia doméstica y de género, que dentro de dicho marco, no veía razones para apartarse de los dichos vertidos bajo juramento por Sandra Roxana Cajal.
También el a quo expuso que la hipótesis de la defensa acerca de los dichos exculpatorios del imputado carecían de asidero, más aún cuando su condición de víctima de violencia no se sustentaba en denuncia alguna, quedando huérfana su versión y resultando mortalmente herida al cotejo de los dichos de la víctima y las testimoniales valoradas, junto con el resto de las probanzas colectadas e incorporadas por su lectura.
Ponderó lo dicho por Maidana en tanto intentó mostrarse perjudicado ante el accionar irracional y violento de una mujer que lo maltrató durante mucho tiempo que duró la relación, descartando la versión que expuso en claras muestras de resultar autor de violencia de género, valiéndose del llamado al servicio de emergencia y en orden a la convicción del relato de la víctima sobre circunstancias vividas, respecto de las que incluso ponderó lo expuesto por los testigos, junto al aval que entregan las lesiones constatadas por los médicos que confeccionaron los certificados.
Por último valoró lo expuesto juramentadamente por Nélida Yolanda Gomez, Laura Romina Salinas, quien si bien dio precisiones sobre un particular modo de vida de la víctima, poco aportó sobre el episodio objeto de análisis.
Tampoco lo hizo, Priscila Ayelén Maidana, hija del procesado Maidana, quien no obstante señalar que vivía atrás de la casa de su padre, al momento de los hechos manifestó encontrase a unas cuadras del lugar.
Por último, lo expuesto por Leandro Nahuel Rodriguez, tampoco aportó nada sobre el evento en mérito a que el día del hecho no estaba en el lugar, siendo anoticiado al regresar de sus tareas.
Concluyó señalando que la prueba de cargo que conforman las declaraciones testimoniales de quienes resultan contestes, no entrañaban razón para dudar de la credibilidad de lo expuesto por los testigos, sin que existan elementos que pusieran en duda la sinceridad de sus dichos.
Como vemos, aun prescindiendo de lo expuesto por los preventores, tanto el testimonio de la víctima junto al resto de los analizados permitirán confirmar el decisorio en la medda de los agravios.
Rigen los artículos 106, 210,21,439 y 442 del Código Procesal Penal.
El señor Juez doctor Rojas , adhirió al voto precedente y votó el igual sentido por los mismo fundamentos por ser ello su sincera convicción.
Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora,
Por la votación dada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE:
I. CONFIRMAR la sentencia por la cual se condenara a David Hernan Maidana a la pena de siete (7) meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su declaración de REINCIDENTE, con más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer con quien mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género (arts. 1, 5, 26, 29 inc. 3°, 45, 50, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11° del CP y arts. 106, 210, 371, 373, 375 inc. 2°, 398, 399, 523, 530, 531 y 533 del CPP).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y a la señora defensora oficial. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2023 11:59:13 - LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 09:56:37 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 10:36:37 - MONTANO Nicolas Ariel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 17/08/2023 10:36:51 hs. bajo el número RS-53-2023 por MONTANO NICOLAS ARIEL.
Fin de la sentencia