Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 0700 57923 23
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaACOGER FAVORABLEMENTE el recurso de apelación interpuesto, revocar el auto dictado el día 19/9/2023 en lo que dispuso la prisión preventiva de Gastón Osvaldo Sal , y por ende, conceder la excarcelación del nombrado, bajo caución juratoria y con las obligaciones especiales señaladas en el considerando que antecede, disponiéndose su inmediata libertad, la que deberá hacerse efectiva a través del Juzgado de intervención, previo labrarse el acta establecida en el art. 179 del C.P.P. en la que fije domicilio, por el momento, en la calle El Chiripá 836 de Burzaco, partido de Almirante Brown , conforme lo aportado por la Defensa mediante su presentación del 19/9/2023, y en tanto no exista impedimento legal alguno para ello (arts. 45, 55, 149 bis y 239 del CP; 146 inc. 3° y 157 inc. 4°, ambos en sentido contrario, 169 inc. 1°, 171 en sentido contrario 177, 180 y 181 del C.P.P.).
MC C.N º 0700-57923-23; "SAL GASTON OSVALDO S/ AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA" .
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Particular, en el marco de esta causa nro. 07-00-57923-23 contra el auto de fecha 19/9/2023 mediante el cual se dispuso la prisión preventiva de Gastón Osvaldo Sal en orden a delito de amenazas en concurso real con desobediencia, en trámite por ante el Juzgado de Garantías N° 6 Departamental, y;
Que el auto mencionado viene apelado por la Sra. Defensora Particular interviniente, quien expuso en su presentación electrónica los motivos de agravio y sus fundamentos.
Peticionó la recurrente, se revoque la medida de coerción dictada por la instancia de grado, destacando -en lo puntual- los principios de inocencia y libertad durante el proceso. También alegó que los delitos imputados permiten la excarcelación de su ahijado procesal. Asimismo adunó, en resumidas cuentas, que no se encuentra acreditada la existencia de los hechos atribuídos ni la participación de su defendido más que con la versión efectuada por la denunciante.
Como primero, en el orden probatorio, de las constancias obrantes en autos, la materialidad ilícita así como la participación del causante se encuentran demostrados con el grado de probabilidad que requiere la medida, pues los testimonios de la víctima en sede policial y judicial (cuyo contenido fue detallado por la instancia de origen), se ven complementados con la llamada recibida por la damnificada mientras declaraba en la fiscalía, ello desde el teléfono utilizado por el causante al día siguiente de ser notificado sobre la medida cautelar que le prohibía contacto por cualquier vía con la aludida.
En virtud de lo expuesto y sin perjuicio de la falta de profundización de la encuesta en torno a posibles móviles del conflicto, existencia de mensajes o testigos tanto del hecho de amenazas en concreto, como de allegados o vecinos que puedan dar cuenta sobre alguna de las situaciones de violencia que habría sufrido la denunciante por el lapso de diez años de convivencia con el causante, consideramos que la versión brindada sin controversias y acompañada por el llamado antes referido en el contexto ya descripto, resulta suficiente a esta altura.
Al respecto, el estado argentino asumió el compromiso internacional de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (arts. 4, inc. "g", 7 incs. "b" y "f" y 9, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - "Convención de Belem do Pará" -, aprobada por la ley 24.632; conf. CSJN "Sanz, Alfredo Rafael y otro s/Estafa s/juicio s/casación" , sent. de 27-II-2020, por remisión al dictamen del señor Procurador).
Dichas obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina surgen a partir de la ratificación y jerarquización constitucional de ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22) – como la antes citada -, las cuales establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y la administración de justicia. Dentro de dicha normativa se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979). Esta Convención tiene el objetivo, ni más ni menos, de incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos, en palabras propias de su texto. Esta incorporación implica no solo la reafirmación de la igualdad de género frente a los derechos y, en consecuencia, el respeto de la dignidad humana, sino también la incorporación de medidas o planes de acción que los Estados deben llevar a cabo con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico. De estos fines normativos, de garantizar las obligaciones estatalmente asumidas, es de donde surge el concepto de “perspectiva de género”.
Lo propio surge de la invocada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994), aprobada por Ley 24.632, de cuyo texto se infiere la necesidad de aplicar una perspectiva de género, a raíz del reconocimiento de que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado la violencia contra la mujer en todas sus formas (en ese sentido Sala VI Del Tribunal de casación Penal de la Provincia en Causa nº 58.758 “Rodriguez, Jorge Daniel s/ Recurso de Casación” del 29 de agosto de 2014). Así queda también expresamente establecida esta perspectiva en la legislación nacional a través de su incorporación expresa en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.
La perspectiva de género implica, entonces, “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la supervisión y la aplicación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros” (ONU Mujeres, 2016). Continúa afirmando la ONU que “la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias” (Ob. cit.). El análisis exhaustivo de la situación de desigualdad global de los géneros, ha concluido que la concepción androcéntrica de la humanidad dejó fuera a la mitad del género humano, es decir, a las mujeres. Y a pesar de existir en un mundo genéricamente desigual, las mujeres han sido realmente relevantes en cada uno de los aspectos propios de las distintas sociedades que se fueran desarrollando a lo largo de la historia. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres.
Esta perspectiva reconoce, asimismo, la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, esta perspectiva plantea a su vez que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa y democrática requiere que mujeres y hombres (refiriéndonos puramente al sistema binario al solo efecto de clarificar conceptualmente para el presente caso) seamos diferentes de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica (Larrauri, E., “Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: género y derecho penal.” Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 13, 2009, págs. 37-55).
El derecho y la administración de justicia no pueden ser ajenos a ello. Y en consecuencia, la perspectiva de género debe ser entendida como comprensiva también del derecho en general y del derecho penal en particular. (Conforme causas N° 69.965 y 69.966, caratuladas “Lopez, Susana Beatriz s/ Recurso de casación interpuesto por Particular Damnificado” y “Lopez, Susana Beatriz s/ Recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal” Sala VI del Tribunal de Casación Penal entre otras).
Lo expuesto obviamente debe ser considerado a la hora de analizar los elementos de prueba colectados.
En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha establecido en la causa P 132.936 RC que: “En la materia, esta Suprema Corte tiene dicho que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la <<Convención de Belem do Pará>>, el juzgador debe analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, al ilícito en juzgamiento (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 128.468, sent. de 12-IV-2017; P. 130.580, resol. de 11-VII-2018; P. 125.687, sent. de 23-X-2019, e.o.)”.
“El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causa P. 125.687, cit.), sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria -arts. 16.1 y 31 de la ley 26.485- no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que "...está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada" (Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres -femicidios- de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2.).
"Más recientemente se reafirmó que, de conformidad con las pautas de la sana crítica (art. 210, CPP) y del principio de libertad probatoria, por regla todo se puede probar y por cualquier medio (arts. 109 y concs., CPP; 16 inc. "i" y 31, ley 26.485) -conforme causa P. 133.869, sentencia de 5-VII-2020” .
Ahora bien, se imputa también al encartado haber desobedecido el 22 de agosto de 2023 la orden de no mantener contacto con la denunciante, medida que dictara la Jueza de Grado el día anterior en el marco de esta misma causa, y de la que se notificara el causante el mismo 21/8/2023, conforme actuaciones policiales agregadas.
A mayor abundamiento la "A quo" le había impuesto la prohibición de acercamiento a una distancia menor de 200 (doscientos) metros del domicilio en que por entonces residía la víctima, y de mantener cualquier tipo de contacto con aquélla por cualquier vía.
En relación al delito reprochado, corresponde analizar los extremos requeridos por la figura típica de desobediencia en la cual se establece que será reprimido “…el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en ejercicio de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal” .
La acción punible resulta ser el incumplimiento de una orden, un mandamiento oral u escrito que se da directamente a una persona en concreta y por parte de un funcionario público, para que haga algo o lo deje de hacer.
En el particular además dicho accionar implicó, un peligro procesal que devino en su detención, de acuerdo con lo resuelto por la instancia de grado el 23/8/2023, con apoyo en los arts. 144, 146, 148, 151 y ccdtes. del Ritual y la imputación de un hecho penal independiente como es el delito en estudio.
Con lo precedente expuesto, y volviendo a la imputación formulada en lo que respecta al delito previsto en el art. 239 del C.P., cabe que el supuesto error de prohibición como desconocimiento de la orden referido por el quejoso sólo se sostiene con las alegaciones del letrado (respecto de las cuales el encausado nada dijo), que de hecho afirmó que el llamado fue efectuado por el causante a los únicos fines de saber sobre la hija en común que posee con la víctima.
Ahora bien, entendemos que la acción llevada adelante por el enjuiciado, constituye el incumplimiento de una orden dictada por una Jueza, la cual fue detallada en su anoticiamiento anterior al llamado efectuado y reza en forma clara que no podía mantener contacto con la damnificada, de modo que el supuesto desconocimiento sobre la culpabilidad en su accionar, no deviene atendible.
En lo demás y a los efectos de contestar al restante agravio introducido, resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.
En consecuencia el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04).
En tal sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha admitido la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo, afirmando que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva" (Conf. Informe nro. 2/97 del 11/3/97).
De lo expuesto se colige que la magnitud de la pena en expectativa, resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.
En el caso en concreto, se imputa al causante el delito que de amenazas en concurso real con desobediencia (arts. 45, 55, 149 bis y 239 del C.P.). Asimismo, conforme se desprende de los informes emitidos por el Registro Nacional de Reincidencia, éste no posee condenas previas, lo que permitiría una eventual sanción en suspenso (art. 26 del C.P.).
Siendo ello así, sin perjuicio de los peligros procesales que ameritaran su detención en la instancia de grado así como la denegatoria de su excarcelación que fuera confirmada por esta Alzada el pasado 12/9/2023, el análisis a esta altura sobre la proporcionalidad de la medida, teniendo en cuenta que el encartado se encuentra privado de la libertad desde hace más de dos meses, no justifica mantener el encierro preventivo que viene sufriendo (arts. 148, 157 inc. 4° en sentido contrario, 169 inc. 1°, 171 en sentido contrario y ccdtes. del C.P.P.).
En virtud de lo expuesto, corresponderá revocar el auto impugnado, y por ende, conceder la excarcelación a Gastón Osvaldo Sal en los términos del art. 169 inc. 1° del C.P.P., bajo caución juratoria (arts. 146 inc. 3° y 157 inc. 4°, ambos en sentido contrario, 177, 180 y 181 del C.P.P.), ordenándose su inmediata libertad, la que deberá hacerse efectiva a través del Juzgado de intervención, de no existir impedimento legal alguno para ello.
Asimismo y en atención a la naturaleza de la causa, en relación al conflicto familiar en que se llevaran a cabo los sucesos en estudio se impondrán, como condiciones de la libertad provisoria, las siguientes obligaciones especiales (art. 180 del C.P.P.):
1. La prohibición de mantener cualquier tipo de contacto y por cualquier vía (presencial, teléfono, celular, mensajes de texto, correo electrónico, whatsApp, redes sociales, etc.) con Susana Beatriz Aranda.
2. La prohibición de acercarse a menos de trescientos (300) metros de la prealudida la vivienda en la que se encuentre.
POR ELLO: Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, RESUELVE:
ACOGER FAVORABLEMENTE el recurso de apelación interpuesto, REVOCAR el auto dictado el día 19/9/2023 en lo que dispuso la prisión preventiva de Gastón Osvaldo Sal , y por ende, CONCEDER la excarcelación del nombrado, bajo caución juratoria y con las obligaciones especiales señaladas en el considerando que antecede, disponiéndose su inmediata libertad, la que deberá hacerse efectiva a través del Juzgado de intervención, previo labrarse el acta establecida en el art. 179 del C.P.P. en la que fije domicilio, por el momento, en la calle El Chiripá 836 de Burzaco, partido de Almirante Brown , conforme lo aportado por la Defensa mediante su presentación del 19/9/2023, y en tanto no exista impedimento legal alguno para ello (arts. 45, 55, 149 bis y 239 del CP; 146 inc. 3° y 157 inc. 4°, ambos en sentido contrario, 169 inc. 1°, 171 en sentido contrario 177, 180 y 181 del C.P.P.).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2023 13:07:39 - NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 13:09:36 - ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 13:10:27 - ROLON Guillermo Alejandro - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 13:10:49 - CANTARO Martín - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 31/10/2023 13:13:08 hs. bajo el número RR-2127-2023 por CANTARO MARTIN.
Fin de la sentencia