Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa 2000-25974-24/J
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, casar la sentencia impugnada, absolver a Brian Nicolás Leyes del delito de desobediencia, reducir el monto de la sanción impuesta a la pena de un año de pirisión de efectivo cumplimiento y, consecuentemente, modificar el monto de pena única impuesto, por el de cuatro años de prisión, manteniendo en todo lo demás el pronunciamiento impugnado; por los fundamentos expuestos en el considerando.
Artículos 18 de la Constitución Nacional, 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 40, 41 , 45, 55, 149 bis primer párrafo y 239 del Código Penal; y 21 inciso 4°, 106, 421, 424, 439 y 441 del Código de Procedimiento Penal.
Los señores jueces que integran esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, Doctor Martín Andrés García Díaz, Doctor Tomás A. Bravo y la señora jueza, Doctora María Soledad Garibaldi, bajo la Presidencia del Magistrado nombrado en primer término, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en la presente causa N° 20-00-025974-24, caratulada "LEYES, BRIAN NICOLAS S/ AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA EN CONCURSO REAL" , y efectuado en su oportunidad el correspondiente sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: Doctores GARCIA DIAZ - GARIBALDI - BRAVO.
Vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud de la impugnación deducida por el señor Defensor Oficial, contra la sentencia dictada por la titular del Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, por la que se condenó a Brian Nicolás Leyes a la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento con costas, por ser autor penalmente responsable de los delitos de amenazas y desobediencia, hecho ocurrido el 22 de noviembre de 2024 en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.
En la misma oportunidad, se condenó al mencionado a la pena única de cuatro años y seis meses de prisión, más las costas del proceso, comprensiva de la sanción antes referida y de la condena de tres años de prisión de ejecución condicional impuesta por el titular del Juzgado de Garantías N° 3 de ese Departamento Judicial, el 21 de noviembre de 2024, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con coacciones agravadas por el empleo de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidos por un hombre contra una mujer.
Concedido el recurso por la instancia de grado, la causa quedó radicada en esta Sala y, habiéndose efectuado las notificaciones correspondientes, los autos se encuentran en condiciones de resolver, decidiéndose plantear las siguientes:
Primera: ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor Juez Doctor Martin A. García Díaz, dijo:
El Defensor Oficial plantea en primer término que se produjo una vulneración del principio del non bi in idem al imputarse el delito de desobediencia por el incumplimiento de ordenes emanadas en una sentencia de condena que se unificó y en una restricción perimetral. Refiere que ambas resoluciones contienen idéntico contenido prohibitivo y que aquella duplicidad no habilita la duplicación de consecuencias penales. Por otra parte, considera que en el caso no se encuentra acreditado que los dichos proferidos por Leyes hayan tenido idoneidad para causar temor o amedrentamiento en la víctima, conforme lo exige el tipo penal por el que fue condenado su asistido. Sostiene que la conducta desplegada no satisface los elementos objetivos del tipo penal. Invoca doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Finalmente, se disconforma con el monto de pena impuesto por excesivo. Cuestiona que se haya sustentado la extensión del daño causado en la valoración de un informe confeccionado por una licenciada en trabajo social, que se meritue el precedente de condena que registra su defendido, por comprometer los principios de razonabilidad, proporcionalidad y culpabilidad. Asimismo se disconforma por el método aritmético empleado al momento de fijar la pena única. Refiere que se aplicó de forma implícita una reforma legal que no se encontraba vigente al momento de los hechos. En definitiva, solicita se case el pronunciamiento impugnado de conformidad con los planteos efectuados.
El recurso será receptado favorablemente.
La Jueza Correccional, luego de la sustanciación del debate, tuvo por acreditado que: "el día 22 de Noviembre de 2024 en el horario comprendido entre las 14:30 horas y las 15:00 horas, un masculino identificado en autos como Brian Nicolas Leyes, se hizo presente a bordo de un automóvil marca Fiat, modelo Siena color negro cuyo dominio se desconoce a la fecha, previo brusca frenada en la calle Godoy Cruz frente al numeral 1600 de la localidad de Wilde Partido de Avellaneda, donde reside su ex pareja Ayelen Marina Ponce, desobedeciendo con tal accionar, la orden impuesta por el Juzgado de Garantías N° 3 departamental con fecha 21 de noviembre de 2024, mediante la cual se dispuso la prohibición de acercamiento de Brian Nicolás Leyes en un radio de 100 metros respecto del domicilio de la calle Godoy Cruz N° 1686 de la localidad de Wilde Partido de Avellaneda, como así también respecto de Ayelen Angélica Ponce, por el término de 180 días, medida de la que se encontraba debidamente notificado" (hecho i), y que "En las mismas circunstancias de modo y lugar y a escasos minutos de acaecido el hecho precedentemente descripto, un masculino identificado en autos como Brian Nicolás Leyes, a viva voz y desde el interior del automóvil marca Fiat modelo Siena color negro cuyo dominio se desconoce a la fecha, en el que se encontraba y a los gritos manifestó ...Ayelen, Ayelen ya salí...Ayelen ,Ayelen, ya salí, ...esto no se va a quedar así ...se va a pudrir todo ...te voy a matar SIC, logrando con tal accionar amedrentar a la mentada Ponce, quien toma conocimiento a escasos minutos del arribo del personal policial y por intermedio de una testigo" (hecho II).
Aquellas conductas fueron calificadas como constitutivas de los delitos de desobediencias y amenazas, conforme los artículos 149 bis primer párrafo y 239 del Código Penal.
Tal como fuera antes expuesto, la existencia del evento y la intervención Brian Nicolás Leyes no resultan materia de controversia. Pues la base del reclamo de la impugnante reside en cuestionar la subsunción típica efectuada, como el monto de pena impuesto.
El motivo de agravio relativo al delito de desobediencia a mi juicio debe proceder, por resultar atípico el hecho I.
Para un mejor orden expositivo, corresponde aclarar en primer término que de la transcripción del suceso imputado se advierte que al causante se le atribuye únicamente haber incumplido con la orden impuesta por el titular del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda Lanús, mediante la resolución del 21 de noviembre de 2024, mediante la cual se dispuso la respectiva prohibición de acercamiento, en los términos del art. 83 inciso 6 del C.P.P. y la ley 26485, más no comprende las obligaciones impuestas en el marco de la sentencia de condena de igual fecha.
Tal como sostuve en reiteradas oportunidades, el incumplimiento de las medidas de protección adoptadas en el marco de otra investigación impide tener por configuradas las exigencias típicas del delito de desobediencia previsto en el art. 239 del Código Penal.
En efecto, por imperio del principio de constitucional de legalidad que rige en materia penal y que obliga a adoptar una interpretación restrictiva de las normas penales, estimo que la prohibición de acercamiento dispuesta en el marco de una medida cautelar, no siempre configura una orden expresa que pueda subsumirse como requisito objetivo del tipo penal aludido; de acuerdo al alcance que debe darse al elemento "orden", con el cuidado de no extender el ámbito de punición de la figura de desobediencia aludida.
En esta línea, se debe extremar el cuidado de no extender el ámbito de punición de la figura de desobediencia aludida; pues una cosa es desobedecer o resistir al funcionario y otra violar un deber jurídico.
Las órdenes que encuentran su origen en medidas cautelares -de protección y preventivas- cuya desobediencia se atribuye, tienen expresamente previsto ante su incumplimiento que el órgano jurisdiccional interviniente proceda a adoptar aquellas que resulten más adecuadas o ajuste las existentes, de acuerdo a las reglas de actuación y articulación para la adopción de medidas urgentes establecidas por la Suprema Corte de Justicia de Provincia en el Acuerdo N° 4099 (cfr. art. 5 del apartado V del anexo); mas no su sanción penal.
Resta decir, que a mi entender la conducta incumplidora de medidas de índole general o de carácter netamente preventivo y/o protectoras quedan por fuera del ámbito de protección de la norma penal contenida en el art. 239 del Código Penal.
Por el contrario, el planteo relativo a la atipicidad del delito de amenazas, no procede.
En efecto, teniendo en cuenta el hecho que se tuvo por probado y la prueba en que se sustenta, la circunstancia de que el causante se haya presentado en el domicilio de la víctima al día siguiente de recuperar la libertad en el marco de otro proceso en el que estuvo detenido a raíz de la denuncia efectuada por la damnificada e incumpliendo con las obligaciones que le fueron impuestas -aún ello no importe la comisión de un delito autónomo- y le vocifere a los gritos "Ayelen, Ayelen ya salí...Ayelen ,Ayelen, ya salí, ...esto no se va a quedar así ...se va a pudrir todo ...te voy a matar", a mi criterio y tal como señalara la Jueza, satisface las exigencias objetivas -y subjetivas- del tipo penal aplicado (art. 149 bis del Código Penal), sin que las críticas que formula el impugnante alcancen a conmover lo decidido.
Pues, de adverso a lo alegado, a mi juicio, el anuncio efectuado tiene idoneidad suficiente para crear un estado de alarma o producir temor en el sujeto pasivo, lo que además en el caso efectivamente ocurrió, de acuerdo a lo expuesto por la damnificada al declarar en el debate; todo lo que determina la improcedencia del reclamo.
De igual modo, el cuestionamiento relativo a las agravantes ponderadas no procede.
En lo que aquí importa destacar, advierto que la Jueza al decidir en los términos del art. 40 y 41 del Código Penal, no valoró atenuantes mientras que como agravantes ponderó la desaprensión y el desapego a la ley; la extensión del daño causado a la víctima y el antecedente de condena que registra el imputado, por los fundamentos que expuso en la cuestión quinta del pronunciamiento.
El Defensor Oficial cuestiona la ponderación de las dos últimas agravantes mencionadas. En relación a la consideración de la extensión del daño causado, la misma no puede ser descalificada en el caso, al no haber evidenciado el recurrente que aquella pauta hubiera sido erróneamente aplicada y sin que alcance a demostrar en sus argumentos la incorrección del razonamiento seguido por el sentenciante.
Pues, la circunstancia de que el informe haya sido efectuado por una Licenciada en Trabajo Social -del Centro de Asistencia a la Víctima- y no por una profesional de la piscología o psiquiatría, no controvierte las circunstancias expuestas por la víctima en la audiencia mantenida con la profesional referida, en la que se expidió sobre las consecuencias del hecho vivenciado.
En lo que respecta a las apreciaciones críticas que trae sobre el agravante relativo al precedente de condena que registra el imputado, debe destacarse que sobre su valoración, el máximo Tribunal de Casación Penal, ha sostenido, en lo que aquí interesa, que: "La valoración de antecedentes condenatorios como pauta aumentativa de la pena no implica transgresión legal alguna ni puede considerarse consecuencia de la adopción de criterios propios de un derecho penal de autor, toda vez que en primer lugar, nuestra ley penal recepta expresamente la circunstancia aludida como pauta genérica para determinar la pena, desde que el artículo 41 se refiere a las "reincidencias y demás antecedentes" y en segundo término porque quien ha cometido delitos anteriores y sufrido sucesivas penas, conoce las consecuencias derivadas de haber delinquido y cuenta en su experiencia vital con una vivencia que configura un factor desfavorecedor de la recaída en el accionar ilícito, lo cual importa una mayor culpabilidad por la indiferencia hacia ese conocimiento, desde que la medida de la culpabilidad guarda relación con la dificultad de motivarse en la norma y aquella experiencia representa una menor dificultad." (TC LP 75346 703 S 22/09/2016).
De tal modo, la verificación de antecedentes anteriores, conlleva un mayor grado de culpabilidad por el hecho cometido al tener conocimiento el imputado del disvalor que su conducta lleva por haber soportado, con anterioridad un proceso penal y sabe de sus consecuencias.
Por lo tanto, nada obsta a que la misma sanción haya sido considerada al momento de determinar la forma de cumplimiento de pena -de acuerdo a las consecuencias jurídicas previstas a consecuencia en los artículos 26 y 27 del Código Penal-, y luego, al determinar su monto, como parámetro agravante -contemplado expresamente en el art. 41 del referido ordenamiento-; y sin que de ello pueda inferirse afectación alguna al principio de ne bis in ídem invocado.
Finalmente, la crítica contra el método aritmético utilizado implícitamente por la Jueza para establecer el monto de pena único, tampoco procede. Pues, no existe obstáculo para la adopción de aquel método, siempre que la cuantificación de esa pena total no se fije de modo aislado, sino en comunión con los principios generales que rigen la materia y evaluando cada uno de los actos que conforman el objeto de la única condenación.
En efecto, no corresponde en esta instancia imponer una forma de llevar a cabo la unificación por sobre otra, ya que al tiempo de comisión de los sucesos no existía norma que estableciera, a diferencia del régimen actual, determinado método de dosificación de la pena.
En el sentido aludido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que: "...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna..." (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
En similar tenor, el Tribunal de Casación Provincial señaló que "El tribunal sentenciador no está obligado a adoptar el denominado método composicional cuando acude al llamado aritmético, no significando violación legal alguna (art. 448 "a contrario" C.P.P.) que pueda provocar el control en sede casatoria" (TC LP 72674 478 S 03/05/2016 Carátula: L. ,J. J. s/ Recurso de Casación).
En función de lo expuesto, y en el caso de prosperar mi postura en el acuerdo, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, casar la sentencia impugnada, absolver a Brian Nicolás Leyes del delito de desobediencia y, de acuerdo al hecho atribuido, la entidad de los injustos y su calificación legal (amenazas, conforme el art. 149 bis del Código Penal), las circunstancias agravantes y atenuantes merituadas, estimo proporcional y razonable reducir el monto de la sanción impuesta a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento y, consecuentemente, modificar el monto de pena única impuesto, el que entiendo deberá ser de cuatro años de prisión, pues se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41 del Código Penal).
A la misma cuestión la señora Jueza Doctora María Soledad Garibaldi, dijo:
Comparto en lo sustancial los argumentos expuestos y la solución propuesta por mi colega de Sala en lo que respecta a la comprobación del hecho II y su consecuente subsunción legal en el delito de amenazas, como en lo que respecta a los agravios relativos a las agravantes ponderadas y al método aritmético empleado para la composición de la pena única.
Ahora bien, me aparto de los fundamentos y la solución propuesta con relación al hecho I constitutivo del delito de desobediencia.
Pues, a mi juicio, el incumplimiento de las medidas adoptadas en el marco de otra investigación penal alcanzan a tener por configuradas las exigencias típicas del delito de desobediencia previsto en el art. 239 del Código Penal, sin advertir con ello vulneración alguna al principio del non bis in idem invocado por el recurrente.
Por lo expuesto, a mi entender corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar el pronunciamiento impugnado en lo que fue materia de agravio.
A la misma cuestión el señor Juez Doctor Tomas A. Bravo, dijo:
Comparto en un todo los argumentos expuestos por el Doctor García Díaz, expidiéndome por ende, en idéntico sentido al ser ello mi lógica, razonada y sincera convicción.
A la segunda cuestión el señor Juez Doctor Martin A. García Díaz, dijo:
Dada la forma como ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, casar la sentencia impugnada, absolver a Brian Nicolás Leyes del delito de desobediencia, reducir el monto de la sanción impuesta a la pena de un año de pirisión de efectivo cumplimiento y, consecuentemente, modificar el monto de pena única impuesto, el que entiendo deberá ser de cuatro años de prisión, manteniendo en todo lo demás el pronunciamiento impugnado.
Así lo voto, al ser ello mi sincera y razonada convicción.
A la misma cuestión la señora Jueza Doctora María Soledad Garibaldi, dijo:
Comparto en un todo los argumentos expuestos por el Doctor García Díaz, expidiéndome por ende, en idéntico sentido al ser ello mi lógica, razonada y sincera convicción.
A la misma cuestión el señor Juez Doctor Tomas A. Bravo, dijo:
Por compartir en un todo los argumentos expuestos por el Doctor Martin A. García Díaz, me uno a su voto y me expido en el mismo sentido, al ser ello mi lógica, razonada y sincera convicción.
Atento el resultado al que se ha arribado, el Tribunal, por mayoría;
Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, casar la sentencia impugnada, absolver a Brian Nicolás Leyes del delito de desobediencia, reducir el monto de la sanción impuesta a la pena de un año de pirisión de efectivo cumplimiento y, consecuentemente, modificar el monto de pena única impuesto, por el de cuatro años de prisión, manteniendo en todo lo demás el pronunciamiento impugnado; por los fundamentos expuestos en el considerando.
Artículos 18 de la Constitución Nacional, 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 40, 41 , 45, 55, 149 bis primer párrafo y 239 del Código Penal; y 21 inciso 4°, 106, 421, 424, 439 y 441 del Código de Procedimiento Penal.
Regístrese, hágase saber al Señor Fiscal General Departamental y la Defensa y, devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de origen, donde deberán practicarse las notificaciones restantes.
En la fecha notifiqué electrónicamente al Fiscal General Departamental ( [email protected] ) a la Defensoría Oficial interviniente ( [email protected] ) y remití al Juzgado de origen ( [email protected] ) CONSTE.
Firmas
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: GARIBALDI María Soledad - JUEZA
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: TROMBETTA Sofia - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 67-2026
Fin de la sentencia