Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.09 09:53:21-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C= AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de TOMO CLX - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.- este documento Fecha: 2026.06.09 09:55:58-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO N° 10.062 FOLIO N° 162/168 PROT. ELECT. JR101 209I.261 Río Gallegos, 09 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada "S.E.A. S/ Amenazas, Lesiones Leves Agravadas (OVD 532/23)“ - Expte. N° 76331/23 - Apelación/Causa JR N° 10174/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 88/94vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado E.A.S. en orden al delito de “Lesiones Leves Agravadas por haber matenido una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género en concurso real con Amenazas y Desobediencia reiterada” (Art. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 55, 149 bis y 239 del Código Penal), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Seiscientos Mil ($600.000).
Que a fs. 96/98, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, - motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 200, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que del auto dictado, no están acreditados los presupuestos mínimos de las figuras penales enrostradas a su asistido. A su vez, indicó que dicho auto le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, a su juicio, la resolución puesta en crisis resulta arbitraria e ilógica, integrada con erronéas motivaciones al efectuarse una valoración parcial y fragmentaria de la prueba, afectando de dicha manera el debido proceso y el estado de inocencia del Sr. S..
Que, seguidamente, se abordarán los agravios introducidos por la parte recurrente.
II. Del agravio referido a la valoración arbitraria:
La defensa se agravió al considerar que de la lectura del resolutorio, surge que el procesamiento encuentra sustento esencial en los dichos de la presunta damnificada, expresando que, -según su perspectiva-, los relatos presentan severas contradicciones.
En esa línea, argumentó que la aplicación de los preceptos establecidos popr la Convención Belem do Para, no implica que la decisión del proceso judicial deba reducirse a los dichos de la denunciante, por cuanto ello resultaría, a su criterio, violatorio de las garantías constitucionales y convencionales.
Asimismo, entendió que debe existir cierta equidad entre las garantías de derechos en perspectiva de género y las que le asisten al imputado en calidad de tal, tales como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, debiendo la instrucción y/o el Ministerio Público Fiscal ordenar todos los medios probatorios para el esclarecimiento del hecho, garantizando los derechos de todas las partes involucradas.
Por otro parte, se agravió al considerar que la resolución cuestionada adoloce de una valoración arbitraria y parcial de la prueba reunida en autos.
En tal sentido, sostuvo que, en relación a la desobediecia endilgada a su asistido, no se encuentra acreditado en autos la configuración de dicho ilícito, ni la vigencia de las medidas de restricción dictadas en el fuero de familia, como tampoco el eventual cumplimiento de las medidas cautelar es por parte de la pretensa víctima.
Asimismo, alegó que las presuntas conversaciones vía mensajes Whatsapp de fs. 69/70 carecen de validez probatoria, cuestionando tanto su incorporación al proceso, como la posibilidad de atribuir a su defendido la autoría de los mensajes allí consignados. Citó jurisprudencia en respaldo a sus argumentos.
De igual modo, impugnó la imputación relativa al delito de lesiones leves agravadas, en tanto sostuvo que si bien se encuentran certificadas, no existen constancias en autos que permitan aseverar que su pupilo procesal haya sido el autor de las mismas.
Al respecto, afirmó que el certificado médico luce incompleto, en tanto el galeno se habría limitado a emitir un diagnóstico de presuntas lesiones, sin indicar estudios complementarios, efectuar recomendaciones clínicas, ni acompañar un registro fotográfico de las mismas. Agregó además, que aquella lesión no produjo una debilitación permanente en la salud de la denunciante.
En efecto, sostuvo que la valoración de los elementos reunidos para pretender fundamentar la resolución es errónea, y refleja, a su criterio, un ostensible direccionamiento en contra de su defendido. Finalmente, en lo que respecta al ilícito de amenazas, manifestó que de las constancias de autos no surge que su asistido haya efectuado expresiones intimidatorias dirigidas a obligar a la pretensa víctima a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
En esa línea, reiteró que la imputación se sustenta exclusivamente en los dichos de la denunciante, sin contar con testigos presenciales ni otros elementos de convicción que permitan dar credibilidad al relato brindado por G..
Por todo ello, concluyó que el pronunciamiento dictado se encuentra sustentado en pruebas insuficientes y no concluyentes.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
Ello, en virtud del estudio de la totalidad del sumario, del análisis de la resolución recurrida y de los argumentos esbozados por la defensa. En consecuencia, se advierte que en autos obran suficientes elementos de convicción que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada al Sr. S.E. por los delitos oportunamente imputados.
Así las cosas, durante la instrucción se han diligenciado múltiples medidas probatorias, entre ellas: la denuncia judicial y posterior declaración testimonial de la víctima en autos; los sumarios prevencionales; el certificado médico de la Sra. G.R.; las conversaciones entre las partes mediante la aplicación Whatsapp; las copias de las medidas de restricción ordenadas en el Juzgado de Familia y las correspondientes notificaciones a las partes. Tales elementos, valorados de manera armónica y conjunta, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar propio de esta etapa, la imputación formulada respecto del encartado.
Que, entendemos, no le asiste razón a la parte recurrente en cuanto afirma una valoración arbitraria en el resolutorio arribado, o que en autos se cuente únicamente con los dichos de la denunciante. Por el contrario, S.S. analizó -y fundó íntegramente- la totalidad de las probanzas colectadas a la luz de la sana crítica racional, conforme lo previsto en los arts. 116 y 199 del código de rito, arribándose acertadamente a un provisorio juicio de valor, de tipo incriminante, en lo que se refiere a la situación procesal del encartado. En este punto es menester advertir que, del presente caso surge un evidente contexto de violencia de género a la luz de la dinámica de los hechos, en tanto el accionar del imputado denotaría el poder de superioridad, evidenciándose así una desigualdad de poder al ejercerse la violencia psicológica y física dentro de la modalidad doméstica, conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.
En esta línea, la jurisprudencia fue contundente al señalar que: “…teniendo en cuenta que el delito endilgado no constituyó un hecho aislado, sino que se inscribió dentro de un contexto de violencia doméstica de larga data entre imputado y víctima, quienes constituyeron una pareja, ahora separada, con un hijo en común…resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género.” (CP Contrav. y Faltas; Sala III; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis Código Penal; Rubinzal Online; RC J 4167/17).-
En efecto, el juzgador que aplique la perspectiva de género, debe ineludiblemente argumentar su resolución sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia, tales como la “Convención Belém Do Pará” (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer), la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), como también en las normas del ámbito nacional, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales), a la cual nuestra Provincia se adhirió mediante Ley Provincial Nº 3201, entre otras.
Estos instrumentos no sólo orientan la labor jurisdiccional en pos de protección y garantía de derechos respecto a las víctimas de aquellas situaciones, sino que además, obligan al Estado a actuar con la debida diligencia frente a situaciones de violencia de género, garantizando la amplitud probatoria.
Los tribunales al respecto, se han expedido sosteniendo que: “(…) Dada la amplitud probatoria contemplada en el art. 16, inciso i) de la Ley Nº 26.485, entendemos que la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de la intimidad de la pareja (…) el Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley citada, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (…)”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI – “R.C.J. s/ procesamiento” – 19/04/2013). (El resaltado nos pertenece).
Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que “… 131 […] los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en caso de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al art. 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en que el Estado no intervenía. …” (Corte IDH. L.S. Sentencia de Septiembre de 2018).
De igual manera, cabe señalar que a fs. 12/vta., se observa –sin mayores esfuerzos- que las fuerzas de seguridad hubieron de comisionarse en el lugar del hecho a fines de llevar a cabo un informe vecinal y un relevamiento de las cámaras de vigilancia, no obteniendo resultados favorables al respecto, en virtud de que los ciudadanos entrevistados desconocían el hecho que aquí se investiga.
A su vez, el cuestionamiento defensista respecto de testigos presenciales de los hechos investigados, resulta irrelevante, en virtud de considerarse razonablemente que los hechos vinculados con violencia de género suelen desplegarse en el ámbito de la intimidad de la pareja, generalmente dentro del domicilio de los mismos, circunstancia que naturalmente limita la existencia de testigos presenciales.
Por otra parte, y en lo atinente a la imposición de la defensa respecto a la proposición de las diligencias, a cargo del Ministerio Público Fiscal y/o de la instrucción, corresponde señalar que no surge del expediente que la parte recurrente haya instado la producción de medidas conducentes para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar al Sr. Juez Subrogante y/o al Agente Fiscal de una eventual insuficiencia investigativa, cuando la propia estrategia defensiva no ha hecho uso de las herramientas procesales previstas a tal fin.
Asimismo, consideramos dable destacar que S.S.
selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.
Ahora bien, en relación con los cuestionamientos formulados respecto de los ilícitos atribuidos al encartado, corresponde señalar que los extremos fácticos se encontrarían, con el grado de probabilidad exigido para el dictado del procesamiento, suficientementre acreditados.
En tal sentido, respecto de la desobediencia, obran a fs. 35/39 copias certificadas de las medidas de restricción dispuestas en sede de familia en el marco del Expte. Nº 2586/2023, dictadas con fecha 05/09/2023 y con un plazo de vigencia de seis (06) meses. Asimismo, a fs. 40/41 luce agregada el acta de notificación de dichas medidas al imputado, instrumento que fuera suscripto por éste con fecha 07/09/2023, circunstancia que permite tener por acreditado su efectivo conocimiento.
A ello se suma que a fs. 69/70 obra incorporada la exportación de un chat extraído del teléfono celular de la víctima, del cual surgen mensajes enviados vía WhatsApp desde el abonado Nº 2966-277133 entre los días 27/08/2023 y 03/10/2023, encontrándose plenamente vigentes las medidas de prohibición de contacto oportunamente ordenadas. Cabe destacar que dicho número telefónico fue aportado por el propio imputado al momento de fijar domicilio, extremo que se ve corroborado por la certificación actuarial de fs. 72, donde consta que al intentarse una comunicación con ese abonado, la llamada fue atendida por una persona que manifestó ser S.E.A. Por otra parte, en cuanto al delito de lesiones leves agravadas la pretensa víctima relató, tanto al momento de radicar la denuncia como en su posterior declaración testimonial, que el imputado la habría tomado fuertemente de ambos brazos mientras le profería insultos. Tal versión encuentra sustento en el certificado médico obrante a fs. 04, del que surgen lesiones compatibles con la mecánica del hecho descripta, otorgando credibilidad a su relato.
Asimismo, en lo que respecta a la autoría material de las lesiones constatadas en el certificado médico, advertimos que la parte recurrente insiste en cuestionar la constancia médica que obra en el legajo, circunstancia que ha sido objeto de planteos en reiteradas oportunidades ante esta Alzada (v.gr. apelaciones Nº 8772/24, 9128/24, 9604/25, 9789/25, 10037/26, entre muchas otras).
En tal sentido, reiteramos que dichas probanzas han sido debidamente analizadas y valoradas por el Magistrado interviente -criterio que compartimos- en lo atinente a la acreditación de la materialidad de los hechos que aquí se investigan, sin que de ningún modo hayan sido utilizadas como único fundamento para atribuir la autoría del hecho típico al encartado. Sin perjuicio de ello, y en concordancia con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían desarrollado los hechos, entendemos que el criterio adoptado por el Sr. Juez Subrogante resulta acertado, en tanto el certificado médico constituye un elemento objetivo y relevante dentro del plexo probatorio reunido en autos, en la medida en que, analizados en su contexto, permiten advertir la coherencia existente entre las lesiones constatadas y los dichos de la víctima, resultando irrelevante los cuestionamientos referidos a la integridad del instrumento.
Continuando, en torno a las amenazas, a fin de evitar reiteraciones innecesarias vinculadas a la materialidad de los hechos que se investigan, corresponde remitirse a lo ya expuesto en el considerando IV) del resolutorio cuestionado, en su séptimo párrafo.
En este punto nos permitimos recordar, que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de éste al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo. En ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia. Así, “… el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este. En tanto, serán suficientes para su dictado, aquellos elementos que permitan orientar el proceso hacia la base del juicio….” (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
En efecto, se considera que en este tipo de pronunciamientos sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. Lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facie- acreditados.
En conclusión, por todo lo mencionado, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, en tanto se observa que el Sr. Juez interviniente expuso de manera concreta los elementos probatorios considerados y las razones que lo condujeron a tener por acreditada -prima facie- la materialidad y autoría en este estadio procesal, ergo, sin verificación de vulneración a los principios del derecho penal aludidos por la defensa, los agravios introducidos por la parte recurrente no habrán de prosperar.
III. Del agravio referido al arbitrario monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el monto de la medida decretada respecto de su asistido, establecido en la suma de pesos seiscientos mil ($600.000), resulta desproporcionado y desnaturalizado, tanto en su imposición como en su monto. Ello, por cuanto - alegó- su pupilo procesal carece de un patrimonio que, en su conjunto, permita afrontar la suma establecida.
Indicó, además, que no se realizó como medida previa el informe social establecido en el C.P., lo que –a su juicio- ocasiona un agravio, en tanto genera un perjuicio injustificado a la economía y al patrimonio integral de su asistido.
Sostuvo también que no corresponde imponer un embargo judicial de esa magnitud, sin tener en cuenta los medios de vida del imputado, convirtiendo su determinación en arbitraria, generando –a su criterio- un gravamen irreparable. Finalmente, citó doctrina en sustento de sus argumentos.
Ahora bien, en relación con el último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado. En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
En efecto, esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos. Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo, en atención a la imposibilidad de fijarlo –por el momento- en una suma definitiva, en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que, tal como señaló el A Quo, no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización. Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al causante S.E.A.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio arribado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento IV) Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, especificamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción. Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia.
En efecto, se advierte que desde el primero de diciembre de 2024 hasta el 15 de mayo de 2025 el expediente permaneció sin impulso procesal. Recién con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria, se proveyó que las actuaciones pasen a despacho a resolver, dictandose la resolución aquí recurrida en misma fecha, lo que evidencia -más allá de un plazo extenso en razón de intentar notificar al imputado- una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa, iniciada en el año 2023.
Lo expuesto no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de Instrucción. Por dicha razón, se encuentra compelida a obrar conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión, no vislumbrándose solicitud al respecto. Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la presente instrucción, se pueden haber suscitado cuestiones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación, lo cierto es que en el caso no se observa justificación alguna para los períodos de paralización señalados, los cuales están muy lejos de plasmar la debida diligencia reforzada que nos exigen los estándares internacionales en este tipo de delitos.
En este sentido, no puede soslayarse que es deber del Estado -y, en lo que aquí compete, de la Justicia Penal- la adopción de medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito configurativos de la victimización primaria, debiendo procurar de igual manera que, el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, lo que configuraría la victimización secundaria. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional frente a las obligaciones asumidas también en materia de perspectiva de género.
En consecuencia, una instrucción que presenta dilaciones injustificadas no puede ser considerada ni seria ni efectiva, evidenciando una preocupante pasividad de los operadores del sistema, en detrimento del interés de la víctima y del adecuado ejercicio de la acción penal. En suma, la falta de apego a los plazos procesales del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado interviniente extremar los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones y, de esta manera, prevenir eventuales riesgos de prescripción de la acción penal.
V. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VII. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 88/94vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto IV) de los considerandos que anteceden.
3. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN. 4°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]. 6º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia