Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la recurrente, con costas.
2Confirmar parcialmente la resolución apelada respecto del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014, con las particularidades enunciadas en el Considerando VIII, más los intereses resarcitorios correspondientes.
3Confirmar la multa apelada respecto de la parte del impuesto que se confirma.
4Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
5Ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación conforme lo resuelto en los Considerando VIII y IX. A tal efecto remítanse por igual término los antecedentes administrativos agregados a la causa.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-24158040-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Marzo de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Rubén A. Marchevsky (Vocal titular de la 3° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 48.308-I caratulada “AMICO MARCOS GUSTAVO s/ recurso de apelación”. El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 14/31 la actora interpone recurso de apelación, en los términos del artículo 76 inciso b) de la ley N° 11.683, contra la Resolución de fecha 21/09/2017, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la AFIP-DGI, mediante la cual se determina de oficio con carácter parcial, por conocimiento cierto de la materia imponible la obligación impositiva de la recurrente frente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014, se liquidan intereses resarcitorios y se aplica una multa en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En primer término y como cuestión previa, plantea la nulidad absoluta e insanable de la resolución apelada, alegando que la misma es falsa, que carece de causa por cuanto no se expide respecto de objeciones u observaciones formuladas ni de prueba producida y que viola el art 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos en tanto no impugna la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2014. Como cuestión preliminar hace saber el acogimiento a los beneficios otorgados por la Ley N° 27.260, Libro II “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, Título I. Y entiende que, conforme los arts. 37 inciso a), 47, 48 y concordantes de dicha norma, las actuaciones deben clausurarse y sin más trámite archivarse. Acompaña prueba. Funda tal pretensión en que al momento de la exteriorización no había una determinación de oficio, dado que la vista fue notificada el día 7/4/2017, habiendo para entonces expirado el plazo previsto por la normativa para la adhesión al beneficio.
Se agravia de no haberse tenido en cuenta la documentación aportada por su parte donde explica el error en el que habría incurrido el fisco al utilizar una forma inadecuada de determinación, la que entiende ilegítima y en pugna con lo establecido por la ley del gravamen y su decreto reglamentario. Invoca el Principio de realidad económica y afirma que no correspondería la determinación del impuesto en base presunta, ya que el fisco habría tenido a disposición la documentación necesaria para hacerlo en base cierta. Considera que la multa aplicada es irrazonable y excesiva y que la autoridad recaudatoria no ha probado el dolo, careciendo por tanto del elemento subjetivo imprescindible a los fines de aplicar la sanción.
Manifiesta que el criterio utilizado por el fisco para valorizar la hacienda se aparta de lo establecido en la normativa aplicable al caso. Ello así, afirma que el Organismo Recaudador utiliza un precio que resulta ser el promedio de los precios de venta de diciembre de 2013 y de diciembre 2014, de frigoríficos de la zona, sin tomar en cuenta el tipo de ganado de la actora –Holando Argentino y Shersey- cuando, según se desprende de los art. 52 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y de los artículos 75 y 77 de su decreto reglamentario correspondería, para el tipo de actividad de la actora, tomar el precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbra operar que, informa, es el Mercado de Liniers S.A.
Sostiene que no se dan los supuestos necesarios para que proceda el sistema presuncional para determinar la magnitud del tributo, toda vez que obra en actos información proporcionada por la actora que permiten una determinación cierta de la obligación tributaria, no habiendo el fisco impugnado ni las registraciones contables ni los comprobantes que las avalen.
Concluye que la resolución recurrida es un acto administrativo arbitrario, irrazonable y nulo por carecer de causa, dado que se fundamenta en indicios que llevan al organismo fiscal a conclusiones que se alejan de la realidad de los hechos y no respeta la ley. Con respecto a la multa, entiende que el organismo de recaudación no ha intentado probar el dolo en el comportamiento que se le reputa infraccional, motivo por el cual no procede su aplicación en virtud de la falta del necesario elemento subjetivo.
Por último, expone los argumentos de derecho, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución recurrida, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 42/58 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que oportunamente le fuera conferido y por las razones de hecho y derecho que expone, niega: que procedan los beneficios de la Ley N° 27.260; los hechos alegados por la recurrente; y la interpretación que la misma realiza del derecho aplicable. Desconoce la prueba documental acompañada que no fuera materia de expreso reconocimiento de su parte. Niega que la resolución sea nula así como que se hubiere determinado el impuesto en base presunta, y que no proceda la multa o que la misma sea desproporcionada. Solicita el rechazo de la acción con costas. Hace reserva del Caso Federal. Con relación al reclamo de la liberalidad establecida por la Ley N° 27.260 como consecuencia de la exteriorización de bienes y dinero efectuada por el recurrente, la AFIP expone la opinión del Organismo materializada en ABC-consultas y respuestas frecuentes de su página web, de la que se desprende que los ajustes técnicos no se encuentran comprendidos en tales liberaciones. A esa conclusión arriba al advertir que el Organismo conserva las facultades de verificación y fiscalización, y que los beneficios que gozan quienes efectúen la presentación de la declaración jurada de confirmación de datos son los del artículo 46 de la Ley 27.260, por cualquier bien o tenencia que hayan poseído, la mantengan o no en su patrimonio, con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31/1/2015 y no lo hubieren declarado. Y, considerando que en el caso en autos no se encuentra en discusión la cantidad física de hacienda declarada por el auditado sino su valuación -por diferencias de criterios respecto de la interpretación y/o aplicación de las normas técnicas o jurídicas que el contribuyente consideró aplicable al momento de valorizar la hacienda vacuna-, el mismo resulta en un ajuste técnico.
Al respecto, insiste AFIP, los ajustes técnicos son aquellos en los cuales la materia imponible se encuentra debidamente exteriorizada y declarada por el contribuyente; no derivan de la detección de tenencias y/o bienes, pues ni su existencia ni su titularidad están en discusión.
Por lo expuesto, el Organismo Recaudador entiende que el ajuste en discusión no es susceptible de ser imputado conforme lo dispuesto por el citado art. 30 de la RG AFIP N° 3.919, dado que no se vinculan a los bienes sincerados y, en consecuencia, que se le impone la aplicación procesal del artículo 16 y siguientes de la Ley N° 11.683. Solicita el rechazo del planteo del actor de dejar sin efecto la resolución determinativa de oficio. Rechaza por improcedente y solicita se desestime, con costas, la nulidad de la resolución planteada por la actora fundada en que la misma carece de causa por no haberse tenido en cuenta la documentación por ella aportada. El fisco sustenta su postura en que la resolución apelada se encuentra perfectamente motivada, causada y se ha respetado acabadamente el derecho de defensa de la actora. Cita jurisprudencia.
En lo que hace a la cuestión de fondo, el fisco informa que de la verificación practicada a la actora surge que la actividad ganadera que explota y declara el contribuyente es la de engorde en corrales (Feed Lot), y conforme se desprende de prueba documental puesta a disposición por aquella, compra los animales, los engorda y luego los vende a frigoríficos de la zona. Y es ésta última circunstancia lo que explica el criterio adoptado por el Organismo toda vez que el mercado en el que acostumbra a operar el ganadero son los frigoríficos de la zona, en la categoría “Terneros”.
Sostiene, por tanto, que la valuación de los bienes de cambio en cuestión se llevó a cabo conforme la normativa vigente, no aplicando método presuntivo alguno de determinación de materia imponible y considerando la información aportada por el contribuyente, resultando ajustado a derecho ratificar en todos los términos la formulación de cargos que se diera con la Vista conferida el 28/3/2017.
En cuanto a la procedencia de la multa, el fisco destaca que la infracción del artículo 45 se perfecciona en su faz objetiva con el acaecimiento del plazo general para el cumplimiento de la obligación, consistente en presentar en tiempo y forma la declaración jurada y efectuar el pago del impuesto en término; y desde el punto de visto subjetivo se configura con la infracción a título de culpa, en tanto de las circunstancias objetivas que rodearon el incumplimiento y el deber de previsión que es inherente a todo obligado, cabe inferir que el responsable no habría adoptado los recaudos conducentes a la satisfacción oportuna de la deuda en su justa medida.
Entiende que en el presente caso se ha configurado el elemento objetivo. Respecto del elemento subjetivo, recuerda que en infracciones tributarias se produce la inversión de la carga de la prueba, siendo el imputado quien debe probar su inocencia, circunstancia que no se evidencia en este caso. Cita jurisprudencia.
Finalmente manifiesta que resultan procedentes los intereses resarcitorios y solicitan sean confirmados. Ofrece pruebas. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente, por no constituir prueba sobre hechos nuevos. Se opone a la realización de prueba informativa y pericia contable, ofrecidas por ésta, por resultar improcedentes y dilatorias. Hace reserva de caso federal.
III. Que a fs. 74 se requiere a las partes manifiesten su interés en la celebración de la audiencia prevista en el artículo 173 de la ley N° 11.683, contestada a fs. 75 y 76, y celebrada el día 12/07/2018 (fs. 81). Que a fs. 93, el Tribunal Fiscal de la Nación resuelve abrir la causa a prueba, hacer lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora, y no hacer lugar a la prueba pericial contable ofrecida, por inconducente. Se dispone que peritos veterinarios informen el peso promedio, al 31/12/2014, de las distintas categorías de animales detallando la metodología empleada.
IV. Que a fs. 143, habiéndose producido la totalidad de la prueba se procede a declarar la clausura del período probatorio, se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y a su vez se pone la presente causa a disposición de las partes a fin de que se produzcan sus respectivos alegatos.
Que a fs. 144/146 y 147/163 obran los alegatos de las partes. Finalmente se llaman los autos a sentencia a través del IF-2022-21237452-APN-VOCII#TFN.
V. Corresponde a continuación tratar si se ajusta a derecho la resolución apelada.
Conforme se desprende de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos acompañados el organismo recaudador, en el ejercicio de las facultades que le son propias, dio inicio a la fiscalización al contribuyente mediante la Orden de Intervención N° 1.448.937 por la cual se lo verificó respecto del: Impuesto a las Ganancias, años 2010 y 2014; Ganancia Mínima Presunta, períodos fiscales 2013 y 2014; IVA, períodos 02 y 03/2010 y 01/2013 a 11/2015; SICORE Ganancias, 12/2014 a 11/2015; Bienes Personales: período 2014; Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias, períodos 04/2013 a 12/2014.
En razón de ello la referida verificación fiscal detectó, respecto del Impuesto a las Ganancias para el año 2014, subvaluación del inventario inicial y final en los bienes de cambio –Hacienda vacuna- y en consecuencia adecuó el costo de ventas declarado, proyectando la declaración jurada rectificativa de dicho impuesto. Ello así, el fisco determina la obligación impositiva de AMICO MARCOS GUSTAVO, estableciendo un impuesto determinado de $2.505.909,73 y, un saldo de declaración jurada a ingresar a favor del organismo recaudador de $1.296.109,43. Además liquida la suma de $1.066.698,06 en concepto de intereses resarcitorios, calculados hasta el 31/08/2017. Y aplica una multa, respecto del ejercicio fiscal 2014, equivalente al 70% del gravamen omitido, por $907.276,60.
VI. Que por una cuestión de lógica precedencia corresponde en primer lugar expedirse sobre el planteo de nulidad formulado por la actora.
La Ley N° 27.260 en el Libro II “Régimen de sinceramiento Fiscal”, Título I, regula un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. En ese sentido, el artículo 46 de la mencionada ley dispone que “los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, … y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42 … conforme a las disposiciones de este Título, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados: … c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Impuestos a las Ganancias … respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el equivalente en pesos de la tenencia de moneda local, extranjera y demás bienes que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos consumidos hasta el período fiscal 2015, inclusive...”.
Que a su vez el inciso d) del mencionado artículo 46, establece que “Los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado”.
Que por su parte el decreto reglamentario de la ley (Decreto N° 895/16) en su artículo 13, al referirse al artículo 46 antes mencionado, dispone que “se consideran comprendidas dentro de las liberaciones referidas en el Artículo 46 de la Ley N° 27.260 las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero”. Y, en ese sentido, el artículo 30 de la Resolución General N° 3.919 (AFIP) aclara –con relación a la aplicación del beneficio-, que “las liberaciones referidas en el Artículo 46 de la Ley N° 27.260 también alcanzan a… las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, siempre que, en su caso, la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de dicha ley…”. En tales casos, impone como condición sine qua non, la obligación de “allanarse total e incondicionalmente a la pretensión fiscal, y desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo, en su caso, el pago de las costas y gastos causídicos”.
No puede tener acogida favorable el planteo de la actora fundado en su acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal toda vez que, como se desprende de la normativa transcripta, el alcance de los beneficios se limita a los bienes y/o tenencias exteriorizados, no siendo este el caso. La materia objeto de discusión en autos se refiere exclusivamente a una divergencia de interpretación de normas sobre criterios de valuación de stocks de hacienda respecto de bienes oportunamente declarados; bienes no relacionados con activos comprendidos en la exteriorización voluntaria, ni con renta generada a partir de ellos.
VII. Corresponde a continuación tratar el planteo de nulidad de la recurrente fundado en la falta de causa, al entender que el fisco no se expide respecto de objeciones u observaciones formuladas ni de prueba producida, y que viola el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos en tanto no impugna la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2014.
Al respecto, es pertinente señalar que según surge de autos, el Fisco basó su accionar en una estricta aplicación de normas legales. Desde tal perspectiva debe señalarse que, tanto de las distintas piezas que conforman las actuaciones administrativas como de los términos de la Vista, surge una acabada descripción de los antecedentes de la fiscalización, de los que se desprenden claramente cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta el organismo fiscal a fin de proceder a la determinación de oficio, con carácter parcial, de la obligación impositiva de la actora frente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014.
Tampoco puede aceptarse el agravio vinculado a la falta de causa de la resolución, pues se advierte que en ningún caso se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el caso bajo examen, por cuanto la actora ha tomado vista de la totalidad de las actuaciones correspondientes al procedimiento de determinación de oficio iniciado con la vista corrida, y ejercido su derecho de defensa mediante el escrito de descargo de la misma. En este sentido, no resulta ocioso recordar que este Tribunal ha dicho en numerosas oportunidades, que a los efectos de la procedencia de la nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión (CCiv, Sala F, LL 114-834; 10.006-S; id 116-783; 10.822-S), debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deber ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Cciv., Sala E, LL 116-245; id 123-969; 1.886-S).
Como consecuencia de ello se rechaza la excepción de nulidad opuesta por la apelante, con costas.
VIII. Respecto al fondo del asunto, la controversia surge por la valuación de los bienes de cambio de la actora. En materia de ganadería existen dos tipos de establecimientos, a saber: 1) de cría, que son aquellos que venden animales de propia producción, con independencia de la etapa o grado de terminación del animal, y 2) de invernada, en donde se compra el animal producido por terceros para engordarlo y venderlo, ya se terminado o en una etapa intermedia a su terminación.
A los fines de determinar la valuación de inventarios de hacienda bovina en el Impuesto a las Ganancias, según el art. 52 inc. d) de la ley, las existencias de hacienda, en tanto sean consideradas bienes de cambio, se valuarán de acuerdo al tipo de establecimiento de que se trate: establecimientos de cría o establecimientos de invernada. Y, respecto de éste último grupo, el punto 2) del inciso d) del mencionado artículo establece como método de valuación de las existencias “al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbre operar, menos gastos de venta, determinado para cada categoría de hacienda”. A su vez, el art. 77 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, indica que “a los fines de la valuación de las existencias de hacienda de establecimientos de invernada, se considerará precio de plaza para el contribuyente al precio neto, excluidos gastos de venta, que obtendría el ganadero en la fecha de cierre del ejercicio, por la venta de su hacienda en el mercado en que acostumbra a realizar sus operaciones”.
Esto, se complementa con lo dispuesto por el art. 82 del mencionado reglamento, que establece “… se considera que el mercado en el que el ganadero acostumbra a operar es aquel en el que realiza habitualmente sus operaciones o los mercados ubicados en la zona del establecimiento, cuando los ganaderos efectúen sus propias ventas o remates de hacienda sin intermediación. Sin embargo, cuando los mercados mencionados… carecieran de precios representativos de acuerdo a la calidad de los animales a valuar, tratándose de hacienda de pedigrí o pura por cruza, el precio promedio ponderado a aplicar será el que resulte de las operaciones registradas por las asociaciones o corporaciones de criadores de las respectivas razas”.
Sobre el concepto de “gastos de ventas”, el artículo 75 inciso c) los define como “aquellos incurridos directamente con motivo de la comercialización de los bienes de cambio (fletes, comisiones del vendedor, empaque, etc.)”.
Según se desprende del Informe de Inspección, el fisco verifica que la actividad ganadera que explota y declara la contribuyente es la de invernada, del tipo engorde en corrales (feed lot), y de la documental puesta a disposición por el actor, compra los animales, los engorda y luego los vende a frigoríficos de la zona.
Si bien tanto el contribuyente como el fisco manifiestan aplicar la normativa antes reseñada, sobre la que no existe controversia alguna, la metodología seguida por ambos difiere. El cálculo de la valuación del inventario es el resultado del producto de cantidades y precios. Las partes divergen en ambos componentes de la valuación. Con respecto a las cantidades, el recurrente alega que resulta imposible determinar el kilaje al momento de la compra e ingreso de los animales al feed lot, ya que las compras se realizan por “cabeza” y no por kilo, mientras que las ventas sí se efectúan por kilo. Tomando esto en cuenta, a efectos de determinar la cantidad de kilos del stock al 31/12/2014, resta del kilaje de las ventas realizadas en los primeros tres meses del año 2015 los kilos “ganados” desde el cierre de 2014 hasta el momento de la venta. A este subtotal entiende que debe agregársele los kilos de los animales adquiridos entre enero y marzo de 2015 que fueron vendidos dentro de ese mismo período. Ello así, el contribuyente informa que se vendieron en total 1.757 animales (545.895 kilos) en el primer trimestre de 2015, compuesto de 541 cabezas (163.135 kilos) compradas entre 02/01/2015 y 20/02/2015, y 1216 unidades que ya estaban en el feed lot al 31/12/2014. El peso de estas 1216 cabezas al momento de la venta ascendía a 382.760 kilos, de los cuales el recurrente deduce los kilos ganados desde el 31/12/2014 hasta la venta, determinando que el kilaje de esas 1216 cabezas al cierre era de 302.630 kilos. De lo que surge que el stock total al 31/12/2014 era de 465.765 kilos.
Por su parte, el fisco entiende que para determinar las cantidades a considerar en el stock inicial y en el final, deben considerarse la cantidad de animales existentes a tales fechas. Así, según surge de los inventarios físicos aportados por el contribuyente, indica que al 31/12/2013 había 1804 cabezas y al 31/12/2014, 1933 cabezas. Cabe mencionar que, tales cantidades, incluyen vaquillonas, novillos y terneros.
Asimismo, a fs. 132/133 obra Informe de los peritos veterinarios, que concluyen: 1) Que no es práctica habitual en los establecimientos de engorde a corral, pesar los animales al fin de un inventario; 2) Que los animales se pesan al momento de la venta o por controles puntuales; 3) Que los animales permanecen aproximadamente durante 3 meses (80/100 días) en engorde, siendo el primer mes de adaptación y los siguientes de engorde; 4) Que el engorde promedio de los 90 días para esa categoría de animales (engorde liviano) es de 1,4 kg/día; 5) De los datos que surgen a fs. 165 con un stock al 31/12/2014 de 1933 animales, de los cuales fueron vendidos 1216 animales durante el primer período (enero/marzo), con un peso de venta de 314 kg aproximadamente, quedando un remanente de 717 animales que se vendieron en el segundo período. Concluye que la forma de determinar el peso de los animales a la fecha requerida, es tener en cuenta la fecha de venta y los kilos en ese momento y restar la ganancia diaria promedio estimada de 1,4 kg/día De lo anterior se desprende que la metodología más apropiada para determinar las cantidades de un inventario de una invernada es calculando la cantidad de kilos existentes a dicha fecha y no por la cantidad de animales. Por lo que corresponde instruir al fisco adopte el criterio y los parámetros sugeridos por los peritos para inferir las cantidades del stock inicial al 31/12/2013 y final, al 31/12/2014.
IX. Con relación al precio a aplicar a las cantidades determinadas según el párrafo anterior a efectos de obtener la valoración del inventario, el contribuyente, a los kilos existentes al 31/12/2014 calculados según lo antes descripto le aplica un precio de $16/Kg.
Manifiesta que el precio que expone del gordo incluye novillitos y vaquillonas especiales y regulares; lo de regulares se debe a que engorda algo de ganado Holando Argentino y Shersey que se paga como de categoría regular. Y que en el precio de invernada incluye también, para el promedio, el valor de esos Holandos. En este sentido, señala que el 17/10/2016 presentó en el Distrito Cañuelas una Multinota –F206/I- en la cual precisa, para la valuación del inventario final al 31/12/2014, que el valor “Promedio General de Gordos” era de $13,84 (incluye novillos especiales, novillos regulares, vaquillonas especiales y vaquillonas regulares), y que el “Promedio de Invernada”, es decir de los animales que se adquieren para ingresar al feed lot era de $20,80 (incluye ternero/a y ternero holando). Y aclara que “sabemos que desde hace unos años la invernada ha valido más que el gordo, se puede ver… que fluctúa entre un 30% y un 40% más, pero mis animales siempre tuvieron destino de faena. Por eso considero que el kilo de mi engorde vale el kilo del gordo, pues nunca podrá tener otro valor”. Acompaña prueba.
Con relación a los precios del Mercado de Liniers S.A., el contribuyente informa que dichos precios son con pago a 21 días, lo que hace que aumente notoriamente el precio. Y manifiesta que Frigocañuelas le pagaba, por entonces, de contado, lo cual hace que el precio fuera considerablemente inferior a los de dicho mercado. De lo anterior se desprende que la recurrente, si bien utiliza para la valoración del inventario final un precio de $16 por kilogramo, tal valor no encuentra explicación en autos ni coincide con lo manifestado por el propio actor respecto del precio que debería considerarse.
Por su parte, el fisco calculó el precio promedio de venta del mes de diciembre de los períodos de 2013 y 2014, netos de gastos de ventas, teniendo en cuenta que las mismas se realizaron a frigoríficos de la zona, toda vez que, a su entender, se trata del mercado en que acostumbra a operar el ganadero, en la categoría “terneros”. Para así proceder, y según consta en la Vista, tomó los precios según surgen de la facturación de ventas del contribuyente extraída del libro ventas, correspondientes al mercado donde opera que, en este caso, es mayoritariamente a Frigorífico Cañuelas S.A. Así, determina que el precio de venta promedio al 31/12/2013 es de $2.930,75 mientras que el precio de venta promedio al 31/12/2014 es de $4.754,85.
Es pertinente destacar que el órgano recaudador, en atención a las manifestaciones de la actora, informa que detalló los kilos facturados y los precios de venta, estimando el kilaje promedio de venta por animal por cada operación, como el peso promedio de los bovinos en existencia al cierre del ejercicio –considerando un engorde de un kilogramo por día y detrayendo igual cantidad de kilos que los días transcurridos entre el 31/12 y la fecha de factura en los meses de enero, febrero y marzo/2015, por cada una de las operaciones realizadas-, determinando el peso promedio de los animales en existencia por cada una de las facturas, el que se multiplicó por la cantidad de cabezas y el precio neto de venta al 31/12. Concluyendo que, estimada la existencia final al cierre de 2014 sobre la base de las cabezas informadas por el contribuyente se obtuvo un monto similar al notificado oportunamente.
Tomando en cuenta lo expuesto, considerando que el mercado en el que acostumbra a realizar sus operaciones el contribuyente, son los frigoríficos de la zona según surge del Libro IVA Ventas y, considerando que para el período en cuestión (diciembre de 2013 y diciembre de 2014) es fundamentalmente el Frigorífico Cañuelas el mercado en el que realizó su hacienda, tal debería ser el precio a considerar al momento de la valoración de los kilos determinados para los inventarios inicial y final, según lo indicado oportunamente.
Por tanto corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la actora, en tanto la forma de cálculo de las cantidades correspondientes a los inventarios de hacienda en invernada es el utilizado por la recurrente pero el precio es el correspondiente al del mercado donde ésta habitualmente opera, esto es, los frigoríficos de la zona tal como sostuviera el fisco en la Vista.
X. Que en cuanto a los intereses resarcitorios, al no haber expresado la actora agravio alguno, corresponde recalcularlos según lo indicado en el punto anterior.
XI. Que en cuanto a la sanción aplicada, el art. 45 de la ley procedimental –en su texto anterior al dictado de la Ley N° 27.430 y vigente al momento de cometido el ilícito- establecía que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable”.
El mencionado artículo tipifica una infracción –omisión culposa- que requiere concurrencia de dos elementos, por un aparte, la omisión de pago de impuestos y, por la otra, el medio comisivo, el que puede ser: 1) la falta de presentación de declaraciones juradas; o 2) la presentación de declaraciones juradas inexactas (en este último supuesto, en tanto el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa”). En lo que atañe al último supuesto, cabe establecer que la inexactitud exigida por la citada norma refiere a errores o diferencias en el contenido de las declaraciones juradas, configurándose el ilícito cuando éstas contienen tal vicio y, como consecuencia de ello, se omite total o parcialmente el impuesto correspondiente.
Exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta culpable del sujeto, es decir, la existencia del elemento subjetivo.
En cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos corresponde concluir que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de la sanción apelada, en atención a que se omitió el ingreso del tributo en su justa medida, en tiempo y forma.
Asimismo, en la imputación de las conductas infraccionales tipificadas –en el caso por el art. 45- corresponde ponderar la presencia del elemento subjetivo y su respectiva atribución al responsable con arreglo al principio de culpabilidad, como requisito ineludible de validez.
Como es sabido, la ley 11.683 recepta el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien es culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos – 271:297; 303:1548).
La responsabilidad penal –de eso se trata la cuestión debatida- sólo puede derivar de la comisión u omisión de un acto tipificado, contrario a derecho, resultante de un obrar culpable (en este caso “culpa”) atribuible a un sujeto capaz, debiéndose descartar, según la mayoritaria y más respetada concepción doctrinaria y jurisprudencial, la fundamentación sobre bases puramente subjetivas.
La atribución del elemento subjetivo al caso concreto debe surgir necesariamente, de la comprobación de la existencia de culpa imputable al calificar la conducta del responsable, debiendo ésta ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias personales y de tiempo y lugar que permitan, en la convicción del intérprete, encontrarla configurada.
Por tanto, en autos, debe indagarse si al presentarse la declaración jurada inexacta, se infringieron los deberes de cuidado mínimos referidos y si se produjo el resultado dañoso contemplado en la norma, circunstancias demostrativas de la presencia de un hecho culposo sancionable.
Si el contribuyente ha encaminado su conducta a la realización de un hecho jurídicamente debido o permitido, pero al hacerlo ha lesionado un bien jurídico infringiendo los deberes de cuidado que se le exigía respetar, se deduce que actuó con negligencia o imprudencia, ocasionando una lesión o menoscabo del bien tutelado. La merituación de tales circunstancias se refuerza ante la ausencia de controles o cuidados posteriores que hubieren permitido una reparación espontánea del daño.
Que debe ahora esta instancia examinar la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión.
Ante todo es necesario recordar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en autos; “Elen Valmi de Claret” de fecha 31/03/1999, donde al analizar la figura del artículo 45 de la ley de rito, dijo: “… surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador…”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena concluyó “… si bien, por lo tanto, es admisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Resulta relevante destacar que la apelante, no obstante haber utilizado el procedimiento adecuado para determinar las cantidades, consideró un precio inadecuado y, contando en esta instancia con todas las posibilidades, no aportó en autos ningún elemento a los efectos de demostrar un obrar diligente. Es por ello que debe tenerse por acreditado el elemento subjetivo requerido en el tipo, por lo que corresponde se confirme la multa.
XII. En atención a la forma que se resuelve, las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
XIII. En consecuencia, corresponde ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación conforme lo resuelto en los Considerando VIII y IX. A tal efecto remítanse por igual término los antecedentes administrativos agregados a la causa.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del vocal instructor.
Por ello, en virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la recurrente, con costas.
2. Confirmar parcialmente la resolución apelada respecto del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014, con las particularidades enunciadas en el Considerando VIII, más los intereses resarcitorios correspondientes.
3. Confirmar la multa apelada respecto de la parte del impuesto que se confirma.
4. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
5. Ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación conforme lo resuelto en los Considerando VIII y IX. A tal efecto remítanse por igual término los antecedentes administrativos agregados a la causa.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares por encontrarse vacante la Vocalía de la 1ra. Nominación (art. 184 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.03.14 16:25:49 -03:00 Date: 2022.03.14 18:55:35 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.14 18:55:34 -03:00
Fin de la sentencia