Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 181.957
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Eduardo Martín Amiconi, con costas (art. 68 del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
Expte. Nº 181957 - Juzgado Civil y Comercial N°06 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “AMICONI, EDUARDO MARTÍN C/ GÓMEZ, NATALIA ANDREA Y OT. S/ INCIDENTE DE REDARGUCIÓN DE FALSESDAD”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Rodrigo H. Cataldo, en atención a la excusación del Dr. Roberto J. Loustaunau del 07/02/2025 y que se acepta en este acto;
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva del 27 de septiembre de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 27 de septiembre de 2024, la Sra. Jueza Dra. Gabriela Judit De Sabato dictó sentencia definitiva en la que rechazó la demanda de redargución de falsedad promovida por Eduardo Martín Amiconi contra Alicia María de Lourdes Llorca, Erika Graciela Sallette, Stella Maris Moscuzza y Natalia Andrea Gómez, así como también contra los terceros Gonzalo Alejandro Pesce y Liliana Iris Sánchez, con costas.
Para así decidirlo, explicó que el objeto principal del proceso perseguido por la actora consiste en desvirtuar la eficacia del acta judicial impugnada, en la que se instrumentó la audiencia celebrada el 4 de julio de 2023 pasada ante la actuaria Dra. Llorca.
Explicó que dicho instrumento tiene naturaleza pública en los términos del art. 289 inc. b del CCyC y que existe una presunción de verdad de los hechos y actos cumplidos por la funcionaria o pasados en su presencia. Agregó que la firma de quienes revisten carácter de partes hace válido y eficaz al instrumento y al acto procesal instrumentado, pues tales rúbricas cumplen la función de expresión de conformidad respecto de su contenido, sea con relación a manifestaciones de su voluntad o la de otras personas y expresiones propias del funcionario otorgante. Consideró contradictorio que el actor diga que desistió de alegar si aún tenía prueba pendiente; lo mismo señala con relación a haber consentido que los autos pasen a resolver si pretendía sostener la producción de la prueba.
Agregó que en el resolutorio del 22/05/2023 el Tribunal de Trabajo afirmó que se tendría por desistida la prueba informativa pendiente de producción al momento de la audiencia de vista de causa. De allí que, aunque en el acta no se hubiese consignado que el acto desistía de su prueba, el Tribunal ya había decidido —y Amiconi había consentido— que la prueba pendiente sería considerada desistida. Descartó la hipótesis de la firma en blanco por falta de prueba, a la vez que juzgó inverosímil el relato porque implicaría aceptar que el Dr. Belliure, letrado de Amiconi, le recomendó a su cliente que firme un documento en esas condiciones.
II. El recurso del Sr. Eduardo Martín Amiconi El actor apeló el 7 de octubre de 2024 y fundó su recurso el 26 de noviembre de 2024, con réplica de Gómez, Moscuzza, Sallete y Llorca el 2 de diciembre de 2024 y de Sanchez y Pesce el 6 de diciembre de ese mismo año.
Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Alega que este proceso de redargución de falsedad transcurrió con irregularidad, siendo despojado de la posibilidad de acreditar los hechos invocados en la demanda. Refiere que su abogado, el Dr. Belliure, quedó en “una posición un tanto extraña, ya que, si todos los intervinientes de la audiencia laboral debían participar del proceso, también tendrían que haberlo incluido como requerido”.
ii) Afirma que desde la audiencia de vista de causa del 5 de agosto de 2024 la irregularidad se reforzó. Primero cuando la Dra. De Sábato dijo que iba a interrogar a las partes e impidiéndole participar en forma virtual (cuando a Sánchez sí se lo permitieron). Finalmente, porque se le impidió acceder a la videograbación de la audiencia, a pesar de los múltiples reclamos efectuados por la Mesa de Entradas Virtual.
iii) Cuestiona que ni a las funcionarias judiciales, ni a la letrada Sánchez ni al Sr. Pesce se los interrogó de manera concreta, indagando si en la audiencia realizada en el fuero laboral se les preguntó a las partes si querían desistir de la prueba o si las partes expresaron tal desistimiento, tal como dice el acta que sucedió. Esto, refiere, era lo más importante para esclarecer los hechos y sobre el cual se basa la demanda promovida.
Se pregunta por qué no se le preguntó a las juezas laborales y a la auxiliar letrada por el desistimiento de la prueba. Dice que la respuesta es clara y que fue así para evitarles que incurran en un delito de falso testimonio.
iv) Denuncia que se le restringió “flagrantemente” su derecho de defensa en juicio al no poder dar su versión de los hechos en la audiencia de vista de causa celebrada en este proceso. Refiere que expuso su imposibilidad de concurrir y pidió hacerlo en modo virtual pero la magistrada rechazó su petición, cuando a la Dra. Sánchez sí la autorizaron. Ello, alega, “demuestra una inclinación a aceptar los pedidos de la demandada por sobre los de la actora” y que se traduce en una “parcialidad manifiesta”.
v) Considera injusto que la Dra. Sánchez haya estado presente durante toda la audiencia (refiriéndose a la vista de causa del juicio civil) cuando ella misma tenía que absolver posiciones. Entiende que no debió haber estado presente.
vi) Explica que “todas estas irregularidades demuestran la nulidad de la audiencia de vista de causa y en consecuencia de la sentencia dictada”. Manifiesta que los argumentos del fallo no alcanzan para ser siquiera una mala apreciación de la prueba, dado que esa prueba no fue producida. Pide la declaración de nulidad de la sentencia en razón de las irregularidades denunciadas.
III. Tratamiento de los agravios.
Ninguna de las circunstancias invocadas por el apelante logra demostrar un error de hecho o de derecho en la sentencia apelada. Tampoco permiten concluir que la decisión que es objeto de recurso tiene algún vicio que afecte su validez constitucional. Por las razones que seguidamente detallaré, considero que el recurso debe ser íntegramente desestimado (arts. 168, 171 CPBA, 34.4, 163, 242 y 253 del CPCCBA).
La totalidad de las alegaciones que postula el Sr. Amiconi en su memorial están orientadas a demostrar “la nulidad de la audiencia de vista de causa y, en consecuencia, de la sentencia dictada” (sic, punto 6), detallando una plétora de anomalías que, según dice, se produjeron en la etapa probatoria y de integración de la litis.
Concretamente, el accionante denuncia que en el marco de este proceso civil de redargución de falsedad: (i) se le impidió acreditar los hechos invocados en la demanda a consecuencia de la citación de la Dra. Sánchez y el Sr. Pesce; (ii) hubo inequidades en los criterios con los que se autorizó a alguna de las partes para concurrir a la audiencia vista de causa en forma virtual, (iii) medió parcialidad de la jueza; (iv) se le impidió acceder al video de la audiencia de vista de causa, (v) no hubo concordancia entre las preguntas de la magistrada en la absolución de posiciones y los hechos que el apelante considera que eran relevantes para dirimir la controversia, (vi) se dejó al Dr. Belliure, patrocinante del actor, en una “extraña” situación del Dr. Belliure, dado que debió ser “requerido” y (v) existió incompatibilidad en el doble rol asumido por la Dra. Sánchez en este proceso, como colegitimada y letrada del Sr. Pesce.
El problema con estas afirmaciones es que no logran dar fundamento a un recurso de apelación puesto que no versan sobre los motivos que justificaron el rechazo de la demanda. En paralelo, tampoco pueden base a un recurso de nulidad implícito en los términos del art. 253 del CPCCBA pues esta última vía permite evaluar agravios sustentados en defectos o vicios de forma o en la construcción de las decisiones jurisdiccionales, pero siempre refiriéndose a las anomalías de la sentencia definitiva impugnada, y no a los actos procesales que le precedieron.
La Casación bonaerense así lo ha resuelto en reiteradas oportunidades: los vicios de procedimiento anteriores a la sentencia no constituyen objeto del recurso de nulidad implícito en la apelación, puesto que éste circunscribe, exclusivamente, a los errores propios de aquella, como literalmente dispone el art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial. Y ello es así puesto que «[l]os errores o irregularidades de procedimiento detectables en la tramitación de una causa que pudieran haber precedido a la sentencia definitiva, deben ser atacados mediante la articulación de un incidente de nulidad sustanciado y decidido en la instancia en donde se produjeron» (SCBA, c. 115243, en autos "Stabille, Carlos Alberto y Ruiz, María del Pilar c/Calvimonte, José Eduardo y Beck, Marta Mabel s/Resolución de contrato" sent. del 11/03/2013; en igual sentido, esta Cámara, Sala I, c. 125966 "García Fernandez Gerardo c/Luis Fiorentini e Hijos SACIF s/Cobro Ejecutivo", RSD-382-5 del 11/08/2005; Sala II, c. 90727 "Saavedra, María Inés c/Banini, Andrea F. y otro s/Ejecución de alquileres" RSI-97-95 del 23/02/1995).
Si el actor considera que hubo irregularidades en la integración de la litis o en el procedimiento de producción probatoria o que, de algún modo, hubo vicios que alteraron la validez de los actos procesales que precedieron a la sentencia definitiva, debió articular en cada caso los remedios pertinentes para canalizar las denuncias que ahora, tardíamente, introduce en instancia recursiva al momento de cuestionar el mérito de la decisión final de la controversia (arg. art. 169, 175 y cctes. del CPCCBA).
Inadmisible el recurso fundado en los vicios procedimentales denunciados, resulta igualmente infundado el razonamiento que el apelante propone para argumentar que de tales anomalías se infiere la nulidad la sentencia definitiva. Ni de una cosa se sigue la otra, ni de la sentencia del 27/09/2024 se observan vicios que pudieran justificar la declaración de nulidad pretendida (arts. 34.4, 163 y cctes. del CPCCBA). Las quejas, en cuanto a este punto refiere, resultan inadmisibles (arg. art. 253 del CPCCBA).
III.b. Sobre las irregularidades denunciadas Si bien lo dicho hasta aquí resulta suficiente para desestimar el recurso en estudio, las características de este juicio civil de redargución de falsedad (que nace como incidencia accesoria de otro proceso laboral en cuyo seno se gestó la controversia) me motivan a analizar una por una las pretensas anomalías denunciadas por el actor en su demanda. Anticipo que las irregularidades no son tales y la conducta de la magistrada civil —y de su equipo de trabajo— no merece las observaciones críticas que el apelante formula.
(i) Sobre la falta de acceso al video de la audiencia. El actor denuncia que «le impidieron» acceder a la videograbación de la audiencia del 5 de agosto de 2024. Es cierto que Amiconi invocó dificultades técnicas para acceder a la videograbación, pero ello no implica que se le haya impedido el acceso al documento digital. De hecho, el problema fue comunicado al juzgado y la magistrada le ofreció rápidamente una solución. La inexistencia de queja, planteo o escrito posterior al despacho del 16/08/2024 lleva a inferir que el Sr. Amiconi y su letrado, Dr. Belliure, pudieron acceder sin inconvenientes al video o, como allí se le ofreció, concurrió a la dependencia a revisar personalmente la grabación. No es posible percibir irregularidad alguna ni violación a derecho fundamental de ninguna especie.
(ii) Sobre el modo en que la citación de Sánchez y Pesce le frustró la posibilidad de acreditar los hechos invocados. Amiconi afirma que la citación ordenada en el despacho del 14/11/2023 lo “despojó” de la posibilidad de acreditar los hechos que dan base a su reclamo. La objeción es insustancial pues el actor sabía o debía saber que la redargución de falsedad es un proceso judicial contencioso que debe sustanciarse con todos los intervinientes en el acto, incluyendo al oficial público (Rivera, Julio C. Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004, t. II, pág. 628; SCBA, L.81854, "Lengert, Víctor Alberto c/Manferro S.A. s/Enfermedad accidente" del 12/03/2008).
La intervención de Pesce y Sánchez como demandados no solo no es una irregularidad, sino que ha sido la previsible decisión jurisdiccional adoptada por la Dra. De Sábato frente a una demanda sin demandados y en la que se proponía como testigos a quienes, en verdad, debían intervenir como litisconsortes necesarios en su calidad de firmantes del instrumento impugnado. La alegada imposibilidad o dificultad en acreditar los hechos denunciados obedece a otra circunstancia que no es ajena al recurrente: su demanda, como se verá seguidamente, carecía de ofrecimiento probatorio por fuera de los instrumentos que integran el expediente laboral en el cual se gestó la incidencia. (iii) Sobre la pretensa incompatibilidad entre el rol asumido por la Dra. Sánchez (como parte y letrada del citado Pesce). El accionante se queja de la participación de la Dra. Sánchez como letrada del codemandado Pesce. El problema aquí es que su denuncia —aceptando por hipótesis que tuviera algún fundamento, aunque no lo tiene— resulta tardía y colisiona con la aquiescencia que mantuvo tanto al responder el traslado de la documental adjunta por Pesce (v. escrito del 20/05/2024) como al hacer lo propio con relación a la documental de la Dra. Sánchez (v. escrito del 10/062024). Ni en esa oportunidad, ni en ninguna otra posterior, el actor formuló planteo alguno orientado a explicar la incompatibilidad que ahora denuncia entre el rol técnico asumido por la Dra. Sánchez y su rol de codemandada. Por este motivo, el agravio pretende presentar como una irregularidad algo que Amiconi conoció y consintió a lo largo de todo el procedimiento. Ello sin contar que resulta contradictorio que le impute a Pesce una indebida elección de su letrada por ser colegitimada pasiva cuando, en paralelo, y como seguidamente se verá, el propio Amiconi promovió esta demanda patrocinado por uno de los abogados firmantes del acta cuyo texto alega ahora como falso.
(iv) Sobre la “posición extraña” del Dr. Belliure. El apelante denuncia que su abogado quedó “en una posición un tanto extraña” (sic) porque no pudo participar del proceso como “requerido”. El planteo es infundado. El actor nuevamente le asigna el mote de irregularidad a las consecuencias de su propia estrategia procesal: afirmar que Belliure debió ser parte en este proceso —como Sánchez, Pesce y el resto de los firmantes del acta— significaría dos cosas: (1) o bien que Amiconi debió demandar a su propio abogado, algo que el ordenamiento jurídico no permite (art. 60 inc. 1 y 2 de la Ley 5177); (2) o bien que Belliure no debió haber aceptado el caso, delegando en otro colega la labor, y someterse al proceso en una calidad de codemandado que ahora su propio cliente, llamativamente, parece reclamarle. Como sea, el apelante no puede imputar a la magistrada civil —a título de supuesta irregularidad— las consecuencias de sus propias decisiones a la hora de formular su pretensión y escoger a su letrado patrocinante. De hecho, la Dra. De Sábato no fue ajena a esta circunstancia, dado que destacó en su sentencia —con buen tino— lo llamativo de la decisión de Amiconi de ser patrocinado por quien, según dijo en el escrito del 05/07/2023 en el incidente laboral, asesoró a su cliente autorizándolo a firmar una supuesta hoja en blanco en la que [también supuestamente] aún no se había impreso el texto del acta. Sobre esta hipótesis volveré más adelante.
(v) Sobre el trato desigual entre la Dra. Sánchez y el Sr. Amiconi para participar en la audiencia en formato virtual. La queja del actor, en este punto, también es infundada y la alegada “inclinación [de la jueza] a aceptar los pedidos de la demandada por sobre los de la actora” se revela como una inmerecida acusación de parcialidad contra la colega de primera instancia.
En una selectiva y capciosa lectura de la realidad y de las constancias del expediente, el actor ensaya su crítica omitiendo considerar que su actuación en el proceso fue muy distinta a la de la Dra. Sánchez en orden a justificar su imposibilidad de asistir a la audiencia del 5 de agosto de 2024.
Recapitulemos. La audiencia de vista de causa fue fijada en el despacho del 28/06/2024 y se agendó para el 9 de agosto de 2024. Ese mismo día, la decisión le notificatorio producido el 2 de julio de 2024. El letrado del actor justificó con una reserva aérea de fecha anterior su imposibilidad de asistir (v. escrito del 28/06/2024), y la Dra. De Sábato, merced al requerimiento y a su soporte documental, reprogramó sin inconvenientes la audiencia para el 5 de agosto, dos días antes de su partida a España. Aun así, el Dr. Belliure volvió a exponer una segunda dificultad de agenda (v. escrito del 01/07/2024) indicando que el 5 de agosto de 2024 tampoco podía concurrir por tener una audiencia en el mismo horario (situación que acreditó con documental suficiente). Nuevamente, considerando su pedido —y también el de las accionadas— la Dra. De Sábato fue permeable a los inconvenientes denunciados y acreditados y procedió a cambiar el horario de la audiencia para el mismo día a las 14:30 horas.
La Dra. Sánchez informó el 03/07/2024 que iba a estar fuera de la ciudad para la nueva fecha (esto es, la fecha peticionada por el Dr. Belliure, no la original fijada por la magistrada) y demostró esa circunstancia con una reserva aérea fechada en mayo de 2024. Por ese motivo, y gracias a que la letrada no pidió el cambio de fecha sino solo acceder en formato virtual (cuando le hubiera correspondido una reprogramación de día, siguiendo el mismo criterio aplicado con el Dr. Belliure), la Dra. De Sábato —en su tercera decisión relativa a la fecha o modalidad de la audiencia— autorizó el 08/07/2024 a que la Dra. Sanchez participe por videoconferencia.
Muy distinta es la situación de Amiconi, a quien la jueza explícitamente lo citó con los fines anunciados en el despacho del 28 de junio de 2024. En el escrito del 2 de agosto de 2024 —tres días antes de la audiencia, más de un mes después de producida la citación— el actor anuncia que no estará en la ciudad, sin acreditar, como lo hicieron su abogado y la Dra. Sánchez, una reserva de fecha anterior que pudiera justificar su pedido (de hecho, siquiera acreditó el viaje en sí mismo, no ya su fecha o reserva previa). Es por ese motivo, y no otro, que la jueza desestimó su petición para participar en forma virtual (v. proveído del 5/08/2024). La decisión, lejos de ser tendenciosa o reflejar parcialidad, luce completamente razonable dada la gravedad de los hechos que el propio Amiconi denunció en su demanda y el objetivo que la Dra. De Sábato le asignó a ese acto procesal. Resulta inadmisible que la persona que llevó a juicio a seis personas (y comprometió la agenda de las tres magistradas que integran un Tribunal del Trabajo departamental) afirme pocas horas antes de realizarse el acto que no puede concurrir dado que tiene programado un viaje que ni siquiera se esforzó en acreditar (arg. art. 419 del CPCCBA).
De hecho, Amiconi no fue a la audiencia y en ningún escrito posterior demostró haber estado fuera de la ciudad, lo que genera múltiples interrogantes sobre la sinceridad de su excusa y motiva la mayor severidad a la hora de juzgar el alcance y los efectos de su decisión de no presentarse a responder las preguntas de la magistrada (art. 415 del CPCCBA). Lejos de advertir alguna irregularidad o parcialidad por parte del juzgado de primera instancia, lo que hubo es una marcada desidia del propio reclamante de concurrir al acto procesal más importante del proceso que él mismo inició, todo ello con el supuesto fundamento de un viaje que ni en ese momento, ni en ninguno posterior, consideró prudente acreditar.
(vii) Sobre la pertinencia de las preguntas de la jueza y la imposibilidad de probar los hechos de la demanda. El actor reniega una y otra vez de las preguntas formuladas por la jueza y su ineptitud para esclarecer los hechos sobre los que se basa la demanda. Sin embargo, sus objeciones resultan insustanciales pues el problema de fondo no es la elección de las preguntas de la Dra. De Sábato, sino la falta de ofrecimiento probatorio en el escrito inicial (art. 375 del CPCCBA). Más allá de lo que luego diré sobre la utilidad de la prueba para juzgar el mérito de la pretensión de Amiconi, advierto que el apelante nuevamente denuncia como irregularidad, o como una actuación objetable de la colega, lo que no dejan de ser una consecuencia más de su propia estrategia procesal. Promovida una demanda sin demandados, y ofrecidos como testigos a quienes Amiconi sabía o debía saber que eran litisconsortes pasivos necesarios, el actor dejó a su pretensión sin soporte probatorio para acreditar lo que ahora le ofende que no se haya demostrado en los relatos de la audiencia.
Amiconi siquiera amplió su ofrecimiento probatorio en su escrito del 16/08/2023 cuando dirigió su acción contra las magistradas y la funcionaria interviniente (art. 331 del CPCCBA) y tampoco nada hizo cuando respondió el traslado del pedido de citación de Pesce y Sánchez (v. escrito del 10/11/2023). El expediente llegó a sentencia y la única prueba producida por Amiconi fue la documental e instrumental, que en ambos casos refieren al incidente laboral. No parece aceptable que el actor cuestione la utilidad de una audiencia (o las preguntas que en ella hizo la magistrada) cuando ese acto fue una medida oficiosa de la colega en el marco de una pretensión que carecía por completo de base probatoria orientada a demostrar los hechos en los que pretendía fundarse. (viii) Sobre las respuestas de las juezas y la auxiliar letrada y las preguntas formuladas por la Dra. De Sábato. Vinculado con lo anterior, el actor objeta también la remisión constante que hicieron las magistradas y la funcionaria al texto del acta. Protesta, además, que la jueza no les haya preguntado por el desistimiento de la prueba. La objeción, nuevamente, es inadmisible, dado que ninguna de las cuatro funcionarias está legalmente habilitada a contradecir, variar o alterar el contenido del instrumento público suscripto, salvo que medie algún vicio de su voluntad (art. 297 del CCyC). Ello explica el escaso valor probatorio que tienen sus narrativas del mismo modo que demuestra que el agravio al derecho de defensa del actor no ha sido tal. Mal puede el accionante pretender que su redargución de falsedad se acredite mediante preguntas hechas a quienes, por ley, están imposibilitadas de decir algo distinto a lo consignado en el instrumento impugnado (art. cit.). Como decía Vélez Sarsfield en la nota al art. 992 de su Código: «la ley que no permite probar con las mismas personas que dan forma al acto que no ha sido ejecutado fielmente».
(ix) Sobre la presencia de la Dra. Sánchez en la audiencia. El Sr. Amiconi también protestó por la presencia de la Dra. Sánchez durante la audiencia, escuchando la respuesta de las demás legitimadas pasivas. En este punto no logro entender cuál es el inconveniente o qué tipo de problema genera la circunstancia narrada, considerando la calidad de parte de la letrada y el hecho de que la regla del art. 437 del CPCCBA es aplicable únicamente a la prueba por testigos y no a la confesional.
III.c. Sobre la conducta del firmante del instrumento impugnado Buen aparte de lo dicho en párrafos precedentes permite advertir que las anomalías denunciadas en el memorial no han sido tales. El apelante ha intentado construir una imagen de un proceso plagado de irregularidades y decisiones jurisdiccionales parciales cuando, en verdad, nada de ello ha ocurrido. Sus postulaciones tienen un denominador común: postularse como víctima de un proceso injusto, machacar en el comportamiento indebido del órgano jurisdiccional y destenderse por completo de las consecuencias de su propia conducta. Esta última característica de su estrategia procesal —presente tanto en este juicio civil como en la incidencia gestada en el fuero laboral— me obligan a efectuar una última reflexión complementaria que me persuade del acierto en la decisión de la magistrada a la hora de rechazar la demanda.
El caso en estudio tiene una particularidad que lo diferencia de otros supuestos de redargución. Quien aquí invoca la falsedad ideológica del instrumento público fue parte del acto procesal instrumentado y rubricó de puño y letra el texto redactado por la actuaria una vez finalizada la audiencia laboral. De hecho, no lo hizo en soledad, sino que también firmó el acta su letrado patrocinante (el Dr. Belliure). Esta circunstancia, a mi criterio, es determinante a la hora de justipreciar el mérito de la demanda.
Desde la óptica del derecho de fondo (y de las reglas que rigen la redargución de falsedad de un instrumento público) el juicio de procedencia de un reclamo de esta naturaleza exige evaluar con suma estrictez si el otorgante no fedatario del instrumento impugnado puede alegar la insinceridad de un documento que firmó voluntariamente. Desde la óptica del derecho procesal, la mirada es similar: las exigencias de la buena fe y la consecuente necesidad de guardar coherencia con los actos propios —pilares centrales que definen el cauce regular de los pleitos—motivan un severo escrutinio sobre el comportamiento del propio del impugnante que alega como falso aquello que oportunamente rubricó mediando asesoramiento de un abogado de matrícula.
La pregunta que naturalmente emerge en el caso es por qué Amiconi -y su letrado- rubricaron el acta cuyo contenido ahora dicen que es insincero, considerando que la firma representa la plena conformidad del firmante con relación al contenido del instrumento (Pelosi, Carlos A., El documento notarial, Buenos Aires: Astrea, 1997, pág. 227; Benavente, María Isabel, en "Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti”, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, v. 2., pág. 130).
Amiconi intentó justificar su comportamiento, pero lo hizo en forma errática y de un modo sumamente cuestionable.
En el escrito presentado el 05/07/2023 en la causa “Amiconi, Martín Eduardo c/ Pesce, Gonzalo Alejandro s/ incidente” (causa n° MP-10920-2023, de trámite ante el Tribunal del Trabajo N°5 departamental) señaló que “al momento de la firma del acta, al letrado le hicieron firmar una hoja en blanco (tal como surge de la digitalización del acta, donde las firmas están solas en la hoja y el texto de la audiencia en otra)” (sic).
Allí el actor pareciera haber justificado su conducta edificando una grave acusación que reflejaría una irregularidad manifiesta del actuar del equipo de trabajo del Tribunal de Trabajo N°5. Una suerte de abuso de firma en blanco gestado cuando una persona que no identifica “le hizo firmar” (sic) al Dr. Belliure un papel vacío y en el que luego se consignó un texto insincero que reflejaría algo que no ocurrió en la audiencia. La elección de las palabras —y la ambigua redacción utilizada— no parece haber sido casual, dado que la idea de que “le hicieron firmar” deja entrever un escenario de engaño o ardid a manos de un autor que Amiconi, por algún motivo, prefirió no identificar.
La imprecisión, vaguedad y laconismo de la denuncia fue directamente proporcional a su falta de fundamento probatorio: la hipótesis del engaño no resistía el más mínimo análisis. No solo no fue acreditada (ni en ese proceso, ni en este) sino que se sustentaba en una equivocada lectura del acta, reparando en las firmas del reverso de la hoja sin advertir que al texto del acta le siguieron tres rúbricas en el anverso del papel. Una de esas rúbricas, de hecho, pisa el texto del acta por lo que no parece aventurado afirmar que era relativamente sencillo para el actor demostrar —caligráfica mediante— que la impresión del acta fue posterior a las firmas de los intervinientes en el acto.
Como sea, pese a la gravedad de la denuncia formulada (que Amiconi y su letrado postularon a sabiendas de su aptitud no solo para ofender la honra y el honor de cuatro funcionarias de un poder público, sino también para comprometer injustamente su responsabilidad disciplinaria) contrasta con su llamativa decisión de guardar silencio sobre ese punto al promover este proceso civil.
En la demanda que da origen a este pleito, más allá de transcribir la resolución del Tribunal del Trabajo que desestimó su planteo inicial, Amiconi parece cambiar su temperamento y se limitó a esbozar un posible error “de copia y pega” del equipo de trabajo del órgano jurisdiccional y no dijo nada sobre la supuesta hoja en blanco que —también supuestamente— le fue dada a firmar a su abogado. La lectura del memorial corrobora esta interpretación: el apelante refiere haber tenido la voluntad de demostrar que el contenido del acta es falso y que nunca quiso desistir de la prueba pendiente, pero resulta ensordecedor el silencio que guarda sobre la gravísima denuncia que había formulado en el proceso laboral sobre la firma en blanco.
El punto que deseo destacar es que si Amiconi: (a) no ha discutido la autenticidad de la firma que se le imputa y que fue inserta al pie del acta impugnada, (b) tampoco ha discutido que en la audiencia estuvo presente junto a su abogado, que también firmó el instrumento impugnado, (c) no ha invocado ni demostrado un vicio grave en su voluntad, sea error de hecho esencial y reconocible, dolo o violencia al momento rubricar y prestar conformidad con el texto que le fue presentado por la actuaria (art. 297 y 314 seg. párr. del CCYC) y (d) ha desistido de replicar en este proceso la peregrina e infundada denuncia de abuso de firma en blanco, pues entonces su pretensión enfrenta una encerrona insalvable que define de plano su inadmisibilidad: para juzgar la sinceridad del instrumento (o el pretenso error de “copia y pega” que alega en su demanda), necesaria y forzosamente deberíamos admitir —en ausencia de otra explicación alternativa— que Amiconi y su letrado firmaron el acta sin leer detenidamente el contenido que ahora cuestionan.
No digo que ello es lo que ocurrió. Muy por el contrario, lo que pretendo significar es que la pretensión de Amiconi de alegar como falso lo que él mismo rubricó voluntariamente no podría explicarse otra manera que no sea aceptando lo que evidentemente él mismo pretende disimular: su propia negligencia al firmar por equivocación un texto del que ahora pretende desentenderse.
Aquí se vislumbra la verdadera razón por la que la demanda de Amiconi es infundada y debe ser rechazada: no interesa qué intentó probar o qué respondieron las absolventes en la audiencia de vista de causa frente a la Dra. De Sábato. Amiconi no tiene legitimación para construir un proceso judicial de redargución de falsedad para demostrar que algo ocurrió de un modo distinto a como se narró en un instrumento que rubricó en forma voluntaria.
Cualquiera sea la posición que se asuma sobre la aplicación de las reglas de los vicios de la voluntad para juzgar la eficacia y validez de los actos jurídicos procesales, su potencial aplicación en un proceso contencioso exige una mirada sumamente restrictiva, pues —como enseña Podetti—los litigantes «podrían procurar la reparación de los errores, deficiencias y omisiones que les perjudican, invocando la falta de intención, con lo cual el litigio se complicaría y dilataría desmesuradamente» (Podetti, J. Ramiro, Tratado de los actos procesales, Buenos Aires: Ediar, 1955, pág. 198; en similar sentido, Costantino, Juan A. Vicios de la voluntad, caso fortuito y fuerza mayor en e proceso civil, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2016, pág. 98).
Palacio también advierte el enorme riesgo de admitir la indagación relativa a posibles vicios de la voluntad, los cuales considera en sí mismo descartables por tratarse de actos cumplidos ante un órgano del Estado y generalmente con la intervención de auxiliares profesionales (abogados y procuradores). Admitir este tipo de cuestionamientos «daría lugar al planteamiento de innumerables cuestiones que entorpecerían el curso normal del proceso en desmedro de la razonable celeridad que debe presidir su desarrollo; de allí que, como destaca Guasp, es regla del derecho procesal la de la prevalencia de la voluntad declarada sobre la voluntad real» (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil: actos procesales. 4ta ed., Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2011, t. IV, pág. 18; CNCiv., Sala I, "Márquez de Pitarello, Lidia v. Bernstein, Julio", del 19/04/1990, La Ley LALEY 2/5926, el resaltado me pertenece). Concuerdo plenamente con los autores citados: el trámite de los procesos no sería siquiera posible si las partes —como aquí pretende el Sr. Amiconi— pudieran simplemente desentenderse de las consecuencias de su propio comportamiento en el marco de un litigio, llevando a juicio a todo un Tribunal de Justicia, a una funcionaria, a una letrada y a su cliente en el intento de probar que las cosas son u ocurrieron de un modo distinto a como efectivamente lo declararon al prestar conformidad con el texto de un acta que voluntariamente rubricaron de forma conjunta con un profesional del derecho.
No solo no sería posible lograr seguridad jurídica y los litigios serían permeables a farragosas y constantes incidencias, sino que implicaría una inadmisible renuncia a una exigencia basilar de la buena fe de las partes y de los auxiliares de justicia: que las personas no asuman comportamientos o actitudes que los coloquen en contradicción con su propia conducta anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (SCBA, C 117866 -"Centro Educativo C..."- del 11/10/2017, entre muchas otras).
Máxime si, como hizo Amiconi, elucubró primero una inmerecida acusación contra el Tribunal del Trabajo N°5 departamental basada en una modalidad irregular de firma de un acta (sustentada, además, en la equivocada idea de que las firmas del instrumento están únicamente en el reverso del acta, sin advertir que también están en el anverso) y luego instó un proceso judicial en el que abandonó aquella teoría, se desentendió de su propia decisión de rubricar el documento y pretende que la verdad de lo ocurrido se pruebe mediante el relato de aquellos que están legalmente impedidos de declarar en contra del instrumento público autorizado (art. 297 del CCyC).
En resumen: elementales exigencias de buena fe y coherencia con los actos propios en el marco de un proceso judicial, sumada a la natural preeminencia que tiene en el proceso judicial la voluntad declarada por sobre la real, constituyen razones más que suficientes para otorgar plena validez a la firma del instrumento y la correlativa conformidad del Sr. Amiconi con relación al texto impugnado, contexto en el cual —reitero— no es admisible que el actor promueva un proceso judicial con intervención de todos los participantes en el acto y pretenda demostrar que las cosas ocurrieron de una manera diferente a como lo narra el texto que él mismo firmó junto a su abogado Diego Manuel Belliure.
Considero por todo lo dicho que la decisión de la jueza de rechazar la demanda ha sido la correcta y debe ser confirmada (arts. 288, 297 y cctes. del CCyC).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo: Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Eduardo Martín Amiconi, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Eduardo Martín Amiconi, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGISTRAR Y NOTIFICAR en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
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Fin de la sentencia