Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-136273633-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 19 de Diciembre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Agustina O´Donnel (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 33.384-I caratulado “AMORE BEATRIZ NÉLIDA s/Apelación” y su acumulado Nro. 33.385-I caratulado “AMORE MIGUEL ALBERTO s/Apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 11/21 vta. y 99/109 vta. se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP-DGI de fecha 23/09/2009 en virtud de las cuales se determina de oficio la obligación tributaria de los recurrentes, frente al impuesto a las ganancias – período fiscal 2004 con más intereses resarcitorios.
En primer lugar, plantean que el organismo fiscal presumió la utilidad sin tener en cuenta que la actividad desarrollada consiste en el comercio mayorista orientado al mercado de clase baja. Explican que este mercado se caracteriza por el escaso margen de utilidad bruta, siendo el volumen comercializado, la variable determinativa de la ganancia para este tipo de negocios.
En virtud de ello, sostienen que el margen de utilidad del 32 %, utilizado por la fiscalización, es completamente irreal e inexacto.
Afirman que los actuantes determinaron la utilidad en forma presunta, sin tener en cuenta ninguno de los procedimientos establecidos por la normativa vigente. Agregan que no se realizaron tomas de inventario, ni se ha requerido ninguna información a terceros respecto de los márgenes de utilidad comunes del giro del negocio.
Alegan que el Fisco estimó el precio de compra, a fin de arribar al costo de la mercadería vendida, sin tener en cuenta ninguno de los factores que hacen a la actividad y sin explicar de donde provienen las supuestas diferencias que llevaron a la administración a impugnar las declaraciones juradas en cuestión. Aducen que el organismo fiscal omitió acreditar el hecho base y no se basó en una presunción, sino en una verdadera ficción.
Añaden que en las resoluciones apeladas se desestima la prueba ofrecida sin mayores argumentos que fundamenten su accionar, generando un estado de indefención.
Sostienen que la nulidad surge manifiesta en tanto las defensas opuestas son omitidas y descartadas sin la menor explicación que así lo avale, lesionando el derecho de defensa.
Destacan que el personal fiscalizador incurre en una causal de nulidad, desde el inicio de las inspecciones, al no informarles a los contribuyentes el impuesto a fiscalizar, como así tampoco el período base. Entienden que lo expuesto, los colocó en un absoluto estado de indefensión que torna nulos a los actos de inicio de inspección y consecuentemente todo lo actuado con posterioridad al vulnerarse expresas garantías constitucionales, como lo es el derecho de defensa y que no pueden ser subsanadas por actuaciones posteriores, por ser el Fisco el que incurre en incumplimiento de las disposiciones legales que reglamentan el proceso de verificación.
Agregan que tampoco se verificó una fundada impugnación de las declaraciones juradas presentadas. Expresan que la actividad fiscal debe desarrollar un procedimiento tal que sea autosuficiente para demostrar la invalidez de lo declarado por el contribuyente, como paso previo e insoslayable, para después apelar a los elementos, ciertos o presuntivos, que le permitan fundamentar las determinaciones de la materia imponible. Afirman que en el presente caso, el organismo fiscal presume los precios de ventas, la utilidad, los gastos, los precios de compra, el inventario inicial, las compras y el inventario final. Añaden que no existió una real ponderación de los fundamentos ofrecidos en respaldo.
Alegan que resultó evidente el incumplimiento del requisito establecido en el art. 34 del reglamento de procedimiento tributario y en el art. 17 de la propia ley procedimental, en tanto exigen que la resolución sea fundada y conlleva -dicen- a la inobservancia de los requisitos del art. 7° de la ley 19.549, con la consiguiente nulidad que prevé el art. 14 de la misma.
Consideran que en las determinaciones de oficio, al gravarse como utilidad, a la totalidad de lo facturado, sin tener en cuenta la relación costo-venta, tornó absolutamente confiscatorio al impuesto determinado. Por su parte, se agravian de los intereses resarcitorios aplicados. Entienden que su conducta no puede ser atribuida ni siquiera a título de culpa, y que resulta de aplicación la doctrina acerca de la improcedencia de la responsabilidad por las consecuencias de la mora, aun cuando ésta hubiera existido objetivamente. Citan jurisprudencia para avalar su postura.
A su vez, sostienen que es irrazonable la tasa de interés aplicada. Dicen que si bien la Corte no ha declarado la ilegalidad de las Resoluciones que se aplican en el presente caso, puso un límite a las tasas aplicadas por el Estado, quedando vedado –a su criterio- en consecuencia, la aplicación -sobre montos actualizados- de tasas superiores al 10% anual, como las que establecen en autos la Resolución 25/91.
Agregan que el art. 59 inc. c) de la ley 23.697, incorporó un tercer párrafo al art. 115 de la Ley de rito, estableciendo que la exigibilidad combinada de actualización más intereses resarcitorios no podrá exceder del que resulta de aplicar al monto adeudado el doble de la tasa de interés activa de cartera general utilizada por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de crédito.
Por último, ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.
II. Que a fs. 32/38 y 119/131 contesta el Fisco Nacional los traslados de los recursos, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos de la causa.
III. Que a fs. 44 se abre la causa a prueba.
A fs. 191 obra el decisorio del Tribunal en Pleno que dispuso la acumulación del expediente N° 33.385-I al que lleva el N° 33.384-I.
A fs. 195 se clausura el período de instrucción y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A”.
A fs. 197 se ponen los autos para alegar obrando a fs. 203/208 el alegato de la representación fiscal, no habiendo hecho uso de ese derecho la actora.
Finalmente, a fs. 210 pasan a sentencia.
IV. Que corresponde en primer término tratar el planteo de nulidad opuesto por los recurrentes. Preciso es recordar que la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Así definido, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece. Dicho texto normativo distingue los requisitos formales (artículo 8) y sustanciales (artículo 7), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuen te con estos últimos, que son, a saber: 1) la competencia de quien suscribe el acto; 2) la causa, 3) el objeto, 4) procedimiento, 5) la motivación y 6) la finalidad.
En ese contexto, los recurrentes sostienen que la nulidad surge manifiesta en tanto las defensas opuestas son omitidas y descartadas sin la menor explicación que así lo avale, lesionando el derecho de defensa. Sentado lo expuesto, cabe señalar que los recurrentes no han efectuado presentación alguna, contestando las vistas conferidas, ni han ofrecido pruebas para rebatir la postura fiscal, razón por la cual resulta evidente que no se vio afectado su derecho de defensa durante el procedimiento seguido ante el organismo fiscal y que dicho organismo no analizó defensa o prueba alguna, debido a que éstas no fueron presentadas. Por su parte, los actos apelados exponen claramente cuáles fueron los hechos y el derecho en el que se sustentan, así como las razones que justifican las conclusiones a las que se arriba, por lo que se concluye que se encuentran debidamente fundamentados.
Asimismo, y en cuanto a lo manifestado por los recurrentes respecto a que el personal fiscalizador incurre en una causal de nulidad desde el inicio de la inspección, por considerar que en la notificación a los contribuyentes comunicándoles el inicio de la inspección, no se les informó el impuesto a fiscalizar, como así tampoco cual es el período base, corresponde advertir que no les asiste la razón, toda vez que conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados (vid. fs. 4 y 5 del “cuerpo principal ganancias” correspondiente a cada uno de los socios), en el primer requerimiento cursado a los contribuyentes, se especifica que toda la documentación solicitada corresponde a la liquidación del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2004, razón por la que no existen dudas respecto al impuesto y período fiscalizado, que se condice, por lo demás, con aquél respecto del cual se iniciaron los procedimientos de determinación de oficio que culminaron con las resoluciones que aquí se apelan.
En razón de todo lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad intentada, con costas.
V. Que sentado lo que antecede, corresponde entonces establecer la procedencia del ajuste efectuado por el ente fiscal a cada uno de los actores, para lo cual resulta necesario explicitar la labor desarrolla por el organismo fiscal.
En este sentido, conforme surge de la resoluciones apeladas y de los elementos acompañados en los antecedentes administrativos, las fiscalizaciones iniciadas a los aquí recurrentes, se originan en un procedimiento de determinación de oficio efectuado a la sociedad de hecho “Amore Hnos. S.H.”, que culminó con una resolución que determinó el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales enero a diciembre de 2004, a través de la cual se determinó que los ingresos habían sido declarados en defecto por parte de la sociedad, toda vez que se detectó la omisión de considerar las ventas de uno de los controladores fiscales ubicados en su domicilio comercial.
Por tratarse de una sociedad de hecho, dicho ajuste tiene incidencia en el impuesto a las ganancias de sus integrantes, pero habiendo verificado el organismo fiscal que los socios no declararon los ingresos determinados en cabeza de la sociedad, procedió a iniciar las respectivas fiscalizaciones.
Ello así, el Juez Administrativo dejó constancia que los contribuyentes no contestaron el requerimiento de documentación oportunamente cursado, limitándose a presentar copia de la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal de la determinación efectuada en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 2004 a la empresa “Amore Hnos. S.H.” y a manifestar que el recurso presentado se hará extensivo para los socios, para los impuestos y períodos pretendidos por el Fisco.
En consecuencia, a efectos de determinar los ingresos del ejercicio, el organismo fiscal se remite a las tareas realizadas por la fiscalización actuante a la sociedad en cuestión, a través de las cuales se verificó la omisión por parte de la sociedad de registrar las ventas de uno de los controladores. La diferencia entre el débito fiscal registrado y declarado por facturación a consumidores finales y el débito fiscal proveniente de la información extraída de la memoria de los controladores fiscales por los períodos 1 a 12/2004, ascendió a $ 131.550,43. Asimismo, se observó que existe una diferencia entre los registros contables y las declaraciones juradas presentadas por la sociedad de hecho, por el período señalado, que ascendió a la suma de $ 27.787,66. Ello así, el Juez Administrativo concluyó que la diferencia entre el débito fiscal proveniente de la información de la memoria de los controladores fiscales, el débito fiscal registrado en los libros de Amore Hnos. S.H. y el débito fiscal resultante de las declaraciones juradas presentadas por la sociedad en los períodos fiscales 1 a 12/2004, ascendió a la suma de $ 159.337,98.
Ahora bien, a efectos de calcular el resultado de la sociedad de hecho por el período fiscal 2004, el organismo fiscal procedió, en primer lugar, a calcular los ingresos gravados, arribándose a un total de ingresos por ventas de $ 3.066.583,91. En cuanto al costo de ventas de la firma, se consideró el saldo al inicio de la cuenta bienes de cambio de $ 37.645.-, adicionándoseles las compras del ejercicio cuyo importe asciende a $ 2.135.087,23 y restándole la existencia final declarada al cierre del ejercicio 2004 cuyo importe asciende a $ 61.342,20, arribándose a un costo de ventas para el período 2004 de $ 2.111.390,05. Además se computó el monto de gastos declarado que ascendió a $ 88.984,78.
Expone el Juez Administrativo que, de esta manera se determinó el resultado de la sociedad de hecho que ascendió a la suma de $ 866.209,08, para el período fiscal 2004.
Dicho resultado se atribuyó a cada uno de los socios en un 50%, conforme el art. 50 de la ley del impuesto a las ganancias.
Por su parte, para liquidar el impuesto a las ganancias en cabeza de cada uno de los socios, se consideró el importe de cuota médico asistencial originalmente declarado por cada uno, que ascendió a la suma de $ 909,10, en concepto de deducciones generales y no se computó importe alguno en concepto de deducciones previstas en el art. 23 de la ley del impuesto, en virtud de que el valor de la ganancia neta supera los límites dispuestos por su art. 23.1.
En razón de lo expuesto, se generó una diferencia a favor del organismo fiscal por el impuesto a las ganancias en el período fiscal 2004 que ascendió a la suma de $ 137.115,63 para cada uno de los socios, en virtud de lo cual se procedió a correr las correspondientes vistas previas, que culminaron con las resoluciones determinativas de oficio que ante esta instancia se apelan.
VI. Que sentado lo que antecede, es dable puntualizar que las determinaciones efectuadas a los socios en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2004, se originan en un ajuste al resultado de la sociedad de hecho que integran, que fue atribuido en un 50 % a cada socio, conforme el art. 50 de la ley del impuesto a las ganancias, que generó un saldo de impuesto a ingresar al organismo fiscal por parte de cada socio, de acuerdo con las resoluciones aquí discutidas.
Ahora bien, conforme surge de los antecedentes acompañados, la fiscalización detectó que la contribuyente “Amore Hnos. S.H.” omitió registrar las ventas de uno de los controladores ubicados en su local comercial, lo que generó un ajuste por ingresos omitidos de declarar, en el impuesto al valor agregado de la sociedad referenciada, y en el impuesto a las ganancias en cabeza de cada uno de sus socios.
VII. Que ello así, corresponde expedirse ahora sobre los agravios de los recurrentes dirigidos a cuestionar la metodología utilizada por el organismo fiscal para arribar a las determinaciones apeladas. Plantean que se utilizaron de manera indebida presunciones y estimaciones y específicamente cuestionan el porcentaje de utilidad que, según entienden fue estimado en las liquidaciones del impuesto a las ganancias que surgen de los actos apelados y que sería muy superior al habitual en el rubro al que se dedica la sociedad.
Sentado lo expuesto, corresponde señalar que no le asiste la razón a la actora en sus planteos, toda vez que surge evidente que las liquidaciones de impuestos efectuadas por el organismo fiscal se basaron en datos ciertos y concretos que surgen de los libros y documentación respaldatoria de la sociedad de hecho. En efecto, de los actos apelados se desprende que el ajuste se origina en la omisión de registrar las ventas de un controlador ubicado en su local comercial.
Por su parte, conforme se puntualiza en el informe final de inspección (vid. fs. 59/63 del cpo. principal ganancias) los importes considerados como costo de ventas y gastos se obtuvieron de la declaración jurada presentada. Dejando constancia la fiscalización que la liquidación del resultado de la sociedad de hecho lo declara la socia “Amore Beatriz Nélida”.
Respecto de las deducciones generales, se computaron los conceptos declarados por los socios y en cuanto a las deducciones personales, el organismo fiscal especifica que corresponde aplicar un porcentaje de disminución que ascendió al 100% en función de la ganancia neta resultante.
De tal forma, se evidencia de lo expuesto, que los importes involucrados en las determinaciones no fueron estimados por el organismo fiscal, como sostienen los recurrentes, sino que surgen, como se expuso, de los registros y documentación respaldatoria de la sociedad y de las declaraciones juradas presentadas por los actores, razón por la que no les asiste la razón al plantear que el organismo fiscal presumió todos los conceptos considerados en los ajustes (precio de venta, utilidad, gastos, precios de compras, inventario inicial, compras e inventario final), como erróneamente sostienen en los recursos presentados.
Por su parte, tampoco les asiste la razón respecto al porcentaje de utilidad que, según sus dichos, habría presumido el Fisco, en tanto que, como se expuso, se arribó al resultado por ventas, como así también al resultado del ejercicio, en base a los ingresos que surgen de los controladores fiscales, como así también en base al costo de ventas y gastos declarados, no habiendo aplicado el organismo fiscal presunción alguna respecto del margen de utilidad de la sociedad referida.
A mayor abundamiento, se advierte que no se acompañaron en la instancia administrativa comprobantes o elementos que permitan considerar que debía considerarse un importe mayor en concepto de costo de ventas y de gastos. Cabe reiterar que no contestaron las vistas conferidas ni acompañaron documentación alguna en sede administrativa.
En razón de todo lo expuesto, es dable concluir en el presente caso, el ente fiscal no ha utilizado el método presuntivo, sino que los ajustes efectuados fueron realizados a partir de la compulsa de la propia contabilidad, así como también de la documentación aportada por la sociedad de hecho y de las declaraciones juradas presentadas por los aquí recurrentes.
En cuanto al planteo referido a que el organismo no efectuó una fundada impugnación de las declaraciones juradas presentadas, corresponde señalar que la ley de procedimiento tributario no exige la previa impugnación de las declaraciones juradas presentadas como requisito para la procedencia de la determinación de oficio, por lo que corresponde rechazar los argumentos expuestos por los recurrentes sobre este punto. Asimismo, tampoco corresponde hacer lugar a la alegada confiscatoriedad de los montos de impuestos determinados, en tanto que se trata de meras afirmaciones que no fueron acompañadas por probanza conducente.
Sentado lo expuesto, corresponde concluir que las determinaciones apeladas se encuentran ajustadas a derecho, no mereciendo reprobación alguna, debiendo analizarse ahora la probanza aportada por los recurrentes en apoyo de sus posturas.
En este sentido, se encuentra agregado a fs. 57/66, el informe pericial producido ante esta instancia - siendo igual al presentado en el expediente acumulado- a través del cual se le solicita a los peritos que informen si de la documentación contable y los comprobantes de compra surge una utilidad del 32 % -pto. 3-. Cabe dejar expresa constancia, en primer lugar, que los peritos no responden este punto en forma conjunta y además, se trata de una cuestión que no resulta hábil para modificar el criterio fiscal, en virtud de los elementos tenidos en cuenta y la metodología empleada para calcular el ajuste fiscal, como fuera precedentemente explicitado. En efecto, habiéndose detectado que la sociedad no había declarado los ingresos que surgen de un controlador fiscal ubicado en su local comercial, y toda vez que los recurrentes no aportaron probanza que permita considerar que el importe de costo de ventas y de gastos se encontraba declarado en defecto, debe concluirse que no se aportaron elementos que resulten hábiles para modificar la pretensión fiscal. Sentado lo expuesto, y ante la inexistencia de probanza conducente, sólo cabe confirmar los ajustes que surgen de las determinación apeladas.
VIII. Que en punto a los intereses resarcitorios, cabe recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió en la causa “Citibank NA” del 1/6/2000, que la exención de los intereses por mora, con sustento en las normas del Código Civil, queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor, restrictivamente apreciadas, le han impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, ya que dadas las particularidades del derecho tributario –en cuyo campo ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario los que pertenecen al derecho privado (art. 1 de la L. 11683, t.o. en 1998 y Fallos: 307:412), que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los intereses (Fallos: 308:283; 316:42 y 321:2093).
En tal sentido, el Alto Tribunal dijo que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto –o que lo ha hecho por un monto inferior al debido- en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede, otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley en su actual redacción y lo puntualizó la Corte, entre otros procedentes, Fallos: 304:203, se trata de la aplicación de intereses resarcitorios, cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas –conf. CSJN – “Citibank NA (TF 15575-I) c/DGI”).
En el subexámine los actores, más allá de las manifestaciones introducidas, no arrimaron causales exculpatorias como para eximirlos de responsabilidad, por lo que corresponde confirmar la liquidación de intereses resarcitorios.
Respecto a los planteos sobre las limitaciones a la tasa de interés dispuestas por la ley y la jurisprudencia, corresponde señalar que no resultan de aplicación en el presente caso, toda vez que, como los propios recurrentes exponen, se trata de limitaciones dispuestas para montos actualizados, circunstancia que no se verifica en las determinaciones apeladas.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones venidas en recurso, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiero al voto de la Dra. Guzmán, pero difiero en la imposición de costas autónomas aplicadas por la vocal preopinante en el planteo de nulidad.
II. Que en cuanto a la imposición de costas del planteo de nulidad, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónomas. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto –en materia de costas- que aquel asignado al resolver la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y –tal cual como lo puso de relieve el a quo- la actora planteó ´como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal´ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia del 21/02/2013.
La Dra. O´Donnel dijo:
I. Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
En mérito a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.16 18:34:59 -03:00 Date: 2022.12.19 11:30:24 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.19 14:52:33 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.19 14:52:35 -03:00
Fin de la sentencia