Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.985-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por el Fisco Nacional, con costas por su orden.
2Tener por tempestivamente interpuesto el recurso de apelación deducido por la actora.
3Diferir el tratamiento de la excepción de prescripción y de los restantes agravios articulados por la recurrente hasta tanto adquiera firmeza lo aquí resuelto respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco Nacional como de previo y especial pronunciamiento.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-81616104-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026
En Buenos Aires, se reúnen los señores Vocales miembros de la Sala “F”, a fin de resolver en los autos caratulados “AMPACET SOUTH AMERICA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (Expte. N° 36.985-A).
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma AMPACET SOUTH AMERICA S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 9524/14, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el marco de la Actuación SIGEA N° 12197-5833-2009, mediante la cual se la condenó por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero y se le exigió el pago de los tributos correspondientes con relación al Despacho de Importación Temporaria (D.I.T.) N° 03 001 IT14 003350T. Con carácter previo, promueve incidente de redargución de falsedad respecto de la cédula mediante la cual se habría notificado la resolución recurrida.
Expone que recién tomó conocimiento de la existencia de la resolución recurrida el día 15 de abril de 2016, por intermedio de su despachante de aduana, oportunidad en la que tomó vista de las actuaciones administrativas y advirtió la existencia de la cédula agregada al expediente. Refiere que, con fecha 19 de abril de 2016, se presentó ante la Secretaría de Actuación a impugnar dicha notificación y solicitar la nulidad de la diligencia, planteo que fue rechazado mediante la Resolución (DE PLA) N° 1803/16, de fecha 21 de abril de 2016.
Frente a dicho rechazo, deduce conjuntamente con el presente recurso el incidente de redargución de falsedad. Expresa que la notificación cuya fecha se consigna como 11 de febrero de 2015 nunca fue diligenciada en la forma allí asentada e impugna la autenticidad de las constancias insertas por el oficial notificador. Manifiesta que jamás recibió copia de la resolución recurrida ni fue anoticiada de su dictado en la fecha consignada en la cédula. Sostiene que la cédula consigna haber sido entregada al "encargado" del edificio donde constituyó domicilio, circunstancia que niega, destacando que en el piso correspondiente a dicho domicilio no existe encargado alguno, sino únicamente personal de recepción del Estudio Jurídico allí instalado, mientras que el encargado del edificio desarrolla sus funciones en la planta baja. Agrega que la cédula carece de firma de quien habría recibido la notificación y acompaña, en apoyo de su planteo, copia de otra cédula diligenciada por el mismo oficial notificador en fecha posterior, en la que consta que la recepción fue efectuada por la Srta. Sofía Lares, empleada de la recepción del estudio jurídico, quien suscribió la correspondiente constancia. Señala, asimismo, que idénticas irregularidades se habrían verificado respecto de otras notificaciones practicadas el mismo día en distintas actuaciones administrativas.
Sobre esa base, solicita que se haga lugar al incidente promovido y se declare la nulidad de la notificación cuestionada, ofreciendo a tales efectos la prueba que estima pertinente.
II. Que en representación del Fisco Nacional (AFIP-DGA) se presenta el Dr. Fabricio Andrés Dema, quien acredita la personería invocada y opone excepción de previo y especial pronunciamiento de cosa juzgada, con fundamento en el artículo 1149, punto 2, inciso e), del Código Aduanero.
Sostiene que la Resolución (DE PRLA) N° 9524/14 fue válidamente notificada el 11 de febrero de 2015 en el domicilio constituido por la recurrente, mediante la entrega de la cédula al encargado del edificio, conforme surge de la diligencia obrante en las actuaciones administrativas.
Refiere que la actora promovió con posterioridad un incidente de nulidad respecto de dicha notificación, el cual fue rechazado por la autoridad aduanera mediante la Resolución N° 1803 de fecha 21 de abril de 2016, previo recibirse declaración al oficial notificador. En virtud de ello, sostiene que el recurso de apelación fue interpuesto una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1133 del Código Aduanero, por lo que solicita que se haga lugar a la excepción opuesta.
Subsidiariamente, contesta el traslado del recurso, niega los hechos, el derecho y la documental invocados por la recurrente que no sean objeto de expreso reconocimiento, desarrolla los fundamentos que estima conducentes en sustento de la legitimidad del acto recurrido, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, formula reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso, con costas.
III. Que corresponde expedirse, con carácter previo, respecto de la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por la representación fiscal, quien sostiene que el recurso de apelación fue deducido una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1133 del Código Aduanero, por cuanto la Resolución (DE PRLA) N° 9524/14 habría sido válidamente notificada a la recurrente con fecha 11 de febrero de 2015.
Que, por su parte, la actora sostiene que la citada Resolución nunca le fue regularmente notificada y, con tal fundamento, promueve incidente de redargución de falsedad respecto de la cédula obrante a fs. 45 y vta. de las actuaciones administrativas, solicitando –asimismo- que se declare la nulidad de la notificación allí instrumentada.
IV. Que, cabe señalar que la presente causa integra un conjunto de expedientes (causas Nros. 36983-A, 36984-A, 36992-A, 36991-A, 36990-A, 36989-A, 36987-A, 36988-A, 36986-A y 36993-A) promovidos por la misma firma recurrente contra resoluciones dictadas en actuaciones administrativas sustancialmente análogas, respecto de las cuales este Tribunal ha dictado pronunciamientos con distintos criterios en orden a la excepción de cosa juzgada aquí debatida.
V. Que la excepción opuesta por la representación fiscal constituye un presupuesto para el examen de los restantes planteos articulados por la recurrente, desde que su eventual acogimiento impediría ingresar al tratamiento de la excepción de prescripción y de los demás agravios deducidos en el recurso. En consecuencia, el análisis de tales cuestiones habrá de diferirse hasta tanto adquiera firmeza lo que aquí se resuelva respecto de la referida excepción.
VI. Que, en tales condiciones, corresponde determinar si la diligencia de notificación invocada por el servicio aduanero reúne los recaudos legales necesarios para producir el efecto procesal que la representación fiscal pretende hacer derivar de ella, esto es, el inicio del plazo previsto en el artículo 1133 del Código Aduanero para la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal.
Que corresponde precisar, a esta altura, que tal examen no requiere pronunciamiento alguno acerca de la autenticidad del instrumento público ni sobre la procedencia del incidente de redargución de falsedad promovido por la recurrente, cuestiones que no corresponde decidir en esta instancia, habida cuenta la plataforma fáctica del presente expediente y lo resuelto a fs. 97, sino únicamente verificar si la diligencia cuya eficacia invoca el servicio aduanero resulta jurídicamente idónea para producir el efecto procesal que pretende atribuirle. Tal examen constituye un presupuesto ineludible para resolver la excepción de cosa juzgada articulada por la representación fiscal.
VII. Que las notificaciones constituyen una garantía esencial del procedimiento administrativo, en tanto tienen por finalidad poner en conocimiento del administrado los actos que inciden sobre su esfera jurídica, permitiéndole ejercer oportunamente los derechos y remedios que el ordenamiento jurídico le confiere. En tal sentido, la notificación no constituye un requisito meramente formal, sino un presupuesto indispensable para que el acto administrativo produzca efectos respecto de su destinatario y para la plena vigencia de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio consagradas por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que tal inteligencia encuentra adecuado respaldo en la doctrina sentada por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en pleno, en la causa 'Hughes Tool S.A. c/ A.N.A. (T.F. 7830-A)', del 21 de septiembre de 2003, donde se destacó que las normas que regulan las notificaciones tienen por finalidad asegurar el efectivo conocimiento del acto administrativo como garantía del debido procedimiento y del derecho de defensa.
Que el Código Aduanero regula específicamente el régimen de las notificaciones en los artículos 1012 a 1015. En particular, el artículo 1014 dispone que, cuando la notificación se practique por cédula, el funcionario o empleado encargado de diligenciarla dejará al interesado copia de ésta y agregará el original al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.
Que, por su parte, el artículo 1015 establece que, cuando el notificador no encontrare a la persona a quien deba notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio y "procederá en la forma dispuesta en el artículo 1014". La norma no instituye un régimen autónomo para las notificaciones practicadas con terceros, sino que remite expresamente al procedimiento previsto en el artículo 1014, sin establecer excepción alguna respecto de las formalidades exigidas para documentar la diligencia. En consecuencia, aun cuando la cédula sea entregada a un tercero en los supuestos contemplados por el artículo 1015, corresponde documentar la notificación con arreglo a las exigencias previstas en el artículo 1014 del ordenamiento de rito.
Que tal interpretación se impone no sólo por la remisión expresa que efectúa el artículo 1015 al procedimiento previsto en el artículo 1014, sino también por la finalidad que dichas formalidades cumplen como garantía del debido proceso.
Que esta interpretación encuentra respaldo en la doctrina especializada. En efecto, en la obra "Código Aduanero Comentado", de Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine y Héctor G. Vidal Albarracín, completada y actualizada por Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Héctor G. Vidal Albarracín, Juan P. Cotter (h), Ana L. Sumcheski y Guillermo Vidal Albarracín (h) (Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, tomo III, comentario a los arts. 1014 y 1015, págs. 520 a 522), se señala que las formalidades previstas por los artículos 1014 y 1015 tienen por finalidad resguardar la garantía del debido proceso y que, tratándose de la notificación practicada con el encargado del edificio, corresponde al oficial notificador obrar con suma prudencia, extremando las medidas tendientes a individualizar a la persona que recibe la cédula, concluyendo que, en caso de duda acerca de la regularidad de la diligencia, debe estarse a favor de la nulidad de la notificación por primar la garantía constitucional de defensa en juicio.
Que la solución expuesta resulta concordante con lo previsto por el artículo 149 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria conforme lo dispuesto por el artículo 1017, apartado 2, del Código Aduanero, el cual establece que, cuando la notificación se practique con un tercero, el funcionario debe dejar constancia de la persona a quien entrega la copia y, en su caso, de la negativa del destinatario o del tercero a recibirla, dar su nombre o firmar, previendo incluso formalidades adicionales para tales supuestos. Ello pone de manifiesto que, cuando la notificación no puede entenderse directamente con su destinatario, el ordenamiento jurídico no flexibiliza las exigencias relativas a la documentación de la diligencia, sino que, por el contrario, las refuerza en resguardo del debido proceso y del derecho de defensa.
VIII. Que, sentado el marco normativo expuesto, corresponde examinar la diligencia de notificación obrante a fs. 45 y vta., de las actuaciones administrativas, a fin de verificar si el servicio aduanero acreditó el cumplimiento de las formalidades exigidas por los artículos 1014 y 1015 del Código Aduanero para atribuir a dicha diligencia el efecto procesal invocado.
Que de la cédula agregada al expediente surge que el oficial notificador dejó constancia de haber practicado la diligencia con el "encargado" del edificio donde se encontraba constituido el domicilio de la recurrente. Sin embargo, de las propias constancias del instrumento no surge la identificación de dicha persona, ni consta su firma, ni se dejó asentado que se hubiera negado o se encontrara imposibilitada de suscribir la diligencia, como tampoco circunstancia alguna que justificara la omisión de tales recaudos.
Que tales deficiencias tampoco resultan subsanadas por las explicaciones brindadas con posterioridad por el propio oficial notificador en sede administrativa. En efecto, al rechazar el planteo de nulidad articulado por la firma recurrente, la autoridad aduanera dejó asentado, sobre la base de las explicaciones brindadas por el oficial notificador, que la persona que dijo ser el “encargado” del edificio “no acreditó su identidad ni firmó la respectiva constancia por no considerarlo necesario” (véase a fs. 10/11 de autos, la Resolución N° 1803 de fecha 21 de abril de 2016). Tal explicación, lejos de subsanar las omisiones que surgen de la propia diligencia, confirma que los recaudos previstos por los artículos 1014 y 1015 del Código Aduanero no quedaron documentados en la forma exigida por la ley. Que tales circunstancias impiden tener por acreditado, a partir de las propias constancias asentadas por el oficial notificador actuante, que la diligencia hubiera sido practicada con observancia de las formalidades establecidas por los artículos 1014 y 1015 del Código Aduanero. En efecto, la ausencia de individualización de la persona que habría recibido la cédula, así como la falta de constancia relativa a su suscripción o a que se hubiera negado o se encontrara imposibilitada de firmar, tal como expresamente exige el artículo 1014 del Código Aduanero, privan a la diligencia de los elementos objetivos necesarios para tener por cumplidos los recaudos que la ley exige para documentar este tipo de notificaciones.
IX. Que no pasa inadvertido que la representación fiscal sostiene que la sola circunstancia de obrar agregada la cédula al expediente resulta suficiente para tener por acreditada la notificación. Sin embargo, tal postura no puede ser compartida, pues importaría prescindir de las exigencias establecidas por los artículos 1014 y 1015 del Código Aduanero y atribuir eficacia procesal a una diligencia cuyas propias constancias no permiten verificar el cumplimiento de las formalidades previstas por el legislador. La presunción de autenticidad propia del instrumento público alcanza al informe contenido en la cédula únicamente respecto de las circunstancias que en ella han quedado efectivamente documentadas, mas no puede suplir la ausencia de constancias que el propio legislador exige incorporar a la diligencia notificatoria para acreditar su regular realización.
X. Que quien invoca la extemporaneidad del recurso como consecuencia de la notificación cuya eficacia aquí se examina, debe acreditar que ésta fue practicada con observancia de las formalidades exigidas por la ley. En consecuencia, las deficiencias que surgen de las constancias asentadas por el oficial notificador no pueden ser suplidas mediante meras presunciones, cuando de ellas depende la pérdida de una garantía procesal del administrado.
Que admitir una solución distinta importaría hacer prevalecer una presunción derivada de la sola existencia material de la cédula, por sobre la necesidad de que el servicio aduanero acredite el efectivo cumplimiento de las formas establecidas por el legislador para documentar la diligencia notificatoria, trasladando al administrado las consecuencias derivadas de las deficiencias de una comunicación procedimental, que no quedó debidamente documentada con arreglo a las formalidades previstas en los artículos 1014 y 1015 del Código Aduanero.
XI. Que las conclusiones precedentemente expuestas no importan desconocer la presunción de autenticidad que reviste la cédula de notificación como instrumento público, ni suponen emitir pronunciamiento alguno acerca de la veracidad de las manifestaciones asentadas por el oficial notificador o sobre la procedencia del incidente de redargución de falsedad promovido por la recurrente, cuestión cuyo examen, conforme se ha dicho, no resulta imprescindible para resolver la excepción aquí planteada. Lo decidido se sustenta exclusivamente en que las constancias obrantes en la cédula no acreditan el cumplimiento de los recaudos que los artículos 1014 y 1015 del Código Aduanero imponen para documentar este tipo de notificaciones y, por ende, no resultan suficientes para atribuir a la diligencia el efecto procesal que la representación fiscal pretende hacer derivar de ella. Que, en ese contexto, no resulta conducente ingresar al análisis de las restantes circunstancias fácticas invocadas por la recurrente para sustentar el incidente de redargución de falsedad —tales como la alegada inexistencia de un encargado en el piso correspondiente al domicilio constituido, el desempeño de las funciones del encargado del edificio en la planta baja, la intervención habitual de la Srta. Sofía Lares en la recepción de notificaciones y los demás extremos invocados para sostener que los hechos asentados en la cédula no ocurrieron en la forma allí consignada—, pues tales circunstancias no resultan necesarias para resolver la excepción aquí planteada, desde que la decisión adoptada descansa únicamente en la insuficiencia de las constancias obrantes en la cédula cuya eficacia invoca la representación fiscal para sostener la extemporaneidad del recurso.
Que la solución adoptada tampoco implica desconocer el principio de conservación de los actos administrativos. En efecto, no se cuestiona la validez intrínseca de la Resolución (DE PRLA) N° 9524/14 ni el contenido del acto administrativo allí dictado, sino únicamente la aptitud de la diligencia notificatoria para producir el efecto procesal que el servicio aduanero pretende atribuirle, esto es, el comienzo del plazo previsto en el artículo 1133 del Código Aduanero para la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal.
Que, en consecuencia, corresponde concluir que el plazo previsto en el artículo 1133 del Código Aduanero no puede tenerse por iniciado a partir de la diligencia cuya eficacia invoca la representación fiscal. Por ello, corresponde rechazar la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por la representación fiscal y tener por tempestivamente interpuesto el recurso de apelación deducido por la actora.
XII. Que las costas del litigio se distribuyen por su orden, en atención a las particularidades del caso y el modo divergente en que este Tribunal ha decidido causas seguidas entre las mismas partes, que guardaban sustancial analogía con la presente, conforme fuera señalado en el Considerando IV del presente decisorio.
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por el Fisco Nacional, con costas por su orden.
2. Tener por tempestivamente interpuesto el recurso de apelación deducido por la actora.
3. Diferir el tratamiento de la excepción de prescripción y de los restantes agravios articulados por la recurrente hasta tanto adquiera firmeza lo aquí resuelto respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco Nacional como de previo y especial pronunciamiento.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. La cuestión a resolver Que corresponde expedirse respecto del planteo introducido por el Fisco en orden a la firmeza del acto administrativo recurrido, fundado en la extemporaneidad del recurso interpuesto por la actora, lo que impone, en forma previa, analizar la validez de la notificación que se invoca como punto de partida del cómputo del plazo recursivo.
II. La notificación cuestionada Que, según surge de las constancias acompañadas, el oficial notificador dejó asentado que la diligencia se practicó “con el encargado” del edificio donde se domicilia la actora.
Que, sin embargo, dicha constancia carece de toda precisión relevante: no se individualiza a la persona que habría recibido la cédula, no se consigna su identidad, no obra firma alguna, ni se deja constancia de eventual negativa a suscribir la diligencia, ni de las circunstancias que habrían impedido la notificación personal al destinatario. Que tales omisiones no constituyen meras irregularidades formales, sino que afectan la esencia misma del acto notificatorio.
III. Estándar de validez de las notificaciones Que la notificación es un acto de carácter recepticio, cuya validez se encuentra condicionada a su aptitud para asegurar el efectivo conocimiento del acto por parte del administrado, en resguardo del derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Que, en el ámbito aduanero, el régimen de notificaciones se halla previsto en los arts. 1012 a 1015 del Código Aduanero. En particular, el art. 1015 —para el supuesto en que el notificador no encontrare a la persona a notificar y entregare la cédula a otra persona de la casa u oficina, o al encargado del edificio— remite expresamente, sin excepción alguna, a las formalidades del art. 1014, que imponen dejar constancia de lo actuado, con indicación del lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, extremo del que también debe dejarse constancia. Idéntica solución consagran, en el orden procesal común, los arts. 140 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que revela que se está ante un principio general del ordenamiento: sobre el oficial notificador pesa la carga de agotar la diligencia —de hacer todo cuanto esté a su alcance para que el acto llegue a conocimiento del destinatario— y, muy especialmente, de documentar fielmente lo obrado.
Que, en tal sentido, la jurisprudencia ha sido conteste en señalar que la entrega de la cédula a terceros —y en particular al encargado del edificio— no satisface por sí sola las exigencias del debido proceso, en tanto no garantiza que el destinatario tome conocimiento del acto (conf. CNCiv., Sala C, LL 1996-C, 491; criterios concordantes de la CNCom. y de la doctrina judicial reiterada; y, en igual sentido, la doctrina procesal: Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”; Fenochietto - Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y concordado”; Kielmanovich, Jorge L., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”).
Que este es, precisamente, el estándar que consagró la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Asistencia Integral de Medicamentos S.A. (AIM) c/ CAEME” (Fallos: 332:2487, del 10 de noviembre de 2009), donde —tras recordar que el ordenamiento ha limitado los medios de notificación “no por mero formalismo, sino por la necesidad de asegurar el efectivo conocimiento” del acto— descalificó como notificación válida a aquella diligencia en la que no constaba “la firma del funcionario, empleado o diligenciador que intervino en el acto, ni el día y hora de la entrega del documento”, por tratarse de “elementos cuya ausencia obsta a que la parte pueda identificar la diligencia cursada como notificación válida”.
Que asimismo se ha sostenido que la validez de la notificación exige que el acta del oficial notificador contenga una relación circunstanciada de la diligencia, con indicación precisa de las personas intervinientes y de las razones que impidieron la notificación personal, pues sólo de ese modo puede suplirse la ausencia de contacto directo con el destinatario.
Que, por ello, el rigor en el cumplimiento de tales recaudos no responde a un exceso formal, sino a la necesidad de preservar la eficacia real del acto.
IV. La insuficiencia del acta labrada Que, a la luz de tales principios, la constancia obrante en autos resulta manifiestamente insuficiente. Que, en efecto, la mera referencia a un supuesto “encargado”, sin identificación ni demás recaudos mínimos, no permite tener por acreditado —ni siquiera de modo indiciario— que la notificación haya cumplido su finalidad. Que admitir lo contrario importaría convalidar una práctica que vacía de contenido al acto notificatorio, degradándolo a una formalidad aparente, incapaz de cumplir la función que el ordenamiento le asigna.
V. Delimitación del alcance de la decisión Que corresponde efectuar una precisión que delimita el alcance de la solución que aquí se propicia. Que, en efecto, distinto sería el supuesto si la diligencia de notificación hubiera sido practicada con cumplimiento de las formalidades que permiten tener por acreditada —al menos prima facie— la regularidad del acto. Que, en tal sentido, si el oficial notificador hubiera individualizado adecuadamente a la persona que recibió la cédula —indicando su identidad, carácter invocado, y recabando su firma o dejando constancia de su negativa—, o bien explicitado de manera circunstanciada las razones que le impidieron practicar la notificación personal o proceder a la fijación de la copia, la cuestión se desplazaría a un plano diverso.
Que, en ese escenario, el acto notificador gozaría de la presunción de legitimidad y veracidad propia de los instrumentos públicos, y su eventual cuestionamiento exigiría la promoción de un incidente específico de redargución de falsedad, con la carga probatoria que ello conlleva.
Que, sin embargo, no es esa la situación que se presenta en autos.
Que aquí no se trata de desvirtuar una constancia formalmente completa mediante prueba en contrario, sino de advertir que la propia acta carece de los elementos mínimos que permitan reconocerle eficacia jurídica, lo que impide, incluso, que despliegue la presunción de validez que justificaría la exigencia de una vía incidental autónoma.
Que de ello se sigue una consecuencia que conviene dejar en evidencia: sería un grosero error hacer lugar a la redargución de falsedad promovida en autos. Y es que ese remedio excepcional presupone un instrumento intrínsecamente completo cuya veracidad se ataca —vale decir, un acta que, conteniendo todas las constancias que la ley exige, se afirma mendaz—, y no es esa la hipótesis que aquí se presenta. En efecto, no se cuestiona la autenticidad intrínseca de lo que el oficial notificador atestó, ni se lo tilda de falso: sencillamente se constata que la diligencia no contiene aquello que la ley manda documentar. La falsedad se predica de lo que el instrumento afirma; mal puede redargüirse de falso lo que el instrumento no dice.
Que, por ello, admitir el incidente importaría confundir dos planos inconciliables —el de la eficacia formal del acto y el de la veracidad de su contenido— y ventilar por una vía de excepción, gravosa en su carga probatoria, aquello que se resuelve por la simple lectura del acta: su insuficiencia. De ahí que la redargución de falsedad resulte improcedente y deba rechazarse por tal motivo, sin que ello obste —como quedó dicho— a privar a la diligencia de la eficacia procesal que el Fisco pretende atribuirle.
VI. La demora del propio Tribunal y su gravitación en la interpretación de los hechos Que no puede dejar de señalarse una circunstancia que gravita sobre todo el trámite: los presentes actuados permanecieron detenidos, inexplicable e infundadamente, en la Secretaría General de Asuntos Aduaneros durante aproximadamente nueve años, a la espera de la “acumulación” de los expedientes conexos.
Que esa dilación —atribuible con exclusividad a este propio Tribunal— compromete la garantía del administrado a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; conf. C.S.J.N., “Losicer c/ BCRA”, Fallos: 335:1126). No corresponde, sin embargo, emitir aquí pronunciamiento alguno sobre ese punto —que podría, eventualmente, integrar una pretensión autónoma del recurrente en los términos de la citada norma convencional—, tanto para no incurrir en un adelanto de opinión sobre una cuestión que no ha sido sometida a decisión en esta incidencia, cuanto porque su tratamiento habría de diferirse junto con la excepción de prescripción y los restantes agravios. Que la demora apuntada debe, en cambio, gravitar en un plano estrictamente hermenéutico: si ha sido el propio órgano llamado a juzgar quien contribuyó a dilatar la causa durante casi una década, con mayor razón corresponde extremar la amplitud en la apreciación de los hechos y estar a la interpretación que mejor asegure el derecho de defensa y el efectivo acceso a la justicia del administrado. Mal podría este Tribunal tomarse a la ligera su propia demora y, a la vez, extremar el rigor formal para juzgar la diligencia de notificación, haciendo recaer sobre el particular las consecuencias de una comunicación defectuosa. En esa comprensión amplia —y no en un juicio sobre el plazo razonable, que aquí no se emite— encuentra sustento adicional la solución que se propicia.
VII. Consecuencias jurídicas Que, en tales condiciones, no puede tenerse por válidamente notificada a la actora en los términos invocados por el Fisco.
Que, por consiguiente, el plazo recursivo no puede considerarse iniciado a partir de la diligencia cuestionada, lo que torna improcedente el planteo de extemporaneidad y, con ello, la alegada firmeza del acto administrativo.
VIII. Conclusión Que la solución que aquí propicio concuerda, por lo demás, con la que sostuve al pronunciarme en causa análoga promovida por la propia firma, a cuyos fundamentos me remito.
Que, por lo expuesto, corresponde: a) rechazar el planteo de cosa juzgada articulado por el Fisco, teniendo por tempestivamente interpuesto el recurso de la actora; y b) rechazar, por improcedente, el incidente de redargución de falsedad promovido por la recurrente, conforme lo expuesto en el Considerando V.
Así lo voto.
En virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por el Fisco Nacional, con costas por su orden.
2. Tener por tempestivamente interpuesto el recurso de apelación deducido por la actora.
3. Diferir el tratamiento de la excepción de prescripción y de los restantes agravios articulados por la recurrente hasta tanto adquiera firmeza lo aquí resuelto respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco Nacional como de previo y especial pronunciamiento.
Regístrese y notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Diego Cicala (20-24588705-2).
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.08.24 17:14:05 ART Date: 2026.08.24 17:22:00 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:22:00 -03:00
Fin de la sentencia