Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78250
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa y se remitirán las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.78.250 “PENDA MARIA NATALIA Y OTRO/A C/ COPETRO SOCIEDAD COLECTIVA Y OTRO/A S/ AMPARO AMBIENTAL -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. La señora María Natalia Penda y el señor Raúl Alberto Caballero promueven acción de amparo ambiental contra la empresa COPETRO Sociedad Colectiva y el Ministerio de Ambiente Provincia de Buenos Aires –ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)-, con el objeto de que: 1) se ordene el cese de la contaminación del aire y del agua proveniente de la planta ubicada en la ciudad de Ensenada; 2) se le exija a la firma demandada que adecue su actividad a las normas ambientales vigentes; 3) se declare la nulidad del permiso de emisiones gaseosas a la atmósfera otorgada por el ex OPDS; 4) se anule el acto administrativo por el cual el ex OPDS otorgó el Certificado de Habilitación Especial a COPETRO SC y se disponga la concesión de uno nuevo, donde los residuos especiales generados se clasifiquen como “H11” de conformidad con lo establecido en el Anexo II de la ley 11.720 y 5) se condene a la Provincia a cumplir con lo dispuesto en el art. 11 del Anexo I del decreto 1074/18, respecto del otorgamiento de Licencias de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) autorizadas y denegadas a la firma codemandada.
Asimismo, con carácter cautelar, persiguen la suspensión de una serie de tareas, hasta tanto se garantice que no se emitirá más material particulado al aire o al agua de la planta en cuestión.
Al respecto, alegan que las operaciones de carga llevadas a cabo en aquel sitio –y que, según refieren, se realizarían solo por la noche- no se ajustan a las medidas de protección y prevención necesarias. A la par, aducen que, para externalizar los costos ambientales, el coque remanente se volcaría directamente a las aguas del Río de La Plata, sin evaluar el grado de toxicidad que tienen las partículas propagadas.
En suma, sostienen que se encuentran vulnerados los derechos y garantías consagrados en los arts. 41 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, como así también los principios preventivo y precautorio que rigen la materia.
II. En lo que aquí concierne, la causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo magistrado corrió traslado de la demanda y ordenó la inscripción del litigio en el Registro Público de Procesos de incidencia colectiva (v. proveído de fecha 14-II-2020).
Luego, atento las circunstancias del caso y a efectos de analizar la procedencia de la pretensión cautelar, mandó a producir el informe previsto en el art. 23 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- e ínterin, decretó una medida precautelar (v. resol. de 19-II-2020).
En virtud de la comunicación cursada por el mencionado Registro ante la diligencia practicada, el titular del órgano solicitó a aquella dependencia que detalle todos los procesos seguidos contra COPETRO SC, la pretensión colectiva, el objeto de la acción, los hechos involucrados y la fecha de notificación de las respectivas demandas (v. resol. de 4-III-2020 y oficio de fecha 5-III-2020).
Recibida la información peticionada, se requirió al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 departamental que proporcione los mismos datos antes señalados relativos a una serie de pleitos en trámite por ante sus estrados (v. oficios de fechas 28-V-2020, 8-IX-2020 y 18-II-2021).
Por su parte, el día 7 de septiembre de 2021 la parte actora amplió su demanda, persiguiendo –esta vez- que: 1) se decrete el cese de la contaminación del aire y agua proveniente de la planta COPETRO en la ciudad de Ensenada; 2) se ordene a la firma codemandada a internalizar los costos de su producción; 3) se ordene a la empresa a adecuar sus parámetros de emisiones gaseosas a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud; 4) se declare la nulidad del permiso de emisiones gaseosas a la atmósfera otorgado a COPETRO; 5) se anule el acto administrativo por medio del cual el ex OPDS otorgó el Certificado de Habilitación Especial; 6) se ordene al ex OPDS a dar curso a todas las denuncias radicadas por los vecinos contra la firma codemandada durante el período 2020-2021. A su vez, extiende su petición cautelar.
En ese marco, y tras recibir la respuesta de todos los organismos oficiados, la magistrada a cargo del órgano optó por recurrir al resorte de la escisión de las pretensiones a fin de preservar la competencia material involucrada en la materia. De esta manera, se rehusó a intervenir en el marco de la acción enderezada contra la empresa COPETRO SC, mas asumió su jurisdicción en relación a la demanda incoada contra la Provincia de Buenos Aires (v. resol. de 3-XI-2021).
Contra dicho pronunciamiento, los actores dedujeron recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata (v. resol. de 14-VI-2022).
De esta manera, esa parcela de la controversia fue girada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del mismo Departamento Judicial. Sin embargo, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada por considerar que no existía identidad de objeto entre los procesos en trámite y el expediente enviado, en tanto los juicios entablados en aquella sede procuraban obtener una indemnización por los daños y perjuicios individualmente ocasionados a distintos vecinos de la zona (v. resol. de 10-VIII-2022).
En consecuencia, dio por configurada la contienda negativa y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; B. 77.503, "Castañares", resol. de 3-II-2022; B. 77.773, "Mena", resol. de 23-II-2022 y B. 78.052, “Asociación Inquietudes Ciudadanas”, resol. de 25-VIII-2022, entre tantas otras). Por lo demás, el ordenamiento constitucional garantiza a toda persona el derecho a ser oída por un juez o tribunal competente y dentro de un plazo razonable (conf. arts. 8.1, CADH; 15, Const. prov.; doctr. causas C. 104.260, "Álvarez", sent. de 9-II-2011; A. 71.881, "Castro", resol. de 27-VI-2012; B. 70.651, "Lizziero", resol. de 18-XI-2009; causa A. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017).
IV. En la especie, permitir que la causa –o bien, parte de ella- cambie de fuero de manera oficiosa cuando el por entonces titular del juzgado en lo contencioso administrativo aceptó su competencia, corrió traslado de la demanda incoada, dispuso una medida precautelar que luego suspendió, libró oficios a la Prefectura Naval Argentina, dio curso a la ampliación de demanda impetrada e hizo lugar –entre otras diligencias- a los planteos de nulidad articulados por los codemandados, conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 75.169, "Municipalidad de Malvinas Argentinas", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.396, "Lupacchini", resol. de 7-XI-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 77.78, "Rueda", resol. de 10-VI-2022). En particular, a la luz de la naturaleza del derecho en juego y las normas tuitivas imperantes en materia ambiental, que imponen tratar la cuestión sometida a decisión sin dilaciones indebidas.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en el litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa y se remitirán las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 09:08:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 09:55:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 13:51:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2022 10:14:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2022 10:44:19 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/11/2022 10:58:39 hs. bajo el número RR-1157-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia