Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 35873 2020
Expte. N° 35873
Autos: "TECNOPOLO REAL STATE S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ Y OT. S/ AMPARO AMBIENTAL
Mercedes, de Septiembre de 2020.-ACB AUTOS Y VISTOS:
Estos autos caratulados "TECNOPOLO REAL STATE S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ Y OT. S/ AMPARO AMBIENTAL" , expediente Nº 35873, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en su escrito inicial de fs. 7/46, la sociedad Tecnopolo Real Estate S.A., por intermedio de su letrado apoderado Dr. Lisandro Diego Domingo, interpone acción de amparo por daño ambiental de incidencia colectiva contra las firmas Top Meat S.A. (en adelante, "Top Meat") y Deltacar S.A. ("Deltacar"), la Municipalidad de General Rodríguez, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, por la responsabilidad que les atribuye en la contaminación el arroyo ubicado en el partido de General Rodríguez, entre las coordenadas 34°33'59,3''S, 58°56'13,8''W y 34°34'15,5''S, 58°55'50,3''W (en adelante, el "Arroyo").
Persigue con su acción que (i) el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, y la Municipalidad de General Rodríguez realicen, a su costa y en un plazo razonable, un Estudio y Determinación del Impacto Ambiental generado en el Arroyo; (ii) en función de aquel estudio, las empresas Top Meat y Deltacar recompongan, en un plazo no mayor a 30 días, el Arroyo y todo otro sitio que se determine como contaminado como consecuencia del vertido de sus desechos; (iii) se ordene a las empresas demandadas la inmediata contratación del Seguro Ambiental Obligatorio, bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes; y (iv) el cese de manera urgente e inmediata de la descarga de efluentes en el Arroyo que actualmente realizan Top Meat y Deltacar.
En su escrito de inicio, la accionante denuncia que las empresas demandadas, que tienen por actividad la de frigorífico, descargan efluentes tóxicos mediante un conducto artificial de desagote en el Arroyo, cercano a donde se encuentran localizadas sus plantas industriales, contaminando de tal modo las aguas del mismo.
Acusa asimismo que las empresas han actuado sin contralor alguno, sin que hayan presentado estudios de impacto ambiental, que las mismas no tratan, previo a su disposición, los efluentes y emisiones que generan, que no disponen de sus residuos industriales correctamente, derivándose de todo ello un daño ambiental permanente.
Refiere que la situación de hecho antes descripta fue denunciada reiteradamente ante las autoridades de aplicación, sin que los organismos competentes se hayan expedido al respecto, lo que obligó al presentante a incoar la presente acción.
A su turno, atribuye responsabilidad a la Municipalidad de General Rodríguez por cuanto la misma no habría ejercido, a su criterio, el poder de policía que le corresponde en orden a corregir y modificar la conducta de los frigoríficos denunciados como contaminantes.
Igual imputación realiza con respecto a la Provincia de Buenos Aires, en su especial carácter de titular de la jurisdicción en donde se encuentran instaladas las empresas de marras, a la vez que titular del recurso hídrico en el que las empresas, conforme sus dichos, vuelcan ilegalmente sus efluentes presuntamente contaminantes. Asimismo y dado su carácter de regulador y controlador de la política ambiental, le achaca la falta de control del accionar de las empresas denunciadas como contaminantes.
Por último, la demanda imputa responsabilidad al Estado Nacional por presunto incumplimiento del mandato constitucional de preservar y proteger el medio ambiente, como así del deber de ejercer su poder de policía en forma conjunta con la provincia involucrada. Adicionalmente le achaca la falta de cumplimiento de los deberes que le corresponden en su carácter de autoridad de aplicación de las leyes nacionales 25.688 (régimen de gestión ambiental de aguas), 25.675 (política ambiental nacional) y 24.051 (residuos peligrosos).
Luego de un exhaustivo detalle del procedimiento tendiente a la obtención de la declaración de impacto ambiental, refiere que de la consulta a la página web oficial del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible ("OPDS") no surge que los frigoríficos demandados hayan obtenido una autorización para el vertido de efluentes en el Arroyo.
Detalla a continuación aspectos ambientales de la industria frigorífica, sosteniendo que la misma genera un alto impacto ambiental, siendo una de las industrias con mayor poder contaminante si no se tratan sus efluentes de manera efectiva.
Refiere seguidamente haber realizado estudios sobre las aguas del Arroyo, los que evidenciaron la contaminación existente, por lo que, ya en el año 2015, realizó la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de General Rodríguez, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, el OPDS y la misma Municipalidad de General Rodríguez, sin que haya obtenido respuesta alguna a las mismas.
De los análisis realizados en forma privada, continua su relato, surge que tanto los niveles de la demanda biológica de oxígeno como los de la demanda química de oxígeno están elevados por encima del límite de referencia, por lo que, concluye, no caben dudas de que efectivamente las aguas del Arroyo contienen altísimos grados de contaminación, lo que genera, a su criterio, un alto riesgo para el ambiente y vecinos, vulnerando los más básicos derechos constitucionales.
Luego de manifestarse en relación a la procedencia de la vía intentada, aclara que, aun cuando no consta que el vertido de sustancias que denuncia haya estado permitido por la autoridad de aplicación, tal autorización no sería óbice para que la acción prospere, por cuanto aquel acto administrativo no implicaría una dispensa para la comisión de delitos.
Ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho, y peticiona.
II. A fs. 43/47 la titular del Juzgado de Garantías Nro. 3 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez, previniente en esta causa, declina la competencia a favor del suscripto por las razones que allí explica, a las que me remito en mérito a la brevedad, a la vez que cuestiona el cauce procesal impreso a la demanda por la actora.
III. Allegada que fuera la causa a este Juzgado, se ordena el traslado de la demanda incoada a las demandadas, contestando en primer lugar la Provincia de Buenos Aires por medio del abogado relator de la Fiscalía de Estado, Dr. Oscar Jorge Aguirre, quien en su presentación electrónica de fecha 12/04/2019 aduce inicialmente la improcedencia de la vía de amparo en función de que la pretensión deducida, de acuerdo a su análisis, no cumple los requisitos propios del amparo. Ello, según su entendimiento, por no existir por parte del organismo demandado hecho, acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario.
En su escrito de ampliación de contestación de demanda de fecha 15/04/2019 cuestiona la legitimación activa del actor para el impulso de una acción colectiva tal como por aquel fuera caracterizada. Aduce la improcedencia de arrogarse la actora la representatividad de los intereses de todos los vecinos de General Rodríguez por cuanto, a su criterio, no se reúnen los requisitos establecidos por el art. 7 de la ley provincial 13.928, que regula la materia.
Continúa esgrimiendo que no existe legitimación pasiva de la Provincia de Buenos Aires y sus entes descentralizados que se derive de los argumentos de la actora. Así, en lo que hace a la legitimación pasiva de sus representadas fundada en la titularidad de la jurisdicción y arroyo (cuestión que sostiene no se encuentra acreditada en autos) en que ocurre el hecho lesivo denunciado, sostiene que, por el contrario, la Provincia representada resultaría, de verificarse los hechos denunciados, víctima de los mismos y no causante.
En lo que hace a la legitimación pasiva de su representada fundada por la actora en la falta de control de los organismos correspondientes sobre la actividad de las empresas demandadas, sostiene que tal ausencia de control resulta falsa en función de lo obrado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), esto es las actas, inspecciones y resoluciones habidas en los trámites de evaluación de impacto ambiental iniciados por las firmas codemandadas. Ofrece entonces en sustento de sus dichos los antecedentes administrativos que respaldarían el actuar diligente de la Provincia demandada con respecto a la actividad de los particulares demandados.
En función de lo antedicho es que entiende no existe omisión ilegal o arbitraria imputable al OPDS o la Provincia de Buenos Aires por la que deba responder, solicitando consecuentemente se rechace la demanda incoada.
IV. Llegado el turno de contestar la demanda la Municipalidad de General Rodríguez, su representante Dra. Ángela Margarita Acevedo plantea inicialmente la falta de legitimación pasiva de la Municipalidad demandada, por carecer la misma de competencia y jurisdicción sobre el arroyo y empresas demandadas en autos.
Alega que tal competencia y jurisdicción correspondería a la Provincia de Buenos Aires, cuestión que, entiende, es reconocida por la propia actora. Así, analizando la normativa que entiende aplicable al caso ventilado, sostiene que la autoridad de aplicación para evaluar Estudios de Impacto Ambiental, emitir Certificados de Aptitud Ambiental, fiscalizar las actividades de los particulares, etc., viene determinada por el Nivel de Complejidad Ambiental con que sean calificados los particulares.
Luego entonces, y dado que las empresas demandadas fueron caracterizadas oportunamente como de tercera categoría de acuerdo a su nivel de complejidad ambiental, quien resultó autoridad de aplicación es la OPDS, a quien le fueron remitidas las actuaciones administrativas correspondientes en su momento.
En sustento de sus dichos, refiere que mediante los expedientes administrativos N°4050-37556/96 y 4050-41781/97 y Anexo la ahora demandada Deltacar hubo solicitado la solicitud de categorización, quedando comprendida en la tercera categoría, por lo que el Municipio remitió toda la documentación correspondiente a la solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental al OPDS, organismo a la postre competente para su otorgamiento.
En igual sentido, menciona que la demandada Top Meat transitó el mismo camino, mediante expedientes administrativos N° 4050-0173652/2015, al cual se encuentran acumulados los expedientes N° 4050-38309/96 y 4050-19752/2003, todos ellos remitidos oportunamente al OPDS.
Es por ello que entiende corresponde declarar la falta de legitimación pasiva del Municipio en el hecho ventilado en autos.
Al momento de contestar subsidiariamente la demanda, menciona que, al estar radicadas las empresas demandadas en el ámbito territorial del Municipio de General Rodríguez, la autoridad local tiene a su cargo el control de la Seguridad e Higiene de las instalaciones de las industrias.
Aunque sostiene no tener competencia sobre arroyos y/o los requerimientos de impacto ambiental, facultad exclusiva no delegada por la provincia, manifiesta haber dado curso a los reclamos realizados por la actora. Así, entiende suficiente lo actuado en el expediente administrativo N° 4050-0170268, por el que se labró acta de inspección a Deltacar dejándose asentado que la misma poseía en estado de trámite la autorización para efluentes por el expediente N° 2408-25403/1973 Alcance 3, 2436-2599/06 y N° 2436-5716/05 de explotación de recurso hídrico, todos ellos ante la autoridad provincial de conformidad con lo establecido por la ley 5965.
Manifiesta a continuación que, conforme surge del referido expediente, que acompaña a su escrito de conteste, se observaron los protocolos de análisis de efluentes líquidos, los cuales se encontraban dentro de los parámetros de los límites de vuelco establecidos en la resolución ADA 336/03, todo lo que consta en el Acta de Inspección N° 008, habiendo cumplido la firma ahora demandada con la remisión del Protocolo de Análisis de Efluentes Líquidos actualizados, memoria descriptiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos, y Planos de dicha planta, motivo por el cual el Sr. Secretario de Producción, Desarrollo y Medio Ambiente municipal procedió al archivo de las actuaciones administrativas.
Entiende entonces que con ello queda evidenciado que el Municipio dio curso a la denuncia iniciada por la actora, efectuando todas las diligencias correspondientes dentro de los límites de su competencia.
Por otro lado, informa que habiendo la actora iniciado un expediente administrativo N° 4050-0208327 el día 22/11/2018, la Municipalidad, dando curso al mismo, libró comunicación a la Autoridad del Agua a fin de que tomen muestras del Arroyo Carabassa perteneciente a la cuenta del Río Luján, a fin de determinar si allí se habían vertido efluentes y las características de los mismos, solicitando, a su vez, que informara el estado de los Expedientes 2436-27767/2018 0 1 y 2436-12499/2015 0 1.
Luego, existiendo un faltante en la documentación remitida por la Autoridad del Agua en el mes de diciembre de 2018, el Municipio requirió nuevamente la toma de muestras con fecha 27/03/2019, y sin esperar al resultado de tal diligencia, la actora inició la acción cuyo traslado ahora contesta la autoridad local.
Luego de ofrecer la prueba de que intenta valerse y fundar en derecho, peticiona el rechazo de la acción intentada en relación a la Municipalidad de General Rodríguez, con expresa imposición de costas.
V. Presentada la demandada Deltacar a contestar demanda, representada por el Dr. Roberto Osvaldo Panunzzio, sostiene en primer lugar que el proceso de amparo incoado por la demandante se encuentra caduco de acuerdo con lo establecido por el art. 5 de la ley provincial 13.928 y los dichos del actor, quien habría tenido noticia de los hechos que denuncia el día 20/05/15, por ser ésta la fecha del informe de laboratorio del cual emergería el actuar contaminante de los particulares demandados.
Seguidamente cuestiona la falta de legitimación de la accionante para actuar en un conflicto colectivo por cuanto entiende que, de acuerdo con los hechos narrados por el actor, en el presente conflicto no se encuentran dadas las características propias que requieran de una tutela colectiva. Así, sostiene que no encuentran reunidas en su totalidad en los hechos denunciados por la accionante a) la indivisibilidad de beneficiarios que utilizan el bien objeto de la pretensión; b) la utilización común del bien objeto de la pretensión; c) la no exclusión de beneficiarios en su uso y goce; d) el uso sustentable del mismo; ni e) el status normativo.
Continúa sosteniendo que, en función de la actividad propia de la actora, la misma carece de legitimación para ser titular de una acción colectiva como la que pretende con estos actuados, lo que entiende acreditado al no surgir del objeto social de la misma, cuestión que contrariaría lo establecido en la normativa específica.
Luego plantea el defecto legal en la forma en que se planteó la demanda, por cuanto entiende que del escrito inicial no surge con precisión qué demanda la actora, ni para qué, a la vez que hace una exposición de hechos ambigua y carente de claridad.
Al momento de contestar demanda, inicia su relato con una descripción de la industria en la que se desarrolla la firma demandada -frigorífica-, para caracterizar el efluente líquido que se genera como parte del proceso productivo para el ciclo 1 que desarrolla Deltacar, esto es, la faena.
Así, menciona que durante el proceso de faena se producen tres tipos de efluentes líquidos: aguas rojas, aguas verdes y aguas cloacales. Las aguas rojas se originan durante la faena y contienen proteínas y altos niveles de lípidos (grasas). Las aguas verdes provienen del lavado de vísceras del tracto digestivo (mondonguería) y corrales, tienen alto contenido de sólidos: lignina, celulosa y grasas. Las aguas cloacales derivan de los servicios sanitarios y vestuarios, los componentes que predominan son nitratos y fosfatos, entre los biológicos: bacterias coliformes.
Luego menciona que, para su correcto tratamiento, corresponde caracterizar el efluente mediante el análisis de los parámetros básicos (físico-químicos, físicos y químicos) para luego planificar el tratamiento primario y biológico a implementar. Ello se realiza de conformidad con las disposiciones de las leyes 5965 y 12.257, sus decretos reglamentarios y las distintas disposiciones de los organismos de control y fiscalización, en particular de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.
Este último organismo citado, informa, es quien tiene bajo su órbita la aprobación del proyecto de tratamiento, determinación de los parámetros admitidos, fiscalización y control, inspección, análisis, etc. Asimismo, destaca que la habilitación ambiental del establecimiento corresponde que sea otorgada por el OPDS, organismo que aprueba las evaluaciones de impacto ambiental, otorga los certificados de aptitud ambiental, a la vez que establece los cronogramas de monitoreo de las variables ambientales que deben ser cumplidos. Finalmente destaca que corresponde a la autoridad municipal la habilitación administrativa de la planta y al SENASA (atento que la particular actividad desarrollada) la habilitación especial en relación a la calidad alimentaria y correcta gestión de las variables involucradas en el proceso, incluso las ambientales.
Luego entonces, menciona que por expedientes 4050-37556/96 y 4050-41781/97 y anexo Deltacar ha tramitado la aprobación de la evaluación de impacto ambiental del establecimiento, la que fuera otorgada con fecha 05/06/2003, encontrándose a la fecha en tratamiento ante el organismo la renovación de la misma. Por su lado, por resolución 606/2004 de fecha 26/11/2004 en el expediente 2408-5427/2003 la Autoridad del Agua otorgó el permiso de uso del recurso hídrico, y que el análisis de muestras extraídas a fines de 2018 e inicios de 2019 se desprende que los parámetros de vuelco de efluentes se encuentran dentro de los permitidos por la Resolución 336/03 de la AdA.
Acompaña documental en soporte de sus dichos, afirmando contar con todos los permisos necesarios para el funcionamiento de la planta, adecuando su actividad a las normas sobre calidad de vertido emanadas de las autoridades de aplicación, por lo que solicita se rechace la demanda.
Ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.
VI. Al momento de contestar demanda Top Meat, la que se presenta con la misma representación del Dr. Roberto Osvaldo Panunzzio, reitera los planteos esgrimidos por Deltacar en relación con la caducidad del proceso de amparo incoado, la falta de legitimación de la actora para representar intereses colectivos y defecto legal en la demanda, por lo que cabe remitir a lo expuesto en honor a la brevedad.
Luego menciona que la tarea desarrollada por la firma es la del segundo ciclo, es decir el despostado y, dado que no se realiza faena, los efluentes generados son menos complejos y más simples de tratar, atento a que los mismos provienen de las tareas de limpieza de planta y están constituidos en su mayoría por grasas y derivados de los productos de limpieza utilizados, a lo que deberán sumarse los efluentes cloacales que derivan de los servicios sanitarios.
Continúa su exposición mencionando que, para su correcto tratamiento, se conduce el efluente hasta un pozo receptor donde se separan los sólidos. El efluente así resultante (libre de sólidos) se dirige a una planta de tratamiento donde se le adicionan productos para la floculación de los sólidos remanentes, que se depositan en el fondo de la planta, siendo retirado el líquido superior ya en condiciones para el vuelco, el que, en una etapa final se le adiciona cloro en forma previa a su vuelco al conducto con destino al Arroyo Carabassa.
Afirma que ese proceso
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.