Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75978
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.978, "Fraga, Juana Ester C/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Ambiental. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora y de ese modo incluyó en la condena al cese de las obras civiles ejecutadas y a ejecutarse en el predio ubicado en el partido de Mar Chiquita, en donde se encuentra emplazado el emprendimiento inmobiliario "Lagos del Mar", hasta tanto la Provincia de Buenos Aires lleve a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental, condenando a esta última con el alcance establecido en el punto II.4 del voto que concitó adhesión.
Por lo demás, confirmó el rechazo de la acción dirigida contra los codemandados Diego Arol Curcio y Yesicam S.A., así como la desestimación de la acción por recomposición de daño ambiental (v. fs. 2.514/2.533).
Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 2.547/2.583).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 2.612), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar al amparo ambiental iniciado por la actora y, en lo que interesa, condenó a los codemandados Capital Trust S.A., Desarrollos inmobiliarios S.R.L. y Municipalidad de Mar chiquita, al cese de las obras civiles ejecutadas o a ejecutarse, por sí o a través de terceros, en el predio ubicado en Mar chiquita en donde se encuentra emplazado el emprendimiento inmobiliario "Lagos del Mar", ello hasta tanto la Provincia de Buenos Aires, como autoridad administrativa, lleve a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental en base a los requerimientos de las leyes 25.675 (nacional) y 11.723 (provincial) y produzca la Declaración de Impacto Ambiental en forma previa a la autorización de cualquier tipo de actividad, debiendo el municipio llevar a cabo un exhaustivo control del cumplimiento de la condena.
Por otra parte, denegó la acción de cese ambiental respecto a la Provincia de Buenos Aires por entender que ésta no tenía responsabilidad por las obras ejecutadas, y ad referendum del acatamiento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
También rechazó la acción de recomposición del daño ambiental en atención, no sólo a la falta de legitimación activa de la actora por no poseer domicilio en dicha localidad, sino en virtud de la escasa o intrascendente modificación del ambiente que surgía de la prueba colectada y que, hasta ese momento, habían llevado a cabo las codemandadas.
II. Apelada dicha sentencia únicamente por la parte actora, el Tribunal de Alzada hizo lugar parcialmente a dicho recurso, extendiendo la condena en relación a la Provincia de Buenos Aires y confirmando en lo demás el fallo de primera instancia.
II.1. Para así resolver, y en lo que al recurso extraordinario interesa, el Tribunal de Alzada desestimó el planteo vinculado con el rechazo de la acción de recomposición del ambiente, en el entendimiento de que, pese la objeciones respecto a la falta de legitimación, lo cierto es que el juez de origen igualmente se expidió sobre tal pedimento, denegándolo, pues de la prueba producida surgía que las modificaciones al ambiente, hasta ese momento, no resultaban de una envergadura tal que mereciera ordenar una remediación.
Así destacó la insuficiencia del planteo por haber omitido la impugnación de esa parcela del fallo, en tanto ésta se vio limitada a las consideraciones respecto a la falta de legitimación (arts. 260, CPCC. y 25, ley 13.928).
II.2. En punto al cuestionamiento vinculado con el alcance que el juez de primera instancia le acordó a la acción de cese de la actividad generadora de daño ambiental, el a quo consideró un contrasentido pretender que se impida ahora, de modo definitivo, la realización de la obra, prescindiendo de la tramitación del procedimiento jurídico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando la razón que motivara el amparo fue precisamente el no haberse ceñido las codemandadas a la normativa ambiental, en particular en lo referido al requisito de la previa tramitación de un informe de impacto ambiental.
Y agregó "...será el respectivo acto administrativo del que habla el art. 20 de la ley 11.723 el que determine el destino que deparará al emprendimiento urbanístico precariamente iniciado. Las soluciones posibles dependerán de las implicancias que la obra pudiera representar para el medio ambiente, cuestión que deberá ser ponderada en el ámbito adecuado, por la autoridad que ha sido emplazada a cumplir con tal labor..." (fs. 2.524).
II.3. Para rechazar el agravio del apelante por el que sostiene que la decisión del juez de grado de someter la realización del estudio y Declaración de Impacto Ambiental a la Provincia de Buenos Aires (OPDS) viola el principio de imparcialidad y objetividad, destacó que dicho agravio importa realizar una conjetura respecto al resultado que podría derivarse de éste, es decir un perjuicio meramente hipotético o conjetural.
II.4. A su turno, en punto al rechazo de la acción dirigida contra los codemandados Diego Arol Curcio y Yesicam S.A., consideró que las críticas ensayadas resultaban insuficientes por no comportar un ataque concreto al razonamiento a tenor del cual el magistrado de la instancia anterior concluyó, respecto al primero de ellos, que el actor no había podido probar, más allá de su participación en la refacción del club house , alguna responsabilidad por la inobservancia de la tramitación del procedimiento de estudio de impacto ambiental; y en relación al segundo por haberse demostrado que ésta reviste el carácter de fiduciante, no recayendo sobre ella la responsabilidad de garantizar que el emprendimiento inmobiliario posea las autorizaciones pertinentes, entre ellas las ambientales (arts. 260, CPCC y 25, ley 13.928).
II.5. Por último, en punto a la imposición en costas por las pretensiones rechazadas -esto es la acción de recomposición y la de cese contra los codemandados Diego Arol Curcio y Yesicam S.A.- recordó que en materia de amparo rige también el principio objetivo de la derrota, no presentándose ninguno de los supuestos de excepción que permitirían eximir a la actora de éstas.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, la actora denuncia absurdo en la sentencia de alzada en cuanto dispusiera el rechazo de su expresión de agravios, por el incumplimiento de las cargas que establece el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial.
Aduce que la decisión de la Cámara es absurda al rechazar una expresión de agravios que considera suficiente.
Destaca en tal sentido que la decisión de denegarle legitimación activa respecto a la acción de recomposición del ambiente por no residir en la localidad de Mar Chiquita, resulta una interpretación restrictiva y equívoca que no se corresponde con la letra de la Ley General del Ambiente, ni con la Constitución nacional en el punto.
Refiere que el derecho a un ambiente sano no es un derecho único y exclusivo del vecino del lugar afectado pues el derecho al disfrute de un ambiente sano corresponde a todas y cada una de las personas.
Sostiene que esta forma de resolver importa confundir los conceptos de legitimación para peticionar la recomposición del ambiente con aquella que se necesita para solicitar la reparación económica que sí ostentan en forma directa los vecinos del lugar donde se pretende radicar el emprendimiento en cuestión.
Argumenta que el carácter de afectado no se refiere sólo a la persona interesada sino a quien demuestre una lesión en su porción indivisa de un bien compartido como es el ambiente.
Entiende que los fundamentos del juez de primera instancia para rechazar la acción de recomposición fueron la falta de legitimación y no la ausencia de daño, con lo que su expresión de agravios resultó suficiente rebate al fallo impugnado.
También considera un error el haber dispuesto el cese temporal -y no definitivo- de las obras y dejar supeditada la viabilidad del emprendimiento inmobiliario a la previa realización del trámite de Declaración de Impacto Ambiental en el OPDS, pues -según sostiene- éste se encuentra emplazado en una zona de humedal, declarada como reserva de biosfera, que cuenta con amplia protección legal.
Argumenta que en función de la prueba reunida y sin perjuicio de lo expresamente solicitado, el Tribunal de Alzada contaba con sobrados elementos para ordenar en forma definitiva el cese de la ejecución del emprendimiento con lo que supeditarlo al trámite ante el OPDS, resulta contrario del principio de economía procesal, precaución y responsabilidad ambiental.
Se agravia también de que sea el OPDS quien determine en definitiva la viabilidad del proyecto, cuando éste es parte de la Provincia, que ha sido condenada en este proceso por la omisión de control e incumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental.
En estas condiciones sostiene, no se encuentra garantizada la imparcialidad ni la objetividad en el desarrollo del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental que en su criterio obligaría a apartarla.
Cuestiona el rechazo de la acción respecto a las pretensiones dirigidas contra Yesicam S.A. y el señor Curcio, como así también la desestimación de la pretensión de recomposición de daño ambiental.
Con referencia al rechazo de la acción vinculada con el señor Curcio sostiene que no es cierto que su intervención se haya limitado a la remodelación del club house mediante la celebración de un simple contrato de locación de obra. Por el contrario, argumenta que éste era el encargado, junto con el resto del personal, de la ejecución de las obras de infraestructura de lugar. Agrega que, siendo un profesional de la construcción, no podía ignorar el incumplimiento de las normas ambientales, circunstancia que, tal como lo establece la propia Ley General del Ambiente, lo hace solidariamente responsable.
En punto a la otra codemandada, Yesicam S.A., argumenta que siendo la propietaria del inmueble y quien lo cedió para la ejecución del emprendimiento, también debe cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, entre las que se encuentra la normativa ambiental.
Para finalizar, se agravia de la imposición en costas resuelta respecto a las pretensiones rechazadas, sosteniendo que ello resulta violatorio del beneficio otorgado expresamente en el art. 32 de la Ley General del Ambiente.
Añade que al iniciar la presente se encontraba ante un emprendimiento que se había iniciado en forma clandestina, no se conocía en forma certera el rol ni la responsabilidad de cada uno de los accionados. Por lo demás, destaca que los codemandados Yesicam S.A. y Diego Arol Curcio tenían una participación activa en la ejecución del barrio. Sostiene, en consecuencia, que han existido serias cuestiones que implicaron que podía considerarse con mejor derecho, lo que amerita que las costas sean impuestas por su orden.
Por todo ello solicita se revoque el pronunciamiento en lo que fue materia de agravio.
IV. Adelanto que, en mi opinión, la impugnación deducida no merece acogida en atención a la insuficiencia de los planteos formulados, a excepción del relacionado con la imposición de las costas.
Veamos.
IV.1. La primera crítica formulada por la actora se vincula con el error en que habría incurrido el Tribunal de Alzada al confirmar lo resuelto por el juez de primera instancia respecto a su falta de legitimación procesal para peticionar la recomposición del ambiente.
Al respecto como quedara reseñado en el acápite anterior, el Tribunal de Alzada, al tratar dicho planteo, lo estimó insuficiente al no hacerse cargo de la porción del fallo de la instancia de grado que, pese a una inicial consideración respecto a la falta de legitimación, luego terminó pronunciándose igualmente sobre tal pretensión, rechazándola en virtud de no haberse demostrado alteraciones trascendentes o significativas en el ambiente.
Tiene dicho este Tribunal que el análisis de la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (doctr. causas C. 98.786, "Solitín S.A.", sent. de 17-XII-2008; C. 99.348, "Banco de la Nación Argentina", sent. de 11-II-2009; e.o.), lo que en el caso no se ha acreditado, lo que deja al desnudo la insuficiencia del planteo (art. 279, CPCC.).
Sólo a mayor abundamiento advierto que la recurrente reitera en esta sede la misma falencia que en la apelación, dedicando varias carillas a argumentar respecto a su legitimación para solicitar la recomposición del ambiente, discurriendo respecto al significado del concepto "afectado", pero sin realizar ninguna consideración respecto al restante argumento del decisorio que -con base en las constancias de la causa- puso de manifiesto que las alteraciones hasta ese momento practicadas no resultaban significativas agregando incluso que estas habrían de "producir la auto regeneración del ecosistema".
Así lo señaló puntualmente el a quo : "...Más allá de las objeciones plasmadas sobre este punto por la recurrente [...] lo cierto es que una detenida lectura de la sentencia apelada permite advertir que el magistrado de grado aun cuando entendió que la Ley General del Ambiente no legitimaba a la actora para obrar activamente en ejercicio de la acción de recomposición ambiental intentada, se pronunció igualmente sobre tal pedimento, rechazando su procedencia... ".
Agregó "Para así decidirlo, valoró algunas pruebas colectadas en autos (v.gr. expte. Adm. N° 2145-0005837/15, en el que se dio inicio al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, ante el O.P.D.S.; informe ambiental de dicho organismo; e informe pericial biológico y ambiental único confeccionado por la Comisión de expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y formó su convicción de que las alteraciones negativas hasta ahora generadas al ambiente, a partir de las obras ya ejecutadas en el marco del emprendimiento inmobiliario 'Lagos del Mar', resultaban 'intrascendentes' en comparación con las que se planeaban llevar a cabo en el lugar, lo que permitía aseverar que, en lo que respecta a aquellas alteraciones, se habrá de producir la auto regeneración del ecosistema", concluyendo "Frente a tal escenario, la apelante omite desplegar -en esta parcela de su pieza recursiva- una suficiente crítica al fallo, ya que no explicita reproche alguno contra las razones señaladas por el juzgador para sustentar el rechazo de la acción por recomposición del daño ambiental intentada...".
IV.2. El segundo de los agravios traídos a esta instancia es el vinculado al rechazo de la pretensión de cese definitivo de las obras.
En efecto, según surge de la sentencia impugnada, el Tribunal de Alzada estimó un contrasentido pretender que se ordene, sin más, el cese definitivo de las obras, prescindiendo del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando precisamente fue la falta de éste lo que motivó el inicio del amparo.
Concluyó "mal podría el apelante aspirar a que se modifique el alcance de la condena y que se impida -de forma definitiva y concluyente- la realización de la obra urbanística en ciernes, en tanto ello importaría incurrir -como contracara- en la misma situación de ilegalidad que viene reprochando a las accionadas...".
Frente a la contundencia de estas consideraciones, la recurrente se limita a sostener que en el caso existen pruebas suficientes para disponer el cese definitivo de las obras y que no considerarlas importa incurrir en un absurdo valorativo.
La invocación de este vicio en el caso importa desentenderse de lo expresamente resuelto por el Tribunal de Alzada, quien no basó su decisión en el mérito de la prueba sino en el propio objeto y fundamento de la acción de amparo intentada.
En efecto, según estimó el a quo , la pretensión se estructuró sobre la base del incumplimiento de la normativa ambiental por parte de los demandados, particularmente por no haberse transitado el procedimiento ante el OPDS para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental obligatoria en este tipo de emprendimientos. Con tal fin oportunamente en el escrito postulatorio se solicitó se dispusiera el cese y paralización total de las obras hasta tanto se cumpliera con la totalidad del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la normativa provincial.
Lo dicho sella la suerte adversa de las quejas esbozadas pues, tal como ha sostenido este Tribunal reiteradamente, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el aludido art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley o el absurdo invocado, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (cfr. causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; A. 71.746, "Buscaglia", sent. de 23-XII-2013; entre muchas otras), lo que, por lo expuesto, no ocurre en la especie.
En el mismo sentido, esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente la impugnación que se desentiende de los fundamentos del fallo pues no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (doctr. causas C. 101.859, sent. de 5-X-2011; C. 108.160, sent. de 27-VI-2012; C. 116.915, sent. de 3-XII-2014; A. 71.107, sent. de 15-VII-2015 y A. 75.636, sent. de 6-XI-2019; e.o.).
Es evidente que la pieza impugnativa se desentiende por completo de los fundamentos del fallo atacado, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante, circunstancia que impone el rechazo del recurso también en esta parcela (doctr. causas A. 72.391, sent. de 19-X-2016; A. 71.718, sent. de 14-VI-2017; A. 73.023, sent. de 9-V-2018; A. 74.831, sent. de 8-V-2019 y A. 74.114, sent. de 20-XI-2019).
En definitiva, las críticas debieron enderezarse a cuestionar la interpretación que de los escritos postulatorios realizara el Tribunal de Alzada, la que conforme tiene dicho esta Corte, resulta una competencia privativa de las instancias inferiores salvo invocación y acreditación de absurdo.
Bajo tales premisas, se advierte que la crítica que formula la pieza en tratamiento soslaya la invocación del absurdo en esta interpretación, única alternativa en virtud de la cual este Tribunal, mediando su debida demostración, podría ingresar al análisis y revisión de aquellos aspectos de la decisión del Tribunal de Alzada que son de privativo conocimiento de los jueces de grado.
IV.3. El agravio relacionado con que se haya ordenado tramitar el estudio de impacto ambiental ante el OPDS, como así también que sea dicho organismo quien deba emitir la Declaración de Impacto Ambiental
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.