Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, denegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257, CPCCN).
Con costas (arts. 68, CPCCN).
A.75.978 “FRAGA JUANA ESTER C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO AMBIENTAL (LEY 25675). --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria dijeron:
I. Esta Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata en cuanto a la imposición de costas en ambas instancias por las pretensiones rechazadas, imponiéndolas por su orden. A su vez, rechazó por improcedentes los agravios vinculados a: la legitimación de la actora para solicitar la recomposición del ambiente, la pretensión de cese definitivo de las obras urbanísticas, el cuestionamiento de la intervención del O.P.D.S. y la legitimación pasiva de los codemandados Diego Arol Curcio y Yesicam SA (v. sentencia de fecha 23-XII-2020).
II.1 Frente a lo así decidido, la actora -por apoderado- interpone recurso extraordinario federal. En su presentación alega vulneración de los derechos y garantías previstos en los arts. 18, 19, 31, 41, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; leyes 25.675, 25.612, 25.688, 25.831, 26.331 y 26.639; 11 y 12 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arbitrariedad y gravedad institucional (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2021).
Además, la impugnante funda la cuestión federal en la violación de los principios de progresividad, protectorio de derecho ambiental, de responsabilidad medioambiental y el Principio 16 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medioambiente y Desarrollo.
Sostiene asimismo que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto por apartarse de las circunstancias objetivas de la causa, rechazando parcialmente el remedio local al ponderar -con excesivo rigor formal- que había sido insuficientemente fundado, vulnerando -de tal modo- las garantías constitucionales mencionadas.
II.2. Ordenado el traslado contemplado en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fue contestado por la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 18-III-2021, 17:09:17).
III. Respecto de la vía federal intentada, corresponde recordar -de manera liminar- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , se controvierte la valoración efectuada por las instancias de grado de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia de la fundamentación del remedio extraordinario local para desvirtuar esas conclusiones), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En efecto, en esta materia se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721, 2672; entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la apelante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual y apartamiento de las constancias de la causa, tampoco se observan motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN causa F.1792.XL RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206, 3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios expuestos en el remedio local que ya han merecido respuesta.
Cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 18, 31, 41 y 43, Const. nac.) así como los principios específicos rectores en materia ambiental, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (Fallos: 329:2206 y 330:133).
V. Finalmente, respecto de la gravedad institucional alegada, no puede perderse de vista que, en caso de concurrir, solo faculta al Tribunal para prescindir de ciertos extremos formales, pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal (Fallos: 311:120; causa B. 51.812 "Empresa Argentina de Construcciones Públicas", resol. de 21-VI-2006), requisito que, por lo señalado, no se encuentra cumplido en el caso.
VI. Por lo tanto, corresponde denegar el recurso extraordinario federal articulado (art. 257, CPCCN).
El señor Juez doctor Torres dijo:
Si bien es cierto que los pronunciamientos que emanan de los superiores tribunales provinciales que deciden acerca de recursos de orden local y revisten carácter procesal no son, en principio, revisables por la vía federal, nuestro Máximo Tribunal ha admitido su procedencia cuando lo resuelto cause un agravio de difícil o imposible reparación ulterior (Fallos: 320:1789; 322:3008; 326:3180) o lesione garantías constitucionales (Fallos:342:1203).
No debe perderse de vista que temas relacionados a la tutela ambiental y los eventuales daños que sobre el medioambiente podrían generarse, requieren un abordaje con amplio criterio de interpretación de las reglas procesales que, sin trascender los límites de la propia lógica, pongan el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta como una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden el esquema convencional del juez como mero espectador (Fallos: 329:3493).
En efecto, atento a las especiales circunstancias del presente litigio, se advierte que los agravios referidos a la colisión de las normas locales con el régimen federal (art. 75 inc. 30, Const. nac.) y la presunta afectación de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los arts. 18, 19, 31, 41, 43 y 75 inc. 22, involucran una cuestión federal directa y cuentan -en principio- con fundamentos suficientes para tener por acreditada la condición de la habilitación de la mentada instancia federal.
Cabe agregar, que en virtud de lo normado por el art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675 -que establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie- junto con los principios imperantes en materia ambiental y en el marco de verificación que es propio de esta instancia de admisibilidad, encontrándose cumplidos los demás recaudos formales, es que corresponde conceder el recurso intentado (arts. 14 y 15, ley 48).
El señor Juez doctor Violini dijo:
Adhiero a lo propuesto por los señores jueces que abren en el acuerdo y, por los mismos fundamentos, considero también que corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, denegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257, CPCCN).
Con costas (arts. 68, CPCCN).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2021 09:49:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 23:48:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:21:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:30:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 11:04:25 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/12/2021 08:57:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/12/2021 08:57:44 hs. bajo el número RR-992-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia