Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98511
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe admite el recurso de apelación interpuesto, se revoca la sentencia apelada y se rechaza in limine la presente acción de amparo. Imponer las costas de ambas instancias a la accionante en su condición de vencida (arts.20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 1, 8, 16, 17, 19, 25 y concs. ley 13.928 –t.o.-; 6 inc. 4,116 CPCC).
En la ciudad de Dolores, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.511, caratulada: "MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL C/ CEVIGE LDA S/ AMPARO", que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Vienen los autos a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por el letrado apoderado de la demandada en fecha 11-03-2020 contra la decisión de fecha 27 de febrero del corriente año, siendo concedido el día 12-03-20 y fundamentado en el mismo acto –conf. art. 17, ley 13.928-.
Mediante dicho decisorio la sentenciante de grado declara admisible la acción de amparo e intima a la Cooperativa Eléctrica, Crédito, Vivienda y otros Servicios Públicos de Villa Gesell Limitada (CEVIGE Ltda.) a dar efectivo cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 4 de diciembre de 2019 en autos "Intendente Municipal de Villa Gesell c/ Consejo Deliberante de Villa Gesell s/ Conf. Art. 196 Const. Prov. y 261 LOM", n° B-76.299, cuyas partes que considera pertinentes transcribe.
Sostiene la recurrente, en primer lugar, que el proceso resulta nulo por haberse violentado el principio de bilateralidad que deriva de la estricta aplicación en cualquier proceso judicial. Señala que la propia Ley de Amparo N° 13.298 dispone que, declarada la admisibilidad de la acción, el Juez deberá dar traslado de la demanda; cuestión que no aconteció en autos. Que únicamente le fue notificada la conclusión de un proceso llevado adelante inaudita parte; esto es, en clara violación del principio de defensa en juicio.
Seguidamente, resalta la inadmisibilidad de la demanda por cuanto la acción de amparo interpuesta debió ser rechazada in limine por la Sra. Jueza.
Ello en tanto que la cuestión que introduce la actora violenta el principio del juez natural, previsto expresamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pues bajo la apariencia de buen derecho, se ha alterado la competencia para resolver una incidencia dentro del marco del conflicto de poderes sustrayéndola arbitrariamente de la competencia de la Suprema Corte de la Provincia.
Agrega, además, que fue interpuesta fuera de plazo, en tanto se encontraba vencido, al momento de su interposición, el requisito temporal de 30 días exigido por el art. 5 de la ley 13.928, contabilizable a partir de la toma de conocimiento del acto que se estimó lesivo.
En definitiva, solicita que esta Alzada haga lugar a lo peticionado, rechazando la acción de amparo decretando la nulidad del proceso por violación del debido proceso, por caducidad del plazo de presentación y por existir un proceso judicial en curso con idéntico objeto que inhabilita, prohíbe y excluye la acción impetrada, con costas.
En su responde, la amparista sostiene que, en el presente proceso de amparo, la a quo ha interpretado y fundamentado con meridiana claridad el acotado objeto del mismo, como lo es hacer cumplir la medida cautelar dispuesta por la S.C.B.A.
En ese camino señala que sabido es que las medidas cautelares, por su propia naturaleza, se decretan inaudita parte, concepto este que se extiende a su cumplimiento, ya que si su dictado no incluyera la obligatoriedad de su cumplimiento perderían su razón de ser.
En cuanto a la extemporaneidad de la presentación de la acción, resalta que la misma deviene absurda, no resistiendo el menor análisis ya que el hecho disparador de esta acción es la Nota fechada el 10/2/20 remitida por CEVIGE Ltda. a la Concejera Szmukler.
Finalmente, en forma eventual, y para el caso de que la destinataria de la medida cautelar dictada por la S.C.B.A. (C.E.Vi.Ge, Ltda.) no diese cumplimiento a la sentencia dictada el 27/2/20, hace expresa reserva de solicitar su intervención, administración o veeduría judicial en los términos de los arts. 222/232 del CPCC.
En razón de tales argumentos –expuestos resumidamente- solicita el rechazo en todos sus términos del recurso de apelación impetrado por la contraria, con costas.
II. Analizados los argumentos que sustentan los agravios de la apelante, he de adelantar que la razón le asiste.
La ley 13.928 que regula la acción de amparo, impone examinar los presupuestos de la demanda para determinar si ella resulta objetivamente proponible, conforme los necesarios requisitos de procedibilidad y de fundamentación que debe reunir la pretensión que la motiva (Morello-Vallefin, "El Amparo...", 2da. ed., p, 65 y ss.).
El objeto principal del juicio -que como es sabido, persigue el cese de un acto, hecho, decisión u omisión lesivos de derechos constitucionales, resultando doctrina del Superior Tribunal Provincial que sostiene, interpretando los arts. 20 inc. 2, segundo párrafo de la Constitución provincial; 2 de la ley 7.166 (hoy derogada) y 2 de la ley 13.928 -de similar alcance- que la procedencia del amparo se justifica principalmente en las razones de urgencia, en atención a sus particularidades, dada la naturaleza de los bienes comprometidos y el derecho que surge conculcado (v. causas B. 64.942, "Y.A.,K", sent. de 6-X-2004; B. 65.493, sent. de 9-XII-2004; B. 65.282, sent. de 31-VIII-2005; B. 65.337, sent. de 24-V-2006 y Q. 73.300, sent. de 17-XII-2014; entre otras). Y que tales circunstancias, obligan a los órganos judiciales a preservar la vía mencionada para aquellas situaciones en que las comunes (administrativas o jurisdiccionales) puedan representar la configuración de un daño grave o irreparable (B. 67.246, "Editorial 25 de mayo S.A.", sent. de 16-II-2005; SCBA LP A 73886 S 29/11/2017).
Resulta indispensable para la admisión del remedio excepcional del amparo que quien solicita la protección judicial demuestre, en debida forma, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado o que la remisión a ellas produzca un gravamen de insusceptible reparación ulterior (conf. C.S.J.N., Fallos: 318:178).
Asimismo, se ha señalado que no puede utilizarse la vía del amparo para obviar los trámites legales aptos, máxime cuando las peticiones formuladas en sede administrativa han tenido el curso propio de las actuaciones exigibles para el asunto y no se ha acreditado que a los interesados se les haya cercenado el derecho a ejercer todas las vías con las que cuentan en el marco del procedimiento iniciado ante dicha esfera (SCBA., B. 66.693, "Recovering S.A.", sent. del 6-VII-2005 -y lo reiteró en las causas B. 67.932, "Álvarez", sent. del 12-VIII-2009 y A. 70.216, "Prósperi", sent. del 23-XII-2013; C.S.J.N., Fallos: 308:2632).
Debe agregarse que la existencia de otra vía legal, judicial o administrativa, para la tutela del derecho que se dice lesionado impone, como principio, el rechazo de la demanda de amparo (Fallos: 257:125).
En autos, la accionante con la presente acción persigue el cumplimiento de una decisión judicial –Suprema Corte de Justicia-, dictada en forma preventiva, a la cual se resiste la demandada –según dice-, alegando que la procedencia de la vía elegida –amparo- lo ha sido por razones de urgencia que se encuentra plenamente justificada por el peligro en la demora que significaría accionar por vía ordinaria, lo cual causaría un daño grave e irreparable a toda la comunidad de Villa Gesell ya que todo el tiempo que durase el proceso ordinario se vería impedida de contar con el debido control que la Municipalidad como Poder Concedente del Servicio Público de Electricidad que debe ejercer sobre la cooperativa, en desmedro de la correcta prestación del servicio esencial de que se trata y el grave riesgo que ello implica.
Sin embargo, se advierte que ha equivocado el camino. Más aún, ha intentado conseguir su objetivo –cumplimiento del Decreto n° 3048/18- por distintas vías, lo que resulta improcedente y así debió advertirlo la sentenciante de grado y desestimar in límine la acción.
Conforme reproduce en la decisión bajo revisión, el Superior Tribunal dictaminó –en la causa que se citada, de trámite ante la Secretaría de Demandas Originarias-, en fecha 04-12-2019, que hasta tanto se dicte sentencia en aquel proceso, correspondía suspender los efectos del decreto 2030/19 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Gesell, reponiéndose la vigencia del decreto 3048/18, por medio del cual se designó a la señora Silvia Edith Szmukler como consejera municipal ante CEVIGE.
Y ante el incumplimiento de la demandada de permitir a la nombrada de ejercer sus funciones –ingreso a la Cooperativa y la documentación pertinente-, en fecha 17/12/2019, solicitó al Máximo Tribunal en la causa n° B-76.299, que “se INTIME por cédula a dicha Cooperativa en la persona de su presidente Juan Carlos KONDERAK a dar estricto cumplimiento de manera inmediata a lo resuelto en el punto II de la sentencia de fecha 4/12/19 bajo apercibimiento de hacer responsable en forma personal al presidente de la Cooperativa aplicándole las sanciones que V.E. estime corresponder… permitiéndole (a Szmukler ) el acceso irrestricto a las instalaciones de la Cooperativa y a toda la documentación interna de la Cooperativa pertinente a su labor (Libros de Actas, Documentación contable, etc.), y brindarle toda la información que la Consejera requiera para el mejor desempeño de su función”, cuestión que reitera en idénticos términos en fecha 13/2/2020 –cuestión constatada vía MEV-.
No obstante, también realizó similar petición ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo departamental, en el cual tramita la causa n° 17179, caratulada “Coop. Elect. Cred. Viviend. Y otros Serv. Publ. de Villa Gesell c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Pretensión anulatoria”, reiterando textualmente los argumentos expuestos supra, ello en fecha 13/2/2020.
Ante tal presentación, el juez actuante correctamente determinó que tal petición debería requerirse por ante el organismo que dictó la resolución de la cual pretende su cumplimiento, decisión de fecha 17/02/2020 –corroborado también en el Sistema Augusta-. (art. 116 CPCC)
Y en ese camino, debió actuar conforme lo señala la referida decisión y no plantear por una tercera vía como lo es acción de amparo que me ocupa.
De lo señalado surge que la actora tiene a su disposición remedios legales ordinarios para denunciar y cuestionar la omisión que motiva su pretensión y a ellos debe acudir para obtener el cumplimiento denunciado, ante el juez natural de la causa que no es otro que la Suprema Corte local, tribunal que como instancia originaria goza de facultades suficiente y necesarias para que se cumplan las ordenes por el dispuestas.
La actora en el presente se limitó a afirmar la inexistencia de otro medio judicial más idóneo, alegando que ante semejante lesión a derechos constitucionales consagrados, no resulta pertinente otro remedio judicial alternativo, siendo el amparo la única vía que garantiza expedición y rapidez en orden a la garantía de sus derechos; asumiendo una posición por demás errónea. Mas no explica, ni menos aún demuestra, la razón por la cual no serían procedentes otros mecanismos específicos previstos por el ordenamiento jurídico vigente, y ante los jueces naturales de la causa, no serían las vías idóneas para la obtención del resultado que persigue a través de la interposición de la acción de amparo (ver, SCBA LP B 67126 Sent. del 02/03/2005).
Menos aún ha acreditado en debida forma la urgencia alegada, en tanto debió reiterar su postura ante el juez natural y solicitar –de considerarlo pertinente- las respectivas sanciones conminatorias –vgr. astreintes- o las medidas que estimara procedentes, a fin de dar debido cumplimiento con lo ordenado, cuestión que no se comprueba en la especie.
En similar camino se ha señalado que “Ninguna razón de urgencia justifica el juzgamiento anticipado de la cuestión por la vía del remedio extraordinario del amparo que nunca puede tener por objeto obviar trámites legales ni alterar las jurisdicciones vigentes” (conf. SCBA LP B 63298 Int. del 24/10/2001).
En razón de lo hasta aquí dicho, y ante la existencia de otra vía adecuada para la protección de los derechos que la aquí demandante resalta como conculcados, excluye la admisibilidad del amparo incoado, tornándose abstractas de consideración los restantes planteos efectuados por la recurrente.
III. Costas.
Las costas de ambas instancias deben imponerse a la accionante en su condición de vencida (art. 68, CPCC.; 19, 25, ley 13.928 (t.o. Ley 14192).
VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
Por los fundamentos dados, dejo propuesto al Acuerdo del Tribunal, admitir el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia apelada y rechazar in limine la presente acción de amparo. Imponer las costas de ambas instancias a la accionante en su condición de vencida (arts. 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 1, 8, 16, 17, 19, 25 y concs. ley 13.928 –t.o.-; 6 inc. 4,116 CPCC).
ASI LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, se admite el recurso de apelación interpuesto, se revoca la sentencia apelada y se rechaza in limine la presente acción de amparo. Imponer las costas de ambas instancias a la accionante en su condición de vencida (arts.20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 1, 8, 16, 17, 19, 25 y concs. ley 13.928 –t.o.-; 6 inc. 4,116 CPCC).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2020 08:31:31 - DABADIE María Rosa -
Funcionario Firmante: 05/05/2020 08:56:02 - JANKA Mauricio -
Funcionario Firmante: 05/05/2020 09:12:11 - Gaston Cesar Fernandez - SECRETARIOS (Legajo: 719235)
Fin de la sentencia