Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177479
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación incoado por la amparista Paula Soledad Suluja y confirmar la sentencia del 10/05/2023;
II. Imponer las costas por su orden por la falta de controversia (art. 68 "a contrario" del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); I V)
Expte. N º 177.479 Juzgado de Familia N°5
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SULUJA PAULA SOLEDAD C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EIFFEL XXVI XXXVIII XXIX AV. LURO 3050 S/ AMPARO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 10 de mayo de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 10 de mayo de 2023, la jueza a cargo del Juzgado de Familia N° 5 departamental dictó sentencia definitiva y rechazó in limine la acción de amparo incoada por la Sra. Paula Soledad Suluja contra el Consorcio de Propietarios del Edificio “ EIFFEL XXVI XXXVIII XXIX ”, sito en Av. Luro 3050 de esta ciudad, cuyo objeto consiste en que se ordene a la demandada que “ se abstenga de realizar cualquier tipo de acción que afecte o interrumpa el servicio de agua que favorece las unidades funcionales ciento doce, ciento trece, ciento catorce y ciento quince ” de dicho edificio.
Para así decidir, la jueza indicó que, de la lectura de la demanda y de la documentación acompañada “ no se observa el trámite previo y/o que se haya agotado la vía administrativa correspondiente ”. Señaló que la amparista, quien pretende que se dicte una medida cautelar de no innovar respecto al servicio de agua de sus departamentos, únicamente acompañó las cartas documento intercambiadas con la demandada, sin demostrar ni los requisitos necesarios para la medida cautelar ni la arbitrariedad o ilegalidad necesaria para sustentar el amparo iniciado.
Con esos fundamentos, rechazó la demanda e impuso las costas a la accionante.
II. El recurso de la amparista.
La Sra. Suluja apeló la sentencia y expresó agravios el 17/05/2023.
Sus agravios pueden resumirse, en líneas generales, de la siguiente manera:
(i) Que no existe una vía legal más idónea para canalizar su pretensión.
(ii) Que resulta innecesario agotar la etapa previa y que, a todo evento, dicho recaudo fue cumplido con el intercambio epistolar.
(iii) Que el corte de suministro de agua ya se produjo, por lo que peticiona que se ordene a la contraria que realice las obras pertinentes para reestablecerlo en el término de 24 hs.
Con esos argumentos, solicitó que se revoque la sentencia.
III. Tratamiento del recurso.
La Sra. Suluja ha interpuesto la presente acción de amparo a fin de que el consorcio demandado se abstenga de interrumpir el servicio de agua corriente respecto a cuatro unidades funcionales de la actora en el edificio sito en Av. Luro 3050. Al momento de expresar agravios, y ya rechazada in limine su pretensión en primera instancia, planteó que ese corte de servicio ya se ha producido y pretendió que se ordene al consorcio demandado su restablecimiento.
El recurso, y en consecuencia, la acción de amparo, no puede prosperar.
a. La única documental acompañada al expediente (dos cartas documento) fue orientada a acreditar un intercambio epistolar que habría tenido lugar en marzo de este año entre el consorcio accionado y el Sr. Matías Suluja (apoderado de la actora). He leído dichas misivas y observo que allí se ventila un conflicto consorcial que incluye acusaciones recíprocas entre las partes: mientras que el consorcio le endilga a la actora la realización de conexiones clandestinas de agua, la amparista alega el uso inadecuado de espacios del edificio por parte de otros propietarios y se agravia de una supuesta intromisión ilícita en su propiedad (v. documentación en pdf agregada a la demanda presentada electrónicamente el 9 de mayo de 2023).
Ello permite concluir que, aun teniendo por cierta como hipótesis la plataforma sobre la que la amparista funda su reclamo (que sufrió un corte en el suministro de agua) la documental por ella aportada permite razonablemente pensar que esa desconexión ha ocurrido en el contexto de un conflicto consorcial en el que la legitimidad o clandestinidad de las conexiones de agua (y de su eventual desconexión) es un factor más entre muchos otros desacuerdos.
En su relato inicial, la Sra. Suluja sostuvo que “ con el objeto de acceder a dicho servicio y al iguail que otros propietarios, es que mi mandante ha realizado modificaciones tendientes a ello ” (sic: v. punto 4 de la demanda).
Ahora bien: llama la atención que la amparista, quien acompañó una Carta Documento en la que se le endilga haber realizado conexiones clandestinas, haya reconocido que “ realizó modificaciones ” (sic) sin explicar en qué, quién y dónde las realizó, y si contaron —o no— con el aval del consorcio y de la empresa que brinda el servicio. La forma en la que la actora ha elegido presentar su relato no sólo no es convincente respecto a los hechos que sustentan su reclamo sino que incluso permite pensar que, en caso de haber existido un corte de suministro (lo que, insisto, no consta en el expediente) ello pudo haber razonablemente obedecido a la falta de regularidad de alguna de las “ modificaciones ” (sic) que ella reconoce haber efectuado.
b. Por lo demás, cabe recordar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prescribe que el amparo procede siempre que por la naturaleza del caso no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable (art. 20.2 seg. párr.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara en este punto: «[e]l amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva» (Fallos: 330:1279). Señaló además que « su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitado, ya que ello incide en su transformación, y trae aparejado que pierda su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto» (fallo cit.).
Trasladando esas premisas a este caso, he de concluir que, aun admitiendo que la conducta que la actora le endilga a la demandada existió, e incluso asumiendo —solo como hipótesis— que ese accionar fue ilícito o susceptible de algún tipo de reproche, lo cierto es que ni en la demanda —ni en su recurso— la actora ha demostrado los recaudos constitucionales que tornen admisible a la vía escogida.
En efecto, permitir que un conflicto de naturaleza consorcial como el que aquí se ha presentado tramite por la vía de amparo llevaría a hacer aquello que la Corte Federal expresamente reprueba en el precedente citado: extender indebidamente su marco de aplicación a situaciones que no justifican una tutela urgente como la que contempla la normativa constitucional (arts. 43 de la CN y 20 de la CPBA).
Por último, observo que la Carta Documento que el consorcio habría remitido al apoderado de la actora fue recibida el 1 de marzo de 2023 , mientras que la presente acción fue promovida el 9 de mayo de 2023 , cuando el plazo de treinta días del art. 5 de la Ley 13.928 se encontraba holgadamente vencido. El tiempo que la actora se ha tomado entre la conducta que le reprocha al demandado y el inicio de este amparo es demostrativo, en el contexto hasta aquí reseñado, que no me encuentro ante un conflicto de naturaleza urgente y excepcional, para los que el proceso de amparo ha sido previsto legal y constitucionalmente.
En síntesis: no hay en el relato de la actora elementos serios y convincentes que tornen perceptible una verdadera urgencia en la tutela requerida: ni por la naturaleza del conflicto (corte de suministro de agua a departamentos utilizados como oficinas), ni por los tiempos implicados en las diligencias que precedieron a la promoción de la demanda.
Por todo lo expuesto, aunque por otros fundamentos, considero que la decisión de la jueza ha sido correcta y debe ser confirmada (arts. 20.2 de la CPBA, 1, 2.1 y 5 de la Ley 13.928).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación incoado por la amparista Paula Soledad Suluja y confirmar la sentencia del 10/05/2023; II) Imponer las costas por su orden por falta de controversia (art. 68 "a contrario" del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación incoado por la amparista Paula Soledad Suluja y confirmar la sentencia del 10/05/2023; II) Imponer las costas por su orden por la falta de controversia (art. 68 "a contrario" del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); I V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los domicilios electrónicos de las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 08/06/2023 11:17:17 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2023 11:52:20 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2023 12:02:40 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 08/06/2023 14:11:20 hs. bajo el número RS-155-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia