Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 49325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada en autos, con costas a la apelante (art. 68 del CPCC).
En cuanto al monto de los estipendios apelados, SE ELEVAN los honorarios fijados a favor de la Dra. Mariela Verónica GODOY a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL ($187.000), equivalente a CIEN JUS (100 JUS) , y SE CONFIRMAN los fijados a favor de la Dra. Mirna Isabel KAPLOEAN en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($46.750.-) , equivalente a VEINTICINCO JUS (25 JUS) ; ambas sumas con más la adición legal.-
“LIZARAZU NADIA SOLEDAD Y OTRO/A C/ OBRA SOCIAL FERROVIARIA (OSFE) S/ AMPARO ”
Causa Nº MO-49325-2017 R.S.: 256/2020
R.H.: 155/2020
Con fecha 27 de Agosto de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ LIZARAZU NADIA SOLEDAD Y OTRO/A C/ OBRA SOCIAL FERROVIARIA (OSFE) S/ AMPARO ” Causa Nº MO-49325-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de autos?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia de fecha 30 de Julio de 2020, se alza la co demandada OSFE interponiendo recurso de apelación con fecha 3 de Agosto de 2020, fundándolo en el mismo acto; el recurso es concedido en relación con fecha 4 de ese mismo mes y año y sus fundamentos son replicados por la parte actora en el escrito de fecha 6 de Agosto de 2020.
A los términos de dichas presentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
2. Liminarmente debemos abordar el planteo de deserción que se introduce al replicar la fundamentación recursiva.
Y en orden a dar respuesta a la cuestión planteada es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido vemos que la quejosa plantea sus discrepancias en cuanto al lugar en el cual la niña debe continuar realizando su tratamiento, pero soslaya (completamente) las claras -y muy explícitas- razones que el Sr. Juez de Grado ha dado para fundar su decisión (ver acápite Considerando, punto II párrafos sexto a octavo).
De este modo, la quejosa se queda en la mera discrepancia subjetiva de criterio, exteriorizando su discrepancia con lo decidido pero sucede que su crítica deja absolutamente inatacados los postulados sobre los que se asienta el fallo, en cuanto a la conveniencia de que la niña continúe su tratamiento por ante el centro indicado.
Luego, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, deberá declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia, con costas a la recurrente (art. 68 del CPCC).
En cuanto al monto de los estipendios apelados, atento la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos, y de conformidad con lo preceptuado por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 49, 51 y ccdtes. de la Ley 14.967, computando a los efectos del presente el valor del jus al día de la fecha (conf. Ac. 3972/20 SCBA), teniendo en cuenta lo decidido en la Causa nº MO-12640-2013, R.S. 141/16, R.H. 57/16, de fecha 9 de Agosto de 2016, en cuanto a la importancia del rol del abogado en aquellas acciones donde está en juego el derecho a la salud, resultando reducidos los honorarios fijados en la sentencia apelada a favor de la Dra. Mariela Verónica GODOY, propongo se los eleve a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL ($187.000), equivalente a CIEN JUS (100 JUS), y no habiendo mérito para modificar los fijados a favor de la Dra. Mirna Isabel KAPLOEAN, propongo se los confirme en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($46.750.-), equivalente a VEINTICINCO JUS (25 JUS); ambas sumas con más la adición legal.-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor Jorda, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada en autos, con costas a la apelante (art. 68 del CPCC).
En cuanto al monto de los estipendios apelados, SE ELEVAN los honorarios fijados a favor de la Dra. Mariela Verónica GODOY a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL ($187.000), equivalente a CIEN JUS (100 JUS) , y SE CONFIRMAN los fijados a favor de la Dra. Mirna Isabel KAPLOEAN en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($46.750.-) , equivalente a VEINTICINCO JUS (25 JUS) ; ambas sumas con más la adición legal.-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:29:33 - JORDÁ Roberto Camilo -
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:29:46 - GALLO José Luis -
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:30:03 - QUADRI Gabriel Hernan -
Fin de la sentencia