Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 31789
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido, dejándose establecido que previo pase al fuero federal se deberá cumplir concretamente las medidas cautelares decretadas en autos, bajo apercibimiento de efectivizar las multas ya dispuestas.
Sin costas de alzada , atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68 , 2°p. del C.P.C.C.).-
“P., D. DEL C. S/ AMPARO ”
Causa Nº JPM-31789 R.S.:49/2021
Con fecha 04 de Marzo de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “P., D. DEL C. S/ AMPARO ” Causa Nº JPM-31789 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
Contra el decisorio dictado el 1 de febrero del 2021, por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Paz de Merlo, se alzó el 5 de febrero, la Sra D. del C. P. interponiendo recurso de apelación y fundando el mismo en dicha oportunidad, concediéndose en relación dicho recurso y conferido el respectivo traslado mereció la réplica presentada el 12 de febrero, expidiéndose el Sr. Asesor de Incapaces con fecha 28 de Febrero de 2021.
Planteada así la cuestión a resolver, he de abordar a continuación el análisis de la misma.-
Es así que, de la compulsa de los presentes obrados hemos de observar que la accionante cuestiona la resolución que declaró la incompetencia en favor del fuero federal.
En primer lugar considero oportuno recordar que el amparo, en cuanto a su naturaleza jurídica, constituye una acción, dotada de plena autonomía y vida propia (esta Cámara, sala de feria, ca. 45440 R.S. 1/01).-
A su vez, este Tribunal ha recordado que, según lo establece el art. 43 de la Constitución Nacional, " toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la constitución, un tratado o una ley". Y partiendo de tal base dije allí "... que la Constitución Nacional erige al amparo como una vía apta para la protección de derechos y garantías, ante lesiones, restricciones, alteraciones o amenazas derivadas de actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares. La norma exige que el perjuicio (...) provenga de un acto u omisión. Es decir, podemos colegir que el amparo se impone como una vía apta para cuestionar actos u omisiones (...). El acto, al decir del artículo 43 de la constitución Nacional, debe estar teñido de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. analizando brevemente estos conceptos, podemos compartir con la doctrina el postulado de que no basta con que el acto denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional, sino que se requiere, además que el acto carezca del mínimo respaldo normativo para ser tolerable para subsistir como tal. Se predica de la ilegalidad de un acto o conducta cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido. Se predica de la arbitrariedad que es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos (...) en cada caso, el juez puede y debe valorar si el acto lesivo reviste la entidad requerida para descalificarlo totalmente y merecer el remedio excepcional del amparo. Y en cuanto a lo manifiesto, según la doctrina, los vicios en cuestión deben ser inequívocos, incontestables, ciertos y ostensibles, palmarios, notorios, indudables. La turbación del derecho, debe ser, al decir de la doctrina, grosera; quedando fuera del amparo las cuestiones opinables (...) Y en términos quizás más concretos e ilustrativos, lo manifiesto significa un juicio que corresponde a todos sin distinción ni dudas " (esta Sala en causa nro. 45.015 R.S. 542/01).-
Pasemos del campo genérico conceptual al ámbito concreto de la competencia de la acción de amparo.-
Puntualmente, en lo que respecta a nuestra Provincia de Buenos Aires, el artículo 3 de la Ley 13.928, señala:
"En la acción de amparo será competente cualquier Juez o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos".
En el presente caso y haciendo concreta referencia a lo manifestado por el Sr. Asesor de Incapaces, se demanda a la "Obra Social del Personal de Organismos de Control Externo", siendo de aplicación lo normado por la ley 23.661, la cual hace referencia al SISTEMA NACIONAL DE SEGURO DE SALUD (ANSSAL). Por lo tanto, no resultan ajustados al presente los conceptos que se intentan ventilar por el mismo, en este aspecto y la relacion de consumo.
Ahora bien, el capitulo VII, de dicho cuerpo legal se ocupa de "De la jurisdicción, infracciones y penalidades", estableciendo concretamente el art. 38:
" La ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la Ley de Obras Sociales ".
Claramente y tal como lo destaca el a quo, la obra social al resultar aquí accionada, la acción promovida resulta ser de competencia federal.-
Al respecto, la Sala ha dicho que " la competencia federal y la competencia local son los dos andariveles por los cuales transita la administración de justicia; es de competencia de los Tribunales locales todo aquello que expresamente no esté derivado a la federal; este último emana del Poder del Estado Nacional y se limita a los casos expresamente previstos por la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia; vale decir que la competencia local es la regla y la federal la excepción " (causa nro. 48.304 R.S. 558/02).-
Asimismo se ha dicho que la competencia federal es " privativa y excluyente, lo que significa que, en principio, no pueden los tribunales provinciales conocer de las causas que pertenecen a la jurisdicción federal; es improrrogable si surge por razón de materia o de lugar y es prorrogable cuando sólo surge por razón de las personas, salvo los casos de competencia originaria y exclusiva de la Corte " (causa nro. 52.845 R.S. 75/06).-
Enfatizando, entonces, en el carácter " privativo y excluyente" de la mencionada competencia federal, en la formalidad no podemos mas que proponer la confirmación del decisorio recurrido en cuanto declina la competencia a dicho fuero.-
No podemos perder de vista es que el magistrado de la instancia de origen no rechazó la acción de amparo SINO DECLINO SU COMPETENCIA.
Me detengo en este punto para enfatizar que dicha competencia lo es , como vimos, por la materia, razón por la cual los argumentos traídos por el Sr. Asesor de Incapaces (presentación del 28 de febrero del 2021) en relación al centro de vida de la menor, resultan inaplicables.-
Ahora bien, en lo particular y teniendo en cuenta los argumentos recursivos de la accionante cuadra poner de resalto que dicho magistrado previamente, concretamente, el 17 de diciembre del 2020, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas oportunamente por la accionante.-
En este sentido cabe recordar que " la finalidad de las medidas cautelares consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de era probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido " (esta sala en causa nro. 50.699, R.S. 271/04).-
.Es así que, más allá de la cuestión de competencia, mediante el decreto de las cautelares solicitadas, el magistrado de la instancia de origen efectivamente priorizó -prima facie- el interés superior de la niña , al decretar tales medidas, mas alla de su competencia.-
En este sentido resulta imprescindible referir que el " interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN): entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley 26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio a ellos.-
Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para garantizar que esa pauta sea considerada " ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Silvia Eugenia Fernández -directora-, "Principios Rectores del Debido Proceso de Infancia", Martín Alesi -autor-, Tomo III, pág. 2408).-
Desde esta Sala se ha dicho que " el concepto de "interés superior del niño" es un término flexible, toda vez que permite y a su vez exige que -en cada caso puntual- se lo califique y redefina, atendiendo a las particularidades de la situación, dependiendo -en cada caso- de circunstancias específicas; esta particularidad -se dice también- llevará a los órganos de aplicación a asumir la importantísima tarea de "descubrir" qué curso de acción llevará a la defensa del interés superior del niño en cada caso particular; aclarándose que lo que la Convención establece es que resulta obligatoria para esos agentes la búsqueda que lleve a ese "descubrimiento" de qué es lo que mejor resguarda ese interés superior del niño (Martinez Ruiz, Analia en AAVV, Ines M. Weinberg, directora. Convención sobre los derechos del niño, p. 101) " (causas nros. 52.888 R.S. 820/05, 54.725 R.S. 744/06, 54.779 R.S. 145/97).-
Esta arista -su flexibilidad- que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su aplicación: niñas, niños y adolescentes.-
O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171 Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés.-
Es así que, para garantizar el concreto resguardo del interés superior de la niña involucrada en autos, y por las circunstancias destacadas en autos por la accionada, considero que previo pase al fuero federal en lo contencioso administrativo, se deberá cumplir concretamente las medidas cautelares decretadas en autos (art. 15 de la Constitución Pcial) bajo apercibimiento de efectivizar las multas ya dispuestas .-
De tal manera no se observa vulneración de derechos de la menor, dado que el pase de las presentes actuaciones, al fuero federal se deberá materializar una vez que la accionada dé concreto cumplimiento a las medidas cautelares decretadas en autos.
En virtud de lo expuesto, considero que se deberá confirmar el decisorio recurrido, dejándose establecido que previo pase al fuero federal se deberán cumplir concretamente las medidas cautelares decretadas en autos, bajo apercibimiento de efectivizar las multas ya dispuestas.
Ello sin costas atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68 , 2°p. del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido, dejándose establecido que previo pase al fuero federal se deberá cumplir concretamente las medidas cautelares decretadas en autos, bajo apercibimiento de efectivizar las multas ya dispuestas.
Sin costas de alzada , atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68 , 2°p. del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 3991/20 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 12:13:27 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 12:14:39 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 12:17:11 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia