Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 11428
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNO ACEPTAR la competencia para intervenir en el presente y elevar las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, como superior común, dirima la misma.
Causa N ° MO-11428-2024
VISTA : la declaración de inconstitucionalidad de oficio dictada por los colegas de la Cámara Contencioso Administrativo de San Martin con fecha 29 de Febrero de 2024 en relación al art 17bis de la ley 13928 y su remisión a este Tribunal.
CONSIDERANDO : Que, tratándose de una acción de amparo, la cual versa sobre una de las cuestiones mencionadas en el art. 17 bis de la ley 13.928 (acto municipal en función administrativa, relacionado con el otorgamiento de una licencia de conducir), el Juzgado de Primera instancia nro. 12 local ha decretado con fecha 14 de Febrero de 2024 una medida cautelar, la cual fue apelada por el municipio del Partido de Merlo con fecha 22 de Febrero de 2024. .
Previo traslado, y conforme lo indica el art. 17bis de la ley 13.928 la Sra. Jueza de Grado elevó la causa a la Cámara Contencioso Adminsitrativo correspondiente, siendo que -al recibir estas actuaciones- aquel tribunal declaró, oficiosamente, la inconstitucionalidad de la norma que lo dota de competencia para intervenir y nos envía las actuaciones para que actuemos nosotros la función revisora.
Abordando la cuestión, es necesario recordar que, en nuestro medio, quien tiene a su cargo determinar la competencia de los tribunales es la legislatura provincial.
El art. 166 de dicha Constitución indica que " la Legislatura establecerá tribunales de justicia determinando los límites de su competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la cuantía. Organizará la Policía Judicial" .
Dicho esto, está fuera de discusión que el art. 20 inc. 2 de la misma Constitución indica que " el Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus ".
Pero que allí se indique que el amparo procede ante cualquier juez de primera instancia (art. 3 ley 13.928) no implica, necesariamente, que en el mismo deba intervenir cualquier Cámara.
De este modo, la legislatura (dentro de su propia competencia) ha dejado establecido que " en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción" .
Así se crea una revisión, en segunda instancia, especializada, la cual incluso podemos conectar con el último párrafo del art. 166 antes citado, en el cual se indica que " los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo, de acuerdo a los procedimientos que determine la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa" .
En sintonía con todo ello, cuando un "caso" que motiva la promoción de una acción de amparo pueda haber tramitado ante cualquier juez, la legislatura ha previsto -dentro de sus atribuciones constitucionales- una revisión por órganos del fuero especializado.
Tales órganos, establecidos por ley con anterioridad a los hechos que aquí se debaten, constituyen los jueces naturales de la causa.
Aplicando la norma en análisis, ha dicho la SCBA que " el artículo 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- establece que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada, la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitará la acción. De esta forma, la norma fija una jurisdicción especializada -la del fuero contencioso administrativo- en relación a una eventual instancia de apelación, aunque ceñida a la actividad recursiva allí regulada" . (SCBA B 77473, 20/12/2021, "A. ,E. c/ I. d. O. M. A. (. s/ Materia a categorizar. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008").
Lo que resulta dirimente es que el amparo se dirija contra acciones u omisiones de alguno de los sujetos mencionados en la norma, en el ejercicio de funciones administrativa (SCBA B 76929, 08/04/2021, "Maffía, Mariana y otros c/ Poder Ejecutivo provincial s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008").
De este modo, tenemos que el Superior Tribunal local no ha observado alguna incompatibilidad constitucional en la norma y nos marca la existencia de una jurisdicción especializada.
Ahora bien, los colegas del fuero contencioso administrativo declaran la inconstitucionalidad, de manera oficiosa, de la norma del art. 17bis argumentando en base al cúmulo de trabajo que implica esta asignación de competencia, señalando incluso que ello violentaría la oportunidad de la prestación jurisdiccional.
Argumentan, al efecto, en base a la cantidad de acciones de amparo que recibe esa Cámara en comparación con la cantidad de acciones de amparo que reciben otras Cámaras, en casos que no quedan atrapados por el aludido art. 17 bis.
Es sobre esto que tenemos que expedirnos.
Y si bien reconocemos la entidad de los argumentos relativos al cúmulo de trabajo (pues nosotros también nos enfrentamos a un ingreso de causas muy considerable, como ya lo veremos), no compartimos la solución que deducen de ello y la declaración oficiosa de inconstitucionalidad a la que hacen referencia.
Partiendo de la base de que la declaración de inconstitucionalidad es una solución extrema, que configura la ultima ratio del orden jurídico y requiere un sólido soporte argumental (SCBA p 134975, 24/06/2022, entre infinidad de otras) por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado (conf. Corte Supp. Fallos: 328:4542, 327:831, 321:441; entre tantos otros), creemos necesario destacar algunas circunstancias que consideramos relevantes.
En efecto, los colegas del fuero contencioso administrativo nos hablan -para considerar una inconstitucionalidad sobreviniente- de la cantidad de amparos que reciben, en comparación con las Cámaras de otros fueros, y esta cantidad es sustancialmente mayor, señalando el impacto que esto genera en el funcionamiento de su tribunal, incluso en relación a otras causas en trámite, en las cuales -según refieren- se generan atrasos.
Pero, desde nuestro punto de vista y al igual que lo indicara la Sala 2ª de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza, en los autos "ARAMEDA, Rebeca de los Ángeles c/ I.O.M.A. s/ incidente de apelación de amparo", resolución del 29 de Febrero de 2024, donde -ante una situación similar- tampoco se aceptó la competencia, " aun si se llegara a considerar que un dato estadístico puede traducirse en un agravio a la Constitución de esta Provincia de magnitud tal que conduzca a la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 bis de la ley 13.928, los registros estadísticos de la S.C.B.A. impiden reflejar un desequilibrio en la asignación de funciones de la magnitud exteriorizada en la decisión que motiva nuestra intervención, desde que la especialidad de cada fuero conlleva su competencia (vg. Habeas Corpus, procedimientos de flagrancia, entre otros numerosos supuestos) ".
Coincidimos con ello pues, al igual que lo indican los colegas, si se quisiera entrar a formular una comparación entre cúmulos de trabajo y cantidad de ingreso de causas, pensamos que la observación debe -necesariamente- ser global y no parcial (a una sola tipología de causas en trámite).
En tal sentido, y conforme lo indican las estadísticas publicadas en el sitio web de la SCBA, en el año 2022 a esta Cámara han ingresado 3691 causas en total (https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2022/camaras%20civiles%20-%20anual%202022%20ingresadas%20y%20resueltas.pdf) frente a las 1724 que ingresaron en la Cámara Contencioso Administrativo (https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2022/camaras%20contenciosas%20-%20anual%202022%20ingresadas%20y%20resueltas.pdf) de San Martin.
En el 2021, 3105 (https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2021/camaras%20civiles%20-%20anual%202021%20ingresadas%20y%20resueltas.pdf) y en 2020, 2565 (https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2020/camaras%20civiles%20-%20anual%202020%20ingresadas%20y%20resueltas.pdf).
Para esos mismos períodos a la Cámara Contencioso Administrativo ingresaron 1702 expedientes (https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2021/camaras%20contenciosas%20-%20anual%202021%20ingresadas%20y%20resueltas.pdf) y 1282 (https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2020/camaras%20contenciosas%20-%20anual%202020%20ingresadas%20y%20resueltas.pdf).
Lo cual, como se ve, supera el doble de cantidad total de causas en 2022 (y supera la cantidad en años anteriores, lo cual marca una clara tendencia), con procesos de similar urgencia a las acciones de amparo, como son -por ejemplo- aquellos de violencia intrafamiliar, los que involucran niños, niñas o adolescentes, entre varios otros.
No debemos olvidar que las Salas de las Cámaras Civiles sí estamos ejerciendo, transitoriamente, una competencia en materia de familia que, por ley, debería estar llevando a cabo una Sala especializada (art. 852 CPCC, incorporado por ley 13634) la cual nunca se llegó a crear y poner en funcionamiento (ver resoluciones 2471 y 2652 de 2007, de la Suprema Corte de Justicia provincial).
De este modo, no desatendemos las razones que sostienen los colegas del fuero contencioso administrativo relativas al cúmulo de trabajo que poseen, pero dicho cúmulo de trabajo tampoco nos es ajeno a nosotros.
Y, de hecho, las estadísticas muestran que superamos -con creces- la cantidad de expedientes, que vienen a tramitar aquí, en relación con los que van a tramitar a la Cámara remitente.
A lo que se agrega, si hablamos ya de este año (2024), que aquí han ingresado 1041 expedientes en totalidad a la Cámara, y recién ha pasado un mes desde que se reinició la actividad . No siendo dato menor que esta Cámara lleva ya varios años desintegrada (desde antes de 2020) y, hoy en día, cuenta con poco mas de la mitad de la cantidad de jueces en funciones (4 de 7, considerando que el Dr. Cunto fue asignado por la SCBA para cumplir funciones transitorias en esta Cámara, hasta tanto se ponga en funcionamiento el organismo para el que fuera designado).
Luego, y por tales razones, somos de la idea de que la legislatura ha establecido, dentro de sus atribuciones propias, una revisión especializada en materia de acciones de amparo, a lo que se suma el hecho de que el argumento relativo al cúmulo de trabajo en que se apoyan los colegas del fuero contencioso administrativo carece -desde nuestro punto de vista- de entidad suficiente como para instalar una inconstitucionalidad sobreviniente, por las razones ya expuestas.
Dejamos aclarado que, aquí, no se da una situación de la magnitud de la analizada por la Corte Suprema en "Pedraza" y, de hecho, la circunstancia de la revisión especializada que determina el art. 17 bis antes referido no ha generado a las partes ningún obstáculo o impedimento para ejercer, cabalmente, su defensa en juicio (nótese el paradigma de la digitalización de los procesos, que permite efectuar presentaciones sin necesidad de presencialidad y, además, el hecho de que los recursos tramiten en relación, con lo cual toda la actividad de fundamentación y sustanciación del recurso se están realizando ante los órganos del fuero originario, lo que diluye cualquier problema o inconveniente que pudiera generar la distancia).
De hecho, las partes no han formulado objeción alguna ni planteo ante la intervención de la Cámara del fuero especializado.
Esto, por supuesto, sin perjuicio de lo que pudiera entender la Suprema Corte de Justicia local, al analizar la cuestión de competencia, si considera que las razones expuestas por nuestros colegas del fuero contencioso administrativo amerita adoptar una solución diversa a la que aquí estamos considerando. Por allí pasa, desde nuestro punto de vista, la solución de la cuestión que aquí se está analizando, pues la Suprema Corte podrá analizar, con una perspectiva y alcance general, la temática en cuestión. Motivo que refuerza la necesidad de no aceptar la competencia y plantear la cuestión ante el superior común.
Consecuentemente, por todas esas razones y compartiendo también las expuestas por la Sala 2ª de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza en los autos "ARAMEDA, Rebeca de los Ángeles c/ I.O.M.A. s/ incidente de apelación de amparo" (que ya han sido elevados para su decisión a la SCBA, conforme podemos advertirlo de una compulsa en la MEV), hemos de discrepar con la declaración de inconstitucionalidad que formulan los colegas de la Cámara Contencioso Administrativo de San Martin, no aceptando la competencia que nos atribuyen.
Por ello, la Sala RESUELVE: NO ACEPTAR la competencia para intervenir en el presente y ELEVAR las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, como superior común, dirima la misma.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
PONGASE EN CONOCIMIENTO, ASIMISMO, DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO DE SAN MARTIN
ELEVESE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2024 11:22:16 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 11:48:41 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 11:52:32 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 11:52:33 hs. bajo el número RR-22-2024 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia