Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3925
Registro N° 81 /2020
Fojas 546/554
En la ciudad de Pergamino, el 7 de julio de 2020, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3925-20 caratulada "SALIAS ESTHER AURORA C/ INSSJP-PAMI S/ AMPARO", Expte 63.330 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffía, Roberto Manuel Degleue y Bernardo Louise, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía dijo:
Llegan los autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por el actor mediante escrito electrónico de fecha 10/06/2020, concedido en fecha 12/06/2020, contra el decisorio del juez de grado que mediante resolutorio de fecha 5 de junio de 2020 declara su incompetencia para entender en la causa, (conforme lo normado por los arts. 108, 110, 116 y 117 de la Constitución Nacional y arts. 4, 352 inc 4 del CPCC); desestima la medida cautelar pedida y deniega la regulación de honorarios al considerar inoficiosa la tarea desplegada por el letrado.
La queja de la actora versa sobre los tres puntos que han sido objeto del resolutorio, y en ese orden despliega los fundamentos que persiguen la revocación de lo decidido, con argumentos que se despliegan en su presentación electrónica y que tengo por reproducidos, sintetizando los mismos, a saber: Con respecto a la declaración de incompetencia señala que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, con cita del art. 18 y conforme el art. 75 inc 22, la aplicación operativa de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 y 25 de ese cuerpo legal).-
Enfatiza que de la misma se puede inferir que la tutela judicial efectiva, no solo radica en permitir el acceso a una instancia judicial, sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión debe ser oportuna y poseer la virtualidad de resolver efectivamente la cuestión sometida a su conocimiento. (Competencia CSJ 766 2013 (49-C)/CSJ Pedraza Héctor Hugo s/ Anses s/acción de Amparo. 6/05/2014).-
Señala que no se debe perder de vista la situación de emergencia sanitaria nacional, producto de la pandemia generada por el virus Covid-19, afirmando que los organismos judiciales se encuentran atravesando una feria judicial extraordinaria y/o laborando con guardias mínimas, hallándose de manera limitada el acceso a estos, por lo que a los fines de respetar el derecho constitucional de acceso a la justicia los magistrados deben tener un criterio amplio para entender en las causas que se le presentan, en especial cuando nos encontramos ante un caso en el que está en riesgo la vida de una persona.-
Afirma que todos los jueces del país ejercen un control difuso de constitucionalidad, por lo que cualquiera de ellos puede pronunciarse sobre cuestiones constitucionales.-
Desprende de lo dicho que el Juez A Quo debe declararse competente para entender en el presente amparo, en resguardo del derecho constitucional de tutela judicial efectiva.-
Con relación al segundo punto de crisis y que versa sobre la denegatoria de la prohibición de innovar, expresa que para que una medida cautelar se torne viable, se deben cumplimentar ciertos requisitos como ser la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, criticando la decisión en cuanto el magistrado entendió que el segundo de ellos no se encontraba justificado por la actora, en base al argumento de que la cobertura médica - a pesar de que hubo un cambio de prestador- fue autorizada por la accionada, señalando que el juez de primera instancia ha tenido una visión muy acotada de la cuestión en examen y no ha tenido en mira cuestiones conexas - explicadas a lo largo de todo el escrito de inicio - que se generan en torno a cualquier tratamiento médico y en mayor medida en uno oncológico.-
Señala que la amparista es una mujer de avanzada edad -84 años ? diagnosticada con una enfermedad de suma gravedad, ? Linfoma No Hodking grado 4, más Linfoma Cutáneo Tipo T, complicaciones de Linfedema por Ganglios Abdominales- con un pronóstico de curación del 40%, con una probabilidad de vida de 1 a 2 años, es decir un estado de salud complejo.-
Dice que es una obviedad que para que todo tratamiento médico tenga más posibilidades de éxito, no solo depende de la pericia de los médicos tratantes sino también del propio estado psíquico y emocional del paciente ? a mejor ánimo, mejores defensas, mejor respuesta al tratamiento.-
Textualmente expresa que "El buen estado psíquico y emocional de la paciente", va aparejado de las circunstancias que rodean al tratamiento, es decir conocer al médico que la trata, de ser reconocida por la institución como un individuo con atención personalizada, es decir que se encuentra en un entorno familiar y de confianza. El juez a quo ha pasado por alto la mejoría que ha tenido quien suscribe, y esto se debe tanto al tratamiento que se encuentra en ejecución en la Clínica Pergamino, como de todas las situaciones que hemos descripto que subyacen al tratamiento en sí mismo.-
Por lo que indica que romper el status quo del tratamiento -cambio de prestador-, fracturar la relación médico- paciente, trae aparejado generar mayor incertidumbre a un procedimiento médico que de por sí ya tiene un grado de vacilación, provocando una desmejora en el estado de salud físico, psíquico, y anímico tanto en la paciente como en su grupo familiar, y es aquí donde reside el peligro en la demora.
Afirma que según el Instituto Español del Cáncer, cuando se quiebra la relación de confianza que se ha generado con el equipo médico tratante se pueden suscitar cuadros psicológicos- psiquiátricos que acompañan al cáncer. Las complicaciones psicológicas o conductuales tratadas actualmente en los sumarios del PDQ sobre los cuidados médicos de apoyo y los cuidados paliativos son los siguientes: ansiedad, trastornos cognitivos, depresión, aflicción, dificultades de adaptación, trastorno por tensión postraumática.- (Sociedad Argentina de Medicina Paliativa; Instituto Nacional Cáncer Argentina, Instituto Nacional de Cáncer España, Instituto Nacional Cáncer de EE. UU.).-
Menciona el estado de "de alta vulnerabilidad, que con el estrés que significa someterse a un tratamiento de esta magnitud ? traslado en silla de ruedas, en ambulancia, aplicación de cobalto de lunes a viernes, someterse a quimioterapia cada 21 días- sumarle un cambio de prestador genera realmente mayor estrés, mayor inseguridad, provocando un retroceso en las mejorías".-
Y el tercer agravio lo finca en la supuesta inoficiosidad del trámite definido por el magistrado para denegar regulación de honorarios. Señala que el art. 1 de la Ley 14.967 estipula que: ?Los honorarios de abogados y procuradores devengados en juicio, gestiones administrativas, actuaciones extrajudiciales y trámites de mediación, deben considerarse como remuneraciones por el trabajo personal del profesional, poseen carácter alimentario [?]?, es decir que es una verdadera remuneración al trabajo personal.
Expresa que el juez no ha valorado todo el trabajo del letrado, más allá del resultado. No se puede considerar como inoficiosa la tarea del profesional que en resguardo del derecho a la salud y de la vida de su cliente ha tenido que desarrollar gestiones administrativas que ante una falta de respuesta al conflicto han desembocado en la promoción de la demanda de amparo -con todo lo que ello conlleva- en procura de la tutela de los derechos constitucionales de la cliente que se encuentra angustiada por la situación a la que la expuso su obra social. Cita fallo sobre el tema.-
Pide la revocación de lo decidido.-
A).-Entrando a resolver, entiendo que la declaración de incompetencia dictada por el juez de grado se encuadra dentro de los parámetros previstos en el sistema normativo, respecto de los cuales no es posible apartarse en tanto se trata de disposiciones de orden público.
En fallo reciente de este Tribunal Registro Nro. 79/2020 hemos resuelto esta cuestión relativa a la competencia, replicándola en la especie, con transcripción del primer voto del colega Bernardo Louise, quien en el punto señalara: "En efecto cabe recordar que este Tribunal se ha expedido en relación a la competencia de la aquí demandada (PAMI), ordenando la remisión al Juzgado Federal de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (ver al efecto CAP. C: 610/10). Y, en similar sentido lo hizo en la causa N° 3688/10, al determinar que la competencia de Entidades Nacionales es de naturaleza federal art. 116 de la Constitución Nacional. En la primera de las causas mencionadas se dijo: " ... En autos se ha demandado al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ).
El art. 1º de la ley 19.032 que crea y reglamenta el funcionamiento de dicho Instituto establece que el mismo es persona de derecho público no estatal. Al respecto, el Código Civil al regular sobre la materia (arts. 30 y ss), distingue entre las que son de carácter privado o público (art. 33). Se ha expresado que corresponde a la Justicia Federal entender en las causas en las que la Nación o una entidad nacional sea parte por aplicación del principio que establece que en presencia de un interés nacional incumbe en términos generales la competencia del citado fuero ( conf. SCBA Ac. 84578 S del 23/12/02, JUBA B 26788 ). Y siendo la entidad demandada una persona jurídica de carácter público de orden nacional corresponde en principio la jurisdicción federal pues la Constitución Nacional así lo establece (arts.116, 123 CN), tal como en este caso también en forma expresa lo prevé el citado art. 14 de la ley 19.032 para la entidad demandada.
En este orden de ideas, cuando en determinada controversia se encuentra en juego la competencia federal, el tema debe considerarse indisponible para las partes, ya que se ofrece con los caracteres de un impedimento que, más allá de comportar una cuestión de competencia, toca a la demarcación misma con que la Constitución nacional distribuye las posibilidades jurisdiccionales entre la Nación y las Provincias, con oportunidad siempre presente y en cualquier estado del juicio para restablecerla en su regularidad de oficio (conf. SCBA causas L. 29.266, sent. del 23/XII/1980; L. 33.196, sent. del 29/V/1984, "Acuerdos y Sentencias", 1984/I/156, "D.J.B.A.", 127/169; Acuerdo 84.758 del 23/12/02, entre otras).
Por otra parte el art. 4 de la ley 16.986 establece que será competente para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. Y el art. 18 de dicha ley dispone su aplicación por los jueces federales de la provincia en los casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional. En consecuencia, dado que en el presente caso el acto lesivo proviene de la delegación local de un organismo que posee el carácter de persona de derecho público no estatal de orden nacional resulta competente para entender en la materia la justicia federal correspondiendo declarar la incompetencia de la justicia local para entender en estas actuaciones (arts. 116, 121, 126 CN, art. 1, 2º inc 6º ley 48, art. 18 ley 16.986, CAP C6267/07, RSD Nº 81/07 del 3/10/07 )...
" ( CAP. causa cit.).-
"A mayor abundamiento y raíz de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional frente a la pandemia, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires debieron ejecutar, en el marco de sus competencias, aquellos actos necesarios para acompañar las medidas de emergencia y estar en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. Ello, con el fin de preservar la salud del personal del Poder Judicial y de todas aquellas personas que concurren diariamente a los juzgados y sus dependencias, comprometiéndose de esta manera a evitar la propagación de la infección por COVID-19. Y así, las mismas dictadas por ambas jurisdicciones si bien importan una restricción en la prestación del servicio, el mismo se halla garantizado más allá de ciertas incomodidades.
"... En este ámbito, el 16/3/2020 la CSJN declaró inhábiles los días 16 al 31 de marzo y dispuso que los tribunales aseguren una prestación mínima del servicio de justicia..., el 20/3/2020 la Corte dispuso feria extraordinaria respecto todos los tribunales nacionales, federales y demás dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación del 20 al 31 de marzo de 2020. Esta decisión fue prorrogada a la par de las renovaciones del Poder Ejecutivo al Aislamiento. Así, la Acordada 8/2020 extendió la feria extraordinaria hasta el 12/4/2020 y la Acordada 10/2020 hizo lo propio hasta el 26/4/2020. Esta situación paralizó el servicio de justicia y lo redujo a la atención de los asuntos urgentes, como amparos de salud, temas de familia y violencia..., la CSJN dictó las Acordadas 5, 9, 11 y 12/2020.
Mediante la Acordada 5/2020 se extendió el horario para dejar nota digital (art. 133 CPCCN) los días martes y viernes hasta las 20 horas. Ello, según el art. 152 CPCCN que fija como horas hábiles las comprendidas entra las 7 y las 20 horas..., La Acordada 11/2020 aprobó el uso de firma electrónica y digital en el ámbito de la CSJN para los actos jurisdiccionales y administrativos que suscriban los jueces de dicho tribunal y los Secretarios, disponiéndose que no será necesario elabora en papel el documento rubricado mediante firma electrónica o digital..." ( cfr. por KAREN GALILEA SONDERGAARD, NICOLÁS IGNACIO MANTEROLA 22 de Abril de 2020 www.saij.gob.ar Id SAIJ: DACF200071 el énfasis me pertenece ).
Es entonces en este marco, de pandemia y la situación de la prestación del servicio de justicia, que cabe ponderar los argumentos del recurso. Y, de los mismos el fundamento que se expone en relación a la determinación de la competencia, de su atenta lectura surge evidente que lo traído no es ni más ni menos que un inconveniente, una molestia en el ejercicio profesional para el trámite de la causa. Pero, la situación de excepcionalidad por la que atraviesa la población mundial, más allá de tragedia por las muertes que ha causado la pandemia, generó en todos los habitantes distintas incomodidades, inconvenientes de todo orden propio de la situación anómala que acontece, más ello no es un argumento para sortear la competencia federal.
Nótese al efecto las medidas antes expuestas tomadas por la Justicia Federal para garantizar el acceso a la jurisdicción y en especial trámites como el presente, amparo por razones de salud. Tampoco es un argumento válido, lo expuesto en punto al impedimento del actor de trasladarse a otra ciudad por su salud y que en caso las pericias médicas ofrecidas como prueba han de ser realizadas por los peritos médicos de este Dpto. Judicial. Es que, se haya vigente la ley 22.172 de convenio de comunicación de tribunales de distinta jurisdicción, por el cual el juez de la causa puede solicitar por medio de exhorto, al juez del lugar, en este caso el del domicilio del amparista, la realización de la prueba que estime menester por lo que el argumento no puede sostenerse.
Desde otroángulo también ha de verse la improponibilidad de la apelación. En efecto, el único modo por el cual los jueces no aplican la ley, es cuando para lograr una sentencia que se constituya en la derivación del derecho argentino conforme las constancias de la causa, se requiere como última ratio, que se decrete la inconstitucionalidad de ley. Y en nuestro caso, dado que la competencia federal se halla expresa en la misma Constitución Nacional (arts. 116 y 117), la pretensión revisora importaría que desde aquí se decrete la inconstitucionalidad de los mencionados artículos de nuestro máximo texto legal en atención al principio de la supremacía constitucional que nos rige. En el derecho público argentino, el único antecede asimilable al caso data del 19 de agosto de 1999, en autos "Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento".
El Alto Tribunal, hizo lugar a la demanda y declaró "...la nulidad de la reforma introducida por la convención reformadora de 1994 en el art. 99, inc. 4, párrafo tercero -y en la disposición transitoria undécima- al art. 110 de la Constitución Nacional". El fallo, de extraordinaria importancia institucional y sin precedentes en la jurisprudencia de la Corte, ha considerado revisable judicialmente la actuación del poder constituyente derivado y declarado la nulidad de la propia constitución reformada, dando origen a un debate profundo en nuestro derecho (ver en similar sentido: Dr. Antonio María Hernández (h.), Doctor en Derecho y Ciencias Sociales ( U.N. de Córdoba), Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal (U.N. de Córdoba), Ex Diputado de la Nación Argentina, Ex Convencional Constituyente Nacional, Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitución, el subrayado me pertenece ).
El subrayado - que me pertenece -, es a los fines de dejar aclarado la naturaleza extraordinaria de tal sentencia, que no tiene precedentes en el derecho argentino y que por lo demás dicha doctrina fue dejada posteriormente sin efecto en la causa " Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa ( del 28-mar-2017 fallos: 322:1616 ). Todo esto es a cuento, para dejar sentando los alcances de la pretensión de la actora, los que se infieren, por que nada de ello se dice ni argumenta, pero no es ni más ni menos que inaplicar los artículos de la Constitución Nacional por violentar el art. 15 de la Constitución Provincial. Primeramente cabe decir, que conforme el art. 123 del nuestro Máximo Texto Legal, cada provincia dicta su propia constitución conforme lo dispuesto por el art. 5 de la misma Ley.
El reconocimiento, a las Provincias de la facultad de dictarse sus propias Constituciones, se halla limitado al respeto del sistema democrático de organización política y de los principios, declaraciones y garantías consagrados en la Constitución Nacional. De tal forma, las Constituciones Provinciales deben instaurar un sistema a imagen y semejanza del Federal. ( cfr. " La Constitución de los Argentinos " Daniel A. Sabsay y José M. Onaindía ).La exigencia de la adecuación de las instituciones locales que impone el art. 5 conduce a que las Constituciones de Provincia sean en lo esencial de gobierno semejante a la nacional, que confirmen y sancionen sus principios, declaraciones y garantías y que lo modelen según el tipo genérico que ella crea ( cfr. en tal sentido: " Tratado Jurisprudencia y Doctrinario, derecho constitucional parte dogmática T.
I. Daniel Sabsay La Ley p. 39 ).Así las cosas, nuestra Constitución Provincial ha sido dictada con tal limitación y se advierte en ambos textos una similitud normativa por cuanto el acceso irrestricto del art. 15 de la norma suprema provincial se asemeja al mismo acceso que la norma federal prevé. Así en esta última en el preámbulo se fija uno de los objetivos del constituyente que refiere, a afianzar la justicia, el art. 14, entre los derechos concedidos a todos los habitantes de la Nación, menciona al de peticionar a las autoridades sumado a las garantías del mismo art. 18, por lo que hasta aquí se ve, la Provincia como la Nación garantizan acceder a la jurisdicción. Entonces no se advierte tensión entre los textos cotejados.
Finalmente los arts. 116 y 117 de la C.N. como las leyes que la reglamentan la competencia federal no se erigen como un obstáculo para acceder a la justicia o peticionar a las autoridades. Así,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.