Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 43711
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada, con costas de Alzada a la demandada.
Sin perjuicio de ello, se dispone el libramiento de un oficio, por secretaría, al Registro de Electrodependientes del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación, a fin de hacerle saber lo resuelto en el presente juicio y, por otra parte, solicitando que se arbitren las medidas necesarias para que se proceda a una pronta decisión respecto al pedido de incorporación a tal registro formulado por la aquí actora respecto a su hijo Luciano Martín Escolar (DNI 29.298.813).
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes Diciembre del año Dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Jorge Luis Zunino (art. 36, ley 5827), para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “DOMINGUEZ JUANA MARIA C/ EDENOR S.A. S/ AMPARO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Ribera y Zunino, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t ió n
¿Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ribera dijo:
I. La presente acción de amparo fue iniciada por Juana María Domínguez, por derecho propio y en representación de su hijo Luciano Martin Escolar, con el fin de que se ordene a Edenor SA a entregar de manera inmediata un generador de 23 KW para concentrador de oxígeno y, además, se proceda de forma urgente a la inscripción de su hijo en el Registro de Electrodependientes, según ley n° 27.351. Sumado a ello, solicitó que se le reconozca la totalidad de la facturación del servicio público de energía eléctrica (art. 4 ley citada) y, por último, se la exima del pago de los derechos de conexión, si los hubiere (art. 5 ley citada, fs. 50/60).
En la misma presentación, como medida cautelar, solicitó que se proceda a la entrega del generador de 23 kw a los fines de garantizar la conexión eléctrica en su domicilio, sito en la calle Montes de Oca n° 993 de la localidad de Tigre, para la utilización ininterrumpida del concentrador de oxígeno y del CPAP nocturno, tratamiento prescripto por su médica tratante (fs. 55 vta./58, pto. VII).
El Juez de Primera Instancia desestimó la presente acción de amparo por entender que no se encuentran reunidos los recaudos para su procedencia, dado que la propia actora refirió que a fines de octubre del corriente año presentó la documentación ante el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, no advirtiéndose aún rechazo alguno de las vías administrativas pertinentes. Sin perjuicio de ello, hizo lugar a la cautelar pretendida ordenando a EDENOR SA a que, previa caución juratoria, provea en el término de 48 hs. el grupo electrógeno solicitado (fs. 78/79).
Esta resolución fue apelada por EDENOR SA el 3-12-2018, fundando su recurso en el escrito de interposición, contestado a fs. 93/94.
En primer término informó que dio cumplimiento a la medida, quedando instalada en el domicilio de la demandante una UPS de 1 kva de potencia y 3,6 kwh nominales de capacidad de batería. Sin perjuicio de ello, expresó que es necesario para que el hijo de la demandante goce de los beneficios de la ley n° 27.351 que se encuentre registrado formalmente como electrodependiente. Al respecto, sostiene que corresponde al Ministerio de Salud decidir el carácter de electrodependiente de una persona, no resultando ser su facultad decidir o expedirse frente a esta cuestión. Sumado a ello, expresa que, si bien se denunció el inicio del respectivo trámite de inscripción por ante el Ministerio de Salud a fines del mes de octubre del presente año, aduciendo que podría llegar a demorar entre dos o tres meses, dicha circunstancia no se le puede imputar.
II. En primer lugar considero que, ante el rechazo del amparo, el cual no fue cuestionado, el presente proceso se tornó en una “medida cautelar autosatisfactiva” (arg. art. 204 del CPCC).
Al respecto, esta Sala que integro ha resuelto que, junto al proceso cautelar se insinúan en la actualidad una serie de medidas cautelares que han comenzado a asumir roles autónomos, en las que la tutela puede agotarse con la satisfacción definitiva e inmediata de esos derechos o intereses una vez obtenida la realización de la medida. Se las denomina “decisiones provisorias", "urgentes", "autosatisfactivas", "cautelar satisfactiva", "tutelas diferenciadas", "medidas cautelares atípicas", "tutela inhibitoria", "declaraciones de certeza con predominante función ejecutiva"; respecto de las cuales se autoriza, empero, su ulterior revisión, a través de procesos de conocimiento más amplios o de remedios o recursos procesales (Peyrano, Jorge.
W., "Una especie destacable del proceso urgente: la medida autosatisfactiva", JA, 1999-III-829, con un profundísimo detalle de su evolución doctrinal y jurisprudencial; Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 13/4/1993, JA, 1993-III-323; Morello, Augusto M., "La cautela satisfactiva", JA, 1995-IV-414[D 0003/001702]; Peyrano, Jorge W., "Lo urgente y lo cautelar", JA, 1995-I-899[D 0003/001882], "Los nuevos ejes de la reforma procesal civil: la medida autosatisfactiva", ED, 169-1347, entre otros). Esta medida concede una tutela definitiva e irreversible, en una actuación autónoma que se agota en sí misma. No es accesoria, ni está subordinada a otro proceso. Ella se da en el marco de un proceso urgente, en el cual, el órgano jurisdiccional, al satisfacer la pretensión que le diera nacimiento, cumple acabada y totalmente con su obligación pública de prestar el servicio de justicia, obligación que también se extingue, en el caso, cerrándose el proceso con aquella sentencia definitiva e irreversible y, por ende, con autoridad de cosa juzgada (SCBA, Ac. 92711, S 26-9-200).
En este sentido, se ha dicho que estas medidas "autosatisfactivas" pueden tramitarse inaudita parte, en tanto exista peligro en la demora; una fuerte probabilidad de que los planteos sean atendibles (no basta con la verosimilitud); y se preste una contracautela. Esta última cuestión merece algunos reparos, particularmente en ausencia de regulación normativa, en tanto se haya de seguir el criterio jurisprudencial de que ella debe ser, como regla, real y no simplemente juratoria (art. 199 del C.P.C.C.) pues supondría excluir su procedencia para aquellos solicitantes carentes de recursos o de bienes para ello; o ya su postergación para el momento en que se hubiese de conceder el beneficio de litigar sin gastos (art. 200 del CPCC, conf.
Jorge L. Kielmanovich “Medidas Cautelares/Medidas Autónomas u autosatisfactivas” Lexis nº 8007/004699).
La nota que permite distinguir una medida cautelar de una "autosatisfactiva" o urgente, es precisamente la "instrumentalidad" y "provisionalidad" connatural de la primera, pues la segunda, con su despacho favorable, alcanza su desarrollo y postrer consumación, con abstracción de que medie o no sustanciación previa con la contraria; pues no por sustanciarse el pedido de una medida cautelar ésta pierde su calidad de tal, ni por decretarse inaudita parte una de las denominadas "autosatisfactivas", ésta sería cautelar (conf. ob. cit).
La medida autosatisfactiva no ha sido concebida para reemplazar los carriles procesales existentes ni puede operar como un atajo para alcanzar un camino más corto sino que sólo puede acudirse a ella cuando el derecho del actor aparezca con un grado de certeza que determine una alta probabilidad de acogimiento de la acción sumado a un estado de urgencia impostergable, revele la irreparabilidad de los perjuicios que se producirían en caso de canalizar el reclamo por las vías procesales existentes (causa de esta Sala n° 32263/2012, “Mollo c/ Consorcio s/ Materia a categorizar”, reg. n° 100 del 15-4-2013).
En el caso de autos, no cabe duda que la urgencia en decidir respecto a lo solicitado se encuentra dado en el delicado estado de salud de Luciano Martín, lo cual se encuentra acreditado con las constancias de fs. 11/26; por lo cual, sin perjuicio del rechazo a la acción de amparo por no haberse agotado la instancia administrativa, corresponde entrar en el análisis de lo peticionado.
En efecto, del informe médico expedido por la Dra. Vanina Giovini se desprende que durante la realización de la Poligrafía Respiratoria Nocturna se evidenciaron 76 apneas obstructivas, 2 centrales y 101 hipopneas, valores compatibles con el diagnóstico de Síndrome de Apneas e Hipopneas Obstructivas del Sueño de grado severo (fs. 12/16).
Por otra parte, de los certificados cuyas copias se encuentran agregadas a fs. 71/74 surge que el hijo de la actora requiere del uso permanente de un concentrador de oxígeno, que debe estar conectado en forma ininterrumpida a la red eléctrica.
Sumado a ello, se encuentra agregado a fs. 11 copia del Certificado de Discapacidad en donde se puede leer que el hijo de la solicitante posee un “Retraso mental grave y quistes cerebrales congénitos”.
Esta situación, conforme lo dispone el artículo 6 de la ley n° 27.351 (Electrodependientes. Beneficio. Registro), genera la obligatoriedad de la empresa distribuidora de energía eléctrica a entregar al titular del servicio o a su conviviente, un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades conforme los preceptos establecidos en el artículo 1 de la referida ley. Allí, se denomina electrodependiente por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescripto por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud.
Por estos motivos, entiendo que resulta acertada la medida ordenada, por lo cual propongo su confirmación (arts. 1, 2, 6 y cc. ley 27351, art. 12 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. X y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre)
VI. Sin perjuicio de lo expresado en los considerandos anteriores, entiendo que, más allá de la forma en que se propone resolver la presente cuestión, a los fines de evitar daños futuros en la salud de Luciano Martín y dada la evidente situación de peligro en la que se encuentra, deberá librarse oficio, por secretaría, al Registro de Electrodependientes por cuestiones de Salud del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación, a fin de hacerle saber lo resuelto en el presente juicio y con el objeto de solicitarle que se arbitren las medidas necesarias para que se proceda a una pronta decisión respecto al pedido de incorporación a tal registro formulado por la aquí actora respecto a su hijo Luciano Martín (arts. 1710, 1711, 1712 y 1713 del Código Civil y Comercial).
Cabe destacar, que este tipo de medidas resultan aplicables particularmente en casos en los que está en juego el derecho a la seguridad y de las personas (derecho a la vida), a la salud y a la integridad física o psíquica (Berizonce, Roberto, "Técnicas orgánico-funcionales y procesales de las tutelas diferenciadas", Revista de Derecho Procesal, 2009-1, "Tutelas procesales diferenciadas-II", pág. 29; citado en CACC Azul, Sala II, causa n° 2-59966-2015, "Biordo Miguel c/ Rutas al Sur s/ Daños y Perjuicios", 11/11/15; causa de esta Sala n° 41.137, “Fideicomiso Italia 426 c/ Tot Fusta SRL s/ Diligencias Preliminares”, reg. n° 242 del 26-5-16).
VI. Atento a la forma en que se resuelve las costas de Alzada se impondrán al demandado (art. 68 del C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Juez Dr. Zunino por los mismos fundamentos votó por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la resolución apelada, con costas de Alzada a la demandada.
Sin perjuicio de ello, se dispone el libramiento de un oficio, por secretaría, al Registro de Electrodependientes del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación, a fin de hacerle saber lo resuelto en el presente juicio y, por otra parte, solicitando que se arbitren las medidas necesarias para que se proceda a una pronta decisión respecto al pedido de incorporación a tal registro formulado por la aquí actora respecto a su hijo Luciano Martín Escolar (DNI 29.298.813).
Regístrese, ofíciese y devuélvase.
Carlos Enrique Ribera Jorge Luis Zunino
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia