Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135673
JS
AMANTEA EDGARDO OMAR Y OTROS C/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO S/ AMPARO
Causa: 135673
La Plata, 28 de Septiembre de 2023.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 14 de julio de 2023, el Tribunal de origen decidió desestimar la medida cautelar peticionada, por no encontrar acreditada la verosimilitud del derecho que se invocara.
A tales fines, explicaron sus integrantes que se ha omitido comprobar prima facie que el Automóvil Club Argentino hubiera denegado arbitrariamente la prestación de sus servicios; que el derecho de los amparistas a gozar de los beneficios prestados por aquella no puede implicar la obligación de sostener una contratación fenecida, además de que implica mantener un estado de cosas que involucra a un tercero (empresa concesionaria); que la calidad de socios no les otorga legitimación suficiente para elegir mantener una concesión determinada que ha finalizado, en tanto dicha decisión se encontraría estatutariamente a cargo del órgano directivo, mientras que cualquier desacuerdo con las que se adoptaran debe entablarse según el mecanismo previsto por la norma estatutaria para actos de Gobierno, Administración y Fiscalización; y que no se trataría de un caso en que los amparistas sean titulares de un interés jurídico inmediato, propio y concreto que deba ser jurídicamente protegido, pues debe presumirse que aquél se encuentra representado por los órganos de gobierno previstos al efecto (arg. art. 24 del Estatuto vigente).
Asimismo, expusieron que se verifica en autos un grado tal de controversia que, para dilucidar la correcta adjudicación de razones es necesario mayor debate y prueba; agregando que conforme la vasta red de servicios que ofrece la entidad accionada en favor de sus socios en el ámbito de la Ciudad de La Plata, no pareciera configurarse tampoco el presupuesto del peligro en la demora que justificaría la medida cautelar requerida.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzaron los coactores, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 31 de igual mes y año; donde comenzaron por referir que de acuerdo a lo previsto en el art. 114 de la Ley General del Sociedades y por su sola condición de socios, ya pueden peticionar la intervención judicial, lo que acredita el requisito de verosimilitud del derecho.
Luego de ello, explicaron que el interés que persiguen es el mismo que la finalidad que se establece en el Estatuto Social del Automóvil Club Argentino; que el objeto principal de su reclamo es conservar el servicio que se ofrece en el art. 3 de dicho instrumento, independientemente que sea Vimca SRL o cualquier otra la concesión que lo brinde; que aun cuando la contraparte argumente que los socios se ven representados por la Asamblea de Delegados, no ha acreditado que la decisión de no renovar la concesión del Taller Mecánico Integral hubiera sido emitida por dicho Consejo o de forma unilateral por la Comisión Directiva, mediante un acta u otro tipo de instrumento; y que se encuentran imposibilitados de acceder a los órganos de la entidad demandada, careciendo así de un medio idóneo para poder reclamar y presentar las quejas
Continuaron diciendo que la contraria no ha acreditado la supuesta existencia de una “vasta red de servicios” en la ciudad de La Plata, a la que se alude en la resolución, la cual es cada vez menor; que de la captura de pantalla aportada por ellos surge que aquí no hay talleres mecánicos, dado que el ACA lo ha cerrado arbitrariamente; que en el art. 12 del Reglamento de Socios se reconoce su “derecho a formular observaciones y quejas que considere pertinentes respecto a la prestación de servicios sociales, como así también exponer iniciativas o sugerencias que al respecto repute convenientes…”, lo que, si bien han cumplido, la Comisión Directiva Filial no les dio respuesta sobre este tema y muchos otros, tal como surge de las notas presentadas; que de aquel instrumento social también surgen otros impedimentos para poder acceder a la Comisión Directiva; y que en el caso se han vulnerado los arts. 16, 31, 33 y 42 de la Constitución Nacional.
1.c. Dicha postura llega replicada por la contraria, a través del escrito presentado el 16 de agosto de 2023, donde solicitan el rechazo de la pretensión revisora.
2.a. Liminarmente y a los fines de brindar el debido marco a este análisis, es preciso recordar que las presentes actuaciones fueron iniciadas con el objeto de "salvaguardar el servicio del Taller Mecánico Integral, sito en la Unidad Servicial N° 126 del Automóvil Club Argentino, con domicilio en Diagonal 79 N° 938 entre 4 y 5 de la Ciudad de La Plata", ello como parte -según sostienen los actores- de la exigencia que pesa sobre tal entidad de “prestar servicios para los automóviles de sus asociados”, de conformidad con el art. 3 inc. d del Estatuto vigente (ver pto. I y II de la demanda).
Asimismo, no es posible olvidar que tal petición fue enmarcada dentro de un proceso de amparo, en tanto derecho-garantía que detenta toda persona para la exigibilidad y justiciabilidad de derechos constitucionales ante situaciones de vulneración urgentes derivadas de su desconocimiento, alteración o amenaza manifiestamente arbitraria o ilegal, cualquiera sea el sujeto que las genere y siempre que no exista una vía judicial más idónea. Se trata entonces de una garantía excepcional e imprescindible, tendiente a la protección inmediata y efectiva de derechos fundamentales (arts. 43 Const. Nac.; 20 inc. 2 Const. PBA; 1 y sigs. ley 13.928; cfr. Sucunza, Matías, Ley de amparo...., del Sur, 2018, pág. 62)
De igual forma, es menester referir que la medida requerida se trata de una tutela anticipada, de las denominadas sustanciales o materiales; las cuales, frente a los efectos desbastadores que el tiempo de duración del proceso podría producir sobre el mismo derecho cuyo reconocimiento se pretende del órgano jurisdiccional, procuran actuar aceleradamente ese derecho; hay en ello una clara conciencia de que el alongamiento del proceso en determinadas y especialísimas circunstancias y por la propia naturaleza del derecho en juego, no ha de producir en el mañana la desaparición o desvalorización de los bienes que faciliten o permitan la ejecución de la sentencia, lo que desaparecerá o resultará lesionado irremediablemente es el derecho mismo por el que se brega y peticiona en justicia (cfr. SCBA LP Ac. 92711 S 26/09/2007, del voto del Dr. Roncoroni; cfr. Morello, Augusto M., "La tutela anticipatoria...", ED 169-1341; de Lázzari, Eduardo N., "La cautela material", JA 1996-IV-651; e.o.).
Precisamente, al tratarse de un adelantamiento de lo que vaya a ser decidido en la sentencia de mérito, su procedencia es excepcional y debe ser analizada con mayor severidad, por ser en principio mucho más contundente que las demás medidas cautelares (arts. 230 inc. 1ero. y 232 del Código Procesal; esta Sala, causa 127.585, RSI 163/2020). Así entonces, a diferencia de lo que sucede con las conservatorias ordinarias, aquí no basta con la simple verosimilitud del derecho que se invoque como fundamento de la pretensión principal, sino que ha menester la acreditación de una fuerte probabilidad de acogimiento de la pretensión en la sentencia de mérito. En cuanto al peligro en la demora, tampoco basta con esgrimir la mora judicial, es necesario acreditar, de manera liminar, una urgencia impostergable, una situación que reclame una expedita intervención del órgano judicial por haberse acreditado una inminente frustración de un derecho o la concreción de un daño si no se ordena la medida solicitada (Berizonce, Roberto O., "Tutela anticipada y definitoria", JA 1996-IV-74).
2.c. Aclarados los principios que, con carácter general, resultan aplicables al caso, nos permitimos adelantar que la pretensión recursiva no habrá de recibir favorable acogida (art. 164 del CPCC).
En efecto y siguiendo los argumentos planteados en el recurso de marras, habremos de poner de resalto que, a diferencia de la simple manifestación realizada por los apelantes, el sólo hecho que su condición de socios le permita -según su criterio- la intervención, ello está muy lejos de acreditar de por sí la verosimilitud del derecho aquí invocado.
En primer lugar, porque la normativa que citan expresamente (art. 114 de la Ley General de Sociedades), más allá de su aplicación o no al caso de la demandada, requiere una serie de recaudos que son omitidos en el relato actoral ("El peticionante acreditará su condición de socio, la existencia del peligro y su gravedad, que agotó los recursos acordados por el contrato social y se promovió acción de remoción"); y en segundo orden, porque el objeto de la pretensión, ya descripto, no es la remoción de las autoridades, sino la continuación del servicio de taller mecánico integral que se invoca como prestado en una de las sedes del ACA.
Por otro lado, es preciso referir que los recurrentes no han logrado desvirtuar, en debida forma, los argumentos atinentes a que no se ha acreditado -en este estadio- la existencia de una denegación arbitraria de la prestación de servicios; que su derecho a gozar de los beneficios que brinda la entidad "no implica un derecho a obligarla a mantener una contratación fenecida [...] en tanto que la medida cautelar [...] implica mantener un estado de cosas que involucra a un tercero"; y que "'prima facie' dicha decisión operativa de la Institución accionada, estatutariamente se encuentra a cargo del órgano directivo, mientras que cualquier desacuerdo [...] debió entablarse según el mecanismo previsto por la norma estatutaria para actos de Gobierno, Administración y Fiscalización".
En efecto, los accionantes han omitido todo desarrollo puntual sobre el primero de tales aspectos, advirtiendo que en su reclamo parten de una presunta relación clara entre lo previsto en el art. 3 inc. d del Estatuto Social del Automóvil Club Argentino (en cuanto la accionada debe "“prestar servicios para los automóviles de sus asociados”) y lo que consideran la exigencia de continuar en dicha prestación puntual, sin ahondar en las razones que forzarían el mantenimiento del taller integral en esa sede como una consecuencia necesaria y directa de aquella previsión (ver pto. I del escrito del 21/3/23).
Tampoco explican lo relativo al tercero involucrado, quien sería ajeno al proceso, pero directamente vinculado a la cuestión que plantean y solicitan; y ello aun cuando pueda considerarse que ha mediado en un cambio en una de las aristas de la postura inicial, toda vez que al requerir la cautelar en la demanda expusieron que "La conducta pretendida importa dejar a los socios sin un servicio de excelencia y fundamental que caracterizó siempre a esta entidad y en especial a la empresa Vimca SRL que brinda una atención y servicio de calidad", mientras que en su recurso adujeron que "el objeto principal que persigue esta parte es conservar el servicio que ofrece el Estatuto Social del Automóvil Club Argentino, en su art. 3 independientemente que sea VIMCA SRL, o cualquier otra concesión que brinde el mismo Servicio".
En el mismo sentido, no encontramos que las invocadas dificultades para acceder a los órganos de decisión resulten suficientes -en este estadio- para disponer una medida como la que se pretende, dado que, además de no haberse glosado a los escritos postulatorios las notas que dicen haber presentado, tampoco se acreditó que hubieran transitado debidamente los carriles internos de la entidad, ni tampoco que hubieran solicitado el mismo por la vía judicial respectiva, en el marco procesal adecuado a una cuestión que, al día de hoy, aparece simplemente como una diferencia de algunos socios locales con una determinación institucional.
2.d. Por último, no huelga referir que, más allá de las citas constitucionales que se hicieran en el memorial y sin que implique prejuzgamiento alguno sobre la cuestión, no logramos vislumbrar con claridad el derecho de orden fundamental que se encuentra afectado en autos y que ameritaría el dictado de una cautelar material en el marco de la especial vía escogida (arts. 43 Const. Nac.; 20 inc. 2 Const. PBA; 1 y 2 ley 13.928); además de tampoco poder contar con las piezas a las que se alude en el acta notarial que acompañó la accionada, esto es, un supuesto intercambio epistolar que se habría producido entre aquella y Vimca SR, ni el invocado "proceso judicial" que se denuncia allí como "promovido" por ésta última, lo que hubiera permitido contar con mayor material para este análisis (art. 197 y ccs. del CPCC).
En virtud de ello, forzoso es concluir que la pretensión revisora no habrá de recibir favorable acogida (arts. cits.)
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde confirmar la resolución dictada el día 14 de julio de 2023. Las costas de Alzada se imponen a los recurrentes, en su objetiva condición de vencidos (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia