Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Familia N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.75.977 "RESTELLI CLAUDIA GABRIELA Y OT. C/ MINIST. DE SALUD (I.O.M.A.) S/ AMPARO. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 11 de septiembre de 2019.
I. Claudia Gabriela Restelli promovió acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de que se le proporcione la cobertura integral de una serie de prestaciones médicas que su hijo requiere como consecuencia de la patología que padece. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar tendiente a garantizar tales prestaciones.
II. La causa se inició ante el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, cuyo titular se declaró incompetente para intervenir en autos tras considerar que el conocimiento de la cuestión recaía en los tribunales locales. En consecuencia, remitió las actuaciones al juzgado competente en la Provincia de Buenos Aires que por turno corresponda, habiendo sido sorteado –conforme el régimen vigente en la materia- el Juzgado de Familia N°3 del Departamento Judicial de dicha ciudad.
En lo que aquí respecta, su titular hizo lugar a la medida cautelar requerida en virtud de lo normado en el art. 196 del Código Procesal Civil y Comercial, difiriendo el pronunciamiento sobre la competencia a ella endilgada a un ulterior estadio procesal(fs. 53/54).
Contra dicho resolutorio, el Fiscal de Estado interpuso el recurso de apelación de fs. 66/69, que fuera parcialmente acogido por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata. Asimismo, advirtiendo el tiempo transcurrido desde el dictado del remedio precautorio sin que mediara una manifestación expresa y definitiva por parte de la jueza de grado respecto de su competencia, exhortó a que ésta prosiguiera la tramitación de la causa hasta su sentencia, a efectos de no desnaturalizar la esencia sumarísima de la acción incoada (fs. 127/133).
Devueltos los actuados al juzgado de origen, su titular se inhibió de continuar interviniendo en autos en razón del territorio, puesto que la residencia habitual y actual del niño se hallaba en la ciudad de Tandil (conf. art. 3, ley 13.927). En virtud de ello, remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes Descentralizada de dicha ciudad para que procediera a su sorteo entre los Juzgados de Familia (v. fs. 220/221), resultando adjudicado el Juzgado N°2.
Sin embargo, su magistrado no aceptó la competencia que le fuera atribuida por considerar que el desprendimiento efectuado devenía extemporáneo y que, eventualmente, no mediaban razones que justificaran la especificidad del fuero dispuesta (fs. 225/227).
Remitido el expediente a la jueza que previno, ésta mantuvo su primigenia postura, planteando formalmente la contienda negativa y giró las actuaciones a esta Suprema Corte para que la dirima con arreglo a lo previsto en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En primer lugar, cabe recordar que el sistema que rige la asignación de expedientes en el marco del proceso constitucional de amparo está instrumentado por las resoluciones de este Tribunal 1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09. Su contenido normativo prescinde de una concreta especialización ratione materiae y, en su lugar, se consagra una amplia regla de competencia de forma tal que "cualquier juez" de primera instancia puede válidamente resolver en esta clase de controversias (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov. y 1 y 3, ley 13.928; doctr. causas B. 67.530, "Maciel", resol. de 11-II-2004; B. 66.059, “Bonetti”, resol. de 16-VI-2004; B. 69.726, "Rossi", resol. de 13-VIII-2008; B. 71.840, "Tiberio", resol. de 25-IV-2012; B. 72.470, "Noguera", resol. de 5-VI-2013; B. 72.728, "Franzot", resol. de 11-IX-2013; B. 72.809, "Arrozeres", resol. de 13-XI-2013; B. 73.945, "Ramírez", resol. de 2-XII-2015; B. 74.115, "Massa", resol. de 18-V-2016; B. 74.222, "Miracola", resol. de 22-VI-2016; B. 74.449, "Yan", resol. de 15-XI-2016; B. 75.061, "Coyanis", resol. de 21-II-2018; B. 75.380, "Asian", resol. de 4-VII-2018; B. 75.409, "N. F. M.", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.442, "Pelusso", resol. 10-X-2018; B. 75.626, "Giannitti", resol. de 19-XII-2018 y B. 75.620, "Zalazar", resol. de 26-XII-2018).
Sentado ello, debe mencionarse que en el ámbito de las medidas cautelares impera el principio mediante el cual los magistrados deben abstenerse de actuar cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, salvo excepcionalísimas circunstancias, en donde la demora que podría ocasionar su remisión al órgano que corresponda pueda tornar ilusorio el derecho que se pretenda tutelar. En ese contexto es que esta actividad está contemplada como excepción en la legislación adjetiva, sin que la misma implique una prórroga de competencia (art. 196, CPCC; causa Ac. 102.476, "F., D.M.", resol. de 14-XI-2007); regla que resulta aplicable en autos en virtud de lo normado en el art. 25 de la ley 13.928.
En otro orden, es preciso señalar que este Tribunal se ha expedido sobre la oportunidad para declarar la incompetencia de oficio. En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.716, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", ambas resol. de 14-IV-2017; B. 74.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.806, "Lewin", ambas resol. de 6-IX-2017; B. 75.025, "Barreyro", resol. de 29-VIII-2018; B. 74.960, "Lolli", resol. de 17-X-2018 y B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018).
IV. En el caso, la titular del Juzgado de Familia Nº3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, atento la premura que demandaba la situación de hecho en resguardo del derecho a la salud que se pretendía proteger, otorgó la medida cautelar peticionada y difirió sine die el pronunciamiento sobre su competencia, dando curso al trámite precautorio, sustanciando la impugnación formulada por la Fiscalía de Estado contra dicha medida y la ampliación de la tutela solicitada por la actora (v. fs. 81 y 196). Fue recién en ocasión del exhorto emitido por el Tribunal de Alzada para que dictase la sentencia de mérito, que resolvió desprenderse oficiosamente de la causa.
De lo expuesto se colige que la jueza que previno no ha declinado su competencia en la instancia procesal oportuna, ni ésta ha sido cuestionada por la accionada al concurrir al juicio.
En consecuencia, precluida la etapa para el debate de la cuestión atinente a la competencia, la declaración de inhibitoria deviene extemporánea. Por su parte, atento el tiempo transcurrido entre la interposición de la acción y la incompetencia decretada, debe recordarse que al ser el amparo una vía urgente y expedita, los tribunales se encuentran facultados para acelerar el trámite, mediante la adopción de formas sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada (conf. art. 25 de la ley 13.928).
V. Por lo expuesto, de acuerdo a las premisas reseñadas, corresponde que sea el Juzgado de Familia Nº3 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe interviniendo en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Familia N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de Tandil.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 423
Fin de la sentencia