Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77478
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.478 “L. S. G. C/ IOMA S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 161 INC 2 CONST. PROV.”
I. EL señor S. G. L. promueve acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de que se le haga entrega, de manera total e integral, de tiras reactivas en sangre para 6 mediciones mínimas diarias (equivalente a 4 cajas de 50 unidades por mes), agujas, lancetas y demás accesorios o cantidades que resultaren necesarios según prescripción médica para tratar la diabetes Mellitus tipo I que padece.
Asimismo, requiere el dictado de una medida precautoria de similar objeto, ante el perjuicio irreparable a la salud que puede ocasionar el tiempo que insuma la tramitación de este proceso.
Relata que al momento de ser diagnosticado -esto es, a los 24 años- comenzó a utilizar insulina NPH ( Neutral Protamine Hagedorn ), la que posteriormente fue reemplazada por Tresiba degludec. Luego, indica que, pese a su carácter de afiliado del organismo demandado, debió peticionar judicialmente la provisión de tal medicamento, dando inicio a los autos caratulados “L., S. G. c/ IOMA s/ Amparo” que tramitaron ante el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, órgano ante el cual solicitó que se radicara directamente el presente litigio.
Explica que como complemento de su tratamiento le indicaron la utilización de los elementos objeto de esta contienda, los que fueron otorgados regularmente durante dos años hasta que -en su decir- la obra social redujo de manera arbitraria e intempestiva su suministro.
Concluye, entonces, que se encuentra vulnerado su derecho constitucional a la salud y a la vida digna, reconocido en los arts. 42 de la Constitución nacional y 43 de la Carta provincial, como así también en los tratados internacionales y leyes que cita.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, la causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuya magistrada suplente dispuso remitir sin más las actuaciones al Tribunal en lo Criminal N°1 departamental, en virtud de la conexidad alegada en el punto XV del escrito inicial (v. proveído de fecha 4-V-2021).
Sin embargo, los integrantes del mencionado órgano se rehusaron a aceptar la competencia que les fuera endilgada, por considerar que, al haberse dictado sentencia el día 13 de octubre del año 2020 en el proceso de amparo que tramitó ante aquellos estrados y encontrarse ésta firme, no se daba un supuesto de prevención en los términos de la ley 13.928 (v. resol. de 11-V-2021).
Devueltos los obrados al juzgado de origen, ante la urgencia que el caso ameritaba, la magistrada a su cargo hizo lugar a la tutela precautoria solicitada. A su vez, dispuso elevar el expediente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata para que se expida respecto a la cuestión de competencia suscitada en autos (v. resol. de 14-V-2021).
Notificado el señor Fiscal de Estado de dicha resolución, se presentó a juicio y peticionó la ampliación del plazo otorgado para proceder a la entrega de los insumos conforme fuera ordenado, manifestando que el estado de emergencia sanitaria actual afectaba el normal funcionamiento de la Administración Pública (v. presentación electrónica de fecha 18-V-2021).
No obstante, luego acompañó copia digital del expediente administrativo N°EX-2021-11843303-GDEBA-FDE, a través del cual se acreditaba el cumplimiento de la medida cautelar decretada, en la forma y modalidad expresada por la obra social demandada (v. escrito electrónico de fecha 29-V-2021).
En este estado de la causa, la magistrada del cuerpo de suplentes remitió las actuaciones a la Cámara de Apelación del fuero especializado para que dirima la aparente contienda planteada (v. proveído de fecha 16-VII-2021).
A su turno, esta última se inhibió de entender en el asunto, argumentando que, de un lado, no se trataba de un supuesto contemplado en la resolución SCBA 1901/10 y, de otro, no revestía el carácter de “tribunal superior común”. En consecuencia, invocando lo normado en los arts. 161 inc. 2 de la Constitución provincial, 34 inc. 5 ap. “e” del Código Procesal Civil y Comercial y 25 de la ley 13.928, giró los actuados a esta Suprema Corte a sus efectos (v. resol. de fecha 14-X-2021).
III. En primer lugar, es pertinente señalar que si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto que deba ser atendido por esta Corte con arreglo a la potestad que le confiere el art. 7 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, toda vez que el decisorio del tribunal en lo criminal por el cual aduce que tratándose de una acción de amparo debe intervenir el órgano que previno mediante sorteo, no ha sido materia de réplica por parte de este último (doctr. causas B. 74.294, "Garralda" y B. 74.295, "Tapia", ambas resol. de 7-IX-2016), frente a la naturaleza del reclamo, razones de economía y celeridad procesal recomiendan un pronunciamiento definitivo sobre el órgano que ha de conocer en el pleito.
IV. Este Tribunal ha resuelto que corresponde, en las acciones de amparo, apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primigenio proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducida por esa vía con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B. 73.542, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014 y B. 76.421, “Vignoles”, resol. de 20-V-2020).
También señaló que, en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, era necesario tener en cuenta que, para su viabilidad, debían necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014 y B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014 y B. 73.869, "Centro de Estudios Legales y Sociales", resol. de 30-IX-2015).
Por último, es dable recordar que para que la acumulación de procesos resulte procedente, la relación de conexidad que los une debe ser "actual" -es decir, los litigios deben encontrarse pendientes de resolución-, dado que si uno de ellos estuviese terminado se obstaría su reunión (doctr. causas Ac. 62.588, "Ferreira", resol. de 2-IV-1996; B. 63.508, "Margaria", resol. de 23-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. de 17-VIII-2016; B. 75.844, "Magallanes", resol. de 22-V-2019; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019, B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020 y B. 76.822, “Aguirrechu”, resol. de 27-V-2021).
V. A la luz de las premisas reseñadas, se advierte que en la especie no se encuentran reunidos los extremos que justifiquen la acumulación de procesos pretendida -por una presunta prevención- en cabeza del Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Es que, de acuerdo a lo manifestado por el mencionado órgano, el día 13 de octubre de 2020 se dictó sentencia definitiva en los autos caratulados “L., S. G. c/ IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) s/ Amparo”, la que se encontraba firme al momento de la interposición de la presente demanda, lo que tuvo lugar el 4 de mayo de 2021.
De esta manera, toda vez que en el caso no median razones que justifiquen apartarse del sistema de adjudicación establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 citadas, lo actuado por la jueza que previno en el asunto resultó errado.
VI. Sobre la base de lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el órgano que continúe conociendo en la controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Tribunal en lo Criminal N°1 departamental.
Regístrese y ofíciese y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:13:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:32:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:46:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 13:45:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:15:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 14:33:24 hs. bajo el número RR-902-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia