Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76520
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal del Trabajo N°3 de Tres Arroyos para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
B.76.520 “FERNANDEZ, SUSANA CONCEPCIÓN Y OTRO/A. C/SAVONA, GABRIELA ALEJANDRA S/AMPARO (229). - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. Susana Fernández de Deniro y Verónica García Christensen promueven acción de amparo por prevención de daño ambiental –de incidencia colectiva e individual- contra Gabriela Alejandra Savona, Sebastián Fuentes y/o contra quien resulte propietario del inmueble identificado como Circunscripción XVII, Sección A, Manzana 56, Lote 1, Partida N° 31.407, sito en calle 20 y 5 de la localidad de Claromecó y/o contra el profesional a cargo de la construcción en dicho predio. Ello, con el objeto de que se ordene el cese inmediato de las obras que califican de clandestinas.
Asimismo, solicitan la remoción de lo ejecutado y la restauración del área afectada al estado en que se encontraba al mes de octubre de 2018. Finalmente, requieren el dictado de una medida cautelar que disponga la clausura preventiva de la obra y la paralización de las tareas de relleno de terreno y edificación que se encuentran en curso.
Por su parte, al entender que podrían encontrarse controvertidos los intereses estatales, peticionan que se dé intervención al señor Fiscal de Estado y hacen reserva de ampliar su demanda contra la Municipalidad de Tres Arroyos y contra la Provincia de Buenos Aires.
Al respecto, alegan que la mencionada construcción carece de las debidas autorizaciones previas por parte de los organismos competentes. Al mismo tiempo, denuncian que los demandados no han acatado los actos administrativos dictados en el marco del expediente N° 282254/2019 por la comuna.
Señalan, así, que los referidos trabajos se están realizando en la ribera del Arroyo Claromecó, zona con especiales restricciones en el goce del derecho de propiedad y uso del suelo, en pos de la protección del bien común, el interés general y la prevención de daños ambientales. Concluyen, en definitiva, que se encuentra vulnerada tanto la normativa medioambiental como la urbanística que estiman aplicables al caso.
II.1. En lo que aquí concierne, la causa se inició en el Tribunal del Trabajo Nº3 de Tres Arroyos. Dicho órgano, resolvió rechazar el remedio precautorio solicitado y declarar inadmisible la acción deducida (cfr. resol. del 27-IX-2019).
Contra dicho pronunciamiento, las actoras interpusieron, por un lado, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio frente a la decisión denegatoria de la medida cautelar y, por el otro, un recurso de apelación ante la desestimación de la demanda incoada.
Rechazado el primero de ellos, tomó intervención la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Sin embargo, sus jueces se inhibieron de conocer en el asunto, por considerar que de la lectura armónica de la ley 11.723 de Protección Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y a la luz de los hechos que dan sustento a la controversia, se desprendía la competencia contencioso administrativa para entender en la materia (cfr. resol. de 11-X-2019).
En consecuencia, las actuaciones fueron remitidas a la Cámara de Apelación del fuero especializado con asiento en la ciudad de Mar del Plata, cuyos magistrados, luego de analizar la idoneidad de la vía escogida, resolvieron hacer lugar al recurso de apelación impetrado y revocar el fallo atacado. Al así decidir, ordenaron la devolución de los obrados al tribunal de origen, para que –con nueva integración- continúe el trámite del proceso (cfr. resol. de 5-III-2020).
II.2. De este modo, se procedió a realizar el correspondiente sorteo y se designaron los jueces que finalmente conformarían al órgano para conocer en la causa.
Así, el tribunal con fecha 17 de junio del corriente año aceptó las excusaciones formuladas por la doctora Verónica Inés Vidal y los doctores Iber José María Piovani y Fernando Elizalde. En segundo término, al estimar que se encontraban reunidos prima facie los requisitos de admisibilidad de la acción entablada ordenaron, previo a resolver la medida cautelar peticionada, librar un mandamiento de constatación a fin de verificar el estado de la obra.
Posteriormente, el órgano rechazó la denuncia de hecho nuevo que fuera presentada por la parte actora y dio intervención al Defensor Oficial de Pobres y Ausentes (cfr. resol. de 30-VI-2020).
Por su parte, la representante de la Fiscalía de Estado contestó la vista que le fuera cursada y señaló que, conforme los hechos reseñados en el escrito postulatorio, su comparecencia devenía prematura, toda vez que la conducta ilegítima denunciada era desplegada por un particular y, a todo evento, la cuestión se encontraba dentro del ámbito de incumbencia municipal (cfr. presentación electrónica de fecha 2 de julio de 2020, a las 11:54:21 a.m).
Tras haberse efectuado el reconocimiento ordenado (cfr. acta del 3-VII-2020), el tribunal estimó que la pretensión cautelar se había tornado abstracta y, en consecuencia, rechazó lo solicitado. Luego, declinó su competencia en virtud de lo dispuesto en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 (cfr. resol. de 7-VII-2020).
Es así que las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Sin embargo, su titular se rehusó a intervenir en el asunto bajo la inteligencia de que tal declaración devenía extemporánea. Por otro lado, consideró que en autos no mediaban razones que justificaran apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 (cfr. resol. 22-VII-2020).
De esta manera, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En primer lugar, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De allí que, en aquellos supuestos, no corresponda efectuar el sorteo para la asignación de las acciones de amparo que establecen las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018 y B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019).
Ahora bien, es preciso también recordar que esta Corte se ha expedido sobre la oportunidad para declarar la incompetencia de oficio. En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 14-IV-2017; B. 74.806, "Lewin", resol. de 6-IX-2017; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018; B. 75.702, "Pahl", resol. de 7-III-2019; B. 75.964, "Perez", resol. de 18-IX-2019 y B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019).
IV. Como quedó relatado, en la especie el tribunal de origen –con su nueva integración- aceptó las excusaciones de los magistrados que fueran oportunamente desinsaculados, declaró la admisibilidad formal de la acción, dispuso la intervención del Defensor Oficial y del señor Fiscal de Estado y ordenó que se practicara un reconocimiento judicial en el predio en cuestión. Así, fue recién en ocasión de pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada, la cual rechazó, que resolvió desprenderse oficiosamente de la causa.
En tales circunstancias, se advierte que lo actuado por el órgano que previno luce incompatible con los aludidos principios procesales y normas adjetivas específicas, razón por la cual cabe concluir que la declaración de fecha 7 de julio de 2020 fue intempestiva.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal del Trabajo Nº3 de Tres Arroyos quien continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal del Trabajo N°3 de Tres Arroyos para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:15:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:20:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 18:02:06 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 08:29:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia